Expediente: 1.863-09. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO NOVENO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA DEMANDANTE: RUTH MARINA RICAURTE PADILLA, extranjera, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número E-82.008.625, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, representada por el ciudadano ALFONSO DAVID OSORIO VELASQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V.- 15.342.086. DEMANDADO: HUGO ALBERTO OVIEDO MEDINA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-9.741.049, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. Recibida la demanda proveniente de la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos, el Tribunal en fecha cuatro (04) de Marzo del año dos mil nueve (2009), procedió a admitirla. Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones: ÚNICO Examinadas las actas procesales, observa esta Juzgadora que una vez que fue admitida la demanda en fecha cuatro (04) de Marzo del año dos mil nueve (2009), la parte actora no realizó ningún acto procesal tendiente a lograr que se practicara la citación personal en el presente juicio, discurriendo el tiempo sin ningún acto de procedimiento a instancia de parte, que movilice la relación jurídico procesal con el fin de logar el acto comunicacional por excelencia, en el caso de autos, la citación del ciudadano HUGO ALBERTO OVIEDO MEDINA. A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1º Cuando trascurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. (Subrayado del Tribunal). La Perención es un modo de extinguir la relación procesal que se basa en una condición objetiva, que consiste en este caso, en el transcurso de treinta días después de admitida la demanda sin que la parte accionante cumpla con la obligación destinada a lograr la citación del demandado. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales de casos presuntamente abandonados por los litigantes. Así mismo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 00537, de fecha seis (06) de Julio del año dos mil cuatro (2004), con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ, se ha pronunciado de la siguiente forma: “Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos ordenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado. En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la practica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto comunicacional procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten mas de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención. ... omissis... Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación” . Examinando el caso de autos, el Tribunal observa que desde el día cuatro (04) de Marzo del año dos mil nueve (2009), fecha en que fue admitida la demanda, hasta el día de hoy ha transcurrido más de treinta (30) días, lapso que supera al establecido por la Ley, para que la demandante realice las actividades necesarias que dan impulso a la obtención de la citación, acto necesario para la continuación de este proceso, por lo que esta sentenciadora considera que la parte actora, al no cumplir con esta obligación, abandonó la actividad procesal, y así se decide. Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que la parte demandante abandonó la actividad procesal y con ello hizo cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la paz con justicia, y así se declara. DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO NOVENO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: A) PERIMIDA LA INSTANCIA en el juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, intentó el ciudadano ALFONSO DAVID OSORIO VELÁSQUEZ en representación de la ciudadana RUTH MARINA RICAURTE PADILLA, en contra del ciudadano HUGO ALBERTO OVIEDO MEDINA, todos identificados en actas. B) No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la sala del despacho del Juzgado Noveno de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Maracaibo, a los dieciséis (16) días del mes de Septiembre del año dos mil nueve (2009). 199° de la Independencia y 150° de la Federación. LA JUEZA, Abog. MARIA DEL PILAR FARIA ROMERO. Mg. Sc. LA SECRETARIA, Abog. GABRIELA BRACHO AGUILAR. Mg. Sc. En la misma fecha, siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede. LA SECRETARIA, Abog. GABRIELA BRACHO AGUILAR. Mg. Sc. Exp. 1.863-09.