Exp: 15112
República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1
PARTE NARRATIVA
Consta en autos Juicio de OBLIGACION DE MANUTENCION incoado por la ciudadana YAJAIRA BEATRIZ TORRES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.13.757.547, domiciliada en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asistida por la Defensora Pública Décima Quinta, Abogada VIOLET ECHETO MAS Y RUBI; en contra del ciudadano WLADIMIR DIAZ GRANADOS VALENCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº- E. 81075.895, en beneficio al niño DARWIN DE JESUS DIAZ GRANADOS TORRES.
En fecha 07 de Mayo de 2009, la ciudadana YAJAIRA BEATRIZ TORRES, asistida por la Defensora Pública antes identificada, consignó escrito de solicitud de medidas y en la misma fecha, el Tribunal ordenó recibirlo, darle entrada, formar expediente y asignarle la misma numeración de la pieza principal.
En fecha 08 de Mayo de 2009, el Tribunal ordenó admitir cuanto ha lugar en derecho la presente demanda contentiva de Obligación de Manutención, y en consecuencia ordenó darle entrada, formar expediente, y numerarlo. Asimismo, se ordenó librar boleta de citación al ciudadano WLADIMIR DIAZ GRANADOS VALENCIA y se ordenó notificar al Fiscal del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
En fecha 12 de Mayo de 2009, el Tribunal ordenó decretar Medida de Embargo Preventiva sobre el veinte (20%) por ciento del sueldo que percibe el ciudadano WLADIMIR DIAZ GRANADOS VALENCIA como traqueador en la Empresa Pintugrafic, ubicado en la Zona Industrial, Santa Cruz, Segunda Transversal, CAGUA Estado Aragua; sobre el veinte (20%) por ciento de la cantidad de dinero por concepto de bono vacacional o vacaciones; sobre el veinte (20%) por ciento por concepto de aguinaldos o cualquier otra bonificación especial de fin de año; sobre el cien (100%) por ciento sobre primas por hijos o cualquier cantidad de dinero que pueda percibir el ciudadano antes mencionado y sobre el veinte (20%) por ciento sobre las prestaciones sociales, caja de ahorros y fideicomiso que le puedan al obligado de autos, en caso de despido, retiro voluntario o cualquier situación que por terminada la relación laboral.
En fecha 09 de Junio de 2009, la ciudadana YAJAIRA BEATRIZ TORRES, asistida por la Abogada VIOLETA ECHETO MAS Y RUBI, diligenció solicitando al Tribunal se sirviera nombrarla correo especial a los fines de agilizarla citación del obligado de autos, quien se encontraba domiciliado en el Estado Aragua.
En fecha 16 de Junio de 2009, el Tribunal ordenó hacerle formal a la ciudadana YAJAIRA BEATRIZ TORRES, del exhorto para agilizar lo referente a la citación del obligado de autos.
En fecha 29 de Julio de 2009, se dio por notificada la Fiscal del Ministerio Público, y en fecha 03 de Agosto de 2009, se recibió por ante la Secretaría de este Tribunal.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
I
Examinadas las actas procésales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado desde el día 16 de Junio de 2009; discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
De la lectura de este artículo se pude interpretar que toda instancia se extingue por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de impulso procesal por las partes.
El efecto de la Perención es la extinción del proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos y las pruebas que resulten de los autos, continuaran teniendo plena validez. Simplemente, la Perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de la misma.
El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera:
“1) Concepto.
a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191.
c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”.
Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
En tal sentido, la Perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho; tratándose de una relación procesal que no se formó, o que constituido no se llegó a su término final; razón por la cual el comienzo de la paralización es el objetivo principal para que se efectué la Perención y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia.
Lo cual conlleva a que el proceso perima y se extinga la instancia por caducidad procesal, habida cuenta que las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo las partes, hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal.
II
El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en sentencia de fecha 01 de Junio de 2001, sentó su criterio en relación a la perención, indistintamente cuáles sean las partes en el proceso, por lo cual podemos incluir a los niños y/o adolescentes, a continuación establece:
“La Perención es fatal y corre sin importar quienes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento y según el articulo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención.”
Asimismo en sentencia de fecha 12 de Mayo de 2003, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ratifica la decisión dictada cuando observa que en presencia del surgimiento de un conflicto entre los derechos constitucionales individuales de los litigantes y el interés superior de los niños y/o adolescentes, a fin de garantizar que los mismos disfruten plena y efectivamente sus derechos y garantías, y debido al principio de subsistencia de la obligación alimentaría, es que la referida Sala como medida de protección integral de los niños y/o adolescentes que otorga el artículo 78 de Nuestra Carta Magna, sostiene el criterio de mantener las medidas decretadas al menos durante tres (03) meses después de decretada la Perención de la instancia, en virtud de que dicha institución “castiga” la negligencia de las partes, sin diferenciar si son niños y/o adolescentes o no, no obstante el efecto de la Perención de la instancia no es extinguir el derecho, sino postergar por espacio de tres (03) meses que se incoe de nuevo la demanda para reclamar el derecho.
De esta manera, se debe tener en cuenta, en razón del orden público, que debe existir una excepción a tal imperativo, que no abarca los efectos de la perención consagrados en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil; en el caso que la materia sea de orden público, la Perención declarada no evita que se proponga de nuevo la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) de la declaratoria de perención. Por cuanto la intención no es perjudicar el Interés Superior del Niño y del Adolescente, tal como lo establece el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en virtud de que los derechos alimentarios de los niños y/o adolescentes no pudieran ejercerse de nuevo durante noventa días.
