TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DE LA SECCIÓN DE ADOLESCENTES
MARACAIBO, 27 DE Octubre DEL 2009.-
199° y 150°

CAUSA: 1C-2431-08
SENTENCIA N°69-09
JUEZ TEMPORAL: ABOG. MARIA JOSE ABREU BRACHO
SECRETARIA: ABOG. NIDIA BARBOZA MILLANO

Corresponde a este Tribunal, dictar Sentencia Condenatoria en la causa signada con el N° 1C-2431-08 contentiva de la audiencia preliminar celebrada el 20-10-09 en la causa seguida a IDENTIDAD OMITIDA en la cual la representación Fiscal N° 31 imputo su participación como AUTOR de los delitos de POSESIÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES
FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADO: DR. OSCAR CASTILLO
VICTIMA: ESTADO VENEZOLANO
ACUSADO: IDENTIDAD OMITIDA
DELITO: AUTOR del delito de POSESIÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
DEFENSA PUBLICA: ABOG. SOLANGEL BORJAS

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE CAUSA:
En fecha 25-06-2009, fue presentada acusación por ante el departamento de alguacilazgo por la Fiscalia 31° del Ministerio Publico Especializada, a través de la cual acusan formalmente el joven adulto IDENTIDAD OMITIDA SANCHEZ or el delito de POSESIÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, en la audiencia preliminar previa verificación de las partes, el Fiscal 31° del Ministerio Publico DR. OSCAR CASTILLO en forma oral ratifico la acusación y relato el hecho que se le imputa al adolescente, por la presunta comisión del delito antes referido, siendo este que en fecha 16 de enero de 2008, siendo las 09:30 horas de la noche, los funcionarios OFICIAL PRIMERO (PR) N° 3313 OCTAVIO YUON y OFICIAL PRIMERO (PR) N° 0953 ADRIAN SANCHEZ, adscritos a la Policía Regional departamento Francisco Eugenio Bustamante, realizaban labores de patrullaje ordinario, por la avenida principal de la circunvalación N° 3, específicamente por los frente de los edificios de las ajas blanca, cuando visualizaron a un ciudadano caminando por la calle, con la siguiente características: de tez morena, de contextura delgada, de vestimenta pantalón de color negro, franela de color azul y gorra de color negra, el sujeto al notar la presencia policial, tomo una actitud nerviosa, procediendo los funcionarios a descender de la unidad policial, indicando al sujeto que colocara las manos sobre la unidad policial, a los fines de realizarle una inspección corporal, contemplado en el articulo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, notando los funcionarios que tenia la mano derecha cerrada, le solicitaron que abriera la mano y al abrirla pudieron notar que tenia entre la misma un Pedazo de papel de hoja de cuaderno contentiva en su interior de una porción de hierba de color verdosa de olor fuerte de presunta droga (marihuana), solicitándole los funcionarios su documentación personal y al mostrarla, manifestó el sujeto que se llamaba: LEINEL JOSE CARDENAS SANCHEZ, de 16 años de edad, indicándole los funcionarios que estaba detenido, siendo impuestos de sus derechos constitucionales y procesales. Seguidamente fue trasladado hasta el comando de la Policía Regional del estado Zulia, donde que plenamente identificado como joven adulto IDENTIDAD OMITIDA siendo que se le estima AUTOR en el delito POSESIÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO y se otorgo el tiempo suficiente a fin que cada una de las partes fundamente sus pretensiones.

En base a estas pruebas el Ministerio Publico solicito en la audiencia preliminar que el Tribunal dicte el Auto de Apertura a Juicio; e imponga; tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 622 ejusdem y luego de determinar el grado de responsabilidad del joven adulto IDENTIDAD OMITIDA por su participación en el hecho, la gravedad del mismo, y el daño causado a la victima, la sanción de SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON UN PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE SEIS (06) MESES, contempladas en el literal “C” del artículo 620° ibidem, sanción esta que se pide procurando un fin esencialmente educativo según lo señala el artículo 625º de la Ley Organica para la Proteccion del Niño, Niña y Adolescente.
Estando presente el Defensor Publico ABOG. SOLANGEL BORJAS expuso solicito que se le conceda el derecho de palabra a su representado quien ha decidido acogerse a una de las formulas de solución anticipada como lo es la admisión de los hechos y que luego se le permita hacer su exposición, por lo que el Tribunal le explico al joven adulto IDENTIDAD OMITIDA lo expuesto por el fiscal y la defensa a fin de dar cumplimiento al articulo 543 de la ley especial y se le pregunta si entiende lo que acontece en la audiencia manifestando esta a viva voz que si entiende.

