TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

EXPEDIENTE No. 44.106

PARTE ACTORA: EDGAR JOSE RODRIGUEZ ROSALES, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. V-12.136.313, con domiciliado en Santa Bárbara, Municipio Colon del Estado Zulia.

PARTE DEMANDADA: IRENE MARGOTH GOVEA FUENMAYOR, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No. V-12.134.204, con domicilio en Santa Bárbara, Municipio Colon del Estado Zulia.

MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO

FECHA DE ENTRADA: quince (15) de marzo de 2006.

I
PARTE NARRATIVA

Ocurre el ciudadano EDGAR ROMERO ZUE, abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 11.629, procediendo con el carácter de apoderado judicial del ciudadano EDGAR JOSE RODRIGUEZ ROSALES, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. V-12.136.313, con domiciliado en Santa Bárbara, Municipio Colon del Estado Zulia, a demandar por DIVORCIO ORDINARIO, a la ciudadana IRENE MARGOTH GOVEA FUENMAYOR, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No. V-12.134.204, con domicilio en Santa Bárbara, Municipio Colon del Estado Zulia, fundamentando su pretensión con lo estipulado en el articulo 185 del Código Civil.

Por auto de fecha quince (15) de marzo de 2006, este Tribunal admitió la demanda propuesta por cuanto la misma ha lugar en Derecho, ordenando a las partes comparecer personalmente por ante este Tribunal, en el cuadragésimo sexto (46) día siguiente y consecutivo, después de que fuere citado el demandado ciudadano IRENE MARGOTH GOVEA FUENMAYOR, ya identificada, para llevar a efecto el PRIMER ACTO CONCILIATORIO, haciéndosele saber que si la reconciliación no se lograse en dicho acto, quedan emplazados para que comparezcan nuevamente al cuadragésimo sexto (46) día siguiente y consecutivo, a la celebración del acto conciliatorio anterior, a los fines de realizar el SEGUNDO ACTO CONCILIATORIO, asimismo, se les advirtió a las partes que si la reconciliación no se lograse y la parte demandante insistiera en la continuación de su demanda, quedan emplazadas ambas partes a los fines de dar CONTESTACION DE LA DEMANDA.

Por diligencia de fecha tres (03) de abril de 2006, suscrita por el abogado en ejercicio EDGAR ROMERO ZUE, apoderado judicial de la parte actora, solicita a este Tribunal comisionar al Juzgado de los Municipio Colon y Francisco Javier Pulgar de la circunscripción Judicial del Estado Zulia, para practicar la citación de la demandada de autos, ciudadana IRENE MARGOTH GOVEA FUENMAYOR, la cual posee su residencia fijada en dicha jurisdicción.

Por auto de fecha veintiuno (21) de abril de 2006, este Tribunal comisiona al Juzgado de los Municipios Colon y Francisco Javier Pulgar de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines de que el alguacil de dicho Tribunal comisionado se sirva practicar la citación de la demandada de autos.

En fecha dieciséis (16) de mayo de 2006, el JUZGADO DEL MUNICIPIO COLON Y FRANCISCO JAVIER PULGAR DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, recibe la comisión remitida por este Tribunal, con su respectiva compulsa. Dicho Juzgado procedió a darle entrada y ordena que se cumpla la comisión conferida.
En fecha veinticuatro (24) de mayo de 2006, el alguacil natural del Juzgado comisionado, expone que citó a la ciudadana IRENE MARGOTH GOVEA FUENMAYOR, ya identificada anteriormente. Asimismo, cumplida como fue la comisión conferida a ese Juzgado, ordena se remita dichas actuaciones a este Tribunal.

En fecha siete (07) de junio de 2006, este Tribunal recibe la comisión anterior.

Por diligencia de fecha veintiocho (28) de junio de 2003, suscrita por la parte actora ciudadano EDGAR JOSE RODRIGUEZ ROSALES, debidamente asistido por el profesional del derecho MARIO QUINTERO, solicita a este Tribunal reponga la causa al estado de notificar al ciudadano Fiscal del Ministerio Publico.

Por diligencia de fecha primero (01) de noviembre de 2006, suscrita por el apoderado de la parte actora, abogado EDGAR ROMERO ZUE, ya identificado ut supra, solicita a este Tribunal librar la correspondiente boleta de notificación al Fiscal.

Por auto de fecha quince (15) de diciembre de 2006, este Tribunal repone la causa al estado de notificación y citación, declarando nulas todas las actuaciones posteriores a la admisión de la demanda, en virtud de la falta de notificación al Fiscal del Ministerio Publico.

Por diligencia de fecha dieciséis (16) de enero de 2007, suscrita por el abogado en ejercicio EDGAR ROMERO ZUE, solicita a este Tribunal expedir los correspondientes recaudos para la notificación del Fiscal del Ministerio Publico y la citación de la parte demandada. Asimismo, solicita que se comisione suficientemente al Juzgado de los Municipios Colon y Francisco Javier Pulgar de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Por auto de fecha doce (12) de febrero de 2007, este Tribunal ordena notificar al Fiscal del Ministerio Publico en materia de familia.

En fecha seis (06) de marzo de 2007, la ciudadana MARISELA LEON AIZPURUA, en su carácter de Fiscal Vigésimo Noveno del Ministerio Publico del Estado Zulia, fue notificada personalmente.

Por auto de fecha veintidós (22) de marzo de 2007, este Tribunal comisiona suficientemente JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS COLON Y FRANCISCO JAVIER PULGAR DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, para practicar la citación de la parte demandada ciudadana IRENE MARGOTT GOVEA FUENMAYOR.

Por diligencia de fecha trece (13) de octubre de 2009, suscrita por la abogada CRISTINA ELENA HART GUTIERREZ, con el carácter de FISCAL AUXILIAR VIGESIMO NOVENO DEL MINISTERIO PUBLICO, de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, solicita a este Tribunal declarar la extinción de la presente instancia en virtud de haber operado la perención de la misma, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil.

II
PARTE MOTIVA

Realizada una breve narrativa de las diversas actuaciones realizadas en la presente causa, pasa este juzgador a acreditar los presupuestos facticos que servirán de sustento a la presente decisión.

La caducidad o Perención de la Instancia, es una de las modalidades de extinción procesal, que no comporta la solución autónoma o heterónoma del conflicto subyacente al Proceso, en tanto se manifiesta como una auténtica sanción, a la inactividad de las partes, aunada al transcurso del tiempo previsto ex lege, en obsequio a la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídico sustanciales.

Similares términos son usados por el Procesalista argentino MARIO ALBERTO FORNACIARI, para quien la institución sub examine, “... es la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de actividad impulsora idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley” (MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PR0CESO. Tomo III. Caducidad de la Instancia. Edit. DEPALMA, Buenos Aires, Argentina. 1991), para JAIME GUASP, la caducidad de la instancia, “...es, pues, la extinción del proceso que se produce por su paralización durante cierto tiempo en que no se realizan actos procesales de parte,” (DERECHO PROCESAL CIVIL. Tomo I. Edic. 4ª. Pág. 502. Las cursivas son del autor); la ratio essendi de la institución procesal de la Perención, evoca razones de orden público y seguridad jurídica, para HERNANDO DEVIS ECHANDIA:
“La Perención es una sanción al litigante moroso, y responde a un principio de economía procesal y de certeza jurídica, para impulsar la terminación de los pleitos, razón por la cual se aplica inclusive cuando se trate de menores e incapaces...”. (COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo I. Teoría General del Proceso. Edic. 10ª. Edit. ABC, Bogotá, Colombia.1985. Pág. 584).

Idéntico cometido le reconoce a la Institución FORNACIARI, en la página 18 de su obra ya citada:
“...La caducidad de la instancia encuentra fundamento en diversos componentes que se equilibran en la confluencia de lo público con lo privado. Es cierto que cada una de las partes enfrentadas en el proceso tiene la expectativa de beneficiarse con el error o la inacción del adversario. La inactividad no hace presumir su desinterés. Pero también es cierto que por razones de seguridad jurídica hacen prevalecer el interés comunitario de restablecer el orden jurídico. En la rápida y correcta terminación de los procesos está comprometido el orden público
Ese equilibrio que tiene su fundamento en el superior interés de la comunidad, determina que si bien el juez está facultado a dictar medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos...no enerva con esa posibilidad la de decretar de oficio la caducidad de la instancia...”.

