República Bolivariana de Venezuela En su nombre: Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Circunscripción Judicial del Estado Zulia Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 4 Expediente: 30043. Causa: Obligación de Manutención. Demandante: Teresa de Jesús Galué González. Apoderado judicial: William Rojas Nava. Demandado: Fernando José Primera Vicuña. Apoderado judicial: José Rafael Arrias González. Beneficiarios: (se omite el nombre de los niños, niñas y/o adolescentes por razones de confidencialidad). PARTE NARRATIVA Compareció ante el extinto Juzgado Primero de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, la ciudadana TERESA DE JESÚS GALUÉ GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.-4.533.711, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asistida por las abogadas MARIBEL GONZÁLEZ y ROSARIO CARMONA, inscritas en el inpreabogado bajo los Nos. 40.866 y 39.445, a intentar demanda de Obligación de Manutención, en contra del ciudadano FERNANDO JOSÉ PRIMERA VICUÑA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.-5.166.994, del mismo domicilio, en beneficio de los ciudadanos (se omite el nombre de los niños, niñas y/o adolescentes por razones de confidencialidad). El extinto Juzgado, cumpliendo las formalidades de ley, admitió la anterior demanda, por cuanto ha lugar en derecho y notificó a la Representante del Ministerio Público. En fecha 19 de diciembre de 1997, el ciudadano FERNANDO JOSÉ PRIMERA VICUÑA, asistido por el abogado LASSISTER PÉREZ CARRILLO, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 23.038, se dio por citado en el presente juicio, mediante Poder Apud Acta otorgado al mencionado abogado. En fecha 21 de julio de 2009, el Juez Unipersonal No. 4, abog. Marlon Barreto Ríos, se avocó al conocimiento de la presente causa. En fecha 02 de octubre de 2009, este Tribunal acordó la apertura de una articulación probatoria, de la planteada en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y ordenó la notificación de los ciudadanos FERNANDO JOSÉ PRIMERA VICUÑA, MARÍA FERNANDA PRIMERA GALUÉ y FERNANDO JOSÉ PRIMERA GALUÉ. Verificados dichos actos de notificación, en diligencia de fecha 12 de febrero de 2010, el abogado JOSÉ RAFAEL ARRIAS GONZÁLEZ, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 46.387, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandada, solicitó se dictara sentencia en relación a la incidencia planteada. Con esos antecedentes, este Tribunal pasa a decidir sobre la procedencia o no de la incidencia planteada, con base a las siguientes consideraciones: PARTE MOTIVA Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que en fecha 02 de octubre de 2009 se ordenó la apertura de una articulación probatoria, con el objeto de determinar la procedencia o no de los extremos exigidos en el artículo 383 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en virtud de que los beneficios de autos adquirieron la mayoría de edad. Al respecto, el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, reza lo siguiente: “Si por resistencia de una parte a alguna medida legal del Juez por abuso de algún funcionario, o por alguna necesidad del procedimiento, una de las partes reclamare alguna providencia, el Juez ordenará en el mismo día que la otra parte conteste en el siguiente y hágalo ésta o no, resolverá a más tardar dentro del tercer día, lo que considere justo; a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, caso en el cual abrirá una articulación por ocho (08) días sin termino de distancia. Si la resolución de la incidencia debiere influir en la decisión de la causa, el Juez resolverá la articulación en la sentencia definitiva; en caso contrario decidirá al noveno día”. De dicha norma, se puede interpretar que cuando sea planteada alguna providencia o eventualidad por la parte interesada en el presente juicio, el juez que conozca de la causa a fin de garantizar el derecho a la defensa de las partes; entendiendo que es un principio constitucional e inviolable, ya que las partes deben estar en conocimiento de todo lo que ocurra en el mismo; abrirá una articulación probatoria para que los interesados promuevan y evacuen los medios que consideren necesarios para desvirtuar lo alegado por la parte a quien se opone; siendo el caso del presente juicio en el cual se abrió la incidencia para que este Sentenciador determine si es o no procedente la extensión de la Obligación de Manutención a favor de los ciudadanos