TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas
Cabimas, 15 de Enero de 2010
199º y 150º

ASUNTO PRINCIPAL : VP11-P-2010-000261
ASUNTO : VP11-P-2010-000261

AUTO ACORDANDO ORDEN DE ALLANAMIENTO

Resolución N° 4C-074-10.-

La Fiscalía 44 del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, interpuso escrito solicitando se le expida Orden de allanamiento para el registro de un inmueble ubicado en: la Urbanización Amparo, calle Bolívar, No. 300, vivienda de color blanco, Municipio Cabimas del Estado Zulia, relacionada con la Investigación N° 24-F44-007-10, llevada por esa Fiscalía. A los fines de resolver dicho pedimento, este Tribunal realiza las siguientes consideraciones:

En relación a dicha solicitud, la Fiscalía del Ministerio Público fundamenta su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, en virtud de la necesidad de practicar dicho allanamiento en el Inmueble ubicado en la dirección ut supra señalada, allanamiento, que será practicados por Funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub Delegación Cabimas, a fin de recabar evidencias de interés criminalístico relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y cualquier otra clase de evidencia que sea vinculante con la causa o de interés criminalístico, relacionada con la investigación.

Ahora bien, observa este tribunal que en el presente caso la representación fiscal, ha solicitado a este despacho se libre orden de allanamiento a objeto de proceder a la revisión de un hogar doméstico, en tal sentido, es oportuno recordar que por norma constitucional, específicamente la contenida en el artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la inviolabilidad del hogar doméstico, constituye un derecho constitucional de segundo grado, toda vez que el se fundamenta en parte, en la garantía del derecho a la vida privada, comportando así:

“…la imposibilidad de de entrada o registro sin orden judicial, tanto del propio hogar como del propio recinto privado de las personas, entendiendo por estos conceptos aquellos espacios físicos cuyo uso y disfrute corresponde con exclusividad o con poder excluyente, al individuo, y en los cuales habitualmente este desarrolla su vida privada, sobre los que el sujeto dispone con amplitud…”. (Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia No. 347, de fecha 23-03-2001).

Sin embargo dentro del ordenamiento jurídico vigente, existen excepciones al cumplimiento irrestricto de esta garantía, una de ellas viene dada en el caso de los estados de excepción, donde al no encontrarse descrita en el artículo 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el artículo 7 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción, es susceptible de restricción temporal.
La otra excepción viene facultada por el contenido del artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual exige que cualquier allanamiento que se realice a morada (salvo el caso de las excepciones previstas en los numerales 1 y 2 de dicha norma), establecimiento comercial, en sus dependencias cerradas o en un recinto habitado, deberá ser autorizado por el Juez de Control, quien deberá acordarla o negarla mediante decisión fundada, decisión que evidentemente debe cumplir ineludiblemente con la existencia de plurales elementos para considerar que dentro de dichos lugares, puedan existir elementos de interés criminalístico, que bien se encuentren ligados a una investigación criminal aperturada, o a la existencia de alguna denuncia que así lo refiera.
En el caso sub examine, nos encontramos bajo el presupuesto establecido en el artículo 210 del texto adjetivo penal, evidenciando este juzgador del compendio de actuaciones incoadas por el Ministerio Público, que en primer lugar, existe una investigación discriminada por la Fiscalía 44 del Ministerio Público bajo el No. 24-F44-007-10, iniciada en virtud de uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, haciéndose necesario a los fines de recabar cualquier clase de evidencia que sea vinculante con la causa o de interés criminalístico, relacionada con la investigación.
Por tales razones, este Tribunal considera procedente en derecho decretar la Orden de Allanamiento solicitada por la Fiscalía 44 del Ministerio Público, mediante oficio de fecha 12-01-2010 y recibido en esta fecha, por cuanto se observa el cumplimiento de los requisitos exigidos para proceder a expedir las mismas, de conformidad con lo establecido en los artículos 210 y 211 del Código Orgánico Procesal Penal, acordando una vigencia de SIETE (07) días para practicarla, por los funcionarios especificados anteriormente. Y ASI SE DECLARA.
DECISIÓN:
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSIÓN CABIMAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA OTORGAR LA ORDEN DE ALLANAMIENTO, solicitada por al Fiscalía 44 del Ministerio Público en esta misma fecha, a ser practicada en la siguiente dirección: la Urbanización Amparo, calle Bolívar, No. 300, vivienda de color blanco, Municipio Cabimas del Estado Zulia, autorizándose para ello a Funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub – Delegación Cabimas, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 210 y 211 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese la presente resolución, déjese copia en archivo y remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía 44º del Ministerio Público.
EL JUEZ CUARTO DE CONTROL

ABOG. RÓMULO JOSÉ GARCÍA RUIZ
LA SECRETARIA

ABOG. NANCY LÓPEZSUAREZ

En la misma fecha se registró decisión N°. 4C-074-10.
LA SECRETARIA

ABOG. NANCY LÓPEZ SUAREZ