CAUSA : 2U-364-10

DECISION: ADMISION DE HECHOS EN EL ACTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL, UNIPERSONAL Y RESERVADO.

ACUSADO: OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, de nacionalidad Venezolana, natural del Caserío Peña, Municipio Páez del Estado Zulia, soltero, trabaja como asistente de construcción de bohíos, grado de instrucción sexto grado, de Dieciséis (16) años, Cedula de Identidad N° V-22.145.699, fecha de nacimiento: 24-09-1994, hijo de los ciudadanos YAKELINE DOLORES PAZ PAZ y ORANGEL ENRIQUE FERNANDEZ, domiciliado en la Parroquia Idelfonso Vásquez, Sector Bomba Caribe, Barrio Virgen del Carmen, calle 32 No. 22-451, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actualmente interno en la Casa de Formación Integral Sabaneta.

DELITO: ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN CALIDAD DE CO-AUTOR.

PARTE ACUSADORA: ABG. JOSEFA PINEDA ARMENTA. FISCAL TRIGÉSIMO SEPTIMA DEL MINISTERIO PÚBLICO CON COMPETENCIA PARA EL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DE ADOLESCENTES.
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DEFENSA PRIVADA: ABG. JAIME AUGUSTO BLANCO PABON. Cédula de Identidad N° V-7.755.045 e Inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 46.381.

VÍCTIMA: Ciudadano LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ.

JUEZA: ABG. DIANORA EUNISES LARES CASTEJON.
SECRETARIA: ABG. ARACELY ARRIETA BLANCO.

Corresponde a este Juzgado en Función de Juicio, emitir el siguiente pronunciamiento, toda vez que en fecha Veintiún (21) de Abril de 2010, tuvo lugar la celebración de audiencia oral convocada por este órgano jurisdiccional respecto al adolescente OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, antes identificado, para llevar a cabo el JUICIO ORAL, RESERVADO Y UNIPERSONAL; y en dicho acto procesal, el aludido joven debidamente asistido por su Defensora, manifestó su voluntad de admitir los hechos descritos en la acusación presentada por la Fiscalía 37° del Ministerio Público, y admitida por este Juzgado en Funciones de Juicio, por cuanto nos encontramos en presencia de un PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN FLAGRANCIA, en el cual se ha omitido la fase intermedia (Audiencia Preliminar) ante el Tribunal de Control en la cual el Adolescente pudo establecer alguna postura procesal, acogiéndose en este sentido a la prerrogativa contenida en el artículo 376 de la Ley de Reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal, de fecha 04/09/2009, publicada en Gaceta Oficial N. 5.930, en cuanto a la oportunidad procesal para solicitar la aplicación de ésta institución, y como quiera que el Tribunal lo estimó procedente en Derecho, y en virtud de ello impuso de manera inmediata la sanción respectiva, de acuerdo a las previsiones contenidas en el artículo 583 de la mencionada Ley, se decide en los términos que a continuación se señalan:

PUNTO PREVIO

En la Audiencia Oral convocada para la celebración del Juicio Oral, Reservado y Unipersonal, la Defensa Especializada DR. JAIME AUGUSTO BLANCO, solicita el derecho de palabra y expuso: “Leída la acusación presentada por el Ministerio Publico, esta defensa en virtud de conversaciones sostenidas con mi representado y sus representantes legales, me ha manifestado su voluntad de admitir los hechos, es por lo que le solicito se le otorgue el derecho de palabra y luego se me conceda el derecho de palabra a mi nuevamente”.

