TSJ Regiones - Decisión

Maracaibo, diecinueve (19) de octubre de 2009
199º y 150º

CAUSA 2C-2118-07 SENTENCIA Nº 53-09

SENTENCIA POR ADMISION DE LOS HECHOS

Visto que en la oportunidad de la celebración de la Audiencia Preliminar celebrada en la presente causa en fecha trece (13) de octubre de 2009, el joven adulto (NOMBRE OMITIDO EN APLICACION DEL ARTICULO 545 DE LA LOPNNA), una vez que este Tribunal admitiera la acusación presentada en su contra, así como las pruebas propuestas por la Fiscalía del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, admitió los hechos que se le imputaron, por lo que de acuerdo al artículo 578, literal “f” eiusdem, se procedió a imponer de inmediato la sanción por su conducta tomándose en cuenta las pautas establecidas en el artículo 622 eiusdem, se pasa de seguidas a dictar la sentencia in extenso, con su debida motivación de acuerdo a las previsiones del artículo 604 del mismo instrumento normativo y dentro del lapso legal previsto en el artículo 605 eiusdem.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

ACUSADO: (NOMBRE OMITIDO EN APLICACION DEL ARTICULO 545 DE LA LOPNNA), venezolano, de 19 años de edad, titular de la Cédula de Identidad No. (SE OMITE), natural de Maracaibo, nacido en fecha 29-06-2009, hijo de NORMA NUÑEZ, residenciado (SE OMITE).

DELITO: Autor en el delito de POSESIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

VICTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO.

FISCAL: AGB. OSCAR CASTILLO, Fiscal (T) Trigésimo Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia especializada en Responsabilidad Penal del Adolescente.

DEFENSA PUBLICA: Abg. OMAR ARTEAGA, Defensor Público Nº 1, adscrito a la Unidad de la Defensa Pública de este Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con competencia especializada en Responsabilidad Penal del Adolescente.

HECHOS OBJETO DE LA ACUSACIÓN FISCAL

Según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía del Ministerio Público, el cual corre inserto desde el folio dieciocho (18) al veintitrés (23) del expediente, los hechos que se le imputan al joven adulto acusado, ocurrieron el día doce (12) de Mayo de 2007, siendo aproximadamente las 8:30 de la coche, cuando los funcionarios S12. (GNB) OLIVAR MARQUEZ JOSE, C/1 (GNB) PAVON AVENDAÑO C/2DO. (GNB) MENDOZA LUZARDO y C/2DO. (GNB) GUERRRO PEREIRA YIMMI, efectivos militares adscritos a la Primera Compañía del Destacamento Nº 35, de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, se encontraban realizando patrullaje de seguridad ciudadana, ubicándose por la avenida principal Negro Primero, a dos cuadras antes de llegar a la cancha de usos múltiples de la Parroquia Domitila Flores del Municipio San Francisco del Estado Zulia, cuando observaron a un ciudadano que transitaba por el referido sector, quien vestía un pantalón tipo blue jean, con un suéter de color naranja, con el logotipo de soccer, una gorra azul y unas gomas blancas, el mismo al notar la presencia de la comisión, adoptó una conducta sospechosa tratando de evadir la misma, empezando a correr, siendo que los funcionarios lograron su detención a escasos metros del sitio, procediendo a la identificación del ciudadano, quien dijo ser y llamarse (NOMBRE OMITIDO EN APLICACION DEL ARTICULO 545 DE LA LOPNNA), indocumentado de dieciséis (16) años de edad para ese momento, por lo cual le informaron que se le efectuaría una inspección personal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, localizándole en la pretina del pantalón, un (01) envoltorio forrado de un material sintético tipo cebollita, contentivo en su interior de restos vegetales de color marrón de olor fuerte y penetrante de presunta droga de la denominada marihuana, con un peso aproximado de cinco (5) gramos, restos vegetales que como lo indica la experticia No. 9700-135-DT-1088, realizada por los expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, posteriormente se determinó se trataba de CANNABIS SATIVA LINNE (MARIHUANA), con un peso de neto de 4,00gramos, por lo que los funcionarios actuantes procedieron a la imposición de los derechos ciudadanos consagrados en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al hoy joven adulto, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, practicaron la detención preventiva del mismo.

