TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL ESTADO ZULIA
EXTENSION SANTA BARBARA DE ZULIA
TRIBUNAL TERCERO DE CONTROL

Santa Bárbara de Zulia, 31 de diciembre de 2010
200° y 151º

C Causa Penal N° C03-22.941--2010
Causa Fiscal N° 24-F21-2869-2010

RESOLUCION N° 1.367-2010.

AUDIENCIA ORAL DE CALIFICACION DE FLAGRANCIA E IMPUTACION DE DELITO A IMPUTADO

En el día de hoy, viernes treinta y uno (31) de diciembre de 2010, siendo las cinco horas y diez minutos de la tarde (05:10 p.m.), fecha y hora fijada por este Tribunal Tercero de Control, para llevar a efecto audiencia de calificación de flagrancia e imputación de delito del ciudadano SERGIO ALEJANDRO DIAZ MUJICA, por parte de la abogada MARVELYS SOTO GONZALEZ, en su carácter de Fiscala (A) Vigésima Primera del Ministerio Público del estado Zulia, actuando en colaboración con la Fiscalia XVI del Ministerio Público. Presidida por la Jueza Tercera de Control, abogada GLENDA MORÁN RANGEL, actuando como Secretaria la abogada WENDY MARINA HERNANDEZ CARLY. Una vez verificado la presencia de la representante del Ministerio Público, así como del referido imputado, previo traslado del retén policial de San Carlos de Zulia, acompañado de la abogada NOIRALITH GONZALEZ URDANETA, Defensora Pública N° 5 Penal Ordinario, se dio inicio al acto. Seguidamente el Tribunal concede el derecho de palabra a la representante del Ministerio Público, quien hizo la siguiente exposición: “de conformidad con los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, presento y pongo a disposición de este Tribunal al ciudadano SERGIO ALEJANDRO DIAZ MUJICA, quien fue aprehendido en fecha 30 de diciembre de 2010, aproximadamente a las once horas y treinta minutos de la noche, por funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial Nº 18 “Colón”, con sede en Santa Bárbara de Zulia, en virtud de la llamada telefónica recibida por parte de una ciudadana que indicó ser vecina del “barrio Guanabanal”, ubicado en el sector Curva de Colón, parroquia San Carlos de Zulia, Municipio Colón del estado Zulia, en la cual manifestaba que uno de sus vecinos intentaba agredir físicamente a su concubina, además que le estaba tirando las pertenencias del hogar a la calle, la que se hallaba con su hijo de tan solo un año de nacido, impidiéndole el ingreso a la residencia. Inmediatamente, se constituyó la comisión, con la finalidad de corroborar la denuncia, por lo que una vez en el lugar efectuaron un recorrido, y en momentos que se desplazaban por la calle principal de esa barriada, al final advirtieron a una ciudadana de rasgos indígena, que vestía dormilona y cargaba a un infante, la cual al percatarse de la presencia del organismo de seguridad hizo señales con sus manos para que se detuvieran, quedando identificada como MARIA ERNESTINA PUCHE SANCHEZ. Posteriormente, les informó que su concubino hacía escasos minutos le había destrozado sus pertenencias del hogar, tales como cocina, ollas, platos y bombillas, además de echarla a la calle, conduciendo al mismo tiempo a los efectivos hasta donde se encontraba su agresor, señalándolo y produciéndose su aprehensión, luego de ser impuesto del motivo de la actuación policial. Razón por la cual, solicito en primer lugar, se califique la aprehensión en flagrancia del ciudadano SERGIO ALEJANDRO DIAZ MUJICA, a quien precalifico e imputo la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA, previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana MARIA ERNESTINA PUCHE SANCHEZ, y DAÑOS, tipificado y sancionado en el artículo 473 del Código Penal de Venezuela, en detrimento de la prenombrada ciudadana. Ahora bien, por encontrarse cubiertos los extremos a que se refiere los numerales 1 y 2 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito se le decreten medidas cautelares sustitutivas de libertad de las establecidas en los numerales 3 y 4 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, de igual forma pido muy respetuosamente se le acuerde a la víctima las Medidas de Protección y de Seguridad contempladas en los numerales 5 y 6 del artículo 87 de la ley especial antes citada, y por último, solicita esta representación fiscal, que la presente causa se ventile por las reglas del procedimiento