TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

EXPEDIENTE No. 37.349
PARTE ACTORA: ARELIS DEL SOCORRO DURANGO, mayor de edad, soltera, de oficios del hogar, titular de la cédula de identidad No. 81.769.251 y con domiciliado en el Municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia.
PARTE DEMANDADA: JULIO CESAR CALDERA RIVERA, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la cédula de identidad No.81.806.458, domiciliado en el Municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia.
MOTIVO: INSERCCION DE PARTIDA DE NACIOMIENTO.
FECHA DE ENTRADA: treinta (30) de septiembre de 1998.
I
PARTE NARRATIVA
Ocurre la ciudadana ARELIS DEL SOCORRO DURANGO, mayor de edad, soltera, de oficios del hogar, titular de la cédula de identidad No. 81.769.251 y con domiciliado en el Municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia, debidamente asistida por la profesional del derecho Abogada NEIRA BOSCÁN DE BALZÁN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-3.776.056 e inscrita en el Inpreabogado bajo el No.7912, alegando que de la unión concubinaria con el ciudadano JULIO CESAR CALDERA RIVERA, nació su hijo de nombre Gregory José Caldera Durango, el dia diecisiete de abril de mil novecientos ochenta y uno, en jurisdidicción de la Parroquia Concepción del Municipio La Cañada de Urdaneta de estado Zulia y que el mismo no había sido presentado en su debida oportunidad, y en tal sentido solicitó al Tribunal que una vez cumplida las formalidades de ley, ordenara la inserción de la Partida de Nacimiento.
Ahora bien, por auto de treinta (30) de octubre de 1998, este Tribunal admitió en cuanto ha lugar en Derecho la reforma de la presente demanda de Inserción de Partida de Nacimiento, y en consecuencia ordenó de conformidad con el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil notificar al Fiscal veintinueve (29) del Ministerio Público, una vez notificado el Fiscal, se citase al ciudadano JULIO CESAR CALDERA, para que compareciese por ante este Despacho en el décimo (10) día consecutivo de despacho después de que fuere citado y de publicado un cartel de citación en un diario de la capital de la Republica en donde se llamasen a juicio a todos aquellos que puedan tener interés en el presente proceso a los fines de que den contestación a la demanda
En fecha veintitrés (23) de noviembre de 1998, el alguacil de este Tribunal dejó constancia de haber notificado al Fiscal veintinueve (29) del Ministerio Publico.
En fecha veintitrés (23) de noviembre de 1998, el ciudadano JULIO CESAR CALDERA RIVERA, se dio por citado en la presente causa.
Mediante diligencia de fecha doce (12) de mayo de 1999, la apoderada actora consignó un ejemplar donde aparece publicado el cartel de citación.
II
PARTE MOTIVA
Por cuanto la caducidad o Perención de la Instancia, es una de las modalidades de extinción procesal, que no comporta la solución autónoma o heterónoma del conflicto subyacente al Proceso, en tanto se manifiesta como una auténtica sanción, a la inactividad de las partes, aunada al transcurso del tiempo previsto ex lege, en obsequio a la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídico sustanciales.
Similares términos son usados por el Procesalista argentino MARIO ALBERTO FORNACIARI, para quien la institución sub examine, “... es la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de actividad impulsora idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley” (MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PR0CESO. Tomo III. Caducidad de la Instancia. Edit. DEPALMA, Buenos Aires, Argentina. 1991), para JAIME GUASP, la caducidad de la instancia, “...es, pues, la extinción del proceso que se produce por su paralización durante cierto tiempo en que no se realizan actos procesales de parte,” (DERECHO PROCESAL CIVIL. Tomo I. Edic. 4ª. Pág. 502. Las cursivas son del autor); la ratio essendi de la institución procesal de la Perención, evoca razones de orden público y seguridad jurídica, para HERNANDO DEVIS ECHANDIA:
“La Perención es una sanción al litigante moroso, y responde a un principio de economía procesal y de certeza jurídica, para impulsar la terminación de los pleitos, razón por la cual se aplica inclusive cuando se trate de menores e incapaces...”. (COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo I. Teoría General del Proceso. Edic. 10ª. Edit. ABC, Bogotá, Colombia.1985. Pág. 584).