Seguidamente el Tribunal procede a analizar el escrito de acusación Fiscal interpuesto por la Fiscalia 31° del Ministerio Publico y presentado en fecha 25-06-2009 y ratificado en este acto en forma oral por la DR. OSCAR CASTILLOen contra del joven adulto IDENTIDAD OMITIDA por considerarlo AUTOR en el delito POSESIÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO observando quien aquí decide que el mismo cumple con los requisitos formales establecidos en el articulo 570 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, lo que hace procedente su admisión tanto en la calificación jurídica dada por la vindicta publica como en su contenido y el los medios probatorios ofertados por considerarlos útiles pertinentes y necesarios según los alegatos alli esgrimidos por la Fiscalia, por lo que se ADMITE TOTALMENTE EL ESCRITO DE ACUSACIÓN FISCAL, de conformidad con el articulo 578 literal “a” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en contra del joven adulto IDENTIDAD OMITIDA plenamente identificado en actas, así mismo SE ADMITEN TOTALMENTE LAS PRUEBAS OFRECIDAS por el Ministerio Publico y que aparecen señaladas en el escrito de acusación, ratificado en este acto por la Fiscal 31° del Ministerio publico, tanto las documentales como testimoniales ya que guardan relación con los hechos investigados y se orientan a demostrar la real existencia del hecho delictivo, así como la presunta responsabilidad penal del joven adulto mencionado en el hecho que se le imputa, dejándose constancia que la defensa no presento pruebas en al presente causa, por lo que la Juez de Control, procede a informar de manera clara y precisa al prenombrado joven adulto IDENTIDAD OMITIDA sobre las Formulas de Solución Anticipada establecidas en el Titulo V, Capitulo II, Sección Segunda de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes así como también le instruyó y explico la Institución de Admisión de los Hechos contemplada en el Artículo 583 de la Ley Especial. Seguidamente el Tribunal leyó y explicó al joven adulto el contenido del numeral 5º del Artículo 49, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Artículos 594 y 654 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, explicando que podía declarar en este acto y que de no hacerlo su silencio no le perjudica. La Juez con base al carácter educativo que conforme al Artículo 543 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que reviste a esta Audiencia, le preguntó al imputado si entendía el acto por el cual estaba siendo Acusado por el Ministerio Público, su presunta participación y la responsabilidad penal que el mismo implica, a lo cual respondió que Si entendía, así mismo la Jueza le preguntó, si deseaba declarar, a lo cual el adolescente, respondió que: “SI DESEA DECLARAR”. Seguidamente Toma la palabra al joven adulto IDENTIDAD OMITIDA quién delante de sus defensor, libre de coacción y apremio Expone: “admito los hechos totalmente por lo que me acusa el fiscal, y quiero que se me imponga una sanción es todo”.

La Defensa Publica ABOG. SOLANGEL BORJAS en base a lo manifestado por la acusada y en virtud de lo establecido en el articulo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en relación a la alternativa que le otorga la mencionada ley de acogerse a la Institución de la Admisión de los hechos, solicito a este Tribunal se le aplique la rebaja de ley correspondiente y la sanción de conformidad con los artículos 625 de la Ley Especial.
Finalizadas como han sido las exposiciones de las partes, este Tribunal procedió a dar, fundamentar, y explicar los fundamentos de hecho y de derecho.
DETERMINACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTACIADA DE LOS
HECHOS ACREDITADOS

Una vez admitida la Acusación Fiscal y habiendo oído las exposiciones hechas por las partes, con especial atención la solicitud formulada por el joven adulto quien ha solicitado acogerse al Procedimiento Especial de Admisión de los Hechos, según articulo 538 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, le compete a esta Juzgadora analizar de manera sucinta las pruebas ofrecidas por la parte acusadora, las cuales fueron ofertadas con el propósito de poder verificar sus afirmaciones, ante la eventual posibilidad de ser recepcionadas en la Audiencia Oral y Privada de Juicio, y que estas pudieran corroborar o comprobar los hechos admitidos por el mencionado acusado y sí con ellas fuera posible determinar su participación.

La imputación efectuada por el Ministerio Público, tiene su basamento en las siguientes pruebas obtenidas durante el curso de la fase de investigación y presentadas en el escrito acusatorio:

PRUEBAS TESTIMONIALES
DECLARACIÓN DE LOS EXPERTOS:
1.- DRA. BERNICE HERNANDEZ y LCDO. WILLIAS ROBLES, expertos profesionales II y I, quienes practicaron y suscribieron la EXPERTICIA DROGA BOTÁNICA No. 9700-135-DT.1823, de fecha 16 de septiembre de 2008, incautada al adolescente, donde determinaron que la porción de restos de vegetales, era CANNABIS SATIVA LINNE, con un peso de 2 gramos, y sus consecuencias sobre el organismo humano,

PRUEBAS TESTIMONIALES:
1.- OFICIAL PRIMERO (PR) N° 3313 OCTAVIO YUON y OFICIAL PRIMERO (PR) N° 0953 ADRIAN SANCHEZ, adscritos a la Policía Regional departamento Francisco Eugenio Bustamante, quienes suscriben ACTA POLICIAL, ACTA DE INSPECCION OCULAR y ACTA DE CADENA DE CUSTADIA DE SUSTANCIA, todas de fecha 16 de enero de 2008

PRUEBAS DOCUMENTALES:
1.- ACTA POLICIAL, de fecha 16 de enero de 2008, suscrita por los funcionarios OFICIAL PRIMERO (PR) N° 3313 OCTAVIO YUON y OFICIAL PRIMERO (PR) N° 0953 ADRIAN SANCHEZ, adscritos a la Policía Regional departamento Francisco Eugenio Bustamante,

2.- Con el contenido del ACTA INSPECCION OCULAR, de fecha 16 de enero de 2008, suscrita por los funcionarios OFICIAL PRIMERO (PR) N° 3313 OCTAVIO YUON y OFICIAL PRIMERO (PR) N° 0953 ADRIAN SANCHEZ, adscritos a la Policía Regional departamento Francisco Eugenio Bustamante, en la cual dejan constancia de la inspección realizada en la avenida principal de la circunvalación N° 3, específicamente por los frente de los edificios de las ajas blanca cerca del poste de alumbrado publico N° MNO5NO5,

3.- EXPERTICIA DROGA BOTÁNICA No. 9700-135-DT.1823, de fecha 16 de Septiembre de 2008, suscrita por los funcionarios expertos adscritos al División de Toxicología del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Sub-Delegación Maracaibo, DRA. BERNICE HERNANDEZ y LCDO. WILLIANS ROBLES, expertos profesionales II y I, quienes practicaron y suscribieron la Experticia a la droga incautada al adolescente, la cual determinó que se trataba de CANNABIS SATIVA LINNE (MARIHUANA), con un peso de 2 gramos

Admitidos todos por considerar que los medios de pruebas ofertados por el Ministerio Público dada su licitud, pertinencia y necesidad contribuyen al establecimiento de la verdad de los hechos, toda vez que relacionados entre si, son a juicio de esta juzgadora suficientes para estimar y comprobar la participación en el hecho delictual del joven adulto IDENTIDAD OMITIDA y considerar que se encuentran satisfechos todos y cada unos de los requisitos exigidos en el artículo 570 de la ley especial.-

