TSJ Regiones - Decisión

Exp. No. 45.292/mfmm

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, veintinueve (29) de enero de 2010.
199º y 150º

Se inicia el presente proceso por demanda incoada por GILMA ROSA MEDINA MORENO, venezolana, mayor de edad titular de la cédula de identidad No. V-5.807.764, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 21.453, actuando con el carácter de representante legal de la Sociedad Mercantil ROYAL CARS PREMIER C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha primero (01) de abril de 2005, bajo el No. 46, Tomo 23-A, por COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACION, en contra de las ciudadanas ROSA ELENA RIVAS DE APONTE y MILADYS DE JESUS REYES PEREZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-4.366.029 y V-9.430.309, respectivamente.

En este sentido, esta jurisdicente a los fines de garantizar a las partes el derecho a la defensa, así como el debido proceso y en aras de garantizar el orden público constitucional, considera necesario hacer previas las siguientes observaciones:

El artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, expresa:
“El Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal.
Cuando esté paralizada, el juez debe fijar un término para su reanudación que no podrá ser menor de diez días después de notificadas las partes o sus apoderados”.

Bajo esta óptica, esta operadora de justicia evidencia de las actas que componen el presente expediente que en fecha veintisiete (27) de abril de 2007, se admitió en cuanto ha lugar en derecho la demanda objeto del presente litigio, ordenándose la citación de los demandados en autos para que comparecieran por ante este tribunal, dentro de los diez (10) días de Despacho siguientes, contados a partir de la constancia en actas de haberse cumplido la intimación del ultimo cualquiera de estos, a los fines de dar contestación a la demanda.

Por diligencia de fecha diecisiete (17) de mayo de 2007, la abogada en ejercicio GILMA MEDINA, ya identificada con anterioridad, solicita a este Tribunal proceda a comisionar al Juzgado Segundo de Municipios Urbanos del Estado Aragua, a los efectos de que procedan a citar a las partes demandadas de autos. Asimismo, consigna copias de la demanda y del auto que las provee, y suministra al alguacil de este Despacho los emolumentos necesarios a los fines de practicar la intimacion.

En fecha diecisiete (17) de mayo de 2007, el alguacil natural de este Juzgado, ciudadano GERMAN SANCHEZ PARRA, expuso haber recibido de la parte demandante los medios y recursos necesarios a los fines de practicar la intimación de las demandadas de autos.

Por auto de fecha veintidós (22) de mayo de 2007, este Tribunal procede a ampliar el auto de admisión, por cuanto se omitió otorgar el termino de distancia a las demandadas.

Por auto de fecha veintidós (22) de mayo de 2007, este Tribunal comisiona suficientemente a cualquier Juzgado de los Municipios Sucre del Estado Aragua a los fines de que el alguacil de dicho Tribunal practique la intimación de las partes demandadas en la presente causa.

En fecha veintiséis (26) de mayo de 2009, este Tribunal le da entrada a la comisión conferida al Juzgado de los Municipio Sucre y José Angel Lamas de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Ahora bien, el Juzgado de los Municipio Sucre y José Angel Lamas de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, procedió a darle entrada a la referida comisión, en fecha catorce (14) de diciembre de 2007.

En fecha dos (02) de abril de 2008, el alguacil natural del Juzgado comisionado hace constar que a pesar de haberse trasladado a la dirección de la codemandada de autos, le fue imposible localizarla.

Por otra parte, en fecha cuatro (04) de abril de 2008, el ciudadano RAUL NUÑEZ, alguacil natural del Juzgado comisionado, consigna en este acto el recibo de citación firmada por la codemandada ROSA ELENA RIVAS DE APONTE, dejando así cumplida la misión encomendada.

Por auto de fecha nueve (09) de abril de 2008, el Juzgado de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, ordena practica la citación por carteles de la ciudadana MILADYS DE JESUS REYES PEREZ, de conformidad con lo estipulado en el articulo 650 del Código de Procedimiento Civil.

Por auto de fecha cinco (05) de mayo de 2009, el Juzgado anteriormente nombrado, ordena devolver la referida comisión al este Tribunal, por falta de impulso procesal.

Ahora bien, es menester destacar que la citación constituye un presupuesto de validez procesal, y su incumplimiento o defecto implica un estado de indefensión, y siendo que el derecho a la defensa goza de tutela constitucional, esta jurisdicente considera oportuno citar el contenido del artículo 228 del Código Adjetivo Venezolano, el cual reza textualmente:
“Cuando sean varios quienes hayan de ser citados y el resultado de todas las citaciones no constare en el expediente, por lo menos dos días antes de aquel en que debe verificarse el acto, éste quedará diferido para la misma hora del día que fije el Tribunal. Esta fijación no podrá exceder del término ordinario concedido para el acto, ni ser menor de dos días.
En todo caso, si transcurrieren más de sesenta días entre la primera y la última citación, las practicadas quedarán sin efecto y el procedimiento quedará suspendido hasta que el demandante solicite nuevamente la citación de todos los demandados. Si hubiere citación por carteles, bastará que la primera publicación haya sido hecha dentro del lapso indicado”. (Subrayado, negritas y cursiva del Tribunal).

