Este Tribunal, en fecha veintisiete (27) de Octubre del año 2009, le dio entrada a la solicitud presentada por los ciudadanos: ALEXANDER JOSE BRAVO OLLARVES y MARELIS CAROLINA CASTILLO GONZALEZ, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre si, civilmente hábiles, titulares de la cédula de identidad Nos. V-16.047.406 y V-14.511.762, respectivamente, domiciliados en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia, asistidos por el abogado en ejercicio ALFREDO MANZANILLA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 37915, quienes expusieron que: En fecha veintiuno (21) de Septiembre del año dos mil (2000), contrajeron Matrimonio Civil por ante el Prefecto del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, estableciendo su domicilio conyugal en el Barrio Simón Bolívar, calle Los Cedros, casa No. 29 en Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia, en donde habitaron hasta que su vida conyugal fue interrumpida el día veinte (20) de Octubre del año dos mil dos (2002) y hasta la fecha no la han reanudado, por lo que han decidido no continuar con una relación, donde la vida en común les era imposible, habiéndose tornado lamentablemente en una ruptura prolongada y definitiva que establece un lapso de más de cinco (05) años. Que de esa unión procrearon Un (01) hijo (CUYO NOMBRE SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), de ocho (08) años de edad. Admitida la solicitud, se ordenó la citación de la Fiscalía Trigésima Sexta (36ª) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas. Por auto de fecha tres (03) de Noviembre de 2009, se agregó a las actas del presente expediente, la Boleta de Citación de la Fiscal Trigésima Sexta (36ª) del Ministerio Público del Estado Zulia, debidamente firmada. Por auto de fecha cinco (05) de Noviembre de 2009, se agregó a las actas del presente expediente, escrito presentado por la Fiscal Trigésima Sexta del Ministerio Público del Estado Zulia, mediante la cual manifiesta que no se opone a que el Tribunal declare el divorcio en la presente causa, sin embargo expone, que por cuanto los solicitantes manifestaron que la responsabilidad de crianza será ejercida o atribuida a la progenitora, lo que estaría infringiendo el contenido de los Artículos 358 y 359 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ya que dicha Institución Familiar comprende un deber y derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y de la madre, por lo que en caso de divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio o de residencias separadas, esta seguirá siendo ejercida conjuntamente por los progenitores. De igual manera, para el ejercicio de la custodia como atributo de la Responsabilidad de Crianza se requiere el contacto directo con los hijos, en consecuencia la ejercerá quien conviva con los mismos, en consecuencia manifiesta además, que resulta necