REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL

Maracaibo, 18 de Agosto de 2.010.-
200° y 151°

Causa No. 1C-17.562-10.- Decisión No. 0765-10.
Presentada como ha sido la solicitud interpuesta por la Abg. MARIOA REYES, quien actúa con el carácter acreditado en actas en calidad de defensora del imputado PHILLIS ENDER ROMERO ROMERO, a quien se le sigue causa por la presunta comisión del delito ROBO AGRAVADO, previsto en los artículos 458, del Código Penal, cometido en perjuicio de las ciudadanas VALERIA TAPIA y SARA ELSY VIVAS, en el cual solicita el Examen y Revisión de la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, y le conceda una menos gravosa de las establecida en el articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo que este Tribunal pasa a resolver con fundamento en las siguientes consideraciones:
De la revisión del presente asunto se aprecia que fue presentado por ante este Tribunal de Control en fecha 04 de Junio de 2010, el imputado de autos, por la presunta comisión del delito de ROBO, previsto en el artículos 455, del Código Penal, cometido en perjuicio de las ciudadanas VALERIA TAPIA y SARA ELSY VIVAS, a quien en esa misma fecha fue decretado con lugar la solicitud del Ministerio Publico de MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 251 y 252 ejusdem, a los efectos de asegurar las resultas del proceso, acordando tramitar por el Procedimiento Ordinario. Siendo presentado acto conclusivo de acusación 19-07-2010, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, fijándose la correspondiente audiencia Preliminar, tal como lo dispone el artículo 327 del citado texto Adjetivo Penal
Así las cosas, se precisa recordar algunas disposiciones legales como fundamento del análisis jurídico racional de la presente decisión, en este sentido el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece:
Artículo 264. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.
Asimismo el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana consagra como derecho civil y máximo valor del hombre después de la vida, la libertad personal, así tenemos:
Artículo 44. La libertad personal es inviolable; en consecuencia:
1. Ninguna persona podrá ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti. En este caso deberá ser llevada ante un juez en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso. ...(subrayado nuestro).

En este contexto los imputados de auto pueden solicitar cuando lo consideren pertinente la revisión de Medida Cautelar que le fue decretada y el juez ha de examinar la necesidad de su mantenimiento, para lo cual ha de tomar en consideración que el Código Orgánico Procesal Penal, es un texto normativo congruente, que consagra principios y garantías que rigen el proceso acusatorio, cuyo norte es brindar la mayor seguridad jurídica para todas aquellas personas que de una u otra forma intervienen en el proceso penal, haciendo especial énfasis en el imputado y la victima como actores principales del proceso;
Ciertamente en nuestro proceso acusatorio rigen los principios de la Presunción de Inocencia y Afirmación de Libertad, consagrado en los artículos 8 y 9 del mencionado Código Adjetivo Penal, pero también es cierto, que tal texto normativo ha de interpretarse sistemáticamente, por lo que también debe considerase los presupuestos para la procedencia de las Medidas Cautelares en este caso, Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, establecida en el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que compagina con la norma constitucional comentada, pues dicha Medida Cautelar, ésta determinada por la ley en ciertos casos.
En el presente caso se observa que la imputación es por el delito de ROBO AGRAVADO, hecho punible de carácter pluriofensivo por cuanto atenta contra varios bienes jurídicos tutelados como lo es la propiedad y la integridad física, y en algunos casos, tal como lo ha dicho la jurisprudencia hasta contra la vida, lo que evidentemente en estimación al daño social causado y la presunción de fuga, lo que aunado a la solicitud mantenida por el titular de la hacino, lo que concatenado con la inalterabilidd de las circunstancias que fundamentaron la medida decretada, hacen estimar a esta juzgadora la necesidad de dicha medida para asegurar las resultas del proceso, y siendo que aún persisten las mismas circunstancias expuestas por las cuales se le otorgo la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, establecida en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, lo procedente dada las consideraciones expuestas es declarar SIN LUGAR la solicitud planteada por la Defensa, y en consecuencia mantener la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, establecida en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 251 y 252 ejusdem, acordada en fecha 04 de Junio de 2.010, según decisión No. 0494-10, que dictara este Tribunal de Control en contra del imputado PHILLIS ENDER ROMERO ROMERO, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículos 458 del Código Penal Vigente, cometido en perjuicio de las ciudadanas VALERIA TAPIA Y SARA ELSY VIVAS. Y ASÍ SE DECLARA.-
En consecuencia, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARAR: SIN LUGAR la solicitud de Sustitución de la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, establecida en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, que hiciere la Defensa del imputado FILILL ENDER ROMERO ROMERO, titular de la cédula de identidad Nro. 25.677140, nacido en fecha 02-06-1992, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, venezolano, apodado CHIQUITO, hijo de Maria Romero y padre desconocido y con domicilio de habitación en La Concepción, Sector La Lagunita, Barrio Casiano, vivienda de color amarillo, a una cuadra del abasto, por la presunta comisión del delito ROBO AGRAVADO, previsto en el artículos 458 del Código Penal, cometido en perjuicio de las ciudadanas VALERIA TAPIA y SARA ELSY VIVAS, en consecuencia se MANTIENE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, establecida en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 251 y 252 ejusdem, decretada en su contra en fecha 04 de Junio de 2010, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese la presente decisión, notifíquese.-
LA JUEZA PRIMERO DE CONTROL,

DRA. YOLEYDA MONTILLA FEREIRA
LA SECRETARIA,
ABOG. ANDREINA ORTIZ

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado, quedando registrada la decisión bajo el No 0765-10, y se notifico las partes con el oficio al Alguacilazgo
LA SECRETARIA,
ABOG. ANDREINA ORTIZ

YMF/ao.-
CAUSA No. 1C-17562-10.-