La procedencia en derecho de la Institución de la Preclusión, requiere, como bien lo advierte HUGO ALSINA, en su TRATADO TEORICO PRACTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL. Tomo IV. Juicio Ordinario. Edit. EDIAR SOC. ANON. EDITORES, Buenos Aires, Argentina. 1961, Pág. 429, de la concurrencia de tres condiciones: 1ª. La existencia de Instancia Procesal, 2ª. La Inactividad Procesal de Parte y 3ª. El transcurrir del tiempo previsto en la norma. Pasemos someramente a analizar cada una de ellas.
1ª. La existencia de Instancia Procesal.
La instancia, es manifestación del aspecto nomo dinámico del Proceso, esto es de la posibilidad jurídica de desplegar la actividad jurisdiccional, en un proceso concreto, de ello, que su inicio coincida con el acto de formalización de la demanda, como acto introductivo, que apertura las situaciones jurídico procesales futuras.
HUGO ALSINA, entiende por instancia: “...el conjunto de actos de procedimiento que realizan las partes para obtener la decisión judicial de una litis, desde la interposición de una demanda hasta el llamamiento de autos para sentencia”. (Opus. Cit. Pág. 429).
Para FORNACIARI:
C) Instancia.
En su común acepción, la voz “instancia” significa acción y efecto de instar, utilizándosela como sinónimo de requerimiento, petitorio o solicitud.
En el plano jurídico se ha tomado en muchas oportunidades la significación descrita para conceptuar el vocablo cuando se lo refiere al proceso. Así, se ha dicho que la instancia es toda petición que se hace valer en justicia; o, en forma mas simplificada: toda petición inicial de un proceso.
Esta formulación conceptual permite atisbar la idea de impulso o puesta en movimiento, En este orden, instancia significa ejercicio de la acción procesal.
Empero, existe una acepción que, si bien es mas restringida, tiene mayor depuración y es apropiada a nuestro propósito. En mi sentido se denomina instancia al conjunto de actos comprensivos de una etapa del proceso; idea, esta, que permite establecer entre ambas nociones, es decir, instancia y proceso, la relación de la parte al todo. Conforme a lo expuesto podemos hablar de primera o segunda instancia principal o incidental.
En este orden, la instancia es la sumatoria de actos procesales realizados desde su apertura hasta la notificación del pronunciamiento final que era su objetivo.
Precisando un tanto el concepto precedente, diremos que la instancia tiene comienzo en el proceso principal o incidental con la interposición de la respectiva demanda; en las etapas recursivas se inicia con la resolución que concede el recurso, ya sea este ordinario o extraordinario”. (Opus. Cit. Pág. 7).
En referencia a la génesis de la instancia, la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en fallo del 05 de Marzo de 1992, afirmó:
“...Con la presentación del libelo de demanda, se genera la <> en sus sentidos antes explicados, y por ello es a partir de ese momento cuando debe computarse el lapso de Perención.
Lo dicho anteriormente queda evidenciado, al tomar en consideración el señalamiento que formula el Dr. Luis Loreto en su citada obra monográfica, en el sentido de que , lo que entonces significa que sí existe instancia en su sentido técnico procesal, aun antes de que se trabe la litis, bien sea que se adopte el criterio de que ello ocurre por la contestación de la demanda, bien sea que se asuma la posición de quienes consideran que ello acontece por virtud de la citación, con independencia de que se haya conformado o no plenamente la relación procesal, porque ella ya existe, en su manifestación entre el demandante y el órgano jurisdiccional ante quien se propone la demanda...”
2ª. La Inactividad Procesal de Parte.
La instancia, entendida como potencial despliegue de actividad procesal, exige de los sujetos partícipes en el Proceso, la actualización de conductas procedimentales, que tiendan a la consecución de los fines de la estructura procesal, puesta al servicio de los órganos jurisdiccionales del Estado. Históricamente la institución de la Perención, emerge como vía o mecanismo para asegurar la celeridad y economía procesal, pero es solo hasta el Código de Procedimiento Civil Francés de 1806, cuando adquiere los rasgos sancionatorios que actualmente, con modificaciones le definen.
La excesiva y extensa paralización del discurrir procedimental de la instancia, es elemento objetivo que exige del juzgador, un mero acto de constatación temporal, aunado al presupuesto imputacional de la actualización de actividad procesal por las partes, suplido por los denominados actos de impulso procesal, entendidos como manifestaciones volitivas verificadas en el procedimiento, capaces de comportar el antecedente necesario del siguiente acto procesal. JAIME GUASP (Opus. Cit. Pág. 434), entiende por acto de impulso procesal: “...aquella actividad que tiende a hacer avanzar el proceso a través de cada uno de los momentos de tiempo: trámites, períodos o fases, que lo componen”, en conclusión la ausencia prolongada de actividad procedimental por quienes son partes en el proceso, y a quienes compete en esa particular fase procesal la carga de impulsarlo, son las condiciones a constatar por el órgano jurisdiccional.