ordinario, establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que en virtud del principio del fuero de atracción debe regirse la investigación por el procedimiento ordinario. Es todo”. A continuación la Jueza de Control procede a informar al imputado del Precepto Constitucional inserto en el cardinal 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que lo exime de declarar en su contra, así como del contenido de los artículos 131 y 125, numeral 9 del Código Orgánico Procesal Penal, y de los hechos que le atribuye la representante del Ministerio Público, el cual manifestó su deseo de no rendir declaración, quedando identificado como SERGIO ALEJANDRO DIAZ MUJICA, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural de Santa Bárbara, Estado Zulia, de 24 años de edad, fecha de nacimiento 05/12/1986, titular de la cédula de identidad N° V-18.694.138, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, hijo de Martha Rojas (d) y de Sergio Díaz (d), con residencia en el sector La Cordillera, calle principal, casa s/n, diagonal al Club La Ceibita, Santa Bárbara de Zulia, Municipio Colón del estado Zulia, teléfono de contacto 0275-4116405. Es todo”. A continuación el Tribunal cede la palabra a la abogada NOIRALITH GONZALEZ URDANETA, Defensora Pública N° 5 Penal Ordinario, quien expuso: “revisadas las actuaciones, así como escuchada la exposición de la representante del Ministerio Público, sostiene la defensa la inocencia del defendido al amparo de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a su vez la defensa solicita le sea acordada al defendido una Medida Cautelare Sustitutiva que sea de posible e inmediato cumplimiento, como es la establecida en el artículo 256 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, para que con ello, se le garantice su derecho de ser juzgado en libertad, todo ello con fundamento en lo que establecen los artículos 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 8, 9, 243, 244 y 247 del Código Orgánico Procesal Penal. Por último solicito me sean expedidas copias fotostáticas simples de todas y cada una de las actuaciones que conforman la causa penal que nos ocupa, así como del acta que recoge la presente audiencia, es todo”.- En este estado finalizada las intervenciones de las partes, la ciudadana Jueza de Control, abogada GLENDA MORÁN RANGEL pasa a resolver las cuestiones planteadas y lo hace bajo los siguientes términos: “ha solicitado la abogada MARVELYS SOTO GONZALEZ, en su carácter de Fiscala (A) Vigésima Primera del Ministerio Público del estado Zulia, actuando en colaboración con la Fiscalia XVI del Ministerio Público, se impongan medidas cautelares sustitutivas de libertad al ciudadano SERGIO ALEJANDRO DIAZ MUJICA, a quien le atribuye la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA, previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana MARIA ERNESTINA PUCHE SANCHEZ, y DAÑOS, tipificado y sancionado en el artículo 473 del Código Penal de Venezuela, en detrimento de la prenombrada ciudadana, así como la aplicación de medidas de protección y de seguridad, a favor de la prenombrada víctima. Por su parte, la Defensa Técnica bajo sus argumentos ha manifestado adherirse a la petición fiscal, sólo respecto del juzgamiento en libertad. Ahora bien, analizadas como han sido todas y cada una de las actas que conforman la presente causa penal, observa el juzgado, que de acuerdo al acta policial de fecha 30 de diciembre de 2010, levantada y suscrita por funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial Nº 18 “Colón”, con sede en Santa Bárbara de Zulia, ese mismo día, aproximadamente a las once horas y treinta minutos de la noche procedieron a la aprehensión del ciudadano SERGIO ALEJANDRO DIAZ MUJICA, en virtud de la llamada telefónica recibida por parte de una ciudadana que dijo ser vecina del “barrio Guanabanal”, ubicado en el sector Curva de Colón, parroquia San Carlos de Zulia, Municipio Colón del estado Zulia, a través de la cual manifestaba que uno de sus vecinos intentaba agredir físicamente a su concubina, además que le estaba tirando las pertenencias del hogar a la calle, la que se hallaba con su hijo de tan solo un año de nacido, impidiéndole el ingreso a la residencia. Inmediatamente, se constituyó la comisión, con la