TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
EXPEDIENTE No. 35.450
PARTE ACTORA: LUÍS GUILLERMO HERNÁNDEZ RINCÓN, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la cédula de identidad No.4.761.550 y de este domicilio.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: JOEL RODRIGUEZ ARRIETA, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el No.31.224 y de este domicilio.
PARTE DEMANDADA: BERTHA ELISA VEGA, MERCEDES GRATEROL MOEALRS, MARÍA GRATEROL MORALES, NEVIS DE LAS NIEVES LEAL DE DUARTE y MIGUEL ÁNGEL DUARTE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos.9.731.504, 9.317.556, 5.782.3182.882.282, 7.685.585, respectivamente i de este domicilio.
FECHA DE ENTRADA DE LA ADMISIÓN DE LA REFORMA: 02 de abril de 1.998.

I
PARTE NARRATIVA

Ocurre por ante este órgano jurisdiccional la ciudadana MERCEDES ENDEN GRATEROL MORALES, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad No.9.317.556 y de este domicilio, debidamente asistida por la abogada en ejercicio SENAI CUEVAS IBARRA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.5.919.893 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el No.83.360 y de igual domicilio, solicitando al Tribunal declare la perención de la instancia en la presente causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, de igual manera sea suspendida las medidas decretadas.
Es por ello, que esta Juzgadora pasa a realizar una síntesis narrativa de las actuaciones contenidas en actas:
Por auto de fecha 02 de abril de 1.998, este Tribunal admitió en cuanto ha lugar en derecho el escrito de forma de demanda presentado por el Abogado en ejercicio JOEL RODRIGUEZ ARRIETA, venezolano, mayor de edad, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No.31224 y de este domicilio, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano LUÍS GUILLERMO HERNÁNDEZ RINCÓN, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la cédula de identidad No.4.761.550 y de este domicilio, donde propone formalmente demanda por Nulidad de Ventas, en contra de los ciudadanos BERTHA ELISA VEGA, MERCEDES GRATEROL MOEALRS, MARÍA GRATEROL MORALES, NEVIS DE LAS NIEVES LEAL DE DUARTE y MIGUEL ÁNGEL DUARTE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos.9.731.504, 9.317.556, 5.782.3182.882.282, 7.685.585, respectivamente i de este domicilio.
En fecha 20 de julio de 2010 la ciudadana MERCEDES ENDEN GRATEROL MORALES, otorga poder apud acta a los abogados HEBERT HERNANDEZ GARCÍA y SENAI CUEVAS IBARRA.
Mediante escrito presentado en fecha 20 de julio de 2010, la ciudadana MERCEDES ENDEN GRATEROL MORALES, solicitó a este Tribunal declare la perención de la instancia en la presente causa y sean suspendidas las medidas decretadas en la misma.

II
PARTE MOTIVA

En vista que la caducidad o Perención de la Instancia, es una de las modalidades de extinción procesal, que no comporta la solución autónoma o heterónoma del conflicto subyacente al Proceso, en tanto se manifiesta como una auténtica sanción, a la inactividad de las partes, aunada al transcurso del tiempo previsto ex lege, en obsequio a la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídico sustanciales.
Similares términos son usados por el Procesalista argentino MARIO ALBERTO FORNACIARI, para quien la institución sub examine, “... es la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de actividad impulsora idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley” (MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PR0CESO. Tomo III. Caducidad de la Instancia. Edit. DEPALMA, Buenos Aires, Argentina. 1991), para JAIME GUASP, la caducidad de la instancia, “...es, pues, la extinción del proceso que se produce por su paralización durante cierto tiempo en que no se realizan actos procesales de parte,” (DERECHO PROCESAL CIVIL. Tomo I. Edic. 4ª. Pág. 502. Las cursivas son del autor); la ratio essendi de la institución procesal de la Perención, evoca razones de orden público y seguridad jurídica, para HERNANDO DEVIS ECHANDIA:
“La Perención es una sanción al litigante moroso, y responde a un principio de economía procesal y de certeza jurídica, para impulsar la terminación de los pleitos, razón por la cual se aplica inclusive cuando se trate de menores e incapaces...”. (COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo I. Teoría General del Proceso. Edic. 10ª. Edit. ABC, Bogotá, Colombia.1985. Pág. 584).