Bajo este orden de ideas, cabe resaltarse que la validez en la forma en que se realicen las citaciones del litisconsorcio pasivo creado, constituye materia de orden de público, en este sentido, este Tribunal hace suyo el criterio sostenido en relación con la norma contenida en el artículo 228 eiusdem, en sentencia Nº 1138, Expediente No. 2004-0674, de fecha cuatro (04) de mayo de 2006, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado HADEL MOSTAFÁ PAOLINI, donde se estableció, lo siguiente:
“…Ahora bien, es jurisprudencia pacífica y reiterada de este Tribunal Supremo de Justicia que la norma contenida en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, es de orden público. En efecto, en sentencia Nº 3.573 del 6 de diciembre de 2005 dictada por la Sala Constitucional y en la sentencia Nº 345 dictada en fecha 31 de octubre de 2000 por la Sala de Casación Civil, se estableció, respectivamente, lo siguiente:
“(…) Con respecto al alegato esgrimido por la apoderada judicial de los accionantes, de que para el momento en que se dictó el auto donde se fijó el décimo (10º) día de despacho siguiente para el nombramiento del partidor, sus representados no se encontraban citados, esta Sala observa, que en el juicio de partición objeto de análisis, entre la citación de los herederos demandados como conocidos, el 3 de noviembre de 1999, y la citación del defensor ad-litem, de los herederos desconocidos, realizada el 11 de marzo de 2003, transcurrieron tres (3) años y cuatro (4) meses, tiempo que excedió el lapso de sesenta (60) días establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, para la práctica de las citaciones de todos los litis consortes, necesaria para el acto de contestación de la demanda, por lo que durante ese lapso, el juicio se encontraba suspendido hasta que los demandantes solicitaran nuevamente la citación de todos los demandados.
Estima la Sala que el tribunal de la causa, al tramitar el procedimiento de partición obvió el contenido del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, norma procesal pertinente para todos los casos donde es tramitada la citación de varios co-demandados, que es del tenor siguiente:
‘Artículo 228.- Cuando sean varios quienes hayan de ser citados y el resultado de todas las citaciones no constare en el expediente, por lo menos dos días antes de aquél en que debe verificarse el acto, éste quedará diferido para la misma hora del día que fije el Tribunal. Esta fijación no podrá exceder del término ordinario concedido para el acto, ni ser menor de dos días.
En todo caso, si transcurrieren más de sesenta días entre la primera y la última citación, las practicadas quedarán sin efecto y el procedimiento quedará suspendido hasta que el demandante solicite nuevamente la citación de todos los demandados, Si hubiere citación por carteles, bastará que la primera publicación haya sido hecha dentro del lapso indicado’.
Por lo tanto, al no haberse suspendido el proceso y al no constar en autos que la parte actora solicitara nuevamente la citación de todos los demandados, esta Sala considera que al haber transcurrido más de tres (3) años entre la citación de los codemandandos, además de producir el quebrantamiento de las normas procesales, revela que el Juez de la causa al haber continuado con la tramitación del proceso y al haber fijado el auto para el nombramiento de partidor, cuando no se había cumplido con la citación de los codemandados, violó los derechos a la defensa y al debido proceso, ya que, en el presente caso, la inactividad de los sujetos procesales, en este caso de la parte actora, al no instar, ante la suspensión del proceso, la citación de los codemandados, produjo como efecto la ruptura de la estadía a derecho de las partes.
En el caso sub iúdice la apoderada judicial de los accionantes incoa el amparo contra el auto que declaró homologada la partición, pero en criterio de esta Sala lo que dicha apoderada judicial persigue no es dejar sin efecto el auto homologatorio, sino que se le respete el derecho de sus representados a esgrimir las defensas en el juicio de partición donde se encontraba rota su estadía derecho y dado que la lesión del derecho a la defensa se encuentra presente desde el momento en que suspendido el proceso por el transcurso de más de tres (3) años entre la citación de los demandados y la del defensor ad-litem de los herederos desconocidos, sin que mediara solicitud de nueva citación por la parte demandante, el Tribunal obvió tal suspensión y continuó el curso de la causa, sin que la parte demandada tuviera oportunidad de ejercer su derecho a la defensa en la oportunidad del nombramiento del partidor; de manera que su situación jurídica infringida, nace a partir de todos los actos que surgen después de la falta de nueva citación de los codemandados ante la suspensión del proceso, tal como lo indica el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil.
De manera, que en el caso analizado la Sala evidencia un vicio de orden público, que enervó las oportunidades de defensa en el proceso de partición de los demandados, y así se declara.
En consecuencia, es forzoso para esta Sala declarar con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, anula todas las actuaciones verificadas en el tribunal de la causa en el juicio de partición a partir de la citación del defensor ad litem verificada en 11 de marzo de 2003 y ordena la reposición de la causa del juicio de partición al estado de la práctica de la citación de todos codemandados, y así se decide.” (Sentencia Nº 3.573 del 6 de diciembre de 2005 dictada por la Sala Constitucional).
“(…) En cuanto al segundo de los alegatos del formalizante, estima la Sala que el tribunal de alzada si incurre en quebrantamiento de formas sustanciales del proceso, cuando pese a la tramitación del presente juicio por el procedimiento ordinario, obvió la aplicación del contenido del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, norma procesal pertinente para todos los casos donde es tramitada la citación de varios co-demandados, por ser del tenor siguiente:
‘Artículo 228.- Cuando sean varios quienes hayan de ser citados y el resultado de todas las citaciones no constare en el expediente, por lo menos dos días antes de aquél en que debe verificarse el acto, éste quedará diferido para la misma hora del día que fije el Tribunal. Esta fijación no podrá exceder del término ordinario concedido para el acto, ni ser menor de dos días.
En todo caso, si transcurrieren más de sesenta días entre la primera y la última citación, las practicadas quedarán sin efecto y el procedimiento quedará suspendido hasta que el demandante solicite nuevamente la citación de todos los demandados, Si hubiere citación por carteles, bastará que la primera publicación haya sido hecha dentro del lapso indicado’.
Por lo tanto, vista nuevamente la conclusión de la recurrida sobre este particular, que señala:
‘En el presente caso, de las actas procesales revisadas, observa el sentenciador que la codemandada Vengas de Oriente S.A. se dio por citada el 28 de junio de 1996 (folio 78) y posteriormente se citó a través del ciudadano Alguacil al codemandado Eleazar Antonio Navarro, el día 30 de Enero de 1.997 (folio 85). Si bien es cierto que entre la primera y la última transcurrieron mas de sesenta días, también es cierto que la abogada de la parte demandada compareció al Tribunal el día 04 de Marzo de 1.997, justamente el último día del vencimiento del lapso para la contestación según el Libro Diario y Calendario Oficial del Tribunal. El codemandado señor Navarro no compareció al acto para el cual estaba enterado En esa oportunidad de la contestación de la demanda la codemandada Vengas de Oriente S.A nada planteó acerca de la citación, o antes de la contestación haber alegado el dispositivo previsto en el Artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, pues solo se limitó a solicitar la reposición y promover las cuestiones previas establecidas en el Artículo 346 Ibídem…(Sic)’. (Subrayado de la Sala).
Esta Sala considera procedente la presente denuncia respecto a éste último alegato del formalizante, por encontrarse ajustado a derecho, siendo por demás evidente la infracción por la recurrida de las formas procesales inherentes, toda vez que el tribunal de alzada una vez percatado de tales irregularidades ha debido ordenar la reposición de la causa a fin de que se diera cumplimiento a la previsión contenida en la norma procesal anteriormente transcrita, siendo un mandato imperativo ordenado por el legislador. Así se declara.
En consecuencia, esta Sala considera procedente la presente denuncia por quebrantamiento de formas sustanciales del proceso, por infracción del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el contenido de los artículos 12, 15, 206, 208 y 212 eiusdem, y así se declara(…).” (Sentencia Nº 345 dictada en fecha 31 de octubre de 2000 por la Sala de Casación Civil).
De allí que, ante la verificación de haber transcurrido en el presente caso más de sesenta (60) días entre la primera y la última citación practicadas, y dado que la comentada disposición procesal es de orden público, no debe admitirse el relajamiento de la referida norma, por lo que resulta procedente la aplicación de la consecuencia jurídica allí prevista…”.

