Expediente N° 952 Solicitud de Medida Preventiva de Secuestro JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas. Cabimas, veintidós (22) de Marzo del dos mil diez (2.010) - 199° y 151° - Presentada como ha sido la Solicitud de Medida Preventiva de Secuestro, por los Profesionales del Derecho NELITZA FERNANDEZ ALVAREZ y CARLOS PEÑA PIRELA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo las matriculas 18.509 y 59.433, respectivamente, actuando en sus condiciones de Representantes Legales de la Sociedad Mercantil INTERPAN, S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 11 de Julio de 1984, bajo el N° 11, Tomo 4-A, parte actora en el presente juicio que por DESALOJO tiene incoado en contra del Ciudadano EDBEL GERARDO LOPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 12.713.490 y domiciliado en el Municipio Cabimas del Estado Zulia, se le da entrada, se ordena formar solicitud y numerarla. El Tribunal pasa a resolver lo conducente a su procedencia, realizando las siguientes consideraciones: Establece el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil que: “Las medidas preventivas establecidas en este Titulo las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. Asimismo el artículo 588 ejusdem dispone: “En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas: 2° El secuestro de bienes determinados;” De la primera norma ut supra transcrita colige este Tribunal que son dos los requisitos exigidos para que sea procedente decretar las medidas preventivas, tales como: 1) PERICULUM IN MORA o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución de la sentencia; y 2) EL FUMUS BONIS IURIS o la presunción del derecho que se reclama. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la parte actora fundamentó su petición en la presunta negativa de la parte demandada a cumplir con la desocupación del inmueble, así como también de cancelar el pago de los cánones de arrendamiento vencidos, sin alegar elementos suficientes que hagan evidencia que pudiera quedar ilusoria la ejecución del fallo que se dicte en la definitiva, por lo que se considera que no se encuentran llenos los extremos de ley exigidos, al no demostrar ambas presunciones (fumus bonis iuris y periculum in mora); en consecuencia le está negado a la Juez decretar y ejecutar medidas, bien sea preventivas; ejecutivas, de embargo, de secuestro, o de enajenar y gravar, que afecten el patrimonio, derechos y defensas a la parte demandada. Así se establece.- Dentro de esta perspectiva, es criterio reiterado de este Tribunal que al otorgar una medida de secuestro fundamentada como se encuentra en el caso que nos ocupa, se estaría resolviendo la pretensión de la parte actora, o se entraría a conocer el fondo de la controversia planteada y de igual manera se estaría violando el derecho de defensa que tiene la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece: “…Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos de los cuales se investiga…para ejercer su defensa…”. Sobre todo en este caso que no se encuentra determinado o esgrimido la presunción grave o peligro inminente que pueda dar origen a que quede sin efecto el fallo dictado. Aunado al hecho que la Sala de Casación Civil, ha dejado establecido en decisión de fecha veinticinco (25) de Junio de 2.001, (Caso: Luis Manuel Silva contra Agropecuaria La Montañuela, C.A.; Sentencia N° 64, Expediente N° 01-144), - criterio acogido por esta Juzgadora – que: “…por mandato expreso del Artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, se evidencia que en materia de medidas preventivas el juez es soberano y tiene amplias facultades para – aun cuando estén llenos los extremos legales – negar el decreto de la medida preventiva solicitada, pues no tiene la obligación ni el deber de acordarla, por el contrario, está autorizado a obrar según su prudente arbitrio…” Por todos los fundamentos esgrimidos en la parte motiva de la presente decisión, mal puede esta Juzgadora decretar la medida preventiva de secuestro, y en atención a los criterios ya establecidos se niega la misma. Así se establece.- DISPOSITIVO Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: NIEGA la solicitud de medida preventiva de secuestro solicitada por los Profesionales del Derecho NELITZA FERNANDEZ ALVAREZ y CARLOS PEÑA PIRELA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo las matriculas 18.509 y 59.433, respectivamente, actuando en sus condiciones de Representantes Legales de la Sociedad Mercantil INTERPAN, S.A. SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIAS en costas en virtud del dispositivo del fallo. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLIVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Cabimas a los veintidós (22) días del mes de Marzo del año dos mil diez (2.010).- Años: 199° de la Independencia y 151° de la Federación.- LA JUEZA, Dra. MIGDALIS DEL VALLE VÁSQUEZ MATHEUS. LA SECRETARIA, Dra. ZULAY RAQUEL BARROSO OLLARVES. En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del Despacho, y siendo las doce y quince minutos de la tarde (12:15 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede, quedando registrada bajo el número 80-2.010.- LA SECRETARIA, Dra. ZULAY RAQUEL BARROSO OLLARVES.