Al respecto la Representación Fiscal, DRA. JOSEFA PINEDA ARMENTA, en atención a lo manifestado por la Defensa Especializada, quien de seguidas expuso: “Acuso formalmente en este acto al adolescente OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN CALIDAD DE COAUTOR, previsto en los artículos 5° y 6° ordinales 1º y 3° de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en concordancia con el artículo 83º del Código Penal y sancionado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cometido en perjuicio del ciudadano LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ, quien el día domingo 14 de marzo a la del 2010, siendo aproximadamente la 05:00 horas de la tarde, mientras el ciudadano LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ, se encontraba en compañía de su tío el ciudadano CARLOS PEREIRA, y unos conocidos de este en la playa san remo, vía a la población de El Mojan, Municipio Maracaibo Estado Zulia, cuando se presenta una discusión entre unos sujetos que se encontraba en el lugar, razón por la cual el ciudadano CARLOS PEREIRA, le manifiesta al ciudadano LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ, que se dirija hasta el estacionamiento para vigilar su vehículo y la moto de su propiedad MARCA EMPIRE, COLOR ROJO, MODELO 2008, en ese instante mientras el ciudadano victima se encuentra en el sitio verificando las condicione de su moto, es abordado por el adolescente LUIS ANGEL FERNANDEZ, y por los ciudadanos adultos JORGE HERRERA y ALEJANDRO HERRERA, quienes se trasladaban en un vehículo, CLASE MOTO, MODELO FYM 152-2, COLOR ROJO, TIPO PASEO, AÑO 2008, se bajan lo golpean y bajo amenaza le dicen que les entregue las llaves de su vehículo, el ciudadano victima no accede a lo exigido por estos, es cuando el adolescente LUIS ANGEL FERNANDEZ, y los ciudadanos JORGE HERRERA y ALEJANDRO HERRERA, proceden a llevarse la moto empujada para llevársela del lugar, de inmediato el ciudadano LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ, se dirige hasta donde se encontraba su tío , al cual le manifiesta lo sucedido , se embarcan en el vehículo propiedad del ciudadano CARLOS PEREIRA, y salen en busca de los sujetos, quienes tomaron vía hasta el CORE 3 de la Guardia Nacional, es por lo que empiezan a perseguirlos, mientras el adolescente LUIS ANGEL FERNANDEZ, y los ciudadanos adultos JORGE HERRERA y ALEJANDRO HERRERA, al observar esto, dejan abandonados ambos vehículos y tratan de huir hacia los manglares del sector, en vista de ello el ciudadano victima LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ y si tío ciudadano CARLOS PEREIRA, trasladan los vehículos hasta el Destacamento de Seguridad Urbana del Comando Regional Nº 3 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, siendo atendidos por el Teniente MARCOS CARDENAS y el Sargento Segundo EUQUEL BARRIOS ANDARA, adscritos a ese organismo castrense, a quienes les manifiestan lo sucedido y le hacen entrega de dos (02) vehículos CLASE MOTO una (01) MARCA EMPIRE, MODELO HORSE, KW-150, COLOR ROJO, TIPO MOTOCICLETA, propiedad del ciudadano victima LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ, y una (01) CLASE MOTO, MODELO FYM 152-2, COLOR ROJO, TIPO PASEO, AÑO 2008, que había dejado en el lugar los referidos ciudadanos, razón por la cual los mencionados funcionarios salen en búsqueda de los sujetos por los alrededores del sector cuando logran observar a tres (03) ciudadanos con las mismas características aportadas por el ciudadano victima que se desplazaban a pie con sentido vía Santa Cruz de Mara vía Maracaibo, por lo cual los efectivos proceden a realizar la aprehensión del adolescente LUIS ANGEL FERNANDEZ, y los ciudadanos adultos JORGE HERRERA y ALEJANDRO HERRERA, y su traslado así como las motos incautadas a la sede de ese organismo castrense. A los fines de sustentar el debate oral y reservado correspondiente, la imputación realizada en la presente acusación, esta representación Fiscal ofrece como medios de pruebas: 1.- Declaración Testimonial de los funcionarios oficiales: NERIO OCANDO, placa: 5551 y JHOMER VELASCO, palca 563, funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de la Policía del Municipio San Francisco del Estado Zulia. 2.- Declaración Testimonial del Teniente MARCOS CARDENAS y el Sargento Segundo EUQUEL BARRIOS ANDARA, efectivos Militares adscritos al Departamento de Apoyo del Comando Regional Nº 3 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. 3.- Declaración Testimonial del ciudadano LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ. 4.- Declaración Testimonial del ciudadano CARLOS PEREIRA. 5.- Declaración del Sargento Mayor de Tercera JOHAN CUEVA IGUARAN y Sargenta Mayor FERNADO VILLEGA MARIN, adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana del Comando Regional Nº 3 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. 6.- Declaración de los funcionarios Sargento Segundo GONZALEZ MONTILLA y el Sargento Segundo JHON GARCIA GUTIERREZ, adscritos al Departamento de Apoyo del Comando Regional Nº 3 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. 7.- Declaración de los funcionarios Sargento Segundo GONZALEZ MONTILLA y el Sargento Segundo JHON GARCIA GUTIERREZ, adscritos al Departamento de Apoyo del Comando Regional Nº 3 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. 8.- Declaración del Doctor JULIO CESAR VIVAS, Medico Forense Experto Profesional especialista II, adscrito al Departamento de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas. DOCUMENTALES: 1.- Experticia de Reconocimiento: suscrita por los funcionarios Sargento Segundo GONZALEZ MONTILLA y el Sargento Segundo JHON GARCIA GUTIERREZ, adscritos al Departamento de Apoyo del Comando Regional Nº 3 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. 2.- Experticia de Reconocimiento: suscrita por los funcionarios Sargento Segundo GONZALEZ MONTILLA y el Sargento Segundo JHON GARCIA GUTIERREZ, adscritos al Departamento de Apoyo del Comando Regional Nº 3 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. 3.- Acta de Inspección Técnica: suscrita por el Sargento Mayor de Tercera JOHAN CUEVA IGUARAN y Sargenta Mayor FERNADO VILLEGA MARIN, adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana del Comando Regional Nº 3 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. 4.- Examen Medico Legal Físico de Fecha 24-03-2010, sucrito por el Doctor JULIO CESAR VIVAS, Medico Forense Experto Profesional especialista II, adscrito al Departamento de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas. PRUEBAS REALES: 1.- Acta policial de fecha 14-03-2010 suscrita por los funcionarios Teniente MARCOS CARDENAS y el Sargento Segundo EUQUEL BARRIOS ANDARA, efectivos Militares adscritos al Departamento de Apoyo del Comando Regional Nº 3 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Por lo anteriormente expuesto solicito muy respetuosamente a este Tribunal, que tome en cuenta los parámetros del articulo 623 de la Ley Especial, por lo que solicito se imponga la sanción de PRIVACION DE LIBERTAD y en cuanto al plazo de cumplimiento de la sanción, teniendo en cuenta que previamente se tuvo conversación con la defensa, quién manifestó la voluntad de su defendido de admitir los hechos, esta vindicta pública tomando en consideración tal voluntad, considera procedente la imposición de CUATRO (04) AÑOS, modificando la sanción solicitada en el escrito acusatorio, tomando en consideración la postura procesal asumida en este acto por el Adolescente.Es todo”.