Tomando en consideración lo antes expuesto, esta jurisdicente, evidencia que desde que en fecha cuatro (04) de abril de 2008, si bien fue citada una de las codemandadas de autos, ciudadana ROSA ELENA RIVAS DE APONTE, no es menos cierto que desde la fecha dos (02) de abril de 2008, fecha en la cual el alguacil de Tribunal comisionado deja constancia de no haber podido localizar a la ciudadana MILADYS DE JESUS REYES, la parte demandante no impulsó la citación de la misma, siendo el caso que hasta la fecha ha transcurrido casi un (01) año, tiempo que excedió el lapso de sesenta (60) días establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, verificándose de esta manera el presupuesto y consecuencia del artículo 228 ejusdem.

En fuerza de los argumentos esgrimidos y del análisis minucioso de las actas, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en ejercicio de las Potestad Jurisdiccional atribuidas por el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara NULAS y sin efecto alguno las citaciones practicadas así como las actuaciones posteriores a las mismas en la presente demanda por COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACION, interpuesta por la ciudadana la Sociedad Mercantil ROYAL CARS PREMIER C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha primero (01) de abril de 2005, bajo el No. 46, Tomo 23-A, en contra de las ciudadanas ROSA ELENA RIVAS DE APONTE y MILADYS DE JESUS REYES PEREZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-4.366.029 y V-9.430.309, respectivamente. En consecuencia, se SUSPENDE el presente procedimiento hasta tanto la parte demandante de autos solicite nuevamente la citación de todos los demandados. ASI SE DECIDE.-

Dada, firmada y sellada en la sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los veintinueve (29) días del mes de enero del Dos Mil Diez (2010). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación. Quedando anotada bajo el No. _______

LA JUEZA:

ABOG. HELEN NAVA DE URDANETA (MSc)

LA SECRETARIA:

Abog. LAURIBEL RONDON ROMERO