Idéntico cometido le reconoce a la Institución FORNACIARI, en la página 18 de su obra ya citada:
“...La caducidad de la instancia encuentra fundamento en diversos componentes que se equilibran en la confluencia de lo público con lo privado. Es cierto que cada una de las partes enfrentadas en el proceso tiene la expectativa de beneficiarse con el error o la inacción del adversario. La inactividad no hace presumir su desinterés. Pero también es cierto que por razones de seguridad jurídica hacen prevalecer el interés comunitario de restablecer el orden jurídico. En la rápida y correcta terminación de los procesos está comprometido el orden público
Ese equilibrio que tiene su fundamento en el superior interés de la comunidad, determina que si bien el juez está facultado a dictar medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos...no enerva con esa posibilidad la de decretar de oficio la caducidad de la instancia...”.
La procedencia en derecho de la Institución de la Preclusión, requiere, como bien lo advierte HUGO ALSINA, en su TRATADO TEORICO PRACTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL. Tomo IV. Juicio Ordinario. Edit. EDIAR SOC. ANON. EDITORES, Buenos Aires, Argentina. 1961, Pág. 429, de la concurrencia de tres condiciones: 1ª. La existencia de Instancia Procesal, 2ª. La Inactividad Procesal de Parte y 3ª. El transcurrir del tiempo previsto en la norma. Pasemos someramente a analizar cada una de ellas.
1ª. La existencia de Instancia Procesal.
La instancia, es manifestación del aspecto nomo dinámico del Proceso, esto es de la posibilidad jurídica de desplegar la actividad jurisdiccional, en un proceso concreto, de ello, que su inicio coincida con el acto de formalización de la demanda, como acto introductivo, que apertura las situaciones jurídico procesales futuras.
HUGO ALSINA, entiende por instancia: “...el conjunto de actos de procedimiento que realizan las partes para obtener la decisión judicial de una litis, desde la interposición de una demanda hasta el llamamiento de autos para sentencia”. (Opus. Cit. Pág. 429).
Para FORNACIARI:
C) Instancia.
En su común acepción, la voz “instancia” significa acción y efecto de instar, utilizándosela como sinónimo de requerimiento, petitorio o solicitud.
En el plano jurídico se ha tomado en muchas oportunidades la significación descrita para conceptuar el vocablo cuando se lo refiere al proceso. Así, se ha dicho que la instancia es toda petición que se hace valer en justicia; o, en forma mas simplificada: toda petición inicial de un proceso.
Esta formulación conceptual permite atisbar la idea de impulso o puesta en movimiento, En este orden, instancia significa ejercicio de la acción procesal.
Empero, existe una acepción que, si bien es mas restringida, tiene mayor depuración y es apropiada a nuestro propósito. En mi sentido se denomina instancia al conjunto de actos comprensivos de una etapa del proceso; idea, esta, que permite establecer entre ambas nociones, es decir, instancia y proceso, la relación de la parte al todo. Conforme a lo expuesto podemos hablar de primera o segunda instancia principal o incidental.
En este orden, la instancia es la sumatoria de actos procesales realizados desde su apertura hasta la notificación del pronunciamiento final que era su objetivo.
Precisando un tanto el concepto precedente, diremos que la instancia tiene comienzo en el proceso principal o incidental con la interposición de la respectiva demanda; en las etapas recursivas se inicia con la resolución que concede el recurso, ya sea este ordinario o extraordinario”. (Opus. Cit. Pág. 7).
En referencia a la génesis de la instancia, la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en fallo del 05 de Marzo de 1992, afirmó:
“...Con la presentación del libelo de demanda, se genera la <> en sus sentidos antes explicados, y por ello es a partir de ese momento cuando debe computarse el lapso de Perención.
Lo dicho anteriormente queda evidenciado, al tomar en consideración el señalamiento que formula el Dr. Luis Loreto en su citada obra monográfica, en el sentido de que , lo que entonces significa que sí existe instancia en su sentido técnico procesal, aun antes de que se trabe la litis, bien sea que se adopte el criterio de que ello ocurre por la contestación de la demanda, bien sea que se asuma la posición de quienes consideran que ello acontece por virtud de la citación, con independencia de que se haya conformado o no plenamente la relación procesal, porque ella ya existe, en su manifestación entre el demandante y el órgano jurisdiccional ante quien se propone la demanda...”

2ª. La Inactividad Procesal de Parte.
La instancia, entendida como potencial despliegue de actividad procesal, exige de los sujetos partícipes en el Proceso, la actualización de conductas procedimentales, que tiendan a la consecución de los fines de la estructura procesal, puesta al servicio de los órganos jurisdiccionales del Estado. Históricamente la institución de la Perención, emerge como vía o mecanismo para asegurar la celeridad y economía procesal, pero es solo hasta el Código de Procedimiento Civil Francés de 1806, cuando adquiere los rasgos sancionatorios que actualmente, con modificaciones le definen.
La excesiva y extensa paralización del discurrir procedimental de la instancia, es elemento objetivo que exige del juzgador, un mero acto de constatación temporal, aunado al presupuesto imputacional de la actualización de actividad procesal por las partes, suplido por los denominados actos de impulso procesal, entendidos como manifestaciones volitivas verificadas en el procedimiento, capaces de comportar el antecedente necesario del siguiente acto procesal. JAIME GUASP (Opus. Cit. Pág. 434), entiende por acto de impulso procesal: “...aquella actividad que tiende a hacer avanzar el proceso a través de cada uno de los momentos de tiempo: trámites, períodos o fases, que lo componen”, en conclusión la ausencia prolongada de actividad procedimental por quienes son partes en el proceso, y a quienes compete en esa particular fase procesal la carga de impulsarlo, son las condiciones a constatar por el órgano jurisdiccional.

