REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 199° y 151° Ocurre ante este Tribunal el abogado en ejercicio TUBALCAIN BRAVO, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ciudadano CESAR GONZALO MONTOYA CASTRO, venezolano, mayor de edad, Ingeniero, titular de la cédula de identidad No. 8.808.582 y de este domicilio a solicitar de conformidad con lo previsto en los artículos 585, 588 y del 599 ordinal 2° y 5° del Código de Procedimiento Civil, MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO sobre el inmueble ubicado en la Urbanización La Coromoto, calle 162, casa No. 41-184, del Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia, registrada por ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia, bajo el No. 24, Protocolo Primero , Tomo 5° en fecha 12 de noviembre de 2002. Ahora bien, encontrándose este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en la oportunidad procesal para dictar la decisión correspondiente, procede a resolver previo las siguientes consideraciones: MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Ahora bien, señalado como fue, en el apartado anterior el contenido de la solicitud de la Medida de Secuestro realizada por la parte actora en la presente causa, este jurisdicente considera pertinente transcribir el contenido del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, el cual establece: 1.- Artículo 585 Código de Procedimiento Civil. “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. (Subrayado y resaltado de este juzgado). Del contenido de la norma supra transcrita se evidencia la facultad que le otorga el legislador al Juez que conoce de una solicitud de Medida Cautelar, para negar la misma cuando, de los elementos probatorios consignados a los autos no se desprenda el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, así mismo, la ley adjetiva requiere para su decreto que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.- Este Tribunal para resolver observa que, la medida solicitada, se encuentra sujeta al cumplimiento de dos requisitos fundamentales que son: la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris), y el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), establecidos ambos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil; ahora bien, posterior a la revisión de las actas, este Tribunal evidencia que el solicitante no demostró el periculum in mora por cuanto el comprador posee el bien en base a la entrega que le hizo el vendedor y en virtud de haber cancelado 80.000 bsf y se discute el monto del precio si es de Bs. 180.000 o de Bs 203.000, y máxime que el contrato a opción a compra es verbal. Importante destacar los resultados de la inspección judicial evacuada en pruebas sobre el estado en que se encuentra el inmueble que habita el comprador producto de la buena fe existente entre las partes al celebrar el contrato de opción a compra verbal, no desprendiéndose en consecuencia ningún elemento que haga presumir en este legislador la ilusoriedad de la ejecución del fallo (periculum in mora), lo cual, impone el rechazo de la pretensión cautelar deducida. Con relación al cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha dictaminado “….Ha sido reiterada la jurisprudencia de este Alto Tribunal en cuanto a la presencia de dos condiciones fundamentales para la procedencia de las medidas cautelares, a saber, fumus bonis iuris y periculum in mora. (…) ha señalado este Tribunal, la necesidad que tiene el recurrente de probar la irreparabilidad o dificultad de recuperación de los daños, para lo cual no son suficientes los simples alegatos genéricos, sino que es necesaria, además, la presencia en el expediente de pruebas sumatorias o de una argumentación fáctico-jurídica consistente por parte del demandante…” (Sentencia de fecha 17 Febrero de 2000, Ponente Magistrado Dr. Carlos Escarrá Malavé. Exp. N° 13.884). Igualmente, la misma Sala Político-Administrativa, ha expuesto lo siguiente en relación a la necesaria concurrencia de los requisitos para el decreto de las medidas cautelares a que se refiere el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, “…Del análisis de la norma transcrita (art. 585 C. P. C.), se desprende que la procedencia del embargo preventivo dispuesto en el artículo 588 eiusdem, se encuentra sometida a la concurrencia de los siguientes elementos: el peligro de quedar ilusoria la ejecución de la sentencia (periculum in mora) y la presunción de buen derecho (fumus bonis iuris), los cuales se verifican a través de un medio de prueba que constituya presunción grave de ambos supuestos, por lo cual resulta menester que el accionante aporte los elementos que sustenten o apoyen su solicitud….” (Sentencia de la Sala Político-Administrativa de fecha 20 de Noviembre de 2.003, Ponente Magistrado Dra. Yolanda Jaimes Guerrero. Exp. N° 03-0704). De manera tal, que este Tribunal al no encontrar comprobado en las actas el peligro de quedar ilusoria la ejecución de la sentencia, esto es, el periculum in mora, debe necesariamente negar la Medida solicitada, dada la necesaria concurrencia de este requisito con la prueba del derecho que se reclama, de acuerdo a lo establecido en el artículo 585 del la Ley adjetiva civil, en consecuencia, NIEGA la Medida cautelar de Secuestro solicitada por el apoderado actor, en contra de la ciudadana ROSELYN ANCIANI, por las consideraciones expuestas en el cuerpo de la presente resolución. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE. Déjese copia certificada por secretaría de la presente resolución, conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil diez (2010). Años: 199° de la Independencia y 151° de la Federación.- EL JUEZ PROVISORIO, LA SECRETARIA, ABOG. CARLOS RAFAEL FRÍAS.- MARÍA ROSA ARRIETA FINOL En la misma fecha se dictó y publicó la anterior resolución siendo las once de la mañana (11:00 a.m), la cual quedó signada bajo el No 34.- LA SECRETARIA, MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.-