MARÍA FERNANDA y FERNANDO JOSÉ PRIMERA GALUÉ. En la presente causa es pertinente plantearse la extensión de la manutención para los mencionados ciudadanos, de veinte (20) y diecinueve (19) años de edad respectivamente, tal como se evidencia de las actas de nacimiento Nos. 691 y 573 expedidas por la Jefatura Civil de la Parroquia Santa Lucía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que corren insertas a los folios cinco (5) y seis (6) de este expediente, las cuales poseen pleno valor probatorio, por tener el acta suscrita por el funcionario de registro del estado civil, el carácter de instrumento auténtico respecto de los hechos jurídicos que dicho funcionario declara haber visto u oído, por tener facultad para hacerlo constar y como tal tiene validez erga omnes, de conformidad con lo pautado en el artículo 457 del Código Civil, en concordancia con los artículos 1359 y 1360 ejusdem. En este sentido, el artículo 383 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dispone lo siguiente: “La Obligación de Manutención se extingue: a) Por la muerte del obligado u obligada, o del niño, niña o adolescente beneficiario o beneficiaria de la misma. b) Por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario o la beneficiario de la misma, excepto que padezca discapacidades físicas o mentales que le impidan proveer su propio sustento, o cuando se encuentre cursando estudios que, por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados, caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los veinticinco años de edad, previa aprobación judicial.” De lo anterior se observa que la extensión de la obligación de manutención, tiene su fundamento en la obligación de los padres de prestar asistencia a sus hijos, consagrada en el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ampliando la norma contenida en el artículo 282 del Código Civil, pues es más precisa en cuanto al impedimento, ya que lo delimita al supuesto de adolecer de deficiencias o minusvalías físicas o mentales que coloquen al hijo en situación de incapacidad de hecho y consagra un nuevo supuesto cuando el hijo se encuentre en pleno período de formación educativa, de manera que no se vean perturbados los estudios por el cese de la cuota de manutención que viene aportando el obligado u obligada de la manutención. En tal sentido, de las actas procesales se evidencia que durante el lapso probatorio legal, los beneficiarios de autos no promovieron ningún medio de prueba del cual se demuestre que se encuentren cursando estudios que por su naturaleza le impidan tener un trabajo remunerado, ya que por su edad, al no tener una profesión definida, su condición de estudiante podría verse indispuesta si realizaran alguna actividad económica simultanea con su asistencia a clases; o que padezcan de discapacidades físicas o mentales que le impidan proveer su propio sustento, tal como lo dispone el literal “b” del artículo antes trascrito. Por las razones antes expuestas, es un hecho establecido la improcedencia de la extensión de la obligación de manutención por parte del ciudadano FERNANDO JOSÉ PRIMERA VICUÑA. Así se declara. PARTE DISPOSITIVA DECISIÓN Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio - Juez Unipersonal No. 4, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: a) Con lugar la incidencia planteada en el presente juicio de Obligación de Manutención, en fecha 02 de octubre de 2009. b) Con lugar la extinción de la obligación de manutención a favor de los ciudadanos MARÍA FERNANDA y FERNANDO JOSÉ PRIMERA GALUÉ, por parte del progenitor, ciudadano FERNANDO JOSÉ PRIMERA VICUÑA. c) Suspende las medidas de embargo decretadas por el extinto Juzgado Primero de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 05 de mayo de 1997, y por esta Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 4 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 14 de noviembre de 2001. No hay condenatoria de constas debido a la naturaleza del proceso. Publíquese, regístrese y notifíquese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio - Juez Unipersonal No. 4 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los 19 de febrero de 2010. Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación. El Juez Unipersonal No. 4 Abog. Marlon Barreto Ríos La Secretaria Abog. Lorena Rincón Pineda En la misma fecha se dicto y publicó la anterior sentencia interlocutoria bajo el No. 123 y se libraron boletas de notificación. MBR/kpmp.