Al respecto, teniendo en cuenta la circunstancia planteada, fue escuchada la petición de la Defensa en cuanto a la voluntad del joven acusado para admitir los hechos, en atención al estado en el cual se encontraba la causa, siendo igualmente oída la opinión fiscal, que no expresó objeción en relación a la solicitud de la Defensa, por lo tanto este Juzgado en cuanto a la resolución respecto a la postura procesal del adolescente OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, escuchándose sobre el particular la declaración voluntaria y expresa del adolescente acusado a través de la cual manifestó admitir los hechos referidos en la acusación dirigida en su contra, corroborando el Tribunal su total compresión en cuanto a las consecuencias jurídicas derivadas de dicha admisión. Por manera que, dada la situación antes expuesta en relación al momento procesal de la causa, y como quiera que la admisión de hechos como alternativa procesal es una opción para el acusado, aún durante la fase de juicio, según lo dispuesto en el artículo 376 de la Ley de reforma Parcial del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, se estimó procedente en Derecho tal petición, por lo que la misma fue resuelta por el Tribunal conforme a las pautas legales dispuestas al efecto tanto en el mencionado Código como en la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, lo cual se advierte como punto previo de esta decisión, a los fines de la debida claridad y transparencia en relación a los actos procesales que han conformado el presente proceso. Y ASÍ SE ADVIERTE.

CAPÍTULO I
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE CAUSA

El presente juicio se inicia en virtud de las actuaciones recibidas en este Tribunal en fecha 07/04/2010, procedentes del Juzgado Segundo en Función de Control, Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, relacionadas con el adolescente OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, con ocasión a la audiencia DE PRESENTACION DE APREHENDIDO E IMPUTACION FORMAL, realizada en fecha 15/03/2010, y en ella el decreto de PROCEDIMIENTO POR FLAGRANCIA y la CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACION DEL JUICIO, ORAL Y RESERVADO, conforme al artículo 557 de la LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES en concordancia con el artículo 248 del COIDGO ORGANICO PROCESAL PENAL, en acatamiento de lo dispuesto en los artículos 584 y 585 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, en la cual se impuso al prenombrado joven la PRISION PREVENTIVA, artículo 581 de la LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, como medida asegurativa del proceso, ordenándose su ingreso en la Casa de Formación Integral Sabaneta.
Ahora bien, dada la voluntad expresada de admitir los hechos, destacando la Defensa la viabilidad de dicha alternativa procesal, en virtud de la reforma efectuada al Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia se procediera a aplicar de forma inmediata la sanción, en consecuencia este órgano jurisdiccional, observando la ampliación contemplada en la reforma de la legislación procesal penal ordinaria, en cuanto a la oportunidad para la aplicación de la figura de Admisión de los Hechos, y considerando que ello debe hacerse extensivo al proceso penal juvenil, en atención a lo dispuesto en los artículos 90 y 537 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, procedió a explicar al adolescente acusado lo relativo a la finalidad y alcance de la institución de la Admisión de los Hechos, regulada en el artículo 583 de la aludida Ley, como manifestación del Principio de Oportunidad Procesal, siendo interrogado éste por el Tribunal sobre su comprensión respecto a lo indicado, manifestando entenderlo, razón por la cual, el adolescente LUISANGEL FERNANDEZ PAZ, fue escuchado acerca de lo señalado por su Defensora, imponiéndolo previamente del contenido de los artículos 542 de la Ley especial que regula la materia, 130 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL y 49, ordinal 5° de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, y en este sentido, dicho adolescente se identificó como LUIS ANGEL FERNANDEZ, y manifestó textualmente: “Mi nombre es OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, de nacionalidad Venezolana, natural del Caserío Peña, Municipio Páez del Estado Zulia, soltero, trabaja como asistente de construcción de bohíos, grado de instrucción sexto grado, de Dieciséis (16) años, Cedula de Identidad N° V-22.145.699, fecha de nacimiento: 24-09-1994, hijo de los ciudadanos YAKELINE DOLORES PAZ PAZ y ORANGEL ENRIQUE FERNANDEZ, domiciliado en la Parroquia Idelfonso Vásquez, Sector Bomba Caribe, Barrio Virgen del Carmen, calle 32 No. 22-451, Jurisdicción del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, no tengo nada que declarar, solo admito los hechos”.

Sobre el particular, se evidencia que el Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente presentó acusación en contra del adolescente antes nombrado, por considerarlo responsable de la comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN CALIDAD DE CO-AUTOR, previsto y sancionado en el artículo 5° en concordancia con el artículo 6°, ordinales 1°, y 3°, todos de la LEY SOBRE EL HURTO Y ROBO DE VEHICULOS AUTOMOTORES en concordancia con el artículo 83 del CÓDIGO PENAL, cometido en perjuicio del ciudadano LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ, en virtud de los hechos ocurridos el día 14/03/2010, siendo aproximadamente las cinco horas de la tarde (05:00 p.m.), mientras el ciudadano LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ, se encontraba en compañía de su tío el ciudadano CARLOS PEREIRA, y unos conocidos de este en la playa san remo, vía a la población de El Mojan, Municipio Maracaibo Estado Zulia, cuando se presenta una discusión entre unos sujetos que se encontraba en el lugar, razón por la cual el ciudadano CARLOS PEREIRA, le manifiesta al ciudadano LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ, que se dirija hasta el estacionamiento para vigilar su vehículo y la moto de su propiedad MARCA EMPIRE, COLOR ROJO, MODELO 2008, en ese instante mientras el ciudadano victima se encuentra en el sitio verificando las condicione de su moto, es abordado por el adolescente LUIS ANGEL FERNANDEZ, y por los ciudadanos adultos JORGE HERRERA y ALEJANDRO HERRERA, quienes se trasladaban en un vehículo, CLASE MOTO, MODELO FYM 152-2, COLOR ROJO, TIPO PASEO, AÑO 2008, se bajan lo golpean y bajo amenaza le dicen que les entregue las llaves de su vehículo, el ciudadano victima no accede a lo exigido por estos, es cuando el adolescente LUIS ANGEL FERNANDEZ, y los ciudadanos JORGE HERRERA y ALEJANDRO HERRERA, proceden a llevarse la moto empujada para llevársela del lugar, de inmediato el ciudadano LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ, se dirige hasta donde se encontraba su tío , al cual le manifiesta lo sucedido , se embarcan en el vehículo propiedad del ciudadano CARLOS PEREIRA, y salen en busca de los sujetos, quienes tomaron vía hasta el CORE 3 de la Guardia Nacional, es por lo que empiezan a perseguirlos, mientras el adolescente LUIS ANGEL FERNANDEZ, y los ciudadanos adultos JORGE HERRERA y ALEJANDRO HERRERA, al observar esto, dejan abandonados ambos vehículos y tratan de huir hacia los manglares del sector, en vista de ello el ciudadano victima LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ y si tío ciudadano CARLOS PEREIRA, trasladan los vehículos hasta el Destacamento de Seguridad Urbana del Comando Regional Nº 3 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, siendo atendidos por el Teniente MARCOS CARDENAS y el Sargento Segundo EUQUEL BARRIOS ANDARA, adscritos a ese organismo castrense, a quienes les manifiestan lo sucedido y le hacen entrega de dos (02) vehículos CLASE MOTO una (01) MARCA EMPIRE, MODELO HORSE, KW-150, COLOR ROJO, TIPO MOTOCICLETA, propiedad del ciudadano victima LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ, y una (01) CLASE MOTO, MODELO FYM 152-2, COLOR ROJO, TIPO PASEO, AÑO 2008, que había dejado en el lugar los referidos ciudadanos, razón por la cual los mencionados funcionarios salen en búsqueda de los sujetos por los alrededores del sector cuando logran observar a tres (03) ciudadanos con las mismas características aportadas por el ciudadano victima que se desplazaban a pie con sentido vía Santa Cruz de Mara vía Maracaibo, por lo cual los efectivos proceden a realizar la aprehensión del adolescente LUIS ANGEL FERNANDEZ, y los ciudadanos adultos JORGE HERRERA y ALEJANDRO HERRERA, y su traslado así como las motos incautadas a la sede de ese organismo castrense, señalándose en dicha acusación las pruebas ofrecidas para la demostración de los hechos narrados, admitidas por este Juzgado en Función de Juicio, solicitando el Ministerio Público que como consecuencia de ello fuese impuesta la sanción de PRIVACIÓN DE LIBERTAD por el lapso de CUATRO (04) años, de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Tomando en cuenta la petición efectuada verbalmente por la Abogada Defensora del adolescente OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, en cuanto a su voluntad de admitir los hechos en la etapa de juicio, este órgano jurisdiccional, consideró y resolvió tal solicitud, a la luz de lo planteado en el artículo 376 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL, el cual, luego de la reforma de fecha 04/09/2009, publicada en Gaceta Oficial N.5.930, quedó redactado en los siguientes términos:

Artículo 376. Solicitud. “El procedimiento por admisión de los hechos procederá en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación o ante el tribunal unipersonal de juicio una vez admitida la acusación y antes de la apertura del debate.
En caso de que el juzgamiento corresponda a un tribunal mixto, el acusado o acusada podrá solicitar el presente procedimiento una vez admitida la acusación y hasta antes de la constitución del tribunal.
El Juez o Jueza en la audiencia deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento de admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitara al Tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva…” (Subrayado y destacado del Tribunal).

Al respecto, se observa que la norma transcrita amplió la oportunidad procesal para que puedan ser admitidos los hechos por parte del acusado, al disponer que el uso de esta institución concebida dentro del Principio de Oportunidad, no se circunscribe únicamente a la audiencia preliminar, como se expresaba en la anterior redacción del artículo 376 de dicho Código, sino que ahora también es posible concretar esta opción procesal durante la fase de juicio, estableciendo el legislador de la reforma sus modalidades, según se trate del tribunal unipersonal, o del tribunal mixto.

Por otra parte, dentro del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes contemplado en la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, el artículo 583 contiene lo atinente a la Admisión de los Hechos al consagrar lo siguiente:

Artículo 583. Admisión de los Hechos. “En la audiencia preliminar, admitidos los hechos objeto de la acusación, el imputado podrá solicitar al Juez de Control la imposición inmediata de la sanción. En estos casos, si procede la privación de libertad, se podrá rebajar el tiempo que corresponda, de un tercio a la mitad”.

En este sentido, observando que el proceso penal seguido al adolescente OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, se ha concebido y tramitado bajo las directrices de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, debido a que éste se inició por ser menor de dieciocho (18) años, estando por ende bajo la categoría jurídica de adolescente, considera quien decide, que resulta a todas luces necesario para el intérprete de la norma, armonizar el contenido del reformado artículo 376 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, con lo dispuesto en el artículo 583 de la mencionada Ley, en cuanto a la oportunidad procesal en la que puede ser solicitada la aplicación de dicho procedimiento, lo cual es posible en opinión de quien juzga, debido a lo establecido tanto en el artículo 90, como en el 537 de la Ley especial que regula materia penal adolescencial, en tanto y en cuanto los mismos disponen:

Artículo 90. Garantías del adolescente sometido al Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes.
“Todos los adolescentes que, por sus actos, sean sometidos al sistema penal de responsabilidad de adolescentes, tienen derecho a las mismas garantías sustantivas, procesales y de ejecución de la sanción, que las personas mayores de dieciocho años, además de aquellas que les correspondan por su condición específica de adolescentes”. (Subrayado y destacado del Tribunal).

Artículo 537. Interpretación y Aplicación. “Las disposiciones de este Título deben interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, los principios generales de la Constitución del Derecho Penal y Procesal Penal, y de los tratados internacionales consagrados a favor de la persona y especialmente de los adolescentes.
En todo lo que no se encuentre expresamente regulado en este Título, deben aplicarse supletoriamente la legislación penal sustantiva y procesal y, en su defecto el Código de Procedimiento Civil”. (Subrayado y destacado del Tribunal).