3ª. El transcurrir del tiempo previsto en la norma.
La instancia, como acepción nomodinámica del Proceso, despliega su ámbito de validez, en un módulo temporal delimitado por las normas procedimentales, las cuales inspiradas en particulares valoraciones de iure condendo, realizadas por el legislador prevén lapsos y términos, que de manera idónea, permitan la consecución de una rápida justicia, y hagan efectiva la tutela. La paralización o suspensión en el tiempo del despliegue procesal, por el discurrir de un año, tal como lo preceptúa el artículo 267 encabezamiento del Código de Procedimiento Civil, es considerada por el legislador como razón suficiente para develar, la ineptitud de ese proceso, para lograr la efectiva tutela del interés sustantivo subyacente al juicio.
Ahora bien, admitida como fue la presente reforma de demanda en fecha 02 de abril de 1.998, en la cual se ordenó citar a los ciudadanos BERTHA ELISA VEGA, MERCEDES GRATEROL MOEALRS, MARÍA GRATEROL MORALES, NEVIS DE LAS NIEVES LEAL DE DUARTE y MIGUEL ÁNGEL DUARTE, plenamente identificados en actas, para que comparecieran por ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes, después de citado el último de cualquiera de ellos, en horas fijadas para despachar, a dar contestación a la demanda, y analizadas como han sido las diversas actuaciones que constan en actas, se verifica que hasta la presente fecha la parte actora no ha realizado ningún tipo de de acto procesal para impulsar la citación de los demandados en el presente proceso, por lo que de un simple cómputo matemático se observa que ha transcurrido más de un (01) año de inactividad de las partes, razón por la cual, la presente causa se halla en estado de Perención, a tenor de lo preceptuado en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la Medida Preventiva de Embargo decretada en fecha seis (06) de junio de 2005 y ejecutada por el Juzgado Quinto Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha catorce (14) de junio de 2007, es oportuno para esta Sentenciadora citar lo expresado por el autor Dr. Ricardo Henríquez La Roche en su obra “ Medidas Cautelares”, Colección Textos Jurídicos Fundamentales, el cual dejo asentado lo siguiente: “ Que la perención se verifica de derecho, y por ende sus efectos son ex tunc: desde en la cual se cumplió el lapso y no desde la fecha de la decisión definitivamente firme que la declara, es por ello que la suspensión de la medida preventiva se produce también desde entonces, cuando deja de estar pendiente la litis, aunque el auto de suspensión tenga fecha posterior, en razón de que no puede existir una medida cautelar sin proceso pendiente, por cuanto ésta es accesoria del asunto principal…”. En virtud de lo antes señalado, esta Jurisdicente considera necesario la suspensión de la Medida de Embargo Preventivo ejecutada en fecha catorce (14) de junio de 2007, por el Juzgado Quinto Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. ASÍ SE DECLARA.

III
PARTE DISPOSITIVA
En fuerza de los argumentos precedentemente expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en ejercicio de la Potestad Jurisdiccional atribuida por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA PERIMIDA la instancia que por COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN, interpuesta por la Sociedad Mercantil INVERSIONES Y PROYECTOS PERIJÁ, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil (2000), quedando anotado bajo el No. 47, Tomo 54-A, en contra de la ciudadana MARÍA TERESA BOVE PALUDI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.10.595.799 y de este domicilio, a tenor de lo preceptuado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido se DECLARA LA EXTINCIÓN del proceso y en consecuencia se suspende la Medida Preventiva de Embargo ejecutada por el Juzgado Quinto Ejecutor de medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha catorce (14) de junio de 2007. ASI SE DECIDE.
No hay condenatoria en costas, por expresa previsión del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECIDE.
Déjese por secretaría copia certificada del presente fallo.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE y NOTIFÍQUESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los trece (13) días del mes de abril del Dos Mil Diez (2010). Años 199º de la Independencia y 151º de la Federación.
LA JUEZA:

Abog. HELEN NAVA DE URDANETA (MSc)
LA SECRETARIA:

Abog. LAURIBEL RONDON ROMERO
En esta misma fecha, previo el cumplimiento de ley y siendo las nueve de la mañana (9:00am), se publicó la anterior sentencia, quedando anotada bajo el No. 2297-2010.
LA SECRETARIA:

Abog. LAURIBEL RONDON ROMERO
HNdU/ymf