Ahora bien, observa el Tribunal que los anteriores medios de pruebas ofertados por el representante del Ministerio Público, parte acusadora en la presente causa donde se ha considerado la aplicación del procedimiento especial de admisión de hechos, hubiesen sido suficientes para ser apreciados y valorados por el Tribunal a fin del total esclarecimiento de los hechos, toda vez que con estos medios de prueba pudo quedar determinado que efectivamente en fecha 16 de enero de 2008, siendo las 09:30 horas de la noche, los funcionarios OFICIAL PRIMERO (PR) N° 3313 OCTAVIO YUON y OFICIAL PRIMERO (PR) N° 0953 ADRIAN SANCHEZ, adscritos a la Policía Regional departamento Francisco Eugenio Bustamante, realizaban labores de patrullaje ordinario, por la avenida principal de la circunvalación N° 3, específicamente por los frente de los edificios de las rejas blanca, observaron a un joven que al notar la comisión policial presento una actitud nerviosa por lo que dispusieron realizarle una inspección corporal y notaron que tenia al mano cerrada por lo que le dijeron que la abriera observando un pedazo de papel con una porción de hierba de color sustancia verdosa con olor fuerte y penetrante presunta droga marihuana y le solicitaron su documentación personal resultando ser el joven adulto IDENTIDAD OMITIDA

Estimando esta juzgadora que el hecho objeto de la presente causa puede ser plenamente demostrado con la carga probatoria ofrecida, asi como la participación del joven adulto IDENTIDAD OMITIDA y su responsabilidad penal, y como quiera que el acusado se ha acogido a la aplicación del procedimiento especial de admisión de hechos el cual solicitó en voz, alta, clara e inteligible durante la Audiencia, sin juramento alguno, libre de presión, coacción o apremio, por lo que este Tribunal llega a la conclusión que tanto el hecho delictual atribuido por el Ministerio Publico como la participación y responsabilidad del mencionado acusado, queda plenamente acreditado y establecido en circunstancias de modo, tiempo y lugar. ASÍ SE DECLARA.-

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
El hecho antes descrito y que este Tribunal estima, esta totalmente demostrado usando como base los medios probatorios ofertados por la vindicta publica, se subsumen dentro de los presupuestos de los tipos penales establecidos por el legislador como son el delito de AUTOR en el delito POSESIÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas según el acervo probatorio incorporado a las actas, ya que el joven adulto IDENTIDAD OMITIDA fue encontrado y aprehendido con la sustancia estupefaciente que resulto ser MARIHUANA siendo que con su actuar se causo un daño cierto a la victima quien es ESTADO VENEZOLANO el cual ha se ve afectado en cuanto al bien jurídico tutelado, el cual es la salud publica, ya que “…la regulación de tales conductas por la ley penal, tiene su fundamento en la necesidad de amparar al señalado bien jurídico del peligro –y la ulterior lesión- que implica el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.” (Sentencia de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 128, 19-02-2009)
Se le imputa la transgresión de la siguiente norma
Artículo 34. Posesión ilícita. El que ilícitamente posea las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o sus mezclas o los químicos esenciales a que se refiere esta Ley, con fines distintos a los previstos en los artículos 3, 31 y 32 de esta Ley, y al de consumo personal establecido en el artículo 70, será penado con prisión de uno a dos años. A los efectos de la posesión se apreciará la detentación de una cantidad de hasta dos gramos para los casos de posesión de cocaína y sus derivados, compuestos o mezclas con uno o varios ingredientes; y hasta veinte gramos, para los casos de cannabissativa, que se encuentre sobre su cuerpo o bajo su poder o control para disponer de ella, para lo cual el juez determinará, utilizando la máxima experiencia de expertos como referencia, lo que pueda constituir una dosis personal de la sustancia detentada para una persona media. No se considerará bajo ninguna circunstancia, a los efectos de determinar el delito de posesión, aquellas cantidades que se detenten como pretexto de previsión o provisión que sobrepasen lo que podría ser teóricamente una dosis personal. En ningún caso se considerará el grado de pureza de las mismas.
Se evidencia de actas asi mismo, que el actuar de joven adulto IDENTIDAD OMITIDA en este delito en estudio, puede encuadrarse perfectamente dentro del contenido del Artículo 34 de Ley Orgánica Contra El Consumo Ilícito De Sustancias Estupefacientes Y Psicotrópicas, en grado de autor ya que el acusado participio de modo activo realizando acciones propias y tendientes a la posesión de la sustancias prohibidas por lo que se considera ajustado a derecho tipificar su acción en grado de autoría y no de acuerdo a algún otro modo de participación de los establecidos en la ley sustantiva penal.
Respecto del delito de Posesion Ilicita de Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas por el cual se juzga a joven adulto IDENTIDAD OMITIDA y que hacer algunas consideraciones. En atención a la preocupación internacional que existe por los flagelos y crímenes más graves de trascendencia para la comunidad global que afectan la paz y la seguridad del genero humano, se creo la Corte Penal Internacional pautando su Estatuto, conocido como el Estatuto de Roma, en su Artículo 5 lo siguiente:
“Crímenes de la competencia de la Corte
1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:
a) …..
b) Los crímenes de lesa humanidad; “
…“Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad
“1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
j)…
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”

