REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA SALA DE JUICIO - JUEZA UNIPERSONAL No.2 EXPEDIENTE: No. 17599 CAUSA: DIVORCIO 185 - A PARTES: LILIANA DEL VALLE ALBORNOZ ORTEGA Y DIEGO TRINIDAD ARRIAZ NAVA Abogada Asistente: JAIME BLANCO PARTE NARRATIVA Comparecen por ante este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha once (11) de Octubre de dos mil diez (2010), los ciudadanos LILIANA DEL VALLE ALBORNOZ ORTEGA Y DIEGO TRINIDAD ARRIAZ NAVA, venezolanos, mayores de edad, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 12.099.145 y V- 10.423.800 respectivamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, legalmente asistidos en este acto por el abogado en ejercicio JAIME BLANCO, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 46.381, de este domicilio, quienes solicitaron se declare disuelto el matrimonio civil que los vincula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil, alegando estar separados de hecho por más de cinco (05) años. Narran los solicitantes que contrajeron Matrimonio Civil por ante el Jefe Civil y Secretario, respectivamente, de la Parroquia San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en fecha trece (13) de Julio del año mil novecientos noventa y uno (1991), según se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 314; que desde el mes de Junio del año de dos mil cuatro (2004), se separaron de hecho y hasta la fecha no ha existido reconciliación; que durante su unión matrimonial procrearon dos (02) hijos, que llevan por nombre (IDENTIFICACION OMITIDA) Recibida la anterior solicitud del órgano distribuidor, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia la admitió cuanto ha lugar en derecho el día dieciocho (18) de Octubre de dos mil diez (2010), de conformidad con lo establecido en el primer parágrafo del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, ordenó la citación del Fiscal del Ministerio Público Especializado. Una vez cumplido este acto de citación, el Fiscal en fecha nueve (09) de Noviembre de dos mil diez (2010), manifestó su OPINIÓN FAVORABLE a los fines de que este tribunal declare el divorcio entre los ciudadanos LILIANA DEL VALLE ALBORNOZ ORTEGA Y DIEGO TRINIDAD ARRIAZ NAVA. PARTE MOTIVA ÚNICO Analizadas las declaraciones de los cónyuges y las documentales consignadas, es decir el acta de matrimonio, las partidas de nacimientos de los hijos procreados en dicha unión, copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los solicitantes, observa éste Juzgador que ambos cónyuges admiten estar separados de hecho desde hace más de cinco (05) años, circunstancia que constituye el supuesto tipificado en el artículo 185-A del Código Civil, el cual establece: “Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por mas de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común...”. Por otra parte no existió dentro del proceso objeción por parte del Ministerio Público con respecto a lo solicitado, ni existe en actas evidencia alguna que pudiese hacer concluir en la falsedad de los hechos expuestos por los cónyuges, por lo cual se consideran verificados los extremos requeridos para que se declare disuelto el vínculo matrimonial, es decir, la existencia de la separación de hecho por más de cinco (05) años y la aquiescencia de ambos cónyuges, y por ello la solicitud planteada debe ser proveída de conformidad, a tenor de lo dispuesto en la mencionada norma sustantiva. Así se declara. En cuanto a la patria potestad y la responsabilidad de crianza de los adolescentes procreados dentro del matrimonio será ejercida conjuntamente por ambos progenitores, la custodia será ejercida por la progenitora. En cuanto al régimen de convivencia familiar, el progenitor podrá visitar a sus hijos y llevarlos consigo de vacaciones siempre y cuando no interrumpa sus labores escolares y horas de descanso; así como también un sábado o domingo de la semana. Advierte este sentenciador que el artículo 386 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, textualmente expresa lo siguiente. “La convivencia familiar puede comprender no sólo el acceso a la residencia del niño, niña o adolescente, sino también la posibilidad de conducirlo a un lugar distinto al de su residencia, si se autorizare especialmente para ello al interesado o interesada en la convivencia familiar. Asimismo, pueden comprender cualquier otra forma de contacto entre el niño, niña o adolescente y la persona a quien se le acuerda la convivencia familiar, tales como: comunicaciones telefónicas, telegráficas, epistolares y computarizadas”. En lo referente a la Obligación de Manutención, el progenitor, se compromete a suministrarle a sus hijos la cantidad de DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 200,00) quincenales; igualmente estudios, útiles escolares, al igual que vestuario en época de Diciembre y de igual manera los gastos que ocasionen con motivo del inicio del año escolar serán compartidos. En este orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el artículo 351 y en el articulo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que consagra el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente, por cuanto se evidencia, que tanto la Convivencia Familiar como la Obligación de Manutención fijada por las partes de mutuo acuerdo, es acorde a cada una de las necesidades y de los derechos de los adolescente, entre ellos el derecho a un nivel de vida adecuado, el cual comprende entre otras cosas; alimentación, vestido y vivienda, derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con los padres, derecho a la salud, derecho a la integridad física, mental y espiritual, en consecuencia el Tribunal acoge lo acordado por las partes. Así se declara. PARTE DISPOSITIVA DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio - Jueza Unipersonal Nº 2, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: a) CON LUGAR la solicitud de Divorcio basada en el artículo 185-A del Código Civil, formulada por los ciudadanos LILIANA DEL VALLE ALBORNOZ ORTEGA Y DIEGO TRINIDAD ARRIAZ NAVA, ya identificados. b) DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL que contrajeron ante el Jefe Civil y Secretario, respectivamente, de la Parroquia San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en fecha trece (13) de Julio del año mil novecientos noventa y uno (1991), según se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 314, expedida por la misma. c) De conformidad con lo establecido en el artículo 351 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y tomando en consideración lo acordado por las partes, esta sentenciadora pasa a señalar todo lo concerniente a las Instituciones Familiares correspondiente a los adolescentes de autos de la siguiente manera: PATRIA POTESTAD: será ejercida conjuntamente por los progenitores ciudadanos LILIANA DEL VALLE ALBORNOZ ORTEGA Y DIEGO TRINIDAD ARRIAZ NAVA. RESPONSABILIDAD DE CRIANZA: será ejercida conjuntamente por los progenitores ciudadanos LILIANA DEL VALLE ALBORNOZ ORTEGA Y DIEGO TRINIDAD ARRIAZ NAVA. CUSTODIA: será ejercida por la progenitora de los hijos de autos, ciudadana LILIANA DEL VALLE ALBORNOZ ORTEGA. CONVIVENCIA FAMILIAR: En cuanto a la convivencia familiar, el progenitor podrá visitar a sus hijos y llevarlos consigo de vacaciones siempre y cuando no interrumpa sus labores escolares y horas de descanso; así como también un sábado o domingo de la semana. OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN: Con respecto a la Obligación de Manutención, el progenitor, se compromete a suministrarle a sus hijos la cantidad de DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 200,00) quincenales; igualmente estudios, útiles escolares, al igual que vestuario en época de Diciembre y de igual manera los gastos que ocasionen con motivo del inicio del año escolar serán compartidos. No hay condenatoria de costas debido a la naturaleza del proceso. Publíquese. Regístrese. Déjese copia certificada por secretaria de conformidad con el artículo 248 eiusdem. Dada, firmada y sellada en la Sala 2 del Despacho del Tribunal de Protección de niños, niñas y adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, al primer (01) días del mes de Diciembre de dos mil diez (2010) Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación. La Jueza Unipersonal Nº 2, Dra. Inés Hernández Piña La Secretaria, Abog. Militza Martínez Portillo En la misma fecha, siendo las 09:55am, previo anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia definitiva bajo el Nº 657. La Secretaria.- Exp. 17599 IHP/ag*.