TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE CONTROL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
EXTENSION SANTA BARBARA DE ZULIA

Santa Bárbara de Zulia, 30 de septiembre de 2.009
199° y 150°

Resolución N° 0990-2009. C02-15.152-2009
24-F16-1.655-2008

Vista la solicitud presentada por el ciudadano CARLOS LUIS RODRIGUEZ PEINADO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No.-9.164.394, y con domicilio en la ciudad de San Cristóbal Estado Táchira, asistido en este acto por el Abogado en ejercicio, JHOANNINI PEREZ, inscrita en el Inpreabogado con el No.-93.828 y con domicilio en San Carlos del Zulia, estado Zulia, mediante la cual solicita la entrega material del vehículo Marca: FORD, Modelo: F-150, Color: AZUL y GRIS, Año: 1982, Clase: CAMIONETA, Tipo: PICK_UP, Uso: CARGA, Serial de Carrocería N° AJF1CU38136, Serial de Motor V6, Placas 775-ABZ.

Este Tribunal de Control resuelve dicha solicitud previa las siguientes consideraciones:

Corre inserto a las actas que conforman la presente causa:

PRIMERO: Experticia de Reconocimiento (Dictamen pericial del vehículo) de fecha 05 de octubre de 2008, emanado de Comando Regional No.-3, Destacamento Frontera No.-32, Segunda Compañía Segundo Pelotón de la Guardia Nacional, acantonado en la Redoma de Casigua, en la cual concluyen:
1.- Que la placa del serial de carrocería (vin) se determina……SUPLANTADA
2.- Que la placa del serial de carrocería (vin) se………………………………….. Determina…DESINCORPORADA.
3.- Que el motor de determina……………………………………..6 cil.
4.- Que el serial Chasis se determina…………………………….ORIGINAL
5.- Que la placa Body se determina……………………………….Desincorporada.

SEGUNDO: Solicitud interpuesta por el ciudadano CARLOS LUIS RODRIGUEZ PEINADO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No.-9.164.394, y con domicilio en la ciudad de San Cristóbal Estado Táchira, asistido en este acto por el Abogado en ejercicio, JHOANNINI PEREZ, inscrita en el Inpreabogado con el No.-93.828 y con domicilio en San Carlos del Zulia, estado Zulia, mediante la cual solicita la entrega material del vehículo Marca: FORD, Modelo: F-150, Color: AZUL y GRIS, Año: 1982, Clase: CAMIONETA, Tipo: PICK_UP, Uso: CARGA, Serial de Carrocería N° AJF1CU38136, Serial de Motor V6, Placas 775-ABZ.

TERCERO: Titulo de Propiedad de Vehículos Automotores, signado con el No.-0366481, de fecha 03 de septiembre de 1990, emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Dirección General de Sectorial de Transito Terrestre a nombre del ciudadano CARLOS LUIS RODRIGUEZ PEINADO, el cual le otorga propiedad sobre el vehículo signado con las siguientes características: Marca: FORD, Modelo: F-150, Color: AZUL y GRIS, Año: 1982, Clase: CAMIONETA, Tipo: PICK_UP, Uso: CARGA, Serial de Carrocería N° AJF1CU38136, Serial de Motor V6, Placas 775-ABZ.

CUARTO: Oficio No.-24-F16-09-4117 de fecha 05 de agosto de 2009, emanado de la Fiscalia Décima Sexta del Ministerio Publico del estado Zulia en el cual se NIEGA la entrega del Vehículo y así mismo deja constancia que el vehículo NO ES IMPRESCINDIBLE para la investigación.

Es oportuno hacer algunas acotaciones relacionadas con el asunto de la entrega o devolución de vehículos objeto de los delitos de hurto o robo recuperados y de aquellos retenidos por una u otra circunstancias por las autoridades de policía.
El Estado Venezolano es y será Democrático y Social de Derecho y de Justicia, siendo uno de los fines del Derecho, la justicia, y ésta la razón de ser de los Órganos Jurisdiccionales del Estado, la cual debe ser impartida de manera equitativa, idónea, transparente, imparcial, independiente, rápida y oportuna; siendo el proceso el instrumento fundamental para alcanzar, obtener y lograr esa justicia, por lo tanto, las leyes procesales deben establecer la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites, no sacrificando la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

De igual manera le corresponde a todos los Tribunales de la República, preservar y asegurar a todos los ciudadanos y ciudadanas, se encuentran en la situación en que se encuentren, sean víctimas, imputados, testigos, peritos, expertos, etc, que se les respeten, amparen y garanticen todos y cada uno de sus derechos, sean estos humanos, civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, educativos, ambientales, religiosos y de cualquier otra índole.