En consecuencia, los delitos relativos al tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad.

A título de ejemplo, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito por Venezuela, en su artículo 7 se enumeran los crímenes de lesa humanidad; y en el literal K de dicha norma, se tipificaron las conductas que a juicio de esta Sala engloban el tráfico ilícito de estupefacientes. Dicho artículo reza:

Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.”
El mismo magistrado en sentencia N 568 de fecha 18 de Diciembre del 2006 ratifica el criterio anterior:
“..Cabe advertir, que los delitos investigados son relacionados con el trafico y transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas por lo que son pluriofensivos, ya que atentan gravemente contra la integridad fisica, mental y económica de un numero indeterminado de personas y de igual forma genera violencia social en los sectores donde se despliega dicha acción delictual. En tal sentido la sala considera a dichos delitos como de lesa humanidad, cuya impunidad debe evitarse…”

Asi mismo la Sala Constitucional del TSJ en fecha 27 de marzo del 2009 con ponencia de la magistrada Luisa Este La Morales N°349 ha pautado

“Aunado a lo anterior, como quiera que el presente caso se desarrolló presuntamente una actividad delictual relacionada con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, resulta pertinente reiterar el criterio sostenido por esta Sala respecto al carácter e identidad que poseen este tipo de delitos. Así la Sala mediante sentencia N° 1.114, del 25 de mayo de 2006 (caso: Lisandro Heriberto Fandiña), asentó:

“Debe señalarse que el bien jurídico tutelado a través de las figuras punibles establecidas en la derogada Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y en la vigente Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, es la salud pública, la cual constituye un valor comunitario esencial para la convivencia humana, y cuyo referente constitucional se cristaliza en el contenido del artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al señalar dicha norma que ‘La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida’.
En este orden de ideas, la regulación de tales conductas por la ley penal, tiene su fundamento en la necesidad de amparar al señalado bien jurídico del peligro –y la ulterior lesión- que implica el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Así, la noción de salud pública hace referencia, según la disposición constitucional antes transcrita, al concepto de vida, siendo ambas objeto de tutela por parte del Derecho penal.”

“En tal sentido, no puede la Sala –como ningún otro órgano del poder judicial- dejar a un lado la realidad que perturba no solo a nuestra sociedad sino al mundo entero, en razón del incremento del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, ello a pesar de los grandes esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional para combatir este tipo de delitos, que afecta no solo a la estructura misma del Estado sino también a los cimientos de la sociedad. Por ello, resulta propicio resaltar el ineludible compromiso que poseen los órganos de administración de justicia en la lucha permanente contra el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes. “

