REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 200° y 151° PARTE DEMANDANTE: Ciudadano ALBERTO JOSE FUENMAYOR CASTELLANOS, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº 7.604.736, domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: Ciudadano RICARDO ENRIQUE MORENO CHIRINOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 9.755.889, inscrito en el Inpre-Abogado bajo el No. 77.139 y de igual domicilio. PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS LA OCCIDENTAL, inscrita por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 6 de noviembre de 1956, bajo el Nº 53, Libro 42, Tomo 1, representada por su representante legal y apoderado judicial, ciudadano RICARDO CRUZ, titular de la cédula de identidad No. 10.429.299. MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES EXPEDIENTE: 1945-09 -I- NARRATIVA Se inicia la presente causa mediante libelo de demanda introducido ante la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Estado Zulia, y en virtud de la correspondiente distribución de fecha 03 de febrero de 2009, fue asignado su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Admitida la demanda en fecha 09 de febrero de 2009, por el procedimiento oral, el Tribunal ordenó emplazar a la parte demandada, a los fines de que comparezca ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a su citación, y previa constancia en autos de la última formalidad cumplida, a dar contestación a la demanda incoada en su contra. En fecha 05 de marzo de 2009, el Alguacil dejó constancia haber recibido los emolumentos necesarios para practicar la citación de la demandada. En fecha 16 de marzo de 2009, la Secretaria dejó constancia que se libraron recaudos de citación a la demandada, Sociedad Mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS LA OCCIDENTAL, plenamente identificada e hizo entrega de los recaudos de citación al Alguacil de este Juzgado. En fecha 05 de octubre de 2009, el profesional del derecho, ciudadano RICARDO MORENO, antes identificado, actuando en su carácter de abogado asistente de la parte actora, Informó al Tribunal que su cliente le manifestó el interés de desistir de la presente causa y que por tal motivo no ha impulsado el presente procedimiento. En fecha 13 de octubre de 2009, el Alguacil del Tribunal consignó los recaudos de citación de la demandada, plenamente identificada en autos, en virtud de la exposición realizada por el abogado asistente de la parte actora, siendo ésta la última actuación en las actas procesales. -II- MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Ahora bien, en virtud de lo antes transcrito, este Tribunal previamente estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico: Observa este Tribunal que en la presente causa hasta la fecha no se ha ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, a fin de que la causa continuará su curso legal, evidenciándose así la falta de interés del demandante en el perfeccionamiento de la relación jurídica procesal, y en virtud que ha transcurrido más de un (1) año, desde que el actor consignó los emolumentos para la practica de la citación, es por lo que, forzosamente este Despacho debe concluir que, en el caso de autos ha operado la perención que hace referencia el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” En este sentido, ha sido criterio reiterado por la Jurisprudencia que, no todo acto de procedimiento de parte, impide la consumación de la perención, sino aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así por ejemplo, tanto la Sala de Casación Civil como la Sala Político – Administrativa, han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención. En el caso que nos ocupa, consta en las actas procesales que el actor logró interrumpir la perención breve consagrada en el ordinal 1 del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo al no haber cumplido con lo establecido en los artículos 106 y 107 del Código de Procedimiento Civil, y dar cuenta al Juez del incumplimiento del acto de comunicación por parte del funcionario encargado para ello, no logró evitar los extremos del supuesto establece la ley, referente a que transcurrido un año, sin que en la presente causa se haya ejecutado ningún acto de procedimiento entre las partes, quedando perimida la instancia. Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir bien sea en forma “normal” (con la sentencia) o de manera “anormal”. Esas formas “anormales” de terminación son: Las llamadas formas de autocomposición procesal, encontrándose dentro de estas la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Dicha institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido. Es a través del proceso que se ejerce el poder de acción y se deduce la pretensión, la cual, consiste en la reclamación frente a otro u otros sujetos de un determinado bien de vida. En este sentido, como en el proceso se deduce la pretensión, la cual está dirigida a un sujeto distinto de aquél que la deduce, para que esa pretensión pueda ser satisfecha es indispensable que se entable la relación jurídica procesal, lo cual se logra a través de la citación del demandado. La citación del demandado constituye una carga para el actor, que consiste en el llamamiento que hace el Juez que conoce de la causa para que, el accionado comparezca ante él. Son actos que el demandante debe realizar por su propio interés, pues, mediante su perfeccionamiento se logra la constitución de la relación jurídica procesal, la cual se hace necesaria para que el órgano jurisdiccional pueda decidir el conflicto de interés que se le ha planteado y satisfacer así la pretensión que ha sido deducida por medio de la sentencia válidamente dictada. Es por ello que, los actos que debe efectuar el actor, tendientes a que el órgano jurisdiccional pueda citar al demandado no son deberes u obligaciones procesales, sino que constituyen cargas procesales. Aceptar lo contrario conllevaría, tácitamente, a la aceptación que no existe interés en la propia pretensión deducida o en convenir acerca de que pueden deducirse pretensiones carentes de fundamentación, lo cual desnaturaliza el proceso. En tanto y en cuanto la demanda debidamente admitida es el acto que da inicio al proceso, que ella contiene la pretensión cuya satisfacción pide el actor al órgano jurisdiccional, y siendo que de conformidad con el Artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, la citación es una formalidad necesaria para la validez del juicio y que el establecimiento de la relación jurídico procesal surge como una consecuencia de la realización de ese acto, el impulso para lograr la citación el cual no se reduce simplemente al pago del arancel, es una carga que en definitiva le corresponde al actor, que es la persona que sostiene el interés primario en que se trabe la litis para así ver satisfecha su pretensión. Realizadas como han sido tales consideraciones, es forzoso para esta Juzgadora concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso, correspondía a la parte interesada impulsar el procedimiento para que el mismo continuará y se cumplieran las distintas etapas del juicio, siendo que en el caso que nos ocupa la parte actora debió darle impulso procesal a la presente causa, ya que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir el mismo y en virtud que, desde el 09 de febrero de 2009, fecha en la cual este Juzgado admitió la demanda hasta la presente fecha, ha transcurrido holgadamente el tiempo que establece la ley de un año (1), sin que se haya ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, por lo que se considera perimida la instancia, y así se declara. -III- DISPOSITIVO Por los razonamientos de hecho y los fundamentos de derecho antes expuestos, este JUZGADO QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 en concordancia con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Notifíquese. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En Maracaibo, a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. LA JUEZ TITULAR, XIOMARA REYES LA SECRETARIA TITULAR, MARIELIS ESCANDELA En esta misma fecha, se registró y publicó la anterior decisión, siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m). LA SECRETARIA TITULAR, MARIELIS ESCANDELA XR/gb.