TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
TRIBUNAL DECIMO SEGUNDO EN FUNCIONES DE CONTROL
Maracaibo, 02 de Diciembre de 2010
200° y 151°

DECISIÓN N° 3465-10.- CAUSA N° 12C-21504-09
Revisadas como han sido las actas que conforman la presente causa se observa que en fecha 07 de Julio del presente año, este Tribunal fijó AUDIENCIA PRELIMINAR a realizarse el 02-12-10, la cual no ha verificado por inasistencia del imputado de autos.

Por otra parte, Según la Acusación Fiscal recibida en fecha 14-10-10, se desprende que al imputado: CRISTIAN AMADO AVILES HERNANDEZ, se le otorgó Medida Cautelar Sustitutiva de la Privativa de Libertad, conforme a el numeral 3º y 4° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, constatándose del Registro Automatizado de Control de Presentaciones llevado por este Despacho Judicial, se pudo verificar que el referido imputado NO registra presentación alguna, por ante dicho Sistema; por lo que no ha cumplido con sus obligaciones; sin que conste justificación alguna para ello. Tal conducta de la imputada resulta inadecuada, lo que hace suponer que no dará cumplimiento a los actos del proceso, surgiendo para este Órgano Jurisdiccional el deber jurídico de adoptar las medidas que garanticen la continuidad del proceso.

En efecto, el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

“La medida cautelar acordada al imputado será revocada por el juez de control, de oficio o previa solicitud del ministerio Público, o de la víctima que se haya constituido en querellante en los siguientes casos:
1. Cuando el imputado apareciere fuera del lugar donde debe permanecer;
2. Cuando no comparezca injustificadamente ante la autoridad judicial o del Ministerio Público que lo cite.
3. Cuando incumpla sin motivo justificado, una cualquiera de las presentaciones a las que está obligado.”
Por su parte el artículo 251 del actual COPP, al definir el peligro de fuga ordenando tomar en cuenta para ello el arraigo del imputado determinado por su domicilio o residencia habitual, su comportamiento dentro del proceso, entre otros aspectos, señala que se tendrá en cuenta especialmente, las siguientes circunstancias:
(…) 4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal:…”

Al precisar que, de acuerdo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la facultad de revisión y aun de revocación de las medidas cautelares corresponde al juez que esté conociendo de la causa, aun cuando previamente hubiese acordado una medida cautelar cuando variaren las circunstancias que determinaron su imposición, debe destacarse igualmente que el fin del proceso es la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia por las vías jurídicas, determinando la inocencia del imputado en un debate oral y público con plena garantía del principio del debido proceso y por ende, del derecho a la defensa y del contradictorio como atributos de aquel; o que haga factible la materialización del poder punitivo del Estado y de la reparación del daño a la víctima, todo lo cual exige el sometimiento del justiciable al proceso, voluntaria o coactivamente.

En tal sentido resulta determinante para la adopción de las medidas que garanticen esos objetivos, considerar no sólo la entidad del delito y del daño causado, sino también la conducta del imputado dentro del proceso, reveladora de su intención de someterse o no a él, tal como lo prescribe el numeral 4 del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Pernal, al definir los elementos constitutivos de la presunción de fuga; circunstancia que no depende de una consideración individual o acumulativa de los supuestos contemplados en la norma, sino determinable en cada caso, ya que la constatación de un solo incumplimiento debe considerarse una forma de conducta impropia del acusado dentro del proceso, asimilable al peligro de fuga, siendo procedente la revocación de la cautelar concedida, y su aprehensión inmediata. Y ASI SE ESTABLECE.

De lo anteriormente expuesto narrado y las actuaciones que conforman la presente causa, se consideran llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y constatado el incumplimiento injustificado de las obligaciones impuestas al procesado, resulta obvio que tales medidas cautelares deben revisarse y aun revocarse, ya que se configura una presunción razonable de que el imputado no dará cumplimiento a los actos del proceso, siendo procedente su detención inmediata, conforme a lo ordenado por el artículo 262 del vigente Código Adjetivo Penal, para lo cual se acuerda librar la respectiva ORDEN DE APREHENSIÓN. Y ASÍ SE DECIDE.
Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este JUZGADO DUODECIMO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Conforme a lo señalado en el numeral 3 del artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, en concordancia con el numeral 4 del artículo 251 ejusdem, que trata sobre el peligro de fuga por el comportamiento del procesado, REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA prevista en el numeral 3 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, acordadas en fecha en fecha 16-09-09 por este Juzgado al imputado: CRISTIAN AMADO AVILES HERNANDEZ, y al considerar llenos los requisitos exigidos por el artículo 250 ejusdem, decreta en su lugar MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD en contra del ciudadano CRISTIAN AMADO AVILES HERNANDEZ, de nacionalidad Colombiano, natural de Monteria, Titular de la Cédula de Identidad N° V-10.133.483, fecha de nacimiento 28-03-1979, de 30 años de edad, profesión u oficio: Vigilante, estado civil: soltero, hijo de Alberto Aviles y Isabel Hernández, residenciado en el Kilómetro 25 vía perija, La Granja Avícola Cocuiza, Parroquia Parra León, Municipio Jesús Enrique Losada del Estado Zulia, ordenando su inmediata detención e ingreso al “Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite” de esta ciudad, donde quedará a la orden de este Tribunal, para la reanudación del proceso que se le sigue, por el delito de DISTRIBUCION MENOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, delito éste previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Sobre El Consumo y Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO.

SEGUNDO: Líbrese lo conducente al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Crimianlisticas, con el objeto de remitirle anexo ORDEN DE APREHENSIÓN, y en cuanto sea detenida la imputada, para que sea impuesta de la causa de su detención, de la autoridad que la ha dispuesto, y a la orden de quién estará, conforme al artículo 255 del Código adjetivo penal, debiendo observarse en dichas diligencias las formalidades y principios establecidos en el artículo 117 del supra citado Código; debiendo el referido funcionario informar a este Tribunal, a la brevedad posible, del cumplimiento de lo ordenado.- Regístrese, publíquese y notifíquese. Cúmplase.
JUEZ DUODECIMO DE CONTROL.

DRA. ANDREA BOSCAN SANCHEZ.

EL SECRETARIO

ABOG. ERNESTO JOSE ROJAS HIDALGO

En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 3465-10, y se oficio bajo el No. 6125-10; quedando asentado en los Libros llevado por este Tribunal en el presente año respectivamente.-

EL SECRETARIO

ABOG. ERNESTO JOSE ROJAS HIDALGO

ABS/gladys.-
CAUSA N° 12C-21264-09.-