En Sala Constitucional la magistrada Carmen Zuleta de Merchan en fecha 15 de mayo de dos mil nueve ratifico el criterio de la manera siguiente:
“Además, esta Sala Constitucional, con base al contenido del artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asentó, ratificando los criterios sostenidos en la sentencias números 1.485/2002, 1.654/2005, 2.507/2005, 3.421/2005, 147/2006 y 1114/ 2006, en torno a la posibilidad de otorgar una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad en los procesos en los cuales se investiga un delito de lesa humanidad, lo siguiente:
De manera que, la jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha sido pacífica al considerar el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en todas sus modalidades, como un delito de lesa humanidad, toda vez que es una conducta punible que lesiona la salud física y moral de la población.
Tomando en cuenta lo anterior, es imperioso acudir al contenido del artículo 29 de la Carta Magna, aplicable en el presente caso y que prevé, entre otras cosas, lo siguiente: “(...) Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.
En ese sentido, cabe acotar que de acuerdo a la anterior disposición normativa, no puede un Tribunal de la República otorgar medidas cautelares sustitutivas a la medida preventiva privativa de libertad a una persona que se encuentra procesada por un delito de lesa humanidad, por cuanto ello pudiera conllevar a su impunidad, al permitirse que un imputado tenga la posibilidad de ausentarse en el juicio penal. Al respecto, esta Sala, tomando en cuenta lo señalado en el artículo 29 constitucional asentó que “(...) [l]os delitos de lesa humanidad, las violaciones punibles de los derechos humanos y los delitos por crímenes de guerra, quedan excluidos de beneficios como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el juez considerare que procede la privación de la libertad del imputado” (vid. sentencia N° 128, del 19 de febrero de 2009, caso: Yoel Ramón Vaquero).
Ahora bien, se observa que en el caso bajo estudio el Ministerio Público, cuando solicitó la prórroga de la privación judicial preventiva de libertad de los ciudadanos Wilmer Alfonso Urbina Sánchez y Pablo Leonardo Díaz Anija, como aparece señalado en el escrito de apelación suscrito por dicho ente fiscal cursante a los folios 37 al 41 del expediente, en el cual le precisó al Tribunal Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira que los referidos ciudadanos estaban siendo procesados por la comisión de un delito de lesa humanidad y que ello debía ser tomado en cuenta en el momento de resolver la prórroga peticionada.(negrilla del tribunal)

Se observa de las decisiones parcialmente trascritas, asi como de la normativa que al caso concreto de Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas que nos ocupa, que la actividad ilícita del narcotráfico es un delito de lesa humanidad, toda vez que afecta a un grupo indeterminado e indiscriminado de personas de la sociedad que causa un daño sistemático que corroe aisladamente la salud de quien se ve directamente afectado por el consumo de estas sustancias, asi como también socava las estructuras de las comunidades por las conductas en conjunto de los sujetos activos de estos delitos, siendo la persona que las posee a la luz del articulo 34 de Ley Orgánica Contra el Consumo Ilicito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas no solo un transgresor de la norma penal sino también un propulsor de la actividad ilícita tanto en su consecuencia social, y legal como económica al ser este un delito de Lesa Humanidad.

Se evidencia que la conducta desplegada por el acusado de autos causo un daño cierto en la victima, ya que el agente transgresor lesiono bienes jurídicos tutelados por el estado venezolano siendo estos de carácter multiples ya que van dirigidos a proteger tanto la salud de la persona como del conglomerado social y al ser vulnerada esta norma legal causa un daño moral y psicológico en quien sufre los efectos directos de tal delito, generándose asi el injusto penal, por lo que el acusada se hace acreedor de la sanción penal referida establecida en los artículo 625 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente en concatenación con el articulo 620 ejusdem, e impartida por el Estado Venezolano en ejercicio del IUS PUNIENDI, aunado al hecho de que el acusado joven adulto IDENTIDAD OMITIDA de manera voluntaria, expresa, consciente y libre de toda prisión y apremio, en voz alta, clara e inteligible, ha solicitado la Aplicación del Procedimiento Especial, los cuales reconoció haber cometido y que con la aplicación del mencionado procedimiento especial está renunciando al juicio previo, manifestando el acusado de autos estar conciente de ello y solicitar en consecuencia la imposición inmediata de la sancion, es por lo que esta juzgadora bajo la forma expuesta considera que lo ajustado a derecho es ADMITIR, la aplicación del mencionado Procedimiento Especial de Admisión de los Hechos, según articulo 583 de Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, Admitiendo totalmente la Acusación y las pruebas ofrecidas por el representante Fiscal, por ser estas necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos verificados, de conformidad con el articulo 578 de la ley especial, y en consecuencia se hace procedente en Derecho Dictar SENTENCIA CONDENATORIA en contra del mencionado Acusado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 603 ejusdem.