Así, para sustentar su acusación la Fiscalía del Ministerio Público presentó en contra del joven adulto (NOMBRE OMITIDO EN APLICACION DEL ARTICULO 545 DE LA LOPNNA), como elementos de convicción, los siguientes:

ACTA DE INVESTIGACION PENAL N° CR3-D35-1RA.CIA-SIP: 497, de fecha 12 de Mayo de 2007, suscrita por el S/2. (GNB) OLIVAR MARQUEZ JOSE, C/1 (GNB) PAVON AVENDAÑO C/2DO. (GNB) MENDOZA LUZARDO y C/2DO. (GNB) GUERRRO PEREIRA YIMMI, adscritos a la Primera Compañía del Destacamento Nº 35 de la Guardia Nacional, donde constan las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se produjo la detención del acusado de autos, destacando que la misma la motivó el que luego de practicarle una inspección corporal, los funcionarios aprehensores, le incautaron en la pretina del pantalón, un (01) envoltorio forrado de un material sintético tipo cebollita, contentivo en su interior de restos vegetales de color marrón de olor fuerte y penetrante de presunta droga de la denominada marihuana, con un peso aproximado de cinco (5) gramos, restos vegetales que como lo indica la experticia No. 9700-135-DT. 1088 realizada por los expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, resultó ser CANNABIS SATIVA LINNE (MARIHUANA), con un peso de neto de 4,00gramos.

DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS QUE SE ESTIMAN ACREDITADOS

Examinadas como han sido exhaustivamente las actas procesales y la admisión de hechos efectuada por el imputado, así como los elementos de convicción presentados por la Representación Fiscal para fundar su acusación, este Tribunal da por acreditado que el día doce (12) de Mayo de 2007, siendo aproximadamente las 8:30 de la coche, cuando los funcionarios S12. (GNB) OLIVAR MARQUEZ JOSE, C/1 (GNB) PAVON AVENDAÑO C/2DO. (GNB) MENDOZA LUZARDO y C/2DO. (GNB) GUERRRO PEREIRA YIMMI, efectivos militares adscritos a la Primera Compañía del Destacamento Nº 35, de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, se encontraban realizando patrullaje de seguridad ciudadana, ubicándose por la avenida principal Negro Primero, a dos cuadras antes de llegar a la cancha de usos múltiples de la Parroquia Domitila Flores del Municipio San Francisco del Estado Zulia, cuando observaron a un ciudadano que transitaba por el referido sector, quien vestía un pantalón tipo blue jean, con un suéter de color naranja, con el logotipo de soccer, una gorra azul y unas gomas blancas, el mismo al notar la presencia de la comisión, adoptó una conducta sospechosa tratando de evadir la misma, empezando a correr, siendo que los funcionarios lograron su detención a escasos metros del sitio, procediendo a la identificación del ciudadano, quien dijo ser y llamarse (NOMBRE OMITIDO EN APLICACION DEL ARTICULO 545 DE LA LOPNNA), indocumentado de dieciséis (16) años de edad para ese momento, por lo cual le informaron que se le efectuaría una inspección personal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, localizándole en la pretina del pantalón, un (01) envoltorio forrado de un material sintético tipo cebollita, contentivo en su interior de restos vegetales de color marrón de olor fuerte y penetrante de presunta droga de la denominada marihuana, con un peso aproximado de cinco (5) gramos, restos vegetales que como lo indica la experticia No. 9700-135-DT-1088, realizada por los expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, posteriormente se determinó se trataba de CANNABIS SATIVA LINNE (MARIHUANA), con un peso de neto de 4,00gramos, por lo que los funcionarios actuantes procedieron a la imposición de los derechos ciudadanos consagrados en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al hoy joven adulto, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, practicaron la detención preventiva del mismo.