Idéntico cometido le reconoce a la Institución FORNACIARI, en la página 18 de su obra ya citada:
“...La caducidad de la instancia encuentra fundamento en diversos componentes que se equilibran en la confluencia de lo público con lo privado. Es cierto que cada una de las partes enfrentadas en el proceso tiene la expectativa de beneficiarse con el error o la inacción del adversario. La inactividad no hace presumir su desinterés. Pero también es cierto que por razones de seguridad jurídica hacen prevalecer el interés comunitario de restablecer el orden jurídico. En la rápida y correcta terminación de los procesos está comprometido el orden público
Ese equilibrio que tiene su fundamento en el superior interés de la comunidad, determina que si bien el juez está facultado a dictar medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos...no enerva con esa posibilidad la de decretar de oficio la caducidad de la instancia...”.
La procedencia en derecho de la Institución de la Preclusión, requiere, como bien lo advierte HUGO ALSINA, en su TRATADO TEORICO PRACTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL. Tomo IV. Juicio Ordinario. Edit. EDIAR SOC. ANON. EDITORES, Buenos Aires, Argentina. 1961, Pág. 429, de la concurrencia de tres condiciones: 1ª. La existencia de Instancia Procesal, 2ª. La Inactividad Procesal de Parte y 3ª. El transcurrir del tiempo previsto en la norma. Pasemos someramente a analizar cada una de ellas.
1ª. La existencia de Instancia Procesal.
La instancia, es manifestación del aspecto nomo dinámico del Proceso, esto es de la posibilidad jurídica de desplegar la actividad jurisdiccional, en un proceso concreto, de ello, que su inicio coincida con el acto de formalización de la demanda, como acto introductivo, que apertura las situaciones jurídico procesales futuras.
HUGO ALSINA, entiende por instancia: “...el conjunto de actos de procedimiento que realizan las partes para obtener la decisión judicial de una litis, desde la interposición de una demanda hasta el llamamiento de autos para sentencia”. (Opus. Cit. Pág. 429).
Para FORNACIARI:
C) Instancia.
En su común acepción, la voz “instancia” significa acción y efecto de instar, utilizándosela como sinónimo de requerimiento, petitorio o solicitud.
En el plano jurídico se ha tomado en muchas oportunidades la significación descrita para conceptuar el vocablo cuando se lo refiere al proceso. Así, se ha dicho que la instancia es toda petición que se hace valer en justicia; o, en forma mas simplificada: toda petición inicial de un proceso.
Esta formulación conceptual permite atisbar la idea de impulso o puesta en movimiento, En este orden, instancia significa ejercicio de la acción procesal.
Empero, existe una acepción que, si bien es mas restringida, tiene mayor depuración y es apropiada a nuestro propósito. En mi sentido se denomina instancia al conjunto de actos comprensivos de una etapa del proceso; idea, esta, que permite establecer entre ambas nociones, es decir, instancia y proceso, la relación de la parte al todo. Conforme a lo expuesto podemos hablar de primera o segunda instancia principal o incidental.
En este orden, la instancia es la sumatoria de actos procesales realizados desde su apertura hasta la notificación del pronunciamiento final que era su objetivo.
Precisando un tanto el concepto precedente, diremos que la instancia tiene comienzo en el proceso principal o incidental con la interposición de la respectiva demanda; en las etapas recursivas se inicia con la resolución que concede el recurso, ya sea este ordinario o extraordinario”. (Opus. Cit. Pág. 7).
En referencia a la génesis de la instancia, la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en fallo del 05 de Marzo de 1992, afirmó:
“...Con la presentación del libelo de demanda, se genera la <> en sus sentidos antes explicados, y por ello es a partir de ese momento cuando debe computarse el lapso de Perención.
Lo dicho anteriormente queda evidenciado, al tomar en consideración el señalamiento que formula el Dr. Luis Loreto en su citada obra monográfica, en el sentido de que , lo que entonces significa que sí existe instancia en su sentido técnico procesal, aun antes de que se trabe la litis, bien sea que se adopte el criterio de que ello ocurre por la contestación de la demanda, bien sea que se asuma la posición de quienes consideran que ello acontece por virtud de la citación, con independencia de que se haya conformado o no plenamente la relación procesal, porque ella ya existe, en su manifestación entre el demandante y el órgano jurisdiccional ante quien se propone la demanda...”