Por manera que, no obstante haberse establecido tanto en la legislación procesal penal ordinaria, a través del artículo 376 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL (anterior a la reforma), como en la legislación de juzgamiento penal de adolescentes, por medio del artículo 583 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, una misma oportunidad para la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, vale decir, la audiencia preliminar como acto fundamental de la fase intermedia, la reforma parcial efectuada en fecha 04/09/2009 al CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, extiende tal posibilidad hasta la etapa de juicio, al consagrar el señalado artículo 376, la viabilidad de su aplicación antes de la apertura del debate, en los casos del Tribunal constituido en forma unipersonal, o antes de la constitución del Tribunal en forma Mixta, situación ésta que obviamente no contempla la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, puesto que obedece a una modificación, por vía de reforma, en la legislación adjetiva penal ordinaria, pero que, en todo caso, beneficia al sujeto sometido al proceso penal, sea éste adulto o adolescente, al permitirle la admisión de los hechos en momentos procesales posteriores a la audiencia preliminar.

En consecuencia, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 90 de la aludida Ley, los adolescentes sometidos al Sistema Penal de Responsabilidad tienen derecho a las mismas garantías procesales que los adultos, y siendo que, la ampliación de la oportunidad procesal para hacer uso de la admisión de los hechos hasta la fase de juicio no está regulada expresamente en el artículo 583 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, estima quien decide, que lo procedente en Derecho en cumplimiento del contenido del artículo 537 ejusdem, es aplicar supletoriamente el artículo 376 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, para el establecimiento de los momentos en los cuales procede dicho instituto procesal, esto es, en primer lugar, durante la audiencia preliminar efectuada en la fase intermedia ante el Juzgado de Control, en segundo lugar, antes de la apertura del debate durante la fase de juicio ante el Juzgado de Juicio actuando en forma unipersonal, y en tercer lugar, antes de la constitución del Tribunal durante la fase de juicio, ante el Juzgado de Juicio llamado a conformarse de forma mixta, lo cual se ajusta a la interpretación en cuanto al alcance de la norma recientemente modificada en dicho Código, al ser armonizado con el Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes, regulado en el artículo 8 de la Ley especial de la materia, siendo éste un principio de interpretación y aplicación de obligatorio cumplimiento en la toma de decisiones que les conciernen.

Sobre la base de lo anterior, como quiera que durante la audiencia oral convocada para la celebración del JUICIO ORAL, RESERVADO Y UNIPERSONAL, el adolescente OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, debidamente asistido por su Defensora, manifestó su voluntad de admitir los hechos, siendo que ello es posible conforme a lo estatuido en el artículo 376 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, por aplicación supletoria en base al artículo 537 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, y verificándose que dicha admisión se realizó en forma expresa, personal y directa, se procedió a resolver lo pedido, declarando procedente en Derecho tal admisión, e imponiendo en forma inmediata la sanción definitiva al acusado, previa observancia del contenido del artículo 583 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, efectuando la rebaja correspondiente al tratarse de la medida de privación de libertad.

Ahora bien, con relación a la Admisión de los Hechos como instituto procesal, doctrinariamente Montero, María (2000) sostiene:

“constituye una de las manifestaciones del Principio de Oportunidad, ya que la misma, regulada en el artículo 583 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, presupone la renuncia de parte de derechos y garantías procesales que se reconocen constitucional y legalmente, previa la admisión voluntaria de los hechos que constituyen el objeto del proceso”.
(Obra: Algunos Aspectos Sobre el Proceso Penal de Adolescentes. Fórmulas de Solución Anticipada en la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, en Procedimientos en la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente. Vadell Hermanos Editores. Caracas. Venezuela).

Igualmente, la doctrina venezolana a través de las lecciones de Vásquez, Magali (2007) ha estudiado las características fundamentales de esta institución, sosteniendo que la admisión de los hechos debe ser:

“Voluntaria: dado que esta admisión supone una renuncia a derechos y garantías judiciales, el imputado debe conocer el alcance de su aceptación y, en consecuencia, debe voluntariamente renunciar a estos derechos.
Expresa: No cabe una tácita admisión de los hechos. La renuncia a cualquier derecho debe ser expresa; más aun tomando en consideración que como consecuencia de tal admisión puede generarse para el imputado una sentencia condenatoria.
Personal: No es posible que el imputado, a través de apoderado o representante pueda admitir los hechos, máxime cuando el acto de la audiencia preliminar supone la necesaria presencia del imputado”
(Obra: Derecho Procesal Penal Venezolano. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela)

En este mismo orden de ideas, la admisión de los hechos ha sido motivo de múltiples pronunciamientos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia, y al respecto, en sentencia de fecha 15/02/2007, la Sala de Casación Penal del máximo Tribunal indicó lo siguiente:

“la admisión de los hechos, es un procedimiento especial que procede cuando el imputado consciente en ello, reconoce su participación en el hecho que se le atribuye, lo cual conlleva a la imposición inmediata de la pena…atendiendo a todas las circunstancias y considerando el bien jurídico afectado y el daño social causado. La admisión de los hechos supone una renuncia voluntaria al derecho a un juicio…y al mismo tiempo, tal admisión evita al estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso”.
(Sentencia N. 242. Exp.06-1189. Ponente: Magistrado Marcos Tulio Dugarte).

En base a lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que, en el caso de autos, se han cumplido los extremos planteados en la legislación procesal penal para la aplicación y validez del procedimiento por admisión de los hechos regulado en el artículo 583 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y DEL ADOLESCENTE, y ampliado en el artículo 376 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, en relación a la oportunidad de su materialización en los procedimientos penales ordinarios, siendo ello aplicable al proceso penal de adolescentes, en atención a los artículos 8, 90 y 537 de dicha Ley, observando que el adolescente OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, debidamente asistido por su Defensora en la audiencia efectuada en fecha 21/04/2010, admitió los hechos objeto de la acusación presentada por el Ministerio Público, habiéndole explicado el Tribunal sus alcances y consecuencias, siendo este un acto voluntario, expreso, personal y directo del acusado, requisitos que deben concurrir acumulativamente para la validez de este procedimiento. Y ASÍ SE DECIDE.