3ª. El transcurrir del tiempo previsto en la norma.
La instancia, como acepción nomodinámica del Proceso, despliega su ámbito de validez, en un módulo temporal delimitado por las normas procedimentales, las cuales inspiradas en particulares valoraciones de iure condendo, realizadas por el legislador prevén lapsos y términos, que de manera idónea, permitan la consecución de una rápida justicia, y hagan efectiva la tutela. La paralización o suspensión en el tiempo del despliegue procesal, por el discurrir de un año, tal como lo preceptúa el artículo 267 encabezamiento del Código de Procedimiento Civil, es considerada por el legislador como razón suficiente para develar, la ineptitud de ese proceso, para lograr la efectiva tutela del interés sustantivo subyacente al juicio.

Expuesto como ha sido el presupuesto fáctico, al cual la norma vincula la sanción de la perención, solo resta verificar su acaecimiento en el caso que nos ocupa:

Admitida la demanda en fecha quince (15) de marzo de 2006, se verifica que hasta la presente fecha las partes no han realizado ningún tipo de acto para impulsar la citación en el presente proceso, por lo que de un simple cómputo matemático se observa que desde la fecha anteriormente referida, ha transcurrido más de un (01) año de inactividad de las partes, sin que el proceso se hubiese impulsado y sin que se haya perfeccionado la citación de la parte demandada, razón por la cual, la presente causa se haya en estado de Perención, a tenor de lo preceptuado en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECLARA.

III
PARTE DISPOSITIVA

En fuerza de los argumentos precedentemente expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en ejercicio de la Potestad Jurisdiccional atribuida por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA PERIMIDA la demanda por DIVORCIO ORDINARIO, interpuesta por el ciudadano EDGAR JOSE RODRIGUEZ ROSALES, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. V-12.136.313, con domiciliado en Santa Bárbara, Municipio Colon del Estado Zulia, en contra de la ciudadana IRENE MARGOTH GOVEA FUENMAYOR, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No. V-12.134.204, con domicilio en Santa Bárbara, Municipio Colon del Estado Zulia. En consecuencia, se DECLARA LA EXTINCIÓN de la demanda propuesta. ASI SE DECIDE.

No hay condenatoria en costas, por expresa previsión del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECIDE.
Déjese por secretaría copia certificada del presente fallo.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE y NOTIFÍQUESE.
Dada, firmada y sellada en la sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los trece (13) días del mes de octubre del Dos Mil Nueve(2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
LA JUEZA:
Abog. HELEN NAVA de URDANETA (MSc)

LA SECRETARIA:
Abog. LAURIBEL RONDON ROMERO

En esta misma fecha, previo el cumplimiento de ley y siendo las diez de la mañana (10:00am), se publicó la anterior sentencia, quedando anotada bajo el No. ____.
LA SECRETARIA:
Abog. LAURIBEL RONDON ROMERO
HNdU/mfmm