CIRCUNSTANCIA DE HECHO Y DE DERECHO DE ESTA DECISION

Para acreditar los hechos tal como antes quedaron establecidos, se contó en primer lugar con la admisión de hechos que de forma voluntaría, sin coacción y con pleno conocimiento de sus derechos efectuó el acusado de autos, quien no rebatió en modo alguno los hechos expuestos por la Representación Fiscal en su acusación sino que por el contrario, los admitió.

En este sentido, dicha admisión se vio sustentada a su vez, por todos los elementos de convicción presentados por la Fiscalía en contra del mismo para fundamentar su acusación, todo lo cual fue suficientemente relacionado supra y lleva al total convencimiento de esta juzgadora, de que efectivamente los hechos sucedieron tal como quedaron anteriormente establecidos, es decir resumiendo que el día doce (12) de Mayo de 2007, siendo aproximadamente las 8:30 de la coche, cuando los funcionarios S12. (GNB) OLIVAR MARQUEZ JOSE, C/1 (GNB) PAVON AVENDAÑO C/2DO. (GNB) MENDOZA LUZARDO y C/2DO. (GNB) GUERRRO PEREIRA YIMMI, efectivos militares adscritos a la Primera Compañía del Destacamento Nº 35, de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, se encontraban realizando patrullaje de seguridad ciudadana, ubicándose por la avenida principal Negro Primero, a dos cuadras antes de llegar a la cancha de usos múltiples de la Parroquia Domitila Flores del Municipio San Francisco del Estado Zulia, al efectuarle una inspección personal al acusado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, le localizaron en la pretina del pantalón, un (01) envoltorio forrado de un material sintético tipo cebollita, contentivo en su interior de restos vegetales de color marrón de olor fuerte y penetrante de presunta droga de la denominada marihuana, con un peso aproximado de cinco (5) gramos, restos vegetales que posteriormente se determinó mediante experticia botánica, que se trataba de CANNABIS SATIVA LINNE (MARIHUANA), con un peso de neto de 4,00gramos.

Al respecto, lo antes planteado lleva a que se de por acreditada la ocurrencia y la autoría del joven adulto de la comisión del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y lleva a que se concluya que la conducta desplegada por el joven adulto (NOMBRE OMITIDO EN APLICACION DEL ARTICULO 545 DE LA LOPNNA), sea merecedor de una sanción penal, como efectivamente en capítulo aparte se procederá a imponer.

Así, en relación a la calificación jurídica dada a los hechos acreditados por este Tribunal, se tiene que el artículo 34 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, dispone lo siguiente:

“El que ilícitamente posea las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o sus mezclas o los químicos esenciales a que se refiere esta Ley, con fines distintos a los previstos en los artículos 3, 31 y 32 de esta Ley, y al de consumo personal establecido en el artículo 70, será penado con prisión de uno a dos años. A los efectos de la posesión se apreciará la detentación de una cantidad de hasta dos gramos para los casos de posesión de cocaína y sus derivados, compuestos o mezclas con uno o varios ingredientes; y hasta veinte gramos, para los casos de cannabis sativa, que se encuentre sobre su cuerpo o bajo su poder o control para disponer de ella, para lo cual el juez determinará, utilizando la máxima experiencia de expertos como referencia, lo que pueda constituir una dosis personal de la sustancia detentada para una persona media. No se considerará bajo ninguna circunstancia, a los efectos de determinar el delito de posesión, aquellas cantidades que se detenten como pretexto de previsión o provisión que sobrepasen lo que podría ser teóricamente una dosis personal. En ningún caso se considerará el grado de pureza de las mismas. (resalado del Tribunal).