En otro orden, se observa que los hechos admitidos por el acusado de autos, fueron calificados jurídicamente por el Ministerio Público como ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN CALIDAD DE CO-AUTOR, previsto y sancionado en el artículo 5° en concordancia con el artículo 6°, ordinales 1°y 3°, todos de la LEY SOBRE EL HURTO Y ROBO DE VEHICULOS AUTOMOTORES en concordancia con el artículo 83 del CÓDIGO PENAL, cometido en perjuicio del ciudadano LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ, consagrándose en las señaladas disposiciones lo siguiente:

Articulo 5 LSRHVA: “El que por medio de violencia o amenazas de graves daños inminentes a personas o cosas se apodere de un vehículo automotor, con el propósito de obtener provecho para si o para otro será sancionado con pena de presidio de ocho a dieciséis años...”. (Subrayado y destacado por el Tribunal)
Articulo 6 LSRHVA: “La pena a imponer por el Robo de vehículo automotor será de nueve a diecisiete años de presidio si el hecho punible se cometiere: 1° Por medio de amenazas a la vida; y 3° Por dos o más personas…” (Subrayado y destacado por el Tribunal)

En este mismo orden de ideas el Artículo 83, del CODIGO PENAL VENEZOLANO VIGENTE, establece que:

Artículo 83. Cuando varias personas concurren a la ejecución de un hecho punible, cada uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediatos queda sujeto a la pena correspondiente al hecho perpetrado. En la misma pena incurre el que ha determinado a otro a cometer el hecho.


En tal sentido, el dispositivo legal citado, contempla lo que en doctrina se conoce como Robo Agravado, observándose que uno de los supuestos de procedencia de este tipo penal se materializa a través de amenazas a la vida, a mano armada o con la actuación de varias personas una de las cuales hubiese estado manifiestamente armada. Sobre el particular, Longa, Sosa J. (2001), expresaba lo siguiente:

"Amenaza a la vida es el atentado contra la libertad y seguridad de las personas... consiste en dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro. La amenaza debe ser con armas... además la intimidación armada puede llevarse a cabo por un grupo de personas, bastando para que opere la figura delictiva, que una sola de las personas esté manifiestamente armada, es decir, que el hecho de portar arma debe ser descubierto, patente, notorio, de manera, que surta efecto amenazante". (p.534).
(Obra: Código Penal Venezolano. Comentado y Concordado. Ediciones Libra. Caracas, Venezuela.2001.)

Así mismo, este tipo penal, debido a la acción que supone por parte del agente y los efectos que causa en los derechos del sujeto pasivo del mismo, ha sido materia de estudio y pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia, mediante múltiples fallos emitidos al respecto, siendo uno de ellos el dictado en el fecha 16/04//2007, en cuyo contenido se hace referencia al criterio sostenido por la Sala Penal en decisión anterior, expresándose el mismo en los siguientes términos:

“…asimismo, en relación con el delito de ROBO AGRAVADO, esta Sala Penal en su sentencia N.458 del 19 de julio de 2005, con ponencia del Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte, expresó lo siguiente: El robo agravado es un delito complejo y es considerado como uno de los delitos más ofensivos y graves, debido a la violación a los derechos a la libertad, la propiedad, y en ciertos casos el derecho a la vida, tomando a ésta última como el máximo bien jurídico. Es evidente que este delito atenta contra las condiciones de existencia y buen desarrollo de la sociedad, es por lo que no debe interpretarse tan solo gramaticalmente sino ver más allá de lo escrito y determinar que el bien jurídico al perseguir el delito de robo es el de proteger a los ciudadanos en su derecho a la propiedad, libertad individual, integridad física y la vida misma, aunado a la característica principal del delito, como lo es el ánimo de lucro sobre una o varias cosas muebles ajenas, todo lo cual encuadra perfectamente en los hechos que ocasionaron el presente juicio..”.
(Sentencia N.156. Fecha: 16/04/2007. Ponente: Magistrada MIRIAM MORANDY MIJARES)

En el caso en estudio, a los fines de subsumir el comportamiento del acusado OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES dentro del tipo penal que sirvió de fundamento legal a la acusación dirigida en su contra, el Tribunal observa especialmente que el mismo admitió su participación en los hechos ocurridos en horas de la tarde del día 14/03/2010, en cuanto somete a la victima de los hechos, para sustraerle su vehículo moto, y con el empleo de amenazas.

Por manera que, luego de analizados y ponderados los medios probatorios, y teniendo en cuenta los supuestos de procedencia del delito atribuido al acusado OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, en consecuencia, este Juzgado estima que los hechos cuya comisión fue atribuida al prenombrado acusado, los cuales admitió en su totalidad ante este Juzgado de Juicio, en base a lo señalado en la acusación interpuesta por el Ministerio Público, acarrean consecuencias en el ámbito penal, al configurarse la existencia del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN CALIDAD DE CO-AUTOR, previsto y sancionado en el artículo 5° en concordancia con el artículo 6°, ordinales 1° y 3°, todos de la LEY SOBRE EL HURTO Y ROBO DE VEHICULOS AUTOMOTORES en concordancia con el artículo 83 del CÓDIGO PENAL, cometido en perjuicio del ciudadano LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ, en tanto y en cuanto concurren los supuestos de procedencia que prevé y regula la legislación nacional para la existencia de este hecho punible. Y ASÍ SE DECIDE.

