REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL. EXTENSIÓN SANTA BÁRBARA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA EXTENSION SANTA BARBARA DE ZULIA Santa Bárbara de Zulia, 02 de Octubre de 2008.- 199° y 150° AUTO ACORDANDO NEGAR LA ENTREGA DEL VEHÍCULO SOLICITADO Y REMITIR ACTUACIONES A FISCALIA Causa N° C01-15778-09 Decisión N ° 1200-09 Investigación Fiscal: 24- F21-0306-09 Vista la solicitud interpuesta por el ciudadano CARLOS EDUARDO LISCANO UZCATEGUI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad, número V-13.013.890, y domiciliado en la urbanización Cumaraguas, Edificio N° 6, Apartamento 1-A, Punto Fijo, jurisdicción del Estado Falcón, asistido por el Abogado EDGAR ALBERTO UZCÁTEGUI DÍAZ, titular de la cédula de identidad número V-8.707.430 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 119.829; en la cual requiere la entrega del Vehículo: MARCA: FIAT; MODELO: PALIO; PLACAS: AB587JG; COLOR: GRIS; SERIAL DE CARROCERIA: 9BD47488252560072; SERIAL DEL MOTOR: 52560072; este Tribunal para Decidir observa: Por auto de fecha 14 de Agosto de 2009, este Juzgado Primero de Control ordenó oficiar a la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público, a los fines de solicitar la remisión de la causa relacionada con el vehículo solicitado. En fecha 28 de Septiembre de 2009, se recibe en este Tribunal, procedente de la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público, oficio N° 24-F21-2009-1863, mediante el cual, la ABOG. IRAIDA EUNICE RIVERA ESCOBAR, remite, constante de treinta (30) folios útiles, las actuaciones que conforman la causa relacionada con la presente solicitud, del vehículo MARCA: FIAT; MODELO: PALIO; PLACAS: AB587JG; COLOR: GRIS; SERIAL DE CARROCERIA: 9BD47488252560072; SERIAL DEL MOTOR: 52560072, sin emitir pronunciamiento alguno sobre la imprescindibilidad del mismo para proseguir con la investigación. Que formando parte de la causa remitida a este Tribunal por el Despacho Fiscal se encuentran el Acta Policial de fecha 30 de Abril de 2009, suscrita por los funcionarios adscritos a la Tercera Compañía, Destacamento de Fronteras N° 32, del Comando Regional N° 3 de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en El Batey, mediante la cual se deja constancia de la retención de referido vehículo en virtud de una de las violaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley contra el Hurto y Robo de Vehículos Automotores; y así mismo se evidencia Acta de Retención de vehículo y Notificación al Conductor, de fecha 30 de Abril de 2009, donde se describen las características del Vehículo objeto de la presente solicitud. Que a los folios ocho (08) al nueve (09) de la investigación fiscal relacionada con el presente asunto se observa EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO, realizada en fecha 03 de Mayo de 2009 al vehículo MARCA: FIAT; MODELO: PALIO; PLACAS: AB587JG; COLOR: GRIS; SERIAL DE CARROCERIA: 9BD47488252560072; SERIAL DEL MOTOR: 52560072, suscrita por funcionarios adscritos a la Tercera Compañía, Destacamento de Fronteras N° 32, del Comando Regional N° 3 de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en El Batey, en cuyas conclusiones señalan: “1.- Que el serial de de Compacto esta …… ORIGINAL; 2.- Que el serial de motor está……ORIGINAL”. Que a los folios quince (15) al dieciocho (18) de la investigación fiscal relacionada con el presente asunto, riela DOCUMENTO DE COMPRA-VENTA de CARLOS ANTONIO GUERRERO, al ciudadano CARLOS EDUARDO LISCANO UZCATEGUI, emanado de la Notaría Pública Trigésima Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital.- Que a los folios veintidós (22) al veinticuatro (24) de la investigación fiscal relacionada con el presente asunto se encuentra, EXPERTICIA DE DOCUMENTO, de fecha 08 de junio de 2009, realizada al CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHÍCULO (MINFRA), Nro. 26547891, correspondiente al vehículo descrito ut supra, suscrita por funcionarios Expertos adscritos a la Oficina de de Investigación y Experticia de Vehículo de la Tercera Compañía, Destacamento de Fronteras N° 32, del Comando Regional N° 3 de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en El Batey, en cuyas conclusiones señalan: “A.- Que la evidencia recibida para el estudio (…) según su naturaleza ES FALSO del organismo emisor (MINFRA) Ministerio de Transporte de Comunicaciones, del año 2008”. “B.- El presente documento se considera en cuanto a papel utilizado como FALSO”. “C.