2ª. La Inactividad Procesal de Parte.
La instancia, entendida como potencial despliegue de actividad procesal, exige de los sujetos partícipes en el Proceso, la actualización de conductas procedimentales, que tiendan a la consecución de los fines de la estructura procesal, puesta al servicio de los órganos jurisdiccionales del Estado. Históricamente la institución de la Perención, emerge como vía o mecanismo para asegurar la celeridad y economía procesal, pero es solo hasta el Código de Procedimiento Civil Francés de 1806, cuando adquiere los rasgos sancionatorios que actualmente, con modificaciones le definen.
La excesiva y extensa paralización del discurrir procedimental de la instancia, es elemento objetivo que exige del juzgador, un mero acto de constatación temporal, aunado al presupuesto imputacional de la actualización de actividad procesal por las partes, suplido por los denominados actos de impulso procesal, entendidos como manifestaciones volitivas verificadas en el procedimiento, capaces de comportar el antecedente necesario del siguiente acto procesal. JAIME GUASP (Opus. Cit. Pág. 434), entiende por acto de impulso procesal: “...aquella actividad que tiende a hacer avanzar el proceso a través de cada uno de los momentos de tiempo: trámites, períodos o fases, que lo componen”, en conclusión la ausencia prolongada de actividad procedimental por quienes son partes en el proceso, y a quienes compete en esa particular fase procesal la carga de impulsarlo, son las condiciones a constatar por el órgano jurisdiccional.
3ª. El transcurrir del tiempo previsto en la norma.
La instancia, como acepción nomodinámica del Proceso, despliega su ámbito de validez, en un módulo temporal delimitado por las normas procedimentales, las cuales inspiradas en particulares valoraciones de iure condendo, realizadas por el legislador prevén lapsos y términos, que de manera idónea, permitan la consecución de una rápida justicia, y hagan efectiva la tutela. La paralización o suspensión en el tiempo del despliegue procesal, por el discurrir de un año, tal como lo preceptúa el artículo 267 encabezamiento del Código de Procedimiento Civil, es considerada por el legislador como razón suficiente para develar, la ineptitud de ese proceso, para lograr la efectiva tutela del interés sustantivo subyacente al juicio.

Del análisis efectuado a las actas procesales que forman la presente causa, se evidencia que por auto de fecha treinta (30) de octubre de 1998, este Tribunal admitió en cuanto ha lugar en Derecho la reforma de la presente demanda de Inserción de Partida de Nacimiento y en consecuencia ordenó de conformidad con el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil notificar al Fiscal veintinueve (29) del Ministerio Público, una vez notificado el Fiscal, se citase al ciudadano JULIO CESAR CALDERA, para que compareciese por ante este Despacho en el décimo (10) día consecutivo de despacho después de que fuere citado y de publicado un cartel de citación en un diario de la capital de la Republica en donde se llamasen a juicio a todos aquellos que puedan tener interés en el presente proceso a los fines de que den contestación a la demanda, asimismo constatado como ha sido las actas, observa esta Jurisdicente que desde la fecha diecisiete (17) de junio de 1999 hasta la presente fecha, parte actora no ha realizado ningún tipo de actuación para impulsar el presente procedimiento, por lo que de un simple cómputo matemático se verifica que ha transcurrido más de un (01) año de sin que la parte actora haya cumplido con las formalidades de ley, razón por la cual, la presente causa se halla en estado de Perención, a tenor de lo preceptuado en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECLARA.

III
PARTE DISPOSITIVA

En fuerza de los argumentos precedentemente expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en ejercicio de la Potestad Jurisdiccional atribuida por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA PERIMIDA la instancia en el juicio que por INSERCCIÓN DE PARTIDA DE NACIMIENTO, interpuesta la ciudadana ARELIS DEL SOCORRO DURANGO, mayor de edad, soltera, de oficios del hogar, titular de la cédula de identidad No. 81.769.251 y con domiciliado en el Municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia , en contra del ciudadano JULIO CESAR CALDERA RIVERA, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la cédula de identidad No.81.806.458, domiciliado en el Municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se DECLARA LA EXTINCIÓN DEL PROCESO. ASI SE DECIDE.
No hay condenatoria en costas, por expresa previsión del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECIDE.
Déjese por secretaría copia certificada del presente fallo.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE y NOTIFÍQUESE.
Dada, firmada y sellada en la sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil diez(2010). Años 199º de la Independencia y 151º de la Federación.
LA JUEZA:

Abog. HELEN NAVA de URDANETA (MSc)
LA SECRETARIA:

Abog. LAURIBEL RONDON ROMERO.
En esta misma fecha, previo el cumplimiento de ley y siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se publicó la anterior sentencia, quedando anotada bajo el No.2208-2010.
LA SECRETARIA:

Abog. LAURIBEL RONDON ROMERO
HNdU/ymf.