finalidad de corroborar la denuncia, por lo que una vez en el lugar efectuaron un recorrido, y en momentos que se desplazaban por la calle principal de esa barriada, al final advirtieron a una ciudadana de rasgos indígena, que vestía dormilona y cargaba a un infante, la cual al percatarse de la presencia del organismo de seguridad hizo señales con sus manos para que se detuvieran, quedando identificada como MARIA ERNESTINA PUCHE SANCHEZ. Posteriormente, les informó que su concubino hacía escasos minutos le había destrozado sus pertenencias del hogar, tales como cocina, ollas, platos y bombillas, además de echarla a la calle, conduciendo al mismo tiempo a los efectivos hasta donde se encontraba su agresor, señalándolo y produciéndose su detención, luego de ser impuesto del motivo de la actuación policial, siendo colocado a la orden del Ministerio Público. Pues bien, del acta policial s/n contentiva del procedimiento de aprehensión del hoy encartado (folio 02 y su vuelto); así como del acta de derechos ciudadanos (folio 03 y su vuelto), del acta de denuncia común formulada por la victima (folio 05 y su vuelto); del acta de derechos de la victima (folio 06 ); y del acta de inspección técnica practicada en el sitio del suceso (folio 08 y su vuelto); surgen para esta juzgadora, al ponderar los numerales 1 y 2 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, racionales indicios que permiten en esta etapa del proceso, estimar, en primer término, la existencia de varios hechos punibles que merecen penas privativas de libertad y cuyas acciones penales para ser ejercidas no se encuentran evidentemente prescritas, tomando en cuenta que los hechos ocurrieron el día 30 de diciembre de 2010, y calificados de manera provisional por la titular de la acción penal como VIOLENCIA PSICOLOGICA, previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana MARIA ERNESTINA PUCHE SANCHEZ, y DAÑOS, tipificado y sancionado en el artículo 473 del Código Penal de Venezuela, en detrimento de la prenombrada ciudadana. En segundo término, que el imputado de autos es partícipe en grado de autor en la comisión de esos eventos punibles. No obstante lo anterior, atendiendo al pedimento fiscal, al cual ha manifestado adherirse la defensa y, teniendo como norte esta juzgadora que en el actual sistema acusatorio, toda persona tiene derecho a ser juzgada en libertad, salvo por las apreciaciones en cada caso en particular, y por las razones determinadas por la Ley, aunado a los principios que rigen el proceso, tales como el de presunción de inocencia, afirmación de libertad y de proporcionalidad, consagrados en los artículos 8, 9, 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal, y sólo a los fines de asegurar su comparecencia a los actos subsiguientes del proceso, que no se sustraerá a la acción de la justicia, impone las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 256 del texto adjetivo penal, relativas a la presentación periódica por ante la sede de este juzgado cada treinta (30) días, contados a partir de la presente fecha y la prohibición de salida del país, sin la debida autorización del tribunal y previa comprobación de justa causa, respectivamente. A la par, se establecen como medidas de protección y de seguridad, las contempladas en los numerales 3, 5 y 6 del artículo 87 de la Ley Especial, referidas: la del numeral 3, a la salida del presunto agresor de la residencia común, por cuanto la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral de la víctima, quedando autorizado a llevarse de esta solo sus efectos personales, instrumentos y herramientas de trabajo, para cuya ejecución se ordena el auxilio de la fuerza pública, la del numeral 5, a la prohibición del presunto agresor de acercarse a la mujer agredida, trátese de su lugar de trabajo, de estudio o de residencia; y la del numeral 6, a la prohibición del presunto agresor de realizar por sí mismo, o por terceras personas, actos de persecución, acoso o intimidación a la víctima, o algún integrante de su familia, ello, por existir elementos probatorios en las actas que conforman el expediente que determinan su necesidad, toda vez que, la convivencia implica un riesgo para la salud integral de la mujer agredida. Queda así declarada Con Lugar la