En materia de devolución o entrega de objetos incautados o retenidos en el curso de una investigación, el Código Orgánico Procesal Penal establece dos normas al respecto: los artículos 311 y 312. El artículo 311 obliga al Ministerio Público a devolver, lo antes posible, los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de Control solicitando la devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa, y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal si la demora le es imputable.

Asimismo, establece esta norma, que los objetos que hayan sido retenidos o incautados en el curso de la investigación, deberán ser entregados por el Ministerio Público o el Juez de Control; Directamente, es decir, cuando no se tenga duda sobre el derecho de propiedad que le asiste al solicitante sobre la cosa o bien mueble; y en Depósito, con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos, de esta manera se entregan las cosas cuando el derecho de propiedad esta en duda, o cuando la cosa o bien que se solicita ha sido objeto de robo o hurto y sea difícil identificar plenamente, por haber sido alterados, devastados, suplantados, etc. sus seriales, pero se tenga la posesión de dicha cosas, no se encuentren solicitados y no exista otra persona reclamando la misma.

Cuando existe duda sobre la propiedad del vehículo, y el solicitante ha alegado adicionalmente al documento de propiedad presentado por él, la posesión del mismo en forma legitima, continua, no interrumpida, pacifica, pública, no equivoca y con intención de dueño, tal como lo expresa el artículo 772 del Código Civil, y que el vehículo lo adquirió de buena fe, la cual se presume siempre, por cuanto la mala debe ser probada, como lo establece el artículo 789 del Código Civil.
El artículo 312 regula el procedimiento relativo a las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de dichos objetos, el cual se tramitará ante el Juez de Control, conforme a las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil para las incidencias. En igual sentido se expresa el artículo 10 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores al establecer que la entrega de los vehículos objetos de los delitos de robo o hurto, por parte del Juez de Control o del Ministerio Público, a quienes acrediten ser sus propietarios. En caso de que varias personas reclamen el vehículo, el Ministerio Público con fundamento en los artículos 108.12 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitará al Juez de Control la fijación de una audiencia, en la cual se decidirá a quien devolver el vehículo cuya entrega se solicitó.

En cuanto a la interpretación de las normas anteriormente señaladas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha mantenido en reiteradas decisiones - que si bien el legislador - en aras de la protección del derecho de propiedad- fue inflexible en el referido procedimiento de entrega, ya que debe estar comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto recuperado que se reclama en el proceso penal, para que pueda ordenarse su entrega; no obstante, a juicio de la Sala, tanto el Ministerio Público como el Juez de Control deben ser lo suficientemente diligentes en ordenar la practica de todo los dictámenes periciales que sean necesarios, según las características de cada caso en concreto, a los fines de establecer la identificación, en este caso, del vehículo objeto del delito, el cual pudo haber sido sometido a una alteración, incorporación, desincorporación, remoción, suplantación, devastación de los seriales que lo individualizan, o presenten irregularidades en la documentación.

En casos como estos, en que pueda resultar imposible determinar la propiedad del vehículo, y que los seriales u otra identificación en el motor, en la carrocería o en otro sector del vehículo, no pueden ser cotejados con datos de los legítimos documentos de propiedad; o tal cotejo funcione sólo parcialmente, impidiendo una plena prueba, el juez que conoce la reclamación o la tercería debe aplicar como principio general el postulado del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, postulado general del derecho, el cual sostiene que en igualdad de circunstancias, provenientes de la imposibilidad del cotejo entre los datos identificatorios que aún quedan en el vehículo -si es que existen- y los que reproducen los documentos presentados por quienes pretenden la propiedad sobre el mismo, favorecerán la condición del poseedor, lo que se ve apuntalado por el artículo 775 del Código Civil, el cual reza: “En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee”, y el 794 ejusdem, que señala: “Respecto de los bienes por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título…”.

