REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE SDE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. SALA DE JUICIO, EXTENSIÓN CABIMAS JUEZ UNIPERSONAL N° 01 EXPEDIENTE: 1U-446-01 MOTIVO: AUTORIZACION PARA VENDER INMUEBLE PARTE SOLICITANTE: LEXY DEL ROSARIO NUÑEZ, venezolana, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad No. 4.704.614, domiciliado en el Municipio Santa Rita del Estado Zulia. ABOGADO ASISTENTE: LEONARDO JOSE BAUZA ACOSTA, inscrito en el inpreabogado bajo el número 73.527 ADOLESCENTE: se omite el nombre PARTE NARRATIVA Ocurrió por ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el ciudadano LEXY DEL ROSARIO NUÑEZ, antes identificada, asistido por el abogado en ejercicio LEONARDO JOSE BAUZA ACOSTA, antes identificado, manifestando que el padre de su prenombrada menor hija ciudadano ENDER JOSE DIAZ, fallecido ab intestato el día 21 de noviembre de 2000, dejó como acervo hereditario entre otros, un terreno ubicado en la calle San Benito, esquina Calle Principal del Sector denominado “el golfito” en jurisdicción de la Parroquia Ambrosio, Municipio Cabimas del Estado Zulia el cual adquirió por la suma de sesenta y ocho mil dieciséis bolívares (Bs.68.016,oo) debidamente autenticado en fecha 01/05/1998. Ahora bien, es el caso que su prenombrado difunto cónyuge ENDER JOSE DIAZ, pocos meses antes de morir, concretamente el día 05 de septiembre del año dos mil 2000, dio en opción a compra a la ciudadana LUISA MARIBEL NUÑEZ DE HERNANDEZ, quien es mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.870.879; el terreno descrito por la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.550.000,oo) habiendo cancelado la compradora en la fecha señalada la suma de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (BS 500,oo) conforme al documento privado firmado, cuya autenticidad aprueba y da fe que el mismo fue firmado por su difunto esposo y posteriormente la vendedora a principios del mes de noviembre del 2001 canceló los cincuenta mil bolívares (bs 50.000,oo) adeudados en su presencia, quedando únicamente por otorgarse el correspondiente documento definitivo de compra-venta, es por lo que se solicita autorizar el traspaso de dicho terreno por lo que respecta a la cuota parte de su menor hija ut-supra identificada. Una vez efectuada la distribución, le correspondió el conocimiento al Juez Unipersonal No.1, dándole el curso de Ley, asignándole el No. 1U-446-01 Consta en actas: • Copia fotostática del acta de nacimiento de la adolescente de autos. • Certificado de solvencia de sucesiones emanada del SENIAT • Formulario para Autoliquidación sobre sucesiones, donde consta los herederos y legatarios, activos y pasivos del prenombrado difunto. • Auto de avocamiento del Juez Unipersonal Nro. 1 Provisorio, Abogado Carlos Luis Morales García. Se evidencia de las actas procesales que desde que el día 26 de Junio de 2003, no ha habido ninguna actuación de las partes en la presente causa. Con ese antecedente, esté órgano Jurisdiccional pasa a decidir con la siguiente consideración: PARTE MOTIVA Este Sentenciador pasa de seguidas a analizar las disposiciones legales referidas a la perención de la instancia, a la luz del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen: Artículo 267 cpc: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención Artículo 268 cpc; “La perención procede contra la Nación, los Estados y las Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y cualquiera otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo el recurso sobre su representante” Artículo 269 cpc: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquier de los casos del artículo 267, es apelable libremente” La institución de la perención de la instancia no está regulada expresamente en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de tal forma, que deben aplicarse supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil. El autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil Tomo II”, considera con respecto a la perención de la instancia: “El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (Después de un período de inactividad procesal prolongado el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal)” “La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uyi singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir” Del estudio de las actas procesales, debe aclarar este Juzgador que la figura jurídica de la perención es un modo de extinguir la relación procesal, al transcurrir un cierto período en estado de inactividad. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencias. Considera pertinente señalar quien decide que la perención ocurre de pleno derecho y con efectos objetivos, es decir, que la instancia se entiende perimida e inocua para continuar surtiendo efectos procesales desde el mismo momento en que se verifica el transcurso del año de inactividad, entiéndase de esta manera que surte efectos ex tunc y no desde su declaratoria, por lo que puede ser alegada por las partes, sin que ello convalide su ocurrencia o reactive la causa, o aún, puede ser declarada de oficio. Debe observarse entonces que la perención de la instancia se verifica ope legis al vencerse el año de inactividad procesal atribuible a las partes y que cuando el Juez la declara, se entiende que los efectos de la perención van a operar desde que se cumplió el año de paralización, es decir, se retrotrae al momento en que el plazo de la perención quedó cumplido y los efectos de actos procesales realizados por las partes después de cumplido el año que dispone la Ley de ninguna manera va a significar convalidación o subsanación de la perención. (Negrillas del Juzgador). La autora y jurista Margelys Guevara Velásquez en su artículo titulado “Análisis de jurisprudencias de las Cortes Superiores de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente en la obra “Segundo año de vigencia de la Ley Orgánica para la protección del niño y del adolescente. Terceras Jornadas sobre la LOPNA, refiere: “Ahora bien, se evidencia del contenido del artículo 268 del Código de Procedimiento, trascrito con anterioridad, la intención del legislador de no exceptuar de la institución procesal de la Perención de la Instancia, aquellos procedimientos donde estén involucradas personas que no hubiesen alcanzado la mayoría de edad” De los artículos antes transcritos y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se hace preciso determinar si en el presente caso se han configurado los presupuestos procesales que hagan procedente la declaratoria perención de la instancia en virtud de la inactividad procesal anual, en este sentido, se evidencia de las actas procesales que la parte actora no ha realizado ninguna actuación desde el día 26 de Junio de 2003, pues bien, de un simple computo se desprende que hubo inactividad procesal por mas de un año, en consecuencia este Juzgador acoge el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por lo tanto debe declararse la perención de la instancia. Así se declara. En este orden de ideas, el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República y en la jurisprudencia transcrita se sostiene que la negligencia de las partes no puede ser premiada manteniendo el demandado sujeto a un juicio pues ello contraviene el debido proceso y la propia finalidad del mismo, en consecuencia, por ser el debido proceso una garantía de carácter constitucional, es procedente la declaratoria de la perención de la instancia. PARTE DISPOSITIVA Por los fundamentos antes expuestos esta Juez Unipersonal No. 1 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, extensión Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Consumada la perención y extinguida la instancia en la presente solicitud de AUTORIZACION PARA VENDER INMUEBLE intentado por la ciudadana LEXY DEL ROSARIO NUÑEZ, a favor de la adolescente de autos. Publíquese, regístrese notifíquese y déjese copia certificada por secretaria. Dada, Firmada y sellada en la Sala de Juicio, Juez Unipersonal Provisorio Nº 1, del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, extensión Cabimas. En Cabimas, a los dos (02) día del mes de Junio del 2010. Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación. El Juez Profesional Unipersonal Provisorio No.1, Abg. Esp. Carlos Luis Morales García El Secretario Abg. Omar Saavedra En la misma fecha siendo las nueve y cincuenta y cinco de la mañana (9:55 am), se publicó la presente sentencia interlocutoria bajo el Nº 686-10 El Secretario Abg. Omar Saavedra CLMG/mm.- EXP: 1U-446-01