Expediente Nº 1693 En su nombre: JUZGADO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 199º y 150º “Vistos”.- Los antecedentes. Demandante: EDUARDO MARINO MELE COLLETA, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº 10.421.767, y domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Demandados: ALBA ROSA BARRIOS DE VALENCIA y BETTI JOSEFINA FRAGOSO ROZO, venezolanas, mayores de edad, portadoras de la cédulas de identidad N° 7.892.274 y 7.833.871, y de igual domicilio. En el juicio incoado por el ciudadano, EDUARDO MARINO MELE COLLETA, identificado ut supra, debidamente representado por la profesional del derecho MARIA INES BARALT LEON, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matrícula 60.601, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, en contra de las ciudadanas ALBA ROSA BARRIOS DE VALENCIA y BETTI JOSEFINA FRAGOSO ROZO, antes identificadas; en la mencionada causa, la demanda fue admitida en fecha veintinueve (29) de julio de dos mil nueve (2009), dictándose con esa misma el lapso para dar contestación a la demanda. En fecha dos (02) de febrero de dos mil diez (2010), presente en la sala de este Despacho la profesional del derecho MARIA INES BARALT DE RODRIGUEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 60.601, obrando en su carácter de Apoderada Judicial del ciudadano EDUARDO MARINO MELE COLLETA; parte demandante; manifestó lo siguiente: “...desisto ante este Tribunal en representación de mi poderdante del procedimiento intentado, en contra de las ciudadanas ALBA ROSA BARRIOS DE VALENCIA y BETTI JOSEFINA FRANGOSO ROZO, pidiendo la homologación de tal desistimiento con los pronunciamientos de Ley pertinentes.- De igual manera, solicito la devolución de los documentos originales que reposan en actas, contentivos a los folios 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, para fines legales...”. (Omissis). MOTIVACIONES PARA DECIDIR El Tribunal para resolver, observa: En virtud de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva, prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de donde dimana igualmente el poder tuitivo de los jueces para proteger a los justiciables, antes de homologar o no el acto efectuado en la causa, debe necesariamente este juzgador analizar la conducta procesal asumida por la parte demandante. La transacción, desistimiento y el convenimiento son instituciones jurídicas de naturaleza procesal de que se valen los justiciables para poner fin al litigio y/o el proceso, sin haberse producido la sentencia o máxima decisión procesal o una vez dictada antes de adquirir el carácter de cosa juzgada o después de ello en fase de ejecución de la misma, de manera voluntaria y acordada unilateral o bilateralmente por las partes, toda vez, que el proceso civil está regido por el principio DISPOSITIVO, y que se trate de derechos disponibles donde no esté interesado el interés u orden público; es lo que se conoce, en la doctrina como “Modos Anormales de Terminación del Proceso”. Establece el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: “En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El juez podrá dar por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada de autoridad de cosa juzgada...”. (El subrayado es de la jurisdicción). Dispone el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil: “El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria”. (El subrayado es de la jurisdicción). Parafraseando al procesalista patrio Arístides Rengel Romberg, “el desistimiento y el convenimiento en la demanda, llamados por la doctrina renuncia o abandono, allanamiento o reconocimiento de la pretensión, constituyen en nuestro derecho, los dos modos unilaterales de autocomposición procesal, que ponen fin al proceso y dejan resuelta la controversia con efectos de cosa juzgada”. (El subrayado y las negritas son de la jurisdicción). Establece el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil: “Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones”. (El subrayado es de la jurisdicción) DISPOSITIVO Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este JUZGADO SEPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) La HOMOLOGACIÓN del desistimiento del Procedimiento, presentado por la profesional del derecho MARIA INES BARALT DE RODRIGUEZ, plenamente identificada anteriormente, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte actora. 2) Se ordena la devolución de los originales solicitados, previa certificación en acta de los mismos. 3) No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil. Se deja constancia que la parte actora estuvo representada por la profesional del Derecho MARIA INES BARALT DE RODRIGUEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matrícula 60.601, y que la parte demandada no tiene apoderado constituido en juicio. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3º y 9º del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los cuatro (04) días del mes de febrero del año dos mil diez (2010).- Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación. EL JUEZ, Abg. WILLIAM CORONADO GONZALEZ LA SECRETARIA, Abg. CAROLINA VALBUENA FINOL En la misma fecha y previo el anuncio de Ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del despacho y siendo las doce hora meridiano (12:00m.), se dictó y publicó el fallo interlocutorio que antecede; quedando registrado bajo el N° 21-2010.- LA SECRETARIA, Abg. CAROLINA VALBUENA FINOL WCG/mef.-