TSJ Regiones - Decisión

Expediente N° 5.542.06.
Sentencia N°07 .

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Cursa por ante este Tribunal demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, seguida por el ciudadano JESÚS NAZARENO ORTIZ, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad número V-9.506.789, inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 50.636, obrando con el carácter de apoderado judicial de PDVSA PETRÓLEO, SOCIEDAD ANÓNIMA, inicialmente constituida bajo la denominación PDVSA Petróleo y Gas, S.A mediante documento inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (Hoy Municipio Libertador del Distrito Capital y Estado Miranda), en fecha 16 de Noviembre de 1978, bajo el Numero 26, Tomo 127-A segundo, cuyo documento constitutivo estatutario ha sido objeto de múltiples reformas, siendo la ultima de ellas debidamente inscrita por ante la mencionada Oficina de Registro el día 19 de Diciembre de 2002, bajo el Número 60, Tomo 193-A Segundo, conforme consta en la sustitución de poder debidamente autenticado por ante la Notaria Publica Segunda de Punto Fijo, Municipio Carirubana del Estado Falcón, el día 27 de Agosto de 2003, bajo el numero 22, Tomo 58, el cual acompañó con la demanda, en contra del ciudadano LUIS VILCHEZ, mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de identidad número 5.810.124, domiciliado en el Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia.
Por auto de fecha 10 de mayo de 2006, este Tribunal le dio entrada y admitió la demanda propuesta, ordenándose la citación de la demandada, dejándose constancia con la misma fecha fueron librados los recaudos de citación respectivos.
En fecha 15 de mayo de 2006, el ciudadano JOSÈ GREGORIO CARDOZO CARMONA, actuando en su condición de Alguacil Natural de éste Juzgado, informó al Tribunal que no había practicado la citación de la parte demandada, por cuanto el interesado no había suministrado los medios de transporte para trasladarse hasta el domicilio del accionado ya que dista a mas de 500 metros de la sede de este Tribunal.
En fecha 26 de junio de 2006, el ciudadano JOSÈ ALEJANDRO PIÑA MARTÌNEZ, actuando en su condición de Alguacil Temporal del Tribunal, informó al Despacho que no había practicado la citación de la parte demandada, por cuanto el interesado no había suministrado los medios de transporte para trasladarse hasta la residencia del accionado.
En fecha 09 de enero de 2009 la suscrita Juez Temporal del Juzgado Primero de los Municipios Cabimas, Santa Rita y Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, abogada OLGA V. ARAQUE CAMPOS, se abocó al conocimiento de la presente causa y ordenó la notificación de la parte demandante. En la misma fecha se libró boleta.
En fecha 16 de enero de 2009, el Alguacil del Tribunal dejó constancia de haber practicado la notificación de la empresa demandante en la persona del abogado JESÙS ORTÌZ, actuando como apoderado judicial de la misma y se agregó la boleta a las actas, constante de un folio útil.
En fecha 12 de febrero de 2009 el suscrito Juez Temporal del Juzgado Primero de los Municipios Cabimas, Santa Rita y Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, abogado JAIRO GALLARDO COLINA, se abocó al conocimiento de la presente causa y ordenó la notificación de la parte demandante. En la misma fecha se libró boleta.
En fecha 06 de mayo de 2009, el ciudadano JOSÈ ALEJANDRO PIÑA MARTÌNEZ, actuando en su condición de Alguacil del Tribunal, informó al Despacho que no se ha presentado la parte interesada a impulsar la notificación que se ha de practicar en el presente expediente; asimismo en fecha 19 de enero de 2010, informo al tribunal la imposibilidad de practicar la citación del demandado y la notificación de la parte actora.
Se observa que desde la ultima actuación procesal, hasta el día de hoy, no se ha celebrado ningún acto de impulso procesal ni de procedimiento por la parte actora, habiendo transcurrido en este Tribunal tres (3) años, ocho (8) meses y nueve (9) dias término éste más del previsto en la ley para que quede extinguida la instancia.
A los fines de decidir este Tribunal observa, que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”…

Del cómputo efectuado anteriormente, se desprende que efectivamente en el presente caso ha operado la Perención de la Instancia, en virtud de que transcurrió más del tiempo previsto en el referido artículo sin que la parte demandante haya dado impulso procesal para sacar el expediente de ese estado de suspensión en que se encuentra, hecho éste que demuestra un desinterés de la parte actora para mantener viva la Instancia.
La Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal de la República en Sentencia de fecha 13 de julio de 2001, establece:
“Se trata, así, del simple cumplimiento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid. Caso: Cebra, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acuerda de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.(…Omissis…) Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este alto tribunal; por tanto quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos…evidencia un abandono del caso que no puede justificar la incertidumbre creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder Público. En suma, que según los términos del artículo 86 de la Ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable a los procedimientos que se ventilen ante este Tribunal Supremo de Justicia, salvo lo previsto en disposiciones especiales”…
Por los fundamentos expuestos este JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA DE OFICIO LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de conformidad con lo dispuesto en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, seguida por el ciudadano JESÚS NAZARENO ORTIZ, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad número V-9.506.789, inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 50.636, obrando con el carácter de apoderado judicial de PDVSA PETRÓLEO, SOCIEDAD ANÓNIMA, inicialmente constituida bajo la denominación PDVSA Petróleo y Gas, S.A mediante documento inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (Hoy Municipio Libertador del Distrito Capital y Estado Miranda), en fecha 16 de Noviembre de 1978, bajo el Numero 26, Tomo 127-A segundo, cuyo documento constitutivo estatutario ha sido objeto de múltiples reformas, siendo la ultima de ellas debidamente inscrita por ante la mencionada Oficina de Registro el día 19 de Diciembre de 2002, bajo el Número 60, Tomo 193-A Segundo, conforme consta en la sustitución de poder debidamente autenticado por ante la Notaria Publica Segunda de Punto Fijo, Municipio Carirubana del Estado Falcón, el día 27 de Agosto de 2003, bajo el numero 22, Tomo 58, el cual acompañó con la demanda, en contra del ciudadano LUIS VILCHEZ, mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de identidad número 5.810.124, domiciliado en el Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia. Se suspende la medida de secuestro decretada en el presente juicio.
Consta que la parte demandante está representada por los abogados Pedro Rodriguez, José Gregorio Silva, Milagros Garces, Pedro González Perdomo, Pasqualino Volpicelli, Luis Castellano, Midalis Urdaneta, Jesus Ortiz, José Gregorio Guzman, Jaime kCastellanos, Francis Quintero y Maury Aldana, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 60.155, 60.202, 53.705, 46.521, 40.982, 51.969, 35.008, 50636, 62.331, 48.295, 72.343 y 56.330, respectivamente.
No hay condenatoria en costas en razón de la decisión.
PUBLÍQUESE REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
Déjese por Secretaría copia certificada de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil, a los fines del artículo 72, Ordinales 3° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA en Cabimas, a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil diez. AÑOS: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
EL JUEZ TEMPORAL,
(fdo) Jairo Gallardo Colina. (Hay el sello del Tribunal)
ABOG. JAIRO GALLARDO COLINA.
LA SECRETARIA,
(fdo) Elsy G. de Marín.
ABOG. ELSY GÓMEZ DE MARÍN.

En la misma fecha siendo las dos de la tarde, se dictó y publicó el anterior fallo y se dejó copia certificada por Secretaría.