A juicio de la Sala, la falta de diligencia del Ministerio Público o en su caso, del Juez de Control, o la adopción de un criterio muy restrictivo al respecto, quebranta los derechos de acceso a la justicia y a contar con un proceso debido, que integran el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado en el artículo 26 de la Constitución de la República bolivariana de Venezuela. (Sent. 1412-30.06.05, Exp. N°.04-2397).

Además, es oportuno acotar que al no pronunciarse el Ministerio Público o el Juez de Control sobre la entrega de un vehículo solicitado, establece la Ley Especial que regula la materia del hurto y robo de vehículos automotores, que estos serán puestos a la orden del Fisco Nacional, y al disponer éste de dicho bien, lo remata públicamente, beneficiándose de esta forma doblemente el dueño del estacionamiento donde hasta la fecha ha estado depositado dicho vehículo, y el tercero que lo adquiere en el remate judicial, que ningún derecho tiene sobre dicho bien, poniendo a circular de nuevo un vehículo cuya propiedad no se pudo establecer, resultando como único perjudicado el solicitante, persona esta a quien le fue retenido el vehículo, que tenía la posesión del mismo y que ha presentado o demostrado la propiedad del vehículo, que lo ha adquirido de buena fe, y tenido la posesión de manera legitima, pública, pacifica, continua, no equivoca y con intención de dueño.
Y aunado a esto, el vehículo objeto de la presente solicitud una vez que es retenido es llevado a un estacionamiento donde queda a la intemperie, deteriorándose, sin el debido mantenimiento y cuidado para su funcionamiento, perdiendo su valor y hasta su utilidad, el cual en la mayoría de los casos, es el único bien con el que cuenta el solicitante para el sustento y el sufrago o gastos de su familia, aunado a los gastos del estacionamiento, que muchas veces por el retardo o la demora en la entrega resulta irrecuperable económicamente.
Por los fundamentos de hecho y derecho anteriormente expuestos y analizadas como han sido todas y cada una de las actas que integran la presente causa, y por cuanto el solicitante ciudadano CARLOS LUIS RODRIGUEZ PEINADO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No.-9.164.394, y con domicilio en la ciudad de San Cristóbal Estado Táchira, asistido en este acto por el Abogado en ejercicio, JHOANNINI PEREZ, inscrita en el Inpreabogado con el No.-93.828 y con domicilio en San Carlos del Zulia, estado Zulia, alega su buena fe, el vehículo no se encuentra solicitado por ningún Cuerpo Policial y ni por terceras personas y presenta TITULO DE PROPIEDAD, considera este Juzgador ajustado a derecho y a la justicia que debe imperar en casos como estos, entregarle dicho vehículo en Deposito, con la obligación de: 1. Guardar, Cuidar, Mantener, Custodiar y Proteger el referido vehículo, no pudiendo cambiarle su color, piezas y estructura; 2. Presentar el vehículo ante este Tribunal de Control o ante la autoridad que se le señale, cada vez que sea requerido; 3. La prohibición expresa de vender, enajenar, ceder, traspasar, negociar o gravar por cualquier modo dicho vehículo; 4. Informar de manera inmediata a este Órgano Jurisdiccional cualquier percance o accidente que le ocurra al vehículo. En consecuencia, levántese por separado el Acta de Obligaciones, Expídase Constancia de Entrega, ofíciese al Encargado del Estacionamiento Santo Domingo de Santa Bárbara del Zulia. ASÍ SE DECLARA.
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSION SANTA BARABARA DEL ZULIA Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA: ENTREGAR EN DEPOSITO al ciudadano solicitante CARLOS LUIS RODRIGUEZ PEINADO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No.-9.164.394, y con domicilio en la ciudad de San Cristóbal Estado Táchira, asistido en este acto por el Abogado en ejercicio, JHOANNINI PEREZ, inscrita en el Inpreabogado con el No.-93.828 y con domicilio en San Carlos del Zulia, estado Zulia, el vehículo Marca: FORD, Modelo: F-150, Color: AZUL y GRIS, Año: 1982, Clase: CAMIONETA, Tipo: PICK_UP, Uso: CARGA, Serial de Carrocería N° AJF1CU38136, Serial de Motor V6, Placas 775-ABZ. el cual quedará sometido a las obligaciones antes indicadas. Publíquese, Regístrese, Notifíquese.