En decisión de fecha 11 de agosto del 2008 N° 459, de Sala de casación penal con ponencia del Dr. Magistrado Eladio Aponte Aponte, se ha establecido lo siguiente en cuanto a la institución de la admisión de los hechos por referencia a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
“Por otro lado y en relación con el procedimiento por admisión de los hechos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado lo siguiente
“… el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal establece que la referida confesión debe ser expresada por el imputado, a continuación de la admisión de la acusación (…) tal secuencia no es una mera formalidad. En efecto, resulta esencial, que previamente a la admisión, por el imputado de los hechos punibles que le hayan sido atribuidos, la acusación haya sido, a su vez, admitida, y con ello, definida la correspondiente calificación jurídica, porque sólo así el procesado tendrá certeza jurídica en relación con el tipo legal sobre el cual se fundamentará la declaración de su responsabilidad penal, así como la cuantía y la especie de la pena que corresponda…”. (Sentencia Nº 317, del 28 de febrero de 2007).” (cursiva de la cita).
Así mismo la doctrina sustentada por la Doctora Magali Vázquez en su libro Nuevo Derecho Procesal Penal Venezolano, como requisito para la procedencia de la admisión de los hechos, así como la doctrina de la doctora María del Carmen Montero en la Monografía “Algunos aspectos sobre el proceso penal del adolescente” señala que la admisión de los hechos constituye el objeto del proceso y debe cumplir con ciertos requisitos”, como la voluntariedad en la declaración, es decir de lo que se le imputa y de las consecuencias jurídicas de esa admisión y su declaración que constituye la formula adoptada por el joven adulto IDENTIDAD OMITIDA .
Los hechos admitidos por este acusado, se corresponden con la comprobación de una acción antijurídica, que se encuentra sancionada por el sistema penal juvenil venezolano, razon por la que este Tribunal dicta Sentencia Condenatoria y se procede a imponer la inmediata sanción.

APLICACIÓN DE LA SANCION
Ahora bien, en virtud de haberse seguido el procedimiento ordinario en la presente causa, y estando en Fase Intermedia y considerando la solicitud de la aplicación del procedimiento por ADMISIÓN DE HECHOS, formulada tanto por la Defensa, como por el acusado joven adulto IDENTIDAD OMITIDA al ser considerado culpable en la comisión del delito de AUTOR de los delitos de POSESIÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO. este Tribunal pasa a computar la sanción aplicable, siendo que el Fiscal del Ministerio Publico ha solicitado la sanción de SERVICIOS A LA COMUNIDAD CON UN PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE SEIS (06) MESES, contempladas en el literal “C” del artículo 620° ibidem, sanción esta que se pide procurando un fin esencialmente educativo según lo señala el artículo 625º de la Ley Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes por considerar que es el tiempo idóneo y proporcional para el cumplimiento de esa sanción, a objeto de que se cumpla con la finalidad de la sancion a saber estas son:
“Artículo 621. Finalidad y principios. Las medidas señaladas en el artículo anterior tienen una finalidad primordialmente educativa y se complementará, según el caso, con la participación de la familia y el apoyo de especialistas. Los principios orientadores de dichas medidas son el respeto a los derechos humanos, la formación integral del o de la adolescente y la búsqueda de su adecuada convivencia familiar y social.“ (negrilla del tribunal).
Por lo que se impone al joven adulto IDENTIDAD OMITIDA SERVICIO A LA COMUNIDAD CON UN PLAZO DE TRES (03) MESES, en virtud de haber operado la rebaja de la mitad de la sanción respecto de la solicitada por el Ministerio Publico, toda vez que no fue cometido el delito a través del uso de la violencia y a fin de garantizar la igualdad de los procesados en el proceso aun cuando la acusado de autos no se encuentre privado de su libertad, todo bajo la superrevisión y reglamentación que estime pertinente el Tribunal de Ejecución, sancion estas que se impone de conformidad con lo establecido en El artículo 625 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, una vez que la sentencia quede definitivamente firme, dicha sancion se impone con un fin esencialmente educativo y a fin de obtener progresivamente la reinserción del adolescente a la sociedad, Se sustituye las medidas cautelares decretadas por este Tribunal en fecha 17 de Enero del 2008 por las sanción ante especificada de SERVICIO A LA COMUNIDAD de conformidad con el artículo 625 de Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.