Ahora bien, en este caso, estamos en presencia de todos y cada uno de los elementos del delito, a saber:

La acción, entendida como conducta humana, positiva o negativa, que produce un cambio en el mundo exterior y que configura el ilícito penal que se le imputa al adolescente, la cual se haya representada por la conducta desplegada por (NOMBRE OMITIDO EN APLICACION DEL ARTICULO 545 DE LA LOPNNA), de haberse encontrado en poder de un (01) envoltorio forrado de un material sintético tipo cebollita, contentivo en su interior de restos vegetales de color marrón de olor fuerte y penetrante de presunta droga de la denominada marihuana, con un peso aproximado de cinco (5) gramos, restos vegetales que posteriormente se determinó mediante experticia botánica, que se trataba de CANNABIS SATIVA LINNE (MARIHUANA), con un peso de neto de 4,00gramos.

En este sentido, lo antes planteado, es indicativo de que el joven adulto acusado es AUTOR del delito imputado, pues él directamente ejecutó la acción propia del hecho que se le imputa, es decir, poseer ilícitamente una cantidad de sustancia que de acuerdo a la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, está prohibido portar, tener, poseer bajo control para disponer de ella.

La tipicidad, o relación de perfecta adecuación, de total conformidad, entre un acto de la vida real y un tipo penal, ya que la acción antes descrita, y que fue desplegada por el joven adulto, encuadra perfectamente en la norma de la ley especial de la materia, es decir, el artículo 34 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Por lo que respecta a la antijuricidad, es decir la relación de contradicción o contraste entre el acto de la vida real y las normas objetivas del derecho positivo vigente, que según Arteaga, A. (2001). Derecho Penal venezolano. 9na. Ed. Mc Graw Hill. Caracas Venezuela., se concreta con la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos por la norma, también está presente en este caso, ya que con la acción desplegada por el acusado, se vio afectada la salud pública, lo cual, por la naturaleza de este delito, no puede pensarse que se haya desplegado en legitima defensa, estado de necesidad, etc., de manera que la acción del mismo pueda verse justificada, quitándole su antijuricidad.

La Imputabilidad o conjunto de condiciones físicas y psíquicas, de salud y madurez mental, legalmente necesarias para que a una persona le sea atribuido el acto típicamente antijurídico que ha ejecutado, se observa que para el momento de los hechos el acusado era mayor de doce años, por lo de conformidad con el artículo 531 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, responde penalmente por la comisión de cualquier delito que se le impute y por el cual se demuestre su autoría o participación, siendo que no fue alegada a su favor, que éste padeciera de alguna enfermedad mental que lo hubiera privado del juicio para tener conciencia de la acción que libremente admitió había desplegado.

La culpabilidad o conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal del acto típicamente antijurídico, o como manifiesta Arteaga, A, ibidem, juicio de reproche personal que se dirige al sujeto por haber violado con un determinado comportamiento psicológico los deberes que le impone el ordenamiento jurídico penal, tendente a regular la vida social, que hace necesaria una referencia a la voluntad del sujeto, quedó establecida con la admisión de hechos del acusado, adminiculada con los elementos de convicción presentados por la Fiscalía para sustentar su acusación, lo que no deja lugar a dudas que el mismo es culpable en la comisión del delito que se le imputó.

Finalmente, nos encontramos que en el presente caso está presente la punibilidad, o sanción legal que acarrea la acción desplegada por el acusado, la cual en el proceso penal de los adolescente, debe ser determinada por el juez de acuerdo a las pautas establecidas en el artículo 622 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y de acuerdo al artículo 620 eiusdem, puede traducirse en amonestación, imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad asistida, semi-libertad y privación de libertad.

DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

Establece la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que el denominador común de todas las sanciones contenidas en dicha Ley, es su finalidad primordialmente educativa; y en tal sentido, partiendo del reconocimiento de que la legislación penal versa sobre conductas y aplicación de sanciones proporcionales a quien las ejecuta, dentro del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes deben tenerse en cuenta los principios orientadores de las mismas, vale decir, el respeto a los derechos humanos, la formación integral del adolescente y su adecuada convivencia familiar y social; y para ello es necesario considerar las pautas para la determinación y aplicación de las sanciones, según lo previsto en los artículos 621 y 622 de dicha Ley; por lo que, en atención al contenido de las indicadas normas, este órgano jurisdiccional observa:

En cuanto al literal “a”, referida a la comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado, lo que implica la determinación de cual fue la acción desplegada por el adolescente, para este Tribunal, como consecuencia de la admisión de los hechos realizada por el joven adulto (NOMBRE OMITIDO EN APLICACION DEL ARTICULO 545 DE LA LOPNNA), sustentada con los elementos de convicción presentados por la Fiscalía del Ministerio Público en su acusación, se da por demostrado que el el día doce (12) de Mayo de 2007, siendo aproximadamente las 8:30 de la coche, cuando los funcionarios S12. (GNB) OLIVAR MARQUEZ JOSE, C/1 (GNB) PAVON AVENDAÑO C/2DO. (GNB) MENDOZA LUZARDO y C/2DO. (GNB) GUERRRO PEREIRA YIMMI, efectivos militares adscritos a la Primera Compañía del Destacamento Nº 35, de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, se encontraban realizando patrullaje de seguridad ciudadana, ubicándose por la avenida principal Negro Primero, a dos cuadras antes de llegar a la cancha de usos múltiples de la Parroquia Domitila Flores del Municipio San Francisco del Estado Zulia, al efectuarle una inspección personal al acusado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, le localizaron en la pretina del pantalón, un (01) envoltorio forrado de un material sintético tipo cebollita, contentivo en su interior de restos vegetales de color marrón de olor fuerte y penetrante de presunta droga de la denominada marihuana, con un peso aproximado de cinco (5) gramos, restos vegetales que posteriormente se determinó mediante experticia botánica, que se trataba de CANNABIS SATIVA LINNE (MARIHUANA), con un peso de neto de 4,00gramos.

Lo anterior, permite concluir, que en este caso se configuró el delito de POSESIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, al tener la conducta desplegada por acusado, una perfecta adecuación en los presupuestos de la norma contentiva del tipo penal que se le imputó, tal como supra se explicara al tratarse el punto de la calificación jurídica de los hechos, lo que se da aquí por reproducido, todo lo cual produjo un daño, ya que se afectó el bien jurídico tutelado por la norma, es decir, la salud pública.

En cuanto al literal “b”, atinente a la comprobación de que el adolescente ha participado en el hecho delictivo, como consecuencia de la admisión de hechos efectuada por el acusado de autos al momento de celebrarse la audiencia preliminar, en pleno conocimiento de sus derechos legales y constitucionales, en especial de que de admitir los hechos estaba renunciando al derecho de ser considerado inocente, así como a que se le realizara un juicio justo, admisión de hechos que se encontró reforzada con los elementos de convicción que presentó la Fiscalía en contra del mismo para sustentar su acusación, de las cuales destaca la experticia botánica practicada a los restos vegetales incautados al imputado, la cual arrojó que se trataba de CANNABIS SATIVA LINNE (MARIHUANA), con un peso de neto de 4,00gramos, ha quedado totalmente demostrada la participación del joven adulto (NOMBRE OMITIDO EN APLICACION DEL ARTICULO 545 DE LA LOPNNA), en el hecho delictivo cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, en calidad de AUTOR, ya que el mismo fue detenido en poder (01) envoltorio forrado de un material sintético tipo cebollita, contentivo en su interior de restos vegetales de color marrón de olor fuerte y penetrante de presunta droga de la denominada marihuana, con un peso aproximado de cinco (5) gramos, aspecto éste que también fue abordado cuando se trató el punto de la calificación jurídica dada a los hechos por el Tribunal.

