REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN ZULIANA
Expediente No. 202-04
Decaimiento
En fecha 08 de julio de 2004 se recibió y se le dio entrada a Cobro de Créditos Fiscales (Juicio Ejecutivo) interpuesto por el Municipio Maracaibo del Estado Zulia contra la contribuyente DISTRIBUIDORA SAN JUAN, C. A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 18 de octubre de 2001, bajo el No. 17, Tomo 49-A, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, e inscrita en el Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SAMAT) bajo el No. 200P000249, el 29 de julio de 2003.
El 7 de diciembre de 2004, el Tribunal admitió el juicio ejecutivo, se ordenó la intimación a la contribuyente y se decretó medida de embargo ejecutivo de bienes propiedad de la contribuyente, librándose la intimación a la contribuyente, y la correspondiente comisión para la ejecución de la medida acordada, la cual recayó en el Juzgado Quinto Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Almirante Padilla y Páez.
El 14 de enero de 2005, se recibió oficio No. 607-04 emanado del Juzgado Quinto Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, remitiendo las resultas de la comisión librada por el Tribunal.
En fecha 07 de mayo de 2008, el Tribunal dictó resolución No. 151-2008 en la cual le requirió a la parte actora consigne en un plazo de tres (3) días de despacho contados a partir de que conste en actas su notificación, autorización para transigir en el presente proceso, resolución que fue notificada en fecha 14 de julio de 2008.
Vistas las actuaciones anteriores, pasa este Tribunal a resolver, previas las siguientes consideraciones:
Consideraciones para Decidir
1. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 982 de fecha 06 de junio de 2001, caso José Vicente Arenas Cáceres, manifestó que la inactividad procesal de forma prolongada, “permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos…(…)…lo que produce un decaimiento del interés procesal en que se administre” justicia. Y añade:
“En efecto, el interés procesal es la posición del actor frente a la jurisdicción para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela; este interés subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso.
…(omissis)…
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia…(…)…esta Sala tiene establecido que tal actitud en el proceso, además, constituye una afrenta al sistema de justicia, por cuanto el servicio público debe atender un juicio que ocupa espacio en el archivo judicial, pero que no avanza hacia su fin natural…(omissis)…”
Por su parte, el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil señala que “para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual”, interés que estima este juzgador debe mantenerse a todo lo largo del proceso y que se evidencia con su participación activa en el mismo. Incluso, conforme el artículo 62 del Código Tributario, la interposición de un recurso administrativo o judicial suspende el término de prescripción hasta sesenta días después de que se adopte o debería adoptarse decisión y la paralización del procedimiento judicial hace cesar la suspensión de la prescripción.
De tal modo, que es clara la ley al requerir que el recurrente esté pendiente de su acción, en sede administrativa y en sede judicial; y castiga dicho desinterés con la institución de la perención (Art. 267 Código de Procedimiento Civil) o con la prescripción (Art. 62 C. O. T de 2001).
Ahora bien, es deber de las partes impulsar todo proceso desde su inicio hasta su propia culminación, en aras de colaborar para la administración de justicia rápida conforme los postulados del artículo 131 de la Constitución Nacional. Así mismo el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil aplicable al caso de autos por remisión expresa del artículo 332 del Código Orgánico Tributario, establece que son deberes de las partes, sus apoderados y abogados asistentes actuar con lealtad y probidad en el proceso.
La jurisprudencia pacífica y reiterada de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, ha sido conteste al establecer que el abandono de los trámites judiciales expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia. Así mismo, tal actitud constituye una afrenta al sistema de justicia, por cuanto el servicio público debe atender un juicio que ocupa espacio en el archivo judicial, pero que no avanza hacia su fin natural.
2. El Tribunal observa que si bien al momento de practicar la medida, la parte demandada hizo ofrecimiento de pago al Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en dicho ofrecimiento los representantes de la contribuyente hicieron pago parcial de las obligaciones tributarias y el resto de las mismas ofrecieron pagarlas en fecha posterior, lo cual fue aceptado por los abogados del Municipio Maracaibo del Estado Zulia en el mismo acto.
El Tribunal observa que desde la fecha del ofrecimiento de pago de los representantes de la contribuyente (15 de diciembre de 2004) hasta la presente fecha, ha transcurrido más de cuatro años y nueve meses, sin que la parte actora informe a este Tribunal si la contribuyente DISTRIBUIDORA SAN JUAN, C. A., pagó la totalidad de los conceptos que adeuda al Municipio Maracaibo del Estado Zulia, evidenciándose la pérdida de su interés actual y directo en sostener el presente procedimiento.
En virtud de las consideraciones precedentes, estima este Juzgador procedente la declaratoria de decaimiento del procedimiento por falta de interés procesal de la parte actora, por lo que este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, declara EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO relativo al Cobro de Créditos Fiscales (Juicio Ejecutivo) interpuesto por el Municipio Maracaibo del Estado Zulia contra la contribuyente DISTRIBUIDORA SAN JUAN, C. A. Publíquese. Regístrese. Notifíquese. Déjese copia.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, en Maracaibo al primero (01) de octubre de 2009. Año 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
El Juez
Dr. Rodolfo Luzardo Baptista La Secretaria
Abog. Yusmila Rodríguez Romero
En la misma fecha se dictó y publicó este fallo interlocutorio, se registró bajo el N° __________-2009, y se libró Boleta de Notificación. La Secretaria
Abog. Yusmila Rodríguez Romero
RLB/hr
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