Se inicia el presente procedimiento cuando por ante el Tribunal Distribuidor de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Cabimas, fue presentado escrito por la ciudadana Fiscal Trigésima Sexta del Ministerio Público del Estado Zulia, con sede en Cabimas, mediante el cual expone que en virtud de la comparecencia por ante ese Organismo del ciudadano JOHAN JOSE MONTERO RODRIGUEZ, C.I.No.V-18.635.133, en virtud del interés de establecer todo lo concerniente a la necesaria obligación de manutención a favor de su hija NAYLA JOHANA MONTERO NAVARRO, por lo que fue celebrada reunión con la presencia de la ciudadana NARLIUZKA NARIAN NAVARRO LEAL, con quien fue imposible concretar acuerdo alguno, por lo que dicha Representación Fiscal remite el presente asunto a los fines de disponer a fijar a través de la necesaria decisión todo lo concerniente a la obligación de manutención por parte del referido ciudadano a favor de la niña (SE OMITE SU NOMBRE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE) Por distribución le corresponde a este Tribunal conocer de dicho procedimiento, por lo que en fecha trece (13) de Octubre de dos mil nueve (2009) se le dio entrada, ordenándose citar a la demandada y notificar al Representante del Ministerio Público del Estado Zulia. Por auto de fecha veintidós (22) de Octubre de 2009 fue agregada a las actas boleta de citación de la demandada, debidamente firmada. Consta al folio ocho (08) de este expediente boleta de notificación del Representante del Ministerio Público, debidamente firmada. El Tribunal pasa a revisar las actas que conforman este expediente a fin de verificar si existe la perención de la instancia por cuanto esta puede ser declarada de oficio, por lo que observa: El artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido establece: “Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales. Cuando la Ley no señale la forma para la realización de algún acto, serán admitidas todas aquellas que el Juez considere idóneas para lograr los fines del mismo”. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil regula la Perención de la Instancia y establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extinguirá la Instancia: 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado. 2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla. El artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, dispone que para proponer la demanda debe tener el actor interés jurídico. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia se ha orientado a considerar que dicho interés debe conservarse a todo lo largo del proceso. Así la sala Constitucional en sentencia No.1.119 del 25 de Junio de 2001, con ponencia del Magistrado Jesús Enrique Cabrera, caso: Silvio Alterio, ha señalado: “…Siguiendo la doctrina de la Sala, procede la perención de la instancia cuando tal inactividad ocurre prolongadamente antes de los informes, sin que cause avance, ya que los actos sucesivos que automáticamente y oportunamente debían cumplirse, no se cumple y el proceso queda paralizado, por lo que para continuarlo se requiere el impulso de al menos una de las partes, y la reconstrucción a derecho de la otra. …Tal inactividad, además, hace presumir que la parte accionante no tiene interés en que se administre la justicia, por lo que existe un decaimiento de la acción. Ello es el reconocimiento de que el accionante ha renunciado, al menos respecto a esa causa, a la tutela judicial efectiva y al derecho de una pronta decisión (Omissis) “ La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrado Yolanda Jaime de Guerrero, en sentencia No.626 publicada en fecha 29 de Abril de 2003, en el juicio seguido por RUTH DAMARIS MARTINEZ LEZAMA contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, expediente No.14.648, señaló.: “…Ha sido pacifico y reiterado el criterio conforme al cual la perención de la instancia, constituye un medio de terminación procesal que opera por la inactividad de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso (Omissis)… Partiendo de la premisa anterior y siendo que la perención de la instancia es declarada de oficio. En consecuencia, habiendo transcurrido ocho (08) meses, contados a partir de la fecha veintidós (22) de Octubre de dos mil nueve (2009), fecha en la cual este Tribunal agrega a las actas boleta de citación de la demandada; habiendo transcurrido el lapso previsto en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil. Por lo expuesto, este Tribunal declarará en el dispositivo de la presente decisión la extinción de la instancia por efecto de la perención de la instancia, producto de la inactividad de las partes, desde el día veintidós de Octubre de dos mil nueve (2009). ASÍ SE DECIDE.-