TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL
EN FUNCION DE JUICIO

Maracaibo, 09 de Octubre de 2009
199° y 150°

Resolución Nro. 109-09 Causa Nro. 4M-669-09

En el día de hoy, viernes nueve (09) de octubre de 2009, pasa a dictar decisión en la presente causa signada con el N° 4M-669-09, llevada seguida al ciudadano acusado JAIDER MANUEL BOLÌVAR GUERRERO, como AUTOR, de la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Vigente, ejecutado en perjuicio del ciudadano víctima JORGE GONZALEZ GONZALEZ; en virtud del escrito interpuesto en fecha 06-10-09, por la ciudadana Defensora Pública Tercera Penal Ordinario e Indígena Wayuu, adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Zulia, Dra. MARLIN OSORIO MACHADO, en su actuando en su carácter de Defensora del referido acusado, por ante el Departamento de Alguacilazgo en la Unidad de Recepción de Documentos, y recibido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este mismo Circuito, en fecha 06-10-09, con un total de cinco (05) folios útiles, siendo agregados en actas, a través del cual peticiona bajo el fundamento del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, la revisión de la Medida de Privativa de Libertad, que le fuese decretada a su defendido, JAIDER MANUEL BOLÌVAR GUERRERO, la cual le fue decretada por el Juzgado Primero de Control de la Extensión de la Villa del Rosario, conforme a los articulas 250, 251, y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

Por lo que este Tribunal, e para resolver, y hace las siguientes consideraciones previas:

Esta Juzgadora toma muy en cuenta lo ya esbozado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrado Dra. MIRIAM MORANDO MIJARES de fecha 09-05-07, en Sentencia Nª 212 Expediente Nª 06-0470, en la cual ha expresado lo siguiente:

… “En tal sentido, el derecho a una decisión motivada es parte integrante de la Tutela judicial efectiva como derecho fundamental…”

El artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, nos establece lo siguiente:

… “El imputado podrá solicitar a la revocación o sustitución de la medida judicial preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas…" La negativa del Tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación…”

Al proceder este Tribunal a efectuar la revisión minuciosa de la presenta causa se logra constatar que, efectivamente la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Zulia, con Sede en el Municipio Machiques de Perijá por ante el Departamento la Unidad de Recepción de Documentos del Departamento de Alguacilazgo de este Circuito, interpuso su formal escrito de acusación el cual fue recibido por el Juzgado Primero de Control de la Extensión de la Villa del Rosario, en fecha 07-04-09, el cual corre inserto desde el folio diecinueve (19) hasta el folio veinticinco (25) ambos inclusive de la presente causa identificada con el Nª 4M-669-09; escrito de acusación que va dirigido en contra del acusado, JAIDER MANUEL BOLÌVAR GUERRERO, como AUTOR, en la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Vigente, ejecutado en perjuicio del ciudadano víctima JORGE GONZALEZ GONZALEZ; y en el que hace del conocimiento que el mismo se encuentran bajo la Medida de Privación Judicial de la Libertad, decretada en la audiencia de presentación de imputados, la cual fue realizada en fecha 18 de Febrero de 2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control de la Extensión de la Villa del Rosario, y se evidencia que la acusación presentada se encuentra ajustada a derecho; apreciando igualmente este Tribunal que en la misma se contiene todos y cada uno de los elementos que la deben conformar, indicando la pertinencia y necesidad de las pruebas, las cuales fueron recabadas a través de las investigaciones efectuadas por dicha Representación Fiscal, así como por el órgano policial comisionado por éste último para efectuar las correspondientes investigaciones, siendo utilizados esos elementos extraídos de esa averiguación para demostrar según la Fiscalía del Ministerio Público, la participación del hoy acusado JAIDER MANUEL BOLÌVAR GUERRERO, como AUTOR, en la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Vigente, ejecutado en perjuicio del ciudadano víctima JORGE GONZALEZ GONZALE.

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que nuestro sistema penal acusatorio actual, establece los lineamientos para que una persona concurra en estado de libertad ante el Juez de Control o Juicio; es decir para ser Juzgado en Libertad, y no es menos cierto que nuestro Código Orgánico Procesal Penal, también ha estatuido las normas para cumplir con las finalidad del proceso como lo es la Justicia y Salvaguardar los derechos de la víctima, los cuales las encontramos debidamente consagrados en los artículos 13 y 23 del Código Orgánico Procesal Penal.
El artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, reza lo siguiente:
… “Artículo 13. Finalidad del proceso. El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el juez al adoptar su decisión…”

El artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal, reza lo siguiente:

… “Artículo 23. Protección de las víctimas. Las víctimas de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de los imputados o acusados. La protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal.
Los funcionarios que no procesen las denuncias de las víctimas de forma oportuna y diligente, y que de cualquier forma afecten su derecho de acceso a la justicia, serán acreedores de las sanciones que les asigne el respectivo Código de Conducta que deberá dictarse a tal efecto, y cualesquiera otros instrumentos legales…”

El artículo 247 del Código Orgánico Procesal Penal, reza lo siguiente:

… “Artículo 247. Interpretación restrictiva. Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente…”

Siendo el artículo 247 del Código Adjetivo Penal, el que consagra en nuestra legislación procesal penal, de manera expresa, el Principio de la Libertad Personal y la Privación o restricción de ella o de los otros derechos del imputado, como medida de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, estableciendo como consecuencia, como regla general el derecho del imputado a permanecer en libertad durante el proceso con las excepciones que el propio Código contempla. De la norma antes transcrita observa este Tribunal, que si bien es cierto que existen disposiciones generales que garanticen que el o los ciudadanos puedan acudir en libertad ante un proceso judicial, no es menos cierto que el Juez tiene la obligación de velar por que se cumpla con la finalidad del mismo es decir, que el acusado comparezca a este ultimo y así garantizar el debido proceso lo que se traduce en una sana y pronta justicia.

Por lo que el Tribunal, al pasar a decidir con respecto a los alegatos planteados por la Defensa del acusado de auto, en el que solicita la sustitución de la medida privativa de libertad por otra menos gravosa, y por ende este Tribunal ha de considerar que la medida a ser otorgada debe llenar ciertos requisitos como: "…siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado…"; y toda vez que el examen y revisión de las medidas cautelares debe estar sujeta a los principios de la provisionalidad y temporalidad; que en su defecto expresa. "…las medidas de coerción personal se dictan en función de un proceso o están supeditadas a él, con el fin de asegurar un resultado o que éste no se vea frustrado (instrumentalidad); se modifican cuando cambian circunstancias en que se dictaron; cesan cuando el proceso concluye o se extingue de cualquier manera (provisionalidad); y están sujetas a un lapso, no pudiendo prolongarse de él aun cuando el proceso no haya concluido (temporalidad). Estas notas explican que no pueda tomarse una medida cautelar de coerción personal antes del inicio de un proceso, salvo la excepción ya enunciada de la flagrancia; y que tales medidas estén sujetas a permanente a la revisión para determinar si deben mantenerse, de acuerdo con el principio del rebus sie stantibus. Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 253 único parte, prevé que una medida de coerción personal, en ningún caso, cuando el delito materia del proceso merezca una pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su límite máximo.

En el entendido que el delito en mención en el presente caso de marras es el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Vigente.

Por lo cual esta Juzgadora toma muy en cuenta lo esbozado Sala de Casación Penal de Nuestro Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, Penal Ponencia del ciudadano magistrado Eladio Aponte Aponte, la cual es de fecha 11-12-06. Sentencia Nº 546, en la que se deja por sentado lo siguiente:

Con respecto al delito de robo agravado, la Sala de Casación Penal ha establecido, lo siguiente:
…. “El robo agravado es un delito complejo y es considerado como uno de los delitos más ofensivos y graves, debido a la violación de los derechos de libertad, de propiedad, y en ciertos casos, el derecho a la vida, tomando esta ultima como el máximo bien jurídico. Es evidente que este delito atenta contra las condiciones de existencia y buen desarrollo de la sociedad, es por lo que no debe interpretarse tan sólo gramaticalmente, sino ver mis allá de los escrito, y determinar que el bien jurídico protegido al perseguir el delito de robo es el de proteger a los ciudadanos en su derecho a la propiedad, libertad individual, integridad física y la vida misma, aunado a la característica principal del delito, como el animo de lucro sobre una o varias cosas muebles ajenas.”

En este sentido, del análisis realizado al escrito interpuesto por la Defensora Publica Tercera Penal Ordinario e Indígena Wayuu, adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Zulia, Dra. MARLIN OSORIO MACHADO, en su actuando en su carácter de Defensora del acusado JAIDER MANUEL BOLÌVAR GUERRERO, cabe destacar y es necesario señalar que la presente causa actualmente se encuentra en etapa de juzgamiento, ello es, que nos encontramos en la fase de juicio, etapa en la cual de conformidad con lo previsto en el artículo 338 del Código Orgánico Procesal Penal, instalada la audiencia pública y desarrollada ésta en forma oral, el Tribunal recepcionará las pruebas; y siendo que es en la audiencia oral y no en otra ocasión en la cual las partes tendrán la oportunidad de realizar sus alegatos y argumentaciones lo mismo que el Tribunal durante el contradictorio de escuchar las declaraciones de las víctimas, expertos, acusados y testigos; por lo que no puede pretender la Defensa, bajo el argumento de que ha desaparecido el peligro de fuga, el cual esta contenido en el artículo 251 del Código Adjetivo Penal, y por ello que se le acuerde a su defendido una medida cautelar en sustitución a la medida de privación a la que actualmente se encuentra sometido su defendido.

Hay que tomar muy en cuenta lo dispuesto en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone lo siguiente:
… “Artículo 251. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3. La magnitud del daño causado;
4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5. La conducta predelictual del imputado.
Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años.
En este supuesto, el fiscal del Ministerio Público, y siempre que concurran las circunstancias del artículo 250, deberá solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. A todo evento, el Juez podrá, de acuerdo a las circunstancias, que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición fiscal e imponer al imputado una medida cautelar sustitutiva. La decisión que se dicte podrá ser apelada por el Fiscal o la víctima, se haya o no querellado, dentro de los cinco días siguientes a su publicación.
Parágrafo Segundo: La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado constituirán presunción de fuga, y motivarán la revocatoria, de oficio a petición de parte, de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado…”

Igualmente el artículo 252 del Código Adjetivo Penal, reza lo siguiente:
“Artículo 252. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado:
1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción;
2. Influirá para que coimputados, testigos, víctimas, o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia…”

Considera quien aquí decide que, muy por el contrario a lo argumentado por la Defensa del acusado, que el peligro de fuga tiene actualmente plena vigencia, toda vez que la defensa nunca pudo demostrar el arraigo de su defendía en el país aunado al hecho de que existe formalmente una acusación en su contra por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en la cual la Fiscalía Vigésimo del Ministerio Público, ofreció medio de pruebas útiles, necesarios y pertinentes, los cuales no han variado hasta la presente fecha, siendo menester esperar la celebración del juicio oral y público que habrá de realizarse a efectos de escuchar todos y cada uno de los medios de pruebas ofrecidos tanto por el Representante Fiscal como por la Defensa, que llevarán sin lugar a dudas a un veredicto.

Por lo que encontrándose la presente causa signada con el Nª 4M-669-09, en la fase esencial en la que se desarrolla el debate entre las partes y en la que se concretan los principios de inmediación, publicidad, oralidad, concentración y continuidad, estando esta fase probatoria regida por los principios de contradicción e igualdad y que su finalidad es resolver el conflicto que dio lugar al juicio, considerando que los motivos por los cuales se fundamentó la privación Judicial Preventiva de Libertad, decretada en fecha 18-02-09, por el Juzgado de Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia de la Extensión de la Villa del Rosario, en la no han variado hasta la presente, pues tales elementos recavados en la fase de investigación y que han de debatirse en la fase oral y público, considera quien aquí decide que tales supuestos alegados por la defensa, no son suficientes para determinar si a ciencia cierta que el acusado JAIDER MANUEL BOLÌVAR GUERRERO, cumplirá con las finalidades del proceso como lo es la justicia y salvaguardar los derechos de la víctima, consagrados en los artículos 13 y 23 del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual lo ajustado a derecho en el presente caso es DECLARAR SIN LUGAR la solicitud que hiciere la Defensa y en consecuencia este Tribunal acuerda Mantener la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, decretada en la audiencia de presentación de imputados, y la cual fue realizada el día 18 de febrero de 2009, por el Juzgado de Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia de la Extensión de la Villa del Rosario, al acusado JAIDER MANUEL BOLÌVAR GUERRERO, como AUTOR, de la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Vigente, ejecutado en perjuicio del ciudadano víctima JORGE GONZALEZ GONZALEZ. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.

Por los fundamentos antes expuestos, este TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INTANCIA EN FUCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR, la solicitud interpuesta por la ciudadana Defensora Pública Tercera Penal Ordinario e Indígena Wayuu, adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Zulia, Dra. MARLIN OSORIO MACHADO, en su actuando en su carácter de Defensora del acusado JAIDER MANUEL BOLÌVAR GUERRERO, como AUTOR, de la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Vigente, ejecutado en perjuicio del ciudadano víctima JORGE GONZALEZ GONZALEZ. Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal.
Regístrese la presente decisión y Notifíquese. CUMPLASE.-
LA JUEZ CUARTA DE JUICIO SUPLENTE ENCARGADA

DRA. LAURA VILCHEZ RIOS

LA SECRETARIA,

ABG. VERONICA VALBUENA VERA.

En la misma fecha, se registró la presente Decisión bajo el Nº 109-09 en el libro de decisiones llevado por este tribunal en el presenté año.
LA SECRETARIA,

ABG. VERONICA VALBUENA VERA.

CAUSA Nº 4M-669-09
LVR/laura.-