Esta sancion se reputa como idónea y suficiente ya que con ella se puede lograr el fin educativo de la norma, a través del compromiso real del acusado no solo para con el proceso penal, sino también en su desenvolvimiento y desarrollo como persona humana y como sujeto de derechos y deberes dentro de la sociedad, ya que, este tribunal estima que el mismo se encuentra en capacidad acorde a su edad para dar posible cumplimiento a la obligacion impuesta, asi como también se ajustan a su deseo voluntario de reconocer su participación en el hecho penal que le imputa el Ministerio Publico, sin socavar con actos inútiles el proceso penal, lográndose asi la obtención del fin ultimo del recorrido procesal, como es la obtención de la verdad por las vias jurídicas, sino que por el contrario ha quedado demostrada no solo su participación en el hecho sino también su voluntad expresa de reparar ante el Estado Venezolano el daño causado con su acción antijurídica.

Es por ello que una vez impartida la sanción, se ordena remitir la presente causa al Tribunal de Ejecución de la Sección Adolescente, una vez que quede la sentencia definitivamente firme y vencido el término de Ley de conformidad con el artículo 480 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECLARA.
PARTE DISPOSITIVA

Por los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DE LA SECCION DE ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad de la Ley, PRIMERO DICTA SENTENCIA CONDENATORIA en contra de joven adulto IDENTIDAD OMITIDA , de nacionalidad venezolano, natural de Maracaibo, fecha de nacimiento 06/04/1991, de 18 años de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 22.747.030, de estado civil soltero, de profesión u oficio: Trabaja en una pastelería, y actualmente estudia en el Liceo José Maria Vargas, Parasistemas 1 y 2 años de Bachillerato, hijo de LILIANA CARDENAS y NELSON NUÑEZ, con residencia en: Barrio Cuatricentenario, Av. 65B, casa No. 95-30 pasando tres (03) casa queda el Ambulatorio José Arrieta, 0414-6212360 teléfono de hermana, por la comisión del delito de AUTOR de los delitos de POSESIÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas cometido en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO por aplicación del Procedimiento Especial de Admisión de Hechos solicitado por dicho acusado, quien ha reconocido la responsabilidad penal del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 583 de Ley Organica para la Proteccion del Niño, Niña y Adolescente concordante con lo dispuesto en el Artículo 603 ejusdem. En tal virtud, se le CONDENA a sufrir y cumplir la sanción de SERVICIO A LA COMUNIDAD CON UN PLAZO DE TRES (03) MESES, en virtud de haber operado la rebaja de la mitad de la sanción respecto de la solicitada por el Ministerio Publico, toda vez que no fue cometido el delito a través del uso de la violencia y a fin de garantizar la igualdad de los procesados en el proceso aun cuando la acusado de autos no se encuentre privado de su libertad, todo bajo la superrevisión y reglamentación que estime pertinente el Tribunal de Ejecución. Sanción esta que se impone de conformidad con lo establecido en El artículo 625 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, una vez que la sentencia quede definitivamente firme, con un fin esencialmente educativo y a fin de obtener progresivamente la reinserción del adolescente a la sociedad. SEGUNDO Se sustituye las medidas cautelares decretadas por este Tribunal en fecha 17 de Enero del 2008 por las sanción antes especificada de SERVICIO A LA COMUNIDAD de conformidad con el artículo 624 de Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente TERCERO: Se ordena remitir la presente causa al Juzgado Primero de Ejecución de la Sección Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia una vez que la sentencia quede definitivamente firme y vencido el término de Ley. ASI SE DECIDE.

Dada, firmada y sellada en la sala del despacho del Juzgado Primero de Control Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, a los VEINTISIETE (27) DIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2009.

REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE

LA JUEZ 1° DE CONTROL TEMPORAL

ABOG. MARIA JOSE ABREU BRACHO

LA SECRETARIA,

ABOG. NIDIA BARBOZA MILLANO
En la misma fecha quedó registrada en el libro de Sentencias Definitivas llevadas por este juzgado bajo el N° 69-09,

LA SECRETARIA