REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE SDE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. EXTENSIÓN CABIMAS - JUEZ UNIPERSONAL N° 01 EXPEDIENTE No: 1029-00 MOTIVO: CUSTODIA COMO ATRIBUTO DE LA RESPONSABILIDAD DE CRIANZA PARTE DEMANDANTE: DEISY DALILA ARTEAGA RAMIREZ ABOGADO ASISTENTE: GUILLERMO ENRIQUE CASTELLANOS RAMOS DEMANDADO: MARIA ISABEL GRANADILLO TAPIA NIÑA: se omite el nombre PARTE NARRATIVA Recibido por ante este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en fecha 10 de agosto del 2000, solicitud de CUSTODIA COMO ATRIBUTO DE LA RESPONSABILIDAD DE CRIANZA, intentada por la ciudadana DEISY DALILA ARTEAGA RAMIREZ, titular de la cédula de identidad Nº 5.151.399 en contra de la ciudadana MARIA ISABEL GRANADILLO TAPIA, titular de la cédula de identidad Nº 13.660.636, manifestando que es la abuela paterna de la niña antes referida y que hace aproximadamente ocho (08) meses la madre de la menor ciudadana MARIA ISABEL GRANADILLO TAPIA le manifestó delante de otros testigos en el Centro Ambulatorio El Lucero de esta Ciudad de Cabimas, donde la dejó abandonada que se la entregaba formalmente ya que ella no podía estar atendiéndola, esa niña se encontraba en ese recinto ya que su madre la había abandonado en el mismo y estaba enferma, ella accedió gustosamente a recibir a la niña llevándosela a su hogar para darle todas las atenciones, protecciones y cuidados que ella ha requerido hasta los actuales momentos. Una vez efectuada la distribución le correspondió conocer del juicio, al Juez Unipersonal No.1, quien la admitió en fecha 22 de Agosto de 2000. Consta en actas: • Copia fotostáticas de las actuaciones practicadas a las adolescentes por el Fiscal Trigésimo Sexto del Ministerio Público • Consta en actas auto de avocamiento del Juez Unipersonal Nº 01 Provisorio de fecha 16 de enero del 2007. Se evidencia de las actas procesales que desde que el día 10 de abril de 2003., no ha habido ninguna actuación de las partes en la presente causa. PARTE MOTIVA Este Sentenciador pasa de seguidas a analizar las disposiciones legales referidas a la perención de la instancia, a la luz del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen: Artículo 267 cpc: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención Artículo 268 cpc; “La perención procede contra la Nación, los Estados y las Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y cualquiera otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo el recurso sobre su representante” Artículo 269 cpc: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquier de los casos del artículo 267, es apelable libremente” La institución de la perención de la instancia no está regulada expresamente en la Ley Orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, de tal forma, que deben aplicarse supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil. El autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil Tomo II”, considera con respecto a la perención de la instancia: “El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (Después de un período de inactividad procesal prolongado el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal)” “La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uyi singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir” De los artículos antes transcritos y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se hace preciso determinar si en el presente caso se han configurado los presupuestos procesales que hagan procedente la declaratoria perención de la instancia en virtud de la inactividad procesal anual, en este sentido, se evidencia de las actas procesales que la parte actora no ha realizado ninguna actuación desde el 10 de abril de 2003, pues bien, de un simple computo se desprende que hubo inactividad procesal por mas de un año, en consecuencia esta Juzgadora acoge el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por lo tanto debe declararse la perención de la instancia. Así se declara. En este orden de ideas, el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República y en la jurisprudencia transcrita se sostiene que la negligencia de las partes no puede ser premiada manteniendo el demandado sujeto a un juicio pues ello contraviene el debido proceso y la propia finalidad del mismo, en consecuencia, por ser el debido proceso una garantía de carácter constitucional, es procedente la declaratoria de la perención de la instancia. PARTE DISPOSITIVA Por los fundamentos antes expuestos este Juez Unipersonal del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, extensión Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara consumada la perención y extinguida la instancia en la presente causa de CUSTODIA COMO ATRIBUTO DE LA RESPONSABILIDAD DE CRIANZA, intentada por la ciudadana DEISY DALILA ARTEAGA RAMIREZ, antes identificada, en contra de la ciudadana MARIA ISABEL GRANADILLO TAPIA, antes identificado. Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia certificada por secretaria. De conformidad con el artículo 248 del código de procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil, y los numerales 3 y 9 del Articulo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, Firmada y sellada en el Despacho del Juez Unipersonal Provisorio Nº 1, del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, extensión Cabimas. En Cabimas, a los catorce (14) días del mes de Julio del 2010. Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación. EL JUEZ UNIPERSONAL NO.1 PROVISORIO ABG. ESP. CARLOS LUIS MORALES GARCIA EL SECRETARIO ABOG. OMAR SAAVEDRA En la misma fecha siendo la una y seis minutos con cuarenta y uno segundos de la tarde (01:04,41 pm), se publicó la presente sentencia interlocutoria bajo el Nº 1249-10 EL SECRETARIO ABOG. OMAR SAAVEDRA CLMG/mm EXP 1U-1029-00