- El presente documento se considera en cuanto al llenado de datos utilizad como FALSO”. Que al folio veinticinco (25) de la investigación fiscal relacionada con el presente asunto, riela constante de un (1) folio útil, el original del CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHÍCULO, N° 26547891, emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, hoy Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, el día 11 de Julio de 2008, a nombre de: CARLOS ANTONIO GUERRERO, y correspondiente al vehículo MARCA: FIAT; MODELO: PALIO; PLACAS: AB587JG; COLOR: GRIS; SERIAL DE CARROCERIA: 9BD47488252560072; SERIAL DEL MOTOR: 52560072, con Número de Autorización: 7845FT689547. Que el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal establece: “Devolución de objetos. El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el Fiscal si la demora le es imputable…” Por su parte el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, señala: “Duración. El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera .Pasados seis meses desde la individualización del imputado, éste podrá requerir al Juez de control la fijación de un plazo prudencial, no menor de treinta días ni mayor de ciento veinte días para la conclusión de la investigación….” Ahora bien, considera ésta Juzgadora necesario traer a colación normas constitucionales de impretermitible cumplimiento y consideración al momento de emitir algún pronunciamiento en relación a la propiedad. El Artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone textualmente: “Se garantiza el derecho de Propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La Propiedad será sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. Analizadas las anteriores actuaciones, el tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones jurídicas procesales: El Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, en su artículo 117, dispone. “Se procederá a la retención de los vehículos por parte de las autoridades competentes del tránsito y transporte terrestre, en sus respectivas circunscripciones, cuando se verifiquen los siguientes supuestos: 1. Cuando el vehículo circule en condiciones evidentes de inseguridad y mal funcionamiento. 2. Cuando el conductor no porte documento alguno que permita la identificación del vehículo. 3. Cuando el vehículo circule sin sus correspondientes placas identificadoras. 4. Cuando el vehículo se encuentre actualmente involucrado en accidentes de tránsito terrestre con personas lesionadas o fallecidas. 5. Cuando sea evidente la falsedad de los documentos de registro o de los seriales de identificación del vehículo 6. En los demás casos que señale la ley”. Dispone además la parte final de la citada disposición lo siguiente: “…cuando se trate del supuesto previsto en el numeral 5, las autoridades entregarán el vehículo a su propietario en un lapso no mayor de quince (15) días continuos, una vez descartada mediante experticia la falsedad de los documentos o de los seriales del mismo”. En este Orden de ideas dicha norma procesal claramente establece lo que debe entenderse por derecho a la Propiedad y las formas de posible expropiación de las mismas se dejan claramente establecido que las mismas solo serán expropiadas mediante SENTENCIA FIRME y PAGO OPORTUNO DE JUSTA INDEMNIZACIÓN. Es necesario entender que la finalidad, objeto y razón de ser del proceso penal es lograr la Justicia consagrada en la Constitución Nacional, establecida de igual manera en los artículos 26 y en el 257, que textualmente establecen: ”Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” “Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. La justicia solo es palpable al garantizar y ofrecerla de una manera eficaz, que le permita hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. De la misma manera dicha norma constitucional prevé la gratuidad e imparcialidad que debe garantizar el estado venezolano a través de los Tribunales de Justicia. Las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, son potestad de decreto sólo por los Tribunales de Justicia, no así por los órganos de instrucción y titulares de la acción penal, a quienes les corresponde desarrollar las investigaciones a que haya lugar, girando las ordenes de rigor a los órganos auxiliares con la finalidad de determinar si en los hechos objeto de investigación existe o no un ilícito penal y en tal sentido proceder al dictado del acto conclusivo a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, observa esta Juzgadora que en reiteradas y vinculantes sentencias dictadas por La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en especifico (Sentencia del 13-08-01, caso José Luís Mendoza; Sentencia del 12-09-2002, caso Carmen Dolores Quintero; y Sentencia N° 1229 del 19-05-2003), se ha ratificado el concepto de lo que debe entenderse como gravamen irreparable y en ese orden de ideas manifiesta que se le causa un gravamen irreparable a la persona que solicite la entrega de un vehículo alegando ser propietaria, y se le niegue la devolución del mismo. Pero en el caso en concreto, y muy a pesar de la existencia de los mencionados dictámenes jurisprudenciales, es de hacer notar que surgen elementos que crean la duda de quien aquí decide sobre el derecho a la propiedad, y en ese sentido, al existir una duda fundada, tal como se halla en el caso de marras, quiere decir que no existe certeza absoluta ni precisa del Juez, de los elementos que puedan comprobar el estado de legalidad del vehículo solicitado, tal y como se desprende de la Experticia de reconocimiento de fecha 08 de junio de 2009, realizada al CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHÍCULO (MINFRA), Nro. 26547891, correspondiente al vehículo descrito ut supra, suscrita por funcionarios Expertos adscritos a la Oficina de de Investigación y Experticia de Vehículo de la Tercera Compañía, Destacamento de Fronteras N° 32, del Comando Regional N° 3 de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en El Batey, y en donde indica que el Certificado del vehículo aquí solicitado, plenamente identificado, es FALSO, por lo que mal se puede poner en circulación un vehículo en tal estado de ilegalidad. Por lo tanto, existe incertidumbre respecto a la condición que presenta dicho vehículo en relación con las disposiciones legales. Del minucioso análisis realizado por esta Juzgadora a todas las actas que corren insertas a la presente causa, se desprende que existe incertidumbre respecto a la titularidad del derecho de propiedad sobre el vehículo y en este sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 20 de Agosto de 2001, dejó establecido que: “(Omissis)… una vez comprobada, sin que medie duda alguna, (subrayado del Tribunal) la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, el Juez deberá ordenar la entrega del vehículo correspondiente… (Omissis)”. Estas consideraciones hacen razonar que lo Ajustado a Derecho es NEGAR la entrega Material del vehículo supra identificado al ciudadano CARLOS EDUARDO LISCANO UZCATEGUI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad, número V-13.013.890, y domiciliado en la urbanización Cumaraguas, Edificio N° 6, Apartamento 1-A, Punto Fijo, jurisdicción del Estado Falcón; por cuanto es evidente la situación del Certificado de Registro de Vehículo el cual resultó FALSO, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 280, 311, 312, todos del Código Orgánico Procesal Penal. Es importante hacer destacar que una vez emitido por el Fiscal del Ministerio Público el acto conclusivo respectivo el solicitante puede presentar nueva solicitud. Y ASI SE DECIDE.- Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA la entrega material del vehículo MARCA: FORD; COLOR: BLANCO; PLACAS: 85M-AAK; SERIAL DE CARROCERIA: SYTKF37S878A28899; TIPO: CHASIS; CLASE: CAMIÓN; USO: CARGA, al Ciudadano: CARLOS EDUARDO LISCANO UZCATEGUI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad, número V-13.013.890, y domiciliado en la urbanización Cumaraguas, Edificio N° 6, Apartamento 1-A, Punto Fijo, jurisdicción del Estado Falcón, plenamente identificado, de conformidad con lo previsto en los artículos 311 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, Notifíquese y remítase la presente causa en su debida oportunidad legal. CUMPLASE. LA JUEZ PRIMERO DE CONTROL (S) ABOG. DONNA ELENA PIÑA D’ABREU LA SECRETARIA, ABOG. MAYRA BEATRIZ VILLARRUEL En esta misma fecha se dio fiel cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión, quedando Registrada bajo el N°. 1200-09 en el Libro de Registro de Decisiones llevado por este despacho. Se libraron boletas de notificación y fueron remitidas al Departamento de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia con Oficio N° 2714-09, de fecha 02/10/2009.- LA SECRETARIA, ABOG. MAYRA BEATRIZ VILLARRUEL Causa N° C01-15778-09 Decisión N ° 1200-09 Investigación Fiscal: 24-F16-0880-09.