TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
EXTENSION SANTA BARBARA DE ZULIA

Santa Bárbara de Zulia, 02 de Octubre de 2009.-
199° y 150°

AUTO ACORDANDO NEGAR LA ENTREGA DEL VEHÍCULO
SOLICITADO Y REMITIR ACTUACIONES A FISCALIA

Causa N° C01-15901-09 Decisión N ° 1197-09
Investigación Fiscal: 24- F16-0880-09

Vista la solicitud interpuesta por el ciudadano Abogado JESUS ALEXANDER ROSALES CORTEZ, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 68.803, actuando en representación del ciudadano YORVIS ANTONIO ANGARITA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.689.711, y domiciliado en el Municipio Colón del Estado Zulia, según Poder Especial autenticado en fecha 02 de Julio de 2009, ante la Notaría Pública de Santa Bárbara, estado Zulia, inserto bajo el N° 25, tomo 5LP, de los libros de Autenticaciones llevados en esa Notaría; en la cual requiere la entrega del Vehículo: MARCA: FORD; COLOR: BLANCO; PLACAS: 85M-AAK; SERIAL DE CARROCERIA: SYTKF37S878A28899; TIPO: CHASIS; CLASE: CAMIÓN; USO: CARGA, este Tribunal para Decidir observa:

De las actas que integran la presente investigación se aprecian los siguientes elementos:
• Acta Policial de fecha 01/058/2009, practicada por funcionarios de la Guardia Nacional, quienes dejaron constancia de la retención del vehículo MARCA: FORD; MODELO: F-350; COLOR: BLANCO; PLACAS: 85M-AAK; conducido por el ciudadano RENZO JOSÉ ALVAREZ MONTIEL, titular de la Cédula de Identidad N°: V- 21.227.535, que al realizar la inspección se observaron presuntas irregularidades en los seriales del vehículo, quedando detenido dicho ciudadano por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación.

• Experticia de reconocimiento de fecha 02 de Junio de 2009, mediante la cual el funcionario S2. (GNB) VERGARA BAUTISTA DANNY JAVIER, adscrito a la Segunda Compañía, Destacamento de Fronteras N° 32, del Comando Regional N° 3 de la Guardia Nacional Bolivariana, verificó el certificado de registro del vehículo identificado en actas, resultando el mismo FALSO.

• Experticia de reconocimiento de fecha 03 de Junio de 2009, practicada por el funcionario S2. (GNB) VERGARA BAUTISTA DANNY JAVIER, adscrito a la Segunda Compañía, Destacamento de Fronteras N° 32, del Comando Regional N° 3 de la Guardia Nacional Bolivariana, al vehículo ya identificado, la cual arrojó como resultado: 1) Que el serial de carrocería VIN se determina FALSO Y SUPLANTADO. 2) Que el serial de carrocería DASH PANEL se determina FALSO Y SUPLANTADO. 3) Que el serial del CHASIS esta FALSO Y ALTERADO. 4) Que el serial de COMPACTO esta FALSO Y ALTERADO. 5) Que el serial del MOTOR esta FALSO Y ALTERADO.

• Documento de compra venta de JOSE GUSTAVO MÉNDEZ CONTRERAS al ciudadano YORVIS ANTONIO ANGARITA, emanado de la Notaría Pública de santa Bárbara, Estado Zulia.

Ahora bien, considera ésta Juzgadora necesario traer a colación normas constitucionales de impretermitible cumplimiento y consideración al momento de emitir algún pronunciamiento en relación a la propiedad.

El Artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone textualmente:

“Se garantiza el derecho de Propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La Propiedad será sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

Analizadas las anteriores actuaciones, el tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones jurídicas procesales:

El Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, en su artículo 117, dispone.

“Se procederá a la retención de los vehículos por parte de las autoridades competentes del tránsito y transporte terrestre, en sus respectivas circunscripciones, cuando se verifiquen los siguientes supuestos:
1. Cuando el vehículo circule en condiciones evidentes de inseguridad y mal funcionamiento.
2. Cuando el conductor no porte documento alguno que permita la identificación del vehículo.
3. Cuando el vehículo circule sin sus correspondientes placas identificadoras.
4. Cuando el vehículo se encuentre actualmente involucrado en accidentes de tránsito terrestre con personas lesionadas o fallecidas.
5. Cuando sea evidente la falsedad de los documentos de registro o de los seriales de identificación del vehículo
6. En los demás casos que señale la ley”.

Dispone además la parte final de la citada disposición lo siguiente:

“…cuando se trate del supuesto previsto en el numeral 5, las autoridades entregarán el vehículo a su propietario en un lapso no mayor de quince (15) días continuos, una vez descartada mediante experticia la falsedad de los documentos o de los seriales del mismo”.

En este Orden de ideas dicha norma procesal claramente establece lo que debe entenderse por derecho a la Propiedad y las formas de posible expropiación de las mismas se dejan claramente establecido que las mismas solo serán expropiadas mediante SENTENCIA FIRME y PAGO OPORTUNO DE JUSTA INDEMNIZACIÓN.
Es necesario entender que la finalidad, objeto y razón de ser del proceso penal es lograr la Justicia consagrada en la Constitución Nacional, establecida de igual manera en los artículos 26 y en el 257, que textualmente establecen:
”Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”
“Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.
La justicia solo es palpable al garantizar y ofrecerla de una manera eficaz, que le permita hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. De la misma manera dicha norma constitucional prevé la gratuidad e imparcialidad que debe garantizar el estado venezolano a través de los Tribunales de Justicia.
Las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, son potestad de decreto sólo por los Tribunales de Justicia, no así por los órganos de instrucción y titulares de la acción penal, a quienes les corresponde desarrollar las investigaciones a que haya lugar, girando las ordenes de rigor a los órganos auxiliares con la finalidad de determinar si en los hechos objeto de investigación existe o no un ilícito penal y en tal sentido proceder al dictado del acto conclusivo a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, observa esta Juzgadora que en reiteradas y vinculantes sentencias dictadas por La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en especifico (Sentencia del 13-08-01, caso José Luís Mendoza; Sentencia del 12-09-2002, caso Carmen Dolores Quintero; y Sentencia N° 1229 del 19-05-2003), se ha ratificado el concepto de lo que debe entenderse como gravamen irreparable y en ese orden de ideas manifiesta que se le causa un gravamen irreparable a la persona que solicite la entrega de un vehículo alegando ser propietaria, y se le niegue la devolución del mismo.

Pero en el caso en concreto, y muy a pesar de la existencia de los mencionados dictámenes jurisprudenciales, es de hacer notar que surgen elementos que crean la duda de quien aquí decide sobre el derecho a la propiedad, y en ese sentido, al existir una duda fundada, tal como se halla en el caso de marras, quiere decir que no existe certeza absoluta ni precisa del Juez, de los elementos que puedan comprobar el estado de legalidad del vehículo solicitado, tal y como se desprende de la Experticia de reconocimiento de fecha 02 de Junio de 2009, mediante la cual el funcionario S2. (GNB) VERGARA BAUTISTA DANNY JAVIER, adscrito a la Segunda Compañía, Destacamento de Fronteras N° 32, del Comando Regional N° 3 de la Guardia Nacional Bolivariana, quien verificó el Certificado de Registro del vehículo identificado en actas, y en donde indica que el vehículo aquí solicitado, plenamente identificado, es FALSO, por lo que mal se puede poner en circulación un vehículo en tal estado de ilegalidad. Por lo tanto, existe incertidumbre respecto a la condición que presenta dicho vehículo en relación con las disposiciones legales.

Asimismo se observa, que de las experticias practicadas todos los seriales integrantes del vehículo aparecen falsos, alterados y/o adulterados, suplantados, situación ésta que a Juicio de esta Sentenciadora, limitan la posibilidad de entrega material del bien solicitado.

Del minucioso análisis realizado por estaJuzgadora a todas las actas que corren insertas a la presente causa, se desprende que existe incertidumbre respecto a la titularidad del derecho de propiedad sobre el vehículo y en este sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 20 de Agosto de 2001, dejó establecido que:

“(Omissis)… una vez comprobada, sin que medie duda alguna, (subrayado del Tribunal) la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, el Juez deberá ordenar la entrega del vehículo correspondiente… (Omissis)”.

Estas consideraciones hacen razonar que lo Ajustado a Derecho es NEGAR la entrega Material del vehículo supra identificado al ciudadano Abogado JESUS ALEXANDER ROSALES CORTEZ, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 68.803, quien actua en representación del ciudadano YORVIS ANTONIO ANGARITA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.689.711, y domiciliado en el Municipio Colón del Estado Zulia, según Poder Especial autenticado en fecha 02 de Julio de 2009, ante la Notaría Pública de Santa Bárbara, estado Zulia, inserto bajo el N° 25, tomo 5LP, de los libros de Autenticaciones llevados en esa Notaría; por cuanto es evidente la alteración de los seriales, observando además la situación del Certificado de Registro de Vehículo el cual resultó FALSO, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 280, 311, 312, todos del Código Orgánico Procesal Penal. Es importante hacer destacar que una vez emitido por el Fiscal del Ministerio Público el acto conclusivo respectivo el solicitante puede presentar nueva solicitud. Y ASI SE DECIDE.-

Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA la entrega material del vehículo MARCA: FORD; COLOR: BLANCO; PLACAS: 85M-AAK; SERIAL DE CARROCERIA: SYTKF37S878A28899; TIPO: CHASIS; CLASE: CAMIÓN; USO: CARGA, al Ciudadano: YORVIS ANTONIO ANGARITA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.689.711, y domiciliado en el Municipio Colón del Estado Zulia, plenamente identificado, de conformidad con lo previsto en los artículos 311 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal.

Regístrese, Notifíquese y remítase la presente causa en su debida oportunidad legal. CUMPLASE.

LA JUEZ PRIMERO DE CONTROL (S)

ABOG. DONNA PIÑA D’ABREU

LA SECRETARIA,

ABOG. MAYRA BEATRIZ VILLARRUEL

En esta misma fecha se dio fiel cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión, quedando Registrada bajo el N°. 1197-09 en el Libro de Registro de Decisiones llevado por este despacho. Se libraron boletas de notificación y fueron remitidas al Departamento de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia con Oficio N° 2710-09, de fecha 02/10/2009.-

LA SECRETARIA,

ABOG. MAYRA BEATRIZ VILLARRUEL
Causa N° C01-15901-09
Decisión N ° 1197-09
Investigación Fiscal: 24-F16-0880-09.