CAPÍTULO III
SANCIÓN

Tomando en consideración la admisión de los hechos expresada por el adolescente OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, y siendo ello posible durante esta etapa del proceso penal, en atención al análisis efectuado en el contenido del presente fallo, corresponde al Tribunal determinar la sanción que debe imponerse al mismo con ocasión a la comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN CALIDAD DE CO-AUTOR, previsto y sancionado en el artículo 5° en concordancia con el artículo 6°, ordinales 1°y 3°, todos de la LEY SOBRE EL HURTO Y ROBO DE VEHICULOS AUTOMOTORES en concordancia con el artículo 83 del CÓDIGO PENAL, cometido en perjuicio del ciudadano LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ, para lo cual resulta necesario considerar las pautas contenidas en el artículo 622 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, observándose que el Ministerio Público solicitó como sanción definitiva para el acusado, la medida de PRIVACIÓN DE LIBERTAD, establecida en el artículo 628 de la referida Ley, por el lapso de CUATRO (04) AÑOS y este Juzgado le aplica a diferencia de lo solicitado por el Despacho Fiscal, DOS (02) AÑOS de las medidas de LIBERTAD ASISTIDA e IMPOSICION DE REGLAS DE CONDUCTAS; y base a ello, este órgano jurisdiccional siguiendo los referidos parámetros legales, observa:

En cuanto al literal “a”, debe tomarse en cuenta que se halla comprobado el acto delictivo y la existencia el daño causado, toda vez que en la audiencia realizada por este órgano jurisdiccional para la celebración del JUICIO ORAL, RESERVADO Y UNIPERSONAL, el adolescente acusado optó por admitir los hechos, tomando en cuenta que debido a la reforma del mencionado Código en fecha 04/09/2009, ello podía verificarse en esta fase del proceso, correspondiendo los hechos admitidos al delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, materializado en la acción ejecutada por varias personas, entre ellos el acusado de autos, para apoderarse de bienes (VEHICULO-MOTO) propiedad de la víctima de los hechos, traduciéndose la conducta descrita en una acción que obra en detrimento de la propiedad como bien jurídico tutelado; atendiendo a lo preceptuado en el literal “b” de dicho artículo, existe la comprobación de que el adolescente acusado participó en la comisión del delito, por cuanto el adolescente OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES manifestó en forma expresa y personal ante este Juzgado, en la audiencia antes indicada, su voluntad de admitir los hechos, siendo ello un indudable elemento demostrativo de su participación en la comisión del delito objeto del proceso, más aún, encontrándose éste en la etapa de juicio el mismo, optando por dicha alternativa, frente a la posibilidad de defenderse de la acusación dirigida en su contra; de igual modo, el literal “c” de la norma en cuestión, atinente a la naturaleza y gravedad de los hechos, se considera en el caso de estudio, ya que el delito motivo de condena afecta el derecho a la propiedad, en tanto y en cuanto los sujetos activos del delito, entre quienes se encontraba el joven acusado de autos, efectivamente se apoderaron de bienes de las víctimas, en forma violenta y con el empleo de amenazas; en cuanto al literal “d” relativo al grado de responsabilidad del adolescente, el acusado de autos responde como coautor del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, en tanto y en cuanto, el mismo admitió su participación en los hechos ocurridos en fecha 14/03/2010, en horas de la tarde, cuando en compañía de otra persona y mediante el empleo de amenazas, sometieron al ciudadano LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ, tratando de despojarlo de un bien de su propiedad (vehículo); lo relativo al literal “e” que refiere la observación de la proporcionalidad e idoneidad de la medida es una pauta de especial consideración, por cuanto dada la finalidad que persiguen las sanciones previstas en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, debe tenerse en cuenta al momento de su determinación, principios de proporcionalidad e idoneidad. En tal sentido se observa que el Ministerio Público solicitó para el joven acusado, la sanción de PRIVACIÓN DE LIBERTAD por el lapso de CUATRO (04) AÑOS, por lo que, tomando en cuenta que el grado de participación del acusado fue bajo la modalidad de coautoría, además que solo profiere amenazas para despojarle del vehículo moto propiedad de la victima, estima este Tribunal que la sanción requerida por el despacho fiscal no resulta proporcional al delito cuya comisión fue atribuida al adolescente OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES y admitida por éste; sin embargo, observando el contenido del artículo bajo estudio, y considerando que la PRIVACION DE LIBERTAD, es aplicada como ultimo recurso, dado que la prioridad es concienciar a los adolescentes en conflicto con la ley penal, y reinsertarlo a la sociedad, por lo tanto dada la posibilidad de efectuar modificaciones en cuanto a la aplicación de las medidas sancionatorias, resulta procedente en opinión de quien juzga, MODIFICAR LA MEDIDA SANCIONATORIA PRIVATIVA DE LIBERTAD POR LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS, vale decir, LIBERTAD ASISTIDA e IMPOSICION DE REGLAS DE CONDUCTA, previsto y sancionados en los artículos 626 y 624 de la LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, tomando en cuenta a tal fin lo argumentado por la Defensa durante la audiencia celebrada, en relación a que su representado tuvo una participación menor en los hechos, y que cuenta con el apoyo de su familia, considerando por otra parte que el joven acusado renunció a su derecho a defenderse en la audiencia de juicio, y que con ello se le está ahorrando al Estado el gasto derivado de la celebración del juicio oral; atendiendo al literal “f” que alude a la edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida, se observa que el adolescente OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES cuenta en la actualidad con dieciséis (16) años de edad, y ha conocido desde su inicio, las actuaciones realizadas en el proceso penal, habiendo participando en los actos desarrollados en las fases de control y juicio, encontrándose sometido también al régimen de las medidas de coerción personal, toda vez que, en fecha 15/03/2010 le fue decretada medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, con fundamento en el artículo 581, de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, debiendo advertirse al respecto, que como forma asegurativa del proceso, debe cumplir un REGIMEN DE PRESENTACIONES PERIODICAS CADA TREINTA (30) DIAS, POR ANTE LA OFICINA DE PRESENTACION, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DEL AGUACILAZGO, hasta tanto el Juzgado en Funciones de Ejecución debe establecer la modalidad de cumplimiento, lo cual fue explicado en su oportunidad por el Tribunal, y ampliamente comprendido por éste, resultando obvio concluir para quien decide, que el adolescente acusado está en capacidad de comprender su situación jurídica y acatar la medidas sancionatorias dictada por este Tribunal; en lo relativo al literal “g”, referido a los esfuerzos del adolescente para reparar los daños, se observa que el acusado de autos en forma voluntaria optó por la admisión de los hechos como alternativa procesal en fase de juicio, lo cual es viable jurídicamente atendiendo a las consideraciones efectuadas respecto a la Ley de Reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que, esta posición asumida por el acusado es tomada en cuenta por quien juzga como signo inequívoco del reconocimiento en cuanto a la conducta ilícita realizada; de la misma forma, debe considerarse lo dispuesto en el literal “h” atinente a los resultados de los informes clínico y psico social, dejándose constancia que en la presente causa no cursan exámenes de esta naturaleza que puedan ser considerados en el contexto de las pautas para la determinación de la sanción. Y ASÍ SE DECLARA.