solicitud interpuesta por la representante del Ministerio Público. Así se decide. Dado el pedimento Fiscal, el juzgamiento de los delitos atribuidos al encartado de autos ciudadano SERGIO ALEJANDRO DIAZ MUJICA, se regirá por las vías del procedimiento ordinario, por estar ajustado a derecho, en atención a lo dispuesto en el artículo 373 último aparte del Código Orgánico Procesal Penal, puesto que la aprehensión del encausado antes mencionado se subsume en una de las hipótesis de flagrancia contenidas en el artículo 248 de la normativa procesal vigente, esto es, concretamente a poco de haber ocurrido el hecho. Así se declara. Igualmente, se acuerda expedir por Secretaría las copias simples requeridas por la defensa a expensas del recurrente. Por todos los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Santa Bárbara de Zulia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. Declara con lugar la solicitud Fiscal y, por vía de consecuencia, resuelve: PRIMERO: decreta la aprehensión en flagrancia del ciudadano SERGIO ALEJANDRO DIAZ MUJICA, antes identificado plenamente, de conformidad con el segundo aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que, la aprehensión del mismo se subsume en una de las hipótesis descritas por el legislador en el artículo 248 del Texto Penal Adjetivo, concretamente la de estar ocurriendo el hecho, y por el principio procesal del fuero de atracción consagrado en el artículo 75 del Texto Penal Adjetivo . SEGUNDO: ordena la inmediata libertad del ciudadano SERGIO ALEJANDRO DIAZ MUJICA, a quien la Fiscala del Ministerio Público le imputa la presunta comisión de los tipos delictivos de VIOLENCIA PSICOLOGICA, previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana MARIA ERNESTINA PUCHE SANCHEZ, y DAÑOS, tipificado y sancionado en el artículo 473 del Código Penal de Venezuela, en detrimento de la prenombrada ciudadana, bajo la imposición de Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, específicamente las contempladas en los numerales 3 y 4 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal y, con fundamento a lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 250 del Código eiusdem, en relación con el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 8, 9, 243 y 244 de la legislación procesal. TERCERO: acuerda como medidas de protección y de seguridad a favor de la víctima de autos, las establecidas en los numerales 3, 5 y 6 del artículo 87 de la Ley Especial que nos ocupa. CUARTO: el proceso que se inicia se regirá por las vías del procedimiento ordinario, en atención a lo dispuesto en el artículo 373 último aparte del Código Orgánico Procesal Penal y por el principio procesal de fuero de atracción consagrado en el artículo 75 del Texto Penal Adjetivo QUINTO: ofíciese al ciudadano Director del Retén Policial de San Carlos de Zulia, informándole que se ha ordenado la inmediata libertad del aludido ciudadano, quien mediante acta por separado deberá comprometerse a cumplir las obligaciones impuestas, y por último expídanse por Secretaria las copias simples de las actas requeridas por la defensa técnica. Una vez transcurrido el lapso de ley, remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía Decimosexta del Ministerio Público del estado Zulia, para que continúe con las investigaciones e interponga el acto conclusivo que corresponda. De conformidad con el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, quedan notificadas las partes aquí presentes de la decisión dictada. Siendo las cinco horas y treinta y cinco minutos de la tarde (05:35 p.m.), se suspende la presente audiencia por el lapso de diez minutos, a los efectos de levantar el acta respectiva. Transcurrido el lapso y siendo las cinco horas y cuarenta y cinco minutos de la tarde (05:45 p.m.), en presencia de las partes se dio lectura al acta y conformes firman, estampando el imputado sus huellas digito-pulgares.- Regístrese la presente decisión bajo el N° 1.367-2010 y se ofició con el Nº 4.250-2010.

La Jueza de Control,
Abg. Glenda Morán Rangel.

La Fiscala (A) del Ministerio Público,
Abg. MARVELYS SOTO GONZALEZ

El Imputado,

SERGIO ALEJANDRO DIAZ MUJICA

La Defensora Pública N° 5,

Abg. Noiralith González Urdaneta

La Secretaria,
Abg. Wendy Marina Hernández Carly