En cuanto al literal “c”, referido a la naturaleza y gravedad de los hechos, debe ser considerado en el caso de estudio, ya que los hechos cuya comisión admitió el joven adulto causó daño, en virtud de que la acción que realizó atentó contra la salud pública de la colectividad en general, razón por la cual, la conducta asumida por el joven adulto (NOMBRE OMITIDO EN APLICACION DEL ARTICULO 545 DE LA LOPNNA), constituye un ilícito penal representado por acciones negativas que dan lugar al establecimiento de sanciones de acuerdo a la legislación penal venezolana.

En cuanto al literal “d”, referido al grado de responsabilidad del adolescente, debe señalarse, que ésta se haya representada por la acción del imputado de haber estado en poder de un envoltorio que tenía restos vegetales que luego de ser experticiados resultó ser CANNABIS SATIVA LINNE (MARIHUANA), con un peso de neto de 4,00gramos, todo lo cual hace que no haya dudas de su participación como AUTOR en el delito imputado, al haber ejecutado directamente la acción configurativa del delito que se le atribuyó, afectando y poniendo en riesgo con su acción, la salud pública de toda la colectividad, lo que lo hace penalmente responsable por ello.

En cuanto al literal “e” referente a la proporcionalidad e idoneidad de la medida, merece especial consideración, por cuanto dada la finalidad que persiguen las sanciones impuestas al adolescente, han de observarse al momento de su determinación, principios de proporcionalidad e idoneidad.

En base a ello, se observa que el Ministerio Público solicitó como sanción para el joven adulto de autos, la medida de SERVICIOS A LA COMUNIDAD con un plazo de cumplimiento de SEIS (06) MESES. La defensa por su parte, solicitó se le impusiera a su defendido la medida de sanción y se aplicara la rebaja de ley conforme al artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Al respecto, tomando en cuenta la admisión de hechos expresada por el joven adultos de autos, debe este Tribunal considerar lo peticionado por el Representante Fiscal a la luz de los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad como elementos necesarios para la selección de las sanciones a imponer, tomando en cuenta la finalidad particular de cada una de ellas, considerando que la medida de SERVICIOS A LA COMUNIDAD, contenida en el artículo 625 de nuestra ley especial, supone el cumplimiento de tareas de interés general que el adolescente debe realizar en forma gratuita, en criterio de esta juzgadora, dicha medida es adecuada para este caso en concreto, atendiendo a la naturaleza y gravedad de los hechos que fueron admitidos y las sanciones solicitadas, bajo la forma indicada en la audiencia preliminar celebrada, ya que con esta la colectividad en general, se verá beneficiada por la misma persona que al realizar la conducta que admitiera, puso en riesgo la salud pública en general.

En cuanto al literal “f”, atinente a la edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida, observa esta Juzgadora que se trata de un joven adulto de 19 años de edad, vale decir, con total grado de desarrollo y madurez, quien ha estado en total conocimiento del presente proceso penal desde su inicio, por cuanto fue presentado ante este órgano de control como consecuencia de su detención, quedando sujeto a la medida cautelar contenida en el artículo 582, literales “C” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

En consecuencia, la asistencia del acusado a la audiencia preliminar, previa información de su situación jurídica y de la acusación interpuesta en su contra, así como la admisión de hechos expresada por éste, con explicación inicial de las consecuencias que de la misma se derivan, permite concluir que comprende plenamente el alcance de su actuación infractora de la ley penal, y que está en capacidad de cumplir la medida sancionatoria que ha sido seleccionada con fundamento en el análisis efectuado.

En cuanto al literal “g”, referido a los esfuerzos del adolescente por reparar el daño, se observa la conducta procesal asumida por el joven adulto al admitir los hechos atribuidos, es interpretada por el Tribunal como una demostración de la voluntad del mismo de corregir su acción infractora de la Ley y sujetarse a las obligaciones derivadas de ello, lo que deja ver el arrepentimiento e intención del joven adulto de por lo menos reparar el daño social causado, mediante el cumplimiento de la sanción.

En cuanto al literal “h”, es decir, los resultados de los informes clínicos y sico-social, al no contar en actas los mismos toda vez que no fueron solicitados por el Representante de la Vindicta Pública ni por la Defensa, ni fue ordenada su práctica por parte del Tribunal, existe la imposibilidad material de entrar a analizar los mismos.

