TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, veintidós (22) de junio de dos mil diez (2010)
200º y 151º

NUMERO DE ASUNTO: VP01-L-2006-001624

PARTE DEMANDANTE: JOEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad personal Nº V- 18.833.878, domiciliada en ésta Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.

APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: ODALIS CORCHO, JOHANA ARIAS, GLENIS URDANETA, JENNY BENAVIDES, KARIN AGUILAR, JUDITH ORTÍZ, EDELYS ROMERO y MARÍA GABRIELA RENDON, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nros. 105.871, 85.304, 98.646, 103.030, 109.506, 116.517, 112.536 y 103.094, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE SAL SAN BENITO, S.R.L. inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 23 de diciembre de 1991, bajo el N° 19, Tomo 39-A.

APODERADA JUDICIAL DE LA DEMANDADA: MORELBA SARCOS FERNANDEZ, abogada en ejercicio, de éste domicilio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nro. 71.105.

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES:

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA:

Se inició el presente asunto mediante demanda, la cual fue recibida en fecha 27 de julio de 2006, por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial Laboral; posteriormente, fue distribuida al Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, quien admitió la misma en fecha 01 de agosto de 2006. Luego en fecha 06 de diciembre de 2006, fue redistribuida la presente causa, correspondiéndole el conocimiento de la misma al Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de este mismo Circuito Judicial Laboral. Agotada la fase de Sustanciación y Mediación en el proceso que nos ocupa, cumpliendo el Juzgado antes referido con agregar las pruebas promovidas por las partes, para luego remitir el expediente, cuyo conocimiento le correspondió por distribución al JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

En fecha 2 de mayo de 2007, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, recibió y le dio entrada a la presente causa, a los fines de su tramitación de conformidad con lo previsto en los artículos 75 y 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Ahora bien, en fecha tres (03) de mayo de 2007, el ciudadano ENRIQUE GONZÁLEZ debidamente asistido por la Abogada JACNINE MEJIA, parte demandante en el presente asunto, suscribió diligencia mediante la cual desiste de la acción y del procedimiento en la presente causa por cuanto la demandada nada tiene que adeudarle por los conceptos esbozados en el escrito de demanda ni por cualquier otro concepto.

Al efecto, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante auto de fecha 14 de mayo de 2007, determinó que por cuanto se evidencia de actas que la manifestación de voluntad del actor, se efectuó después del acto de contestación de la demanda, lo que requiere del consentimiento de la parte demandada, en aplicación analógica del artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, y se abstiene de homologar el desistimiento del procedimiento planteado, hasta tanto, la demandada no manifieste su aceptación a dicha actuación. Así mismo, advierte a las partes que en ningún caso podrá ser HOMOLOGADO el desistimiento de la acción.

Ahora bien, mediante acta de fecha 15 de Enero de 2010, emanada de la Coordinación del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; se dejó constancia de la redistribución de las causas, que se encontraban en el inventario del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial Laboral; todo con motivo de la suspensión del Juez de ese Despacho; por lo que correspondió el conocimiento de la presente causa a este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, abocándose la juez de este despacho al conocimiento de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación analógica del articulo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en consecuencia, se ordenó notificar a las partes intervinientes, a los fines de continuar la causa, quedando suspendida la misma por un lapso de los tres (03) días hábiles que establece el articulo 90 ejusdem. Haciéndose del conocimiento de las partes, que una vez que constasen en actas las respectivas notificaciones, previa certificación, se daría continuidad al presente litigio; todo en aras de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso. Notifíquese.

Así pues, una ves constatado en autos la notificación de las partes , y dada la diligencia suscrita por la profesional del derecho MORELBA SARCOS en su condición de apoderada judicial de la parte demandada, en fecha 10 de junio de 2010, mediante el cual señala la aceptación al desistimiento efectuado por la parte demandante, pasa esta jurisdicente a emitir pronunciamiento en los siguientes términos.

PARA RESOLVER ESTE TRIBUNAL OBSERVA:
Conforme a lo anterior, el Tribunal pasa a decidir con base a las siguientes consideraciones:

Es importante mencionar, en cuanto al desistimiento de la acción y del procedimiento, que el artículo 89 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: “El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La Ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras”. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se han plasmado una serie de principios de los cuales debemos hacer referencia al establecido en el numeral 2º del referido artículo que consagra:

“ Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.”

En este sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 10 de Mayo de 2005, caso M. Olivares en contra de la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Trujillo, con ponencia del Magistrado, Dr. Alfonso Valbuena Cordero, estableció lo siguiente:

“…En el presente caso de las actas que conforman el expediente, se observa que el actor desistió del procedimiento así como de la acción,…”
“…Ahora bien, la Constitución de la República consagra la irrenunciabilidad de los derechos laborales, en los siguientes términos:
“Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: (omissis)
2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.” (Subrayado de la Sala).
La institución de la irrenunciabilidad, persigue garantizar con la prohibición de renuncia, que el trabajador en una negociación contractual disfrute durante su desarrollo de un mínimo inexpugnable sobre el cual no puede haber acuerdo alguno en su perjuicio, pero sí en su mejora. La previsión del legislador tiene como fin garantizar el que el interés particular del sujeto débil o menos fuerte de la relación laboral, quede incólume antes y durante la relación, y que no se vea compelido a dejar de percibir los beneficios que le correspondan y en caso de no recibirlos pueda exigirlos ante los órganos competentes.
Igualmente, el artículo 9º del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente, establece:…”
La Ley Orgánica del Trabajo consagra el principio de irrenunciabilidad en el artículo 3, el cual no excluye la posibilidad de transacción, siempre que se haga por escrito y que la misma contenga una relación circunstanciada de los hechos que la causen y de los derechos que le sirvan de supuesto.
Ahora bien, en cuanto al desistimiento cabe señalar la sentencia de la Sala de Casación Civil, de fecha 11 de agosto de 1993, ratificada el 24 abril de 1998, en la que se dejó sentado:
“Ahora bien, en cuanto el desistimiento, como acto de autocomposición procesal en la materia que se examina, la Sala estima que nada obsta para que el trabajador pueda desistir en un proceso laboral, siempre y cuando tal acto revista todos los requisitos necesarios para tenerse como válido y además no implique una renuncia a la acción que ostenta el trabajador como actor, pues esto implicaría que éste último no pudiese eventualmente reclamar sus derechos laborales a posteriori, lo que indudablemente sí atenta al principio de irrenunciabilidad de derechos laborales que benefician y protegen a todo trabajador.’
En efecto, puede el trabajador desistir del proceso mediante el cual reclama derechos que éste pretende, pero lo que ciertamente resulta inadmisible es que el trabajador desista de su acción, y al mismo tiempo de su pretensión, pues ello se constituye en una renuncia evidente a sus derechos, y por tanto equivale a ignorar la protección especialísima que se comenta, y la cual se destina a resguardar los derechos del trabajador, frente a los actos del patrono; de admitirse lo anterior, sería desmejorar al trabajador en cuanto a sus derechos adquiridos se refiere, lo cual no es el espíritu y razón que sobre esta materia tuvo el legislador.” (Subrayado de la Sala).
Observa esta Sala de Casación Social, como así quedó sentado en la decisión anteriormente transcrita, la cual acoge, que puede el trabajador desistir del proceso, pero no de la acción y de su pretensión, pues esto implicaría una renuncia a sus derechos y por ende constituye una desmejora en cuanto a los derechos adquiridos.
En el presente caso, el actor en fecha 27 de septiembre del año 2001 desistió del procedimiento, así como de la acción, e igualmente renunció a realizar cualquier tipo de cobro relacionado con alguna incidencia producida en el transcurso del proceso, alegando posteriormente, en fecha 1° de octubre del mismo año, que sus derechos laborales eran irrenunciables, en atención a la Constitución y Ley Orgánica del Trabajo y por tanto solicitó se declarara sin lugar el desistimiento.
Ahora bien, considera esta Sala de Casación Social, que al estar los derechos laborales amparados en normas constitucionales, legales y en el presente caso por la contratación colectiva del Municipio Sucre del Estado Trujillo, y al ser los mismos irrenunciables, la homologación del desistimiento de la acción en la presente causa por parte del sentenciador superior no está ajustado a derecho, pues como antes se indicó, en el mismo se está desistiendo además de la acción, del procedimiento.
Por tanto, al haberse efectuado en estos términos dicho acto de autocomposición procesal, y haberlo homologado el Juzgador de alzada, no debe tenerse como válido, pues, no puede el trabajador reclamar sus derechos laborales a posteriori, lo que a todas luces atenta contra el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales que benefician y protegen a todo trabajador.”

En consecuencia, y en atención a los anteriores elementos de carácter constitucional y jurisprudencial, dado que la parte actora planteó el desistimiento de la acción y del procedimiento, este Tribunal en aras de garantizar una tutela judicial efectiva, y dada la supremacía de la norma invocada para la dilucidación del caso de autos, mal podría homologar el desistimiento de la acción, atendiendo así a lo solicitado por el actor, toda vez; que la misma resulta improcedente, no así en lo atinente al procedimiento, en tanto que el desistimiento de éste, no atenta en nada contra los derechos del trabajador, por lo cual se procede a homologar únicamente el desistimiento del procedimiento. Así se decide.

DISPOSITIVO

Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:

PRIMERO: SE NIEGA LA HOMOLOGACION DEL DESISTIMIENTO DE LA ACCION planteada por el ciudadano ENRIQUE GONZÁLEZ debidamente asistido por la Abogada JACNINE MEJIA, parte demandante en la presente causa.

SEGUNDO: SE HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO planteado por el ciudadano ENRIQUE GONZÁLEZ debidamente asistido por la Abogada JACNINE MEJIA, parte demandante en la presente causa.

TERCERO: No hay condenatoria en costas dado el carácter especial del presente fallo.

CUARTO: Se declara terminado el presente asunto y se ordena el archivo definitivo del expediente.

DADA, FIRMADA Y SELLADA en la Sala de este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los veintidós (22) días del mes de junio de 2010.

SONIA MARGARITA RIVERA DELGADO
La Juez

YASMELY BORREGO
La Secretaria

En la misma fecha, siendo las nueve y treinta y ocho minutos de la mañana (09:38 a.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede.

YASMELY BORREGO
La Secretaria