Por otra parte, la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sostiene el criterio que ha venido acogiendo la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1102 de fecha 12 de Mayo de 2003, antes citada, en la siguiente forma:
“(…) decretada la perención, el accionante pasados tres meses de la sentencia firme en ese sentido, podría demandar de nuevo las pensiones alimentarias corriéndose el riesgo que el presunto deudor cobrare las prestaciones, si es que ellas se liquidan en ese termino, y se hiciere nugatorio para los menores la obtención de las pensiones. Ante esa posibilidad, la Sala a fin que los menores disfruten plena y eficazmente de sus derechos y garantías, y debido al principio de subsistencia de la obligación alimentaria, que como efecto de la filiación corresponde a los padres, así se haya privado o extinguido la patria potestad, ( articulo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), y habiéndose fijado judicialmente una pensión provisoria, tendrá como medida preventiva y garantista de la prioridad absoluta que la vigente Constitución ( articulo 78) otorga a la protección integral de los menores (omisis), mantener la medida sobre las prestaciones al menos durante tres meses después que se decretase –si ello fuese así- la perención de la instancia de manera que se incoase de nuevo la acción, no se perjudicará a los menores (omisis).”
Por todo ello, resulta procedente mantener durante tres (03) meses después de quede firme el presente fallo, la obligación de manutención que este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, decretó mediante las medidas preventivas y asegurativas dictadas en fecha 12 de Mayo de 2009, ejecutadas sobre sueldo y otros conceptos de naturaleza laboral a los que tenga derecho el ciudadano WLADIMIR GRANADOS VALENCIA, reclamado alimentario.
En el caso que nos ocupa se puede observar del estudio detallado y minucioso de las actas que conforman el presente expediente que desde la fecha de 16 de Junio de 2009, ha transcurrido más de un (01) año sin que ninguna de las partes realizara algún acto de procedimiento ejecutado o de impulso procesal; es por lo que el presente caso se subsume dentro de los parámetros del contenido del artículo up supra, adicionalmente una vez paralizada la causa y transcurrido el término para que quede extinguida la instancia, conlleva a el Juez a que de oficio o bien a instancia de parte, sea declarada la extinción del procedimiento, es por lo que la presente causa se encuentra perimida; y así se declara.
PARTE DISPOSITIVA
D E C I S I Ó N
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente Juicio de OBLIGACION DE MANUTENCION incoado por la ciudadana YAJAIRA BEATRIZ TORRES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.13.757.547, domiciliada en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asistida por la Defensora Pública Décima Quinta, Abogada VIOLET ECHETO MAS Y RUBI; en contra del ciudadano WLADIMIR DIAZ GRANADOS VALENCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº- E. 81075.895, en beneficio al niño DARWIN DE JESUS DIAZ GRANADOS TORRES.
MANTENER VIGENTE por el lapso de noventa (90) días continuos contados a partir de que quede firme la decisión dictada por este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio Nº 1, las medidas preventivas decretadas, en fecha 12 de Mayo de 2009, las cuales recayeron sobre el veinte (20%) por ciento del sueldo que percibe el ciudadano WLADIMIR DIAZ GRANADOS VALENCIA como traqueador en la Empresa Pintugrafic, ubicado en la Zona Industrial, Santa Cruz, Segunda Transversal, CAGUA Estado Aragua; sobre el veinte (20%) por ciento de la cantidad de dinero por concepto de bono vacacional o vacaciones; sobre el veinte (20%) por ciento por concepto de aguinaldos o cualquier otra bonificación especial de fin de año; sobre el cien (100%) por ciento sobre primas por hijos o cualquier cantidad de dinero que pueda percibir el ciudadano antes mencionado y sobre el veinte (20%) por ciento sobre las prestaciones sociales, caja de ahorros y fideicomiso que le puedan al obligado de autos, en caso de despido, retiro voluntario o cualquier situación que por terminada la relación laboral.
No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese, notifíquese solamente a la parte actora. Déjese copia certificada por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en la Sala 1 del Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los Treinta (30) días del mes de Junio de dos mil Diez. 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
El Juez Unipersonal N° 1, (Titular)
Dr. Héctor Ramón Peñaranda Quintero
La Secretaria
Mgs.. Angélica Maria Barrios.
En la misma fecha, siendo las nueve y cincuenta minutos de la mañana, previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia, bajo el No. . La Secretaria
Exp.: 15112
HRPQ/ 244
Expediente N º 11548
República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1
Maracaibo, 30 de Junio de 2.010
200º y 151º
BOLETA DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:
A la ciudadana YAJAIRA TORRES, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.13.757.547, domiciliada en el Barrio Carmelo Urdaneta, calle 76, casa No.103-46 del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y/o a sus Apoderados Judiciales, que este Tribunal dictó Sentencia en el Juicio de Rectificación de Partida solicitado por su persona, en beneficio del adolescente VICTOR ALFONSO CASTRO GONZALEZ decidiendo lo siguiente:
a) PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente Juicio contentivo de solicitud de Rectificación de Partida de Nacimiento, solicitada por la ciudadana NEYDA NOEMI GONZALEZ MELENDEZ, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.14.638.222, domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asistida por la Defensora Pública Novena, Abogada LIZ GODOY QUINTERO, en beneficio del adolescente VICTOR ALFONSO CASTRO GONZALEZ, de trece (13) años de edad.
b) No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
El Juez Titular Unipersonal Nº 1,
Dr. Héctor Peñaranda Quintero
FIRMARA Y DEVOLVERA COMO CONSTANCIA DE RECIBO.
HRPQ/ 244
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