Ahora bien, hechas todas las consideraciones que anteceden, resulta necesario establecer el tiempo de duración de la sanción que se le impone al adolescente.

En este orden de ideas, tal como antes quedó establecido, considerándose la naturaleza y gravedad del hecho que se le imputa al adolescente, donde se vio afectada la salud pública de la colectividad en general, en criterio de esta juzgadora, en el presente caso debe imponérsele al joven adulto acusado la medida de SERVICIOS A LA COMUNIDAD, con un plazo de cumplimiento de SEIS (06) MESES.

En relación a la medida antes indicada, se impone al joven adulto, atendiéndose las pautas establecidas en el artículo 622 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir la comprobación del acto delictivo, la existencia del daño causado, la comprobación de la participación del joven adulto, la naturaleza y gravedad de los hechos imputados, el grado de responsabilidad del joven adulto, la proporcionalidad e idoneidad de la medida, la edad del joven adulto y su capacidad para cumplir la sanción y los esfuerzos del joven adulto por reparar los daños, ya que se considera que ésta es la más idónea para lograrse el objetivo de la sanción, cual es, un fin netamente educativo, donde se pretende que el joven adulto reflexione acerca de la gravedad e ilicitud de la conducta que libremente admitió había efectuado y la sanción impuesta como consecuencia directa de aquella, de tal manera que no vuelva a infringir la ley penal, máxime si se toma en cuenta que ya éste responde como adulto por ser mayor de edad.

DISPOSITIVA

En mérito de los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL DE LA SECCION PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide:

PRIMERO: Se declara autor, culpable y penalmente responsable al joven adulto (NOMBRE OMITIDO EN APLICACION DEL ARTICULO 545 DE LA LOPNNA), antes identificado, en la comisión del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO.

SEGUNDO: Buscando una sanción que sea idónea y proporcional al hecho cometido, quedando demostrada la responsabilidad del joven adulto (NOMBRE OMITIDO EN APLICACION DEL ARTICULO 545 DE LA LOPNNA), con la admisión de los hechos que le fueron imputados en la acusación debidamente admitida por este Tribunal, tomando en cuenta las pautas establecidas en el articulo 622 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se le impone como sanción la medida de la medida de SERVICIOS A LA COMUNIDAD, contenida en el artículo 625 eusdem, con un plazo de cumplimiento de SEIS (06) MESES, siendo esta la sanción peticionada por la Vindicta Pública, no siendo procedente en criterio de esta Juzgadora, la rebaja prevista en el artículo 583 eiusdem para los casos de admisión de los hechos que solicitó la defensa del acusado, ya que la sanción que se impuso al joven adulto, no fue la privación de libertad.

TERCERO: Se ordena la remisión de la presente causa al Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Ejecución N° 01 de la Sección Penal de Responsabilidad de Adolescentes de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de conformidad con el artículo 480 del Código Orgánico Procesal Penal, una vez quede definitivamente firme la presente sentencia.

Dada, firmada y sellada en la Sala del despacho del Juzgado Segundo de Control de la Sección Penal de Responsabilidad de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en Maracaibo a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

Publíquese, diarícese, déjese copia certificada de esta sentencia en el Tribunal y regístrese en el libro de sentencias llevado por este Tribunal bajo el Número 53-09.

LA JUEZ SEGUNDA DE CONTROL DE LA SECCION ADOLESCENTES

ABG. MARIA EUGENIA MENDOZA ALVARADO

LA SECRETARIA

ABG. PATRICIA NAVA QUINTERO

MEMA
CAUSA N° 2C-2118-07

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia anterior, al publicarse, diarizarse y certificarse la misma, quedando registrada bajo el Nº 53-09 del libro de registro de sentencias definitivas llevado por este Tribunal.

Conste Sria.
ABG. PATRICIA NAVA QUINTERO