En virtud de lo acordado, y a los fines de garantizar el efectivo cumplimiento de la sanción impuesta, se acuerda el mantenimiento de la medida cautelar a la cual se encuentra sujeto el acusado, impuesta con fundamento en los artículos 582 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, siendo ésta la PRESENTACIONES PERIODICAS CADA TREINTA (30) DIAS POR ANTE LA OFICIAN DE PRESENTACION ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ALGUACILAZGO, como medida asegurativa del proceso, ordenándose la libertad inmediata del adolescente OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, hasta tanto el Juzgado de Ejecución, Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ejecute el presente fallo. Y ASÍ SE DECIDE.

CAPÍTULO IV
DISPOSITIVA

Por las razones y fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SEGUNDO EN FUNCION DE JUICIO SECCIÓN DE ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, ACTUANDO DE MANERA UNIPERSONAL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE:

PRIMERO: SE ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACION FISCAL ASI COMO LOS MEDIOS DE PRUEBAS OFRECIDOS por reunir los requisitos previstos en el articulo 570 de la LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE y VISTA LA ADMISIÓN DE HECHOS expresada por el adolescente OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, de nacionalidad Venezolana, natural del Caserío Peña, Municipio Páez del Estado Zulia, soltero, trabaja como asistente de construcción de bohíos, grado de instrucción sexto grado, de Dieciséis (16) años, Cedula de Identidad N° V-22.145.699, fecha de nacimiento: 24-09-1994, hijo de los ciudadanos YAKELINE DOLORES PAZ PAZ y ORANGEL ENRIQUE FERNANDEZ, domiciliado en la Parroquia Idelfonso Vásquez, Sector Bomba Caribe, Barrio Virgen del Carmen, calle 32 No. 22-451, Jurisdicción del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, con base en las disposiciones contenidas en los artículos 376 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, 8, 90,537 y 583 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, LA DECLARA PROCEDENTE EN DERECHO;

SEGUNDO: SE CONDENA AL ADOLESCENTE OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, antes identificado, como COAUTOR del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 5° en concordancia con el artículo 6°, ordinales 1° y 3°, todos de la LEY SOBRE EL HURTO Y ROBO DE VEHICULOS AUTOMOTORES en concordancia con el artículo 83 del CÓDIGO PENAL, cometido en perjuicio del ciudadano LARRY ALBERTO PEREIRA VALDEZ;

TERCERO: SE DECRETA AL ADOLESCENTE OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, a cumplir las sanciones definitivas de LIBERTAD ASISTIDA e IMPOSICION DE REGLAS DE CONDUCTA consagrada en los artículos 626 y 624 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR EL LAPSO DE DOS (02) AÑOS;

CUARTO: SE DECRETA LA MEDIDA CAUTELAR decretada al adolescente OMISION EN BASE AL ARTICULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES con base al artículo 582 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, hasta tanto el Juzgado en Función de Ejecución de esta Sección y Circuito Judicial Penal resuelva lo conducente en relación al lugar de cumplimiento de la sanción impuesta; y

QUINTO: Se ordena remitir al Juzgado en Función de Ejecución, Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, las actuaciones que integran este asunto penal, una vez transcurrido el lapso legal correspondiente.

La parte dispositiva y los fundamentos de la presente decisión fueron leídos e informados en audiencia oral y privada celebrada en la Sala de Audiencias de este Juzgado de Juicio, Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, en fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil diez (2010), quedando las partes debidamente notificadas de la posterior publicación de su texto íntegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 605 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.

Dada, sellada y firmada en la Sala del JUZGADO SEGUNDO EN FUNCION DE JUICIO, SECCIÓN DE ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA. En Maracaibo, a los Veintiocho (28) días del mes de Abril del año dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

LA JUEZA SEGUNDA EN FUNCION DE JUICIO


ABG. DIANORA EUNISES LARES CASTEJON
LA SECRETARIA,


ABG. ARACELY ARRIETA BLANCO

En la misma fecha se publicó la presente decisión, y se registró en el Libro de Registro de Sentencias quedando asentada bajo el número 15-2010, dejándose copia certificada de la misma en el Juzgado.

LA SECRETARIA,



ABG. ARACELY ARRIETA BLANCO


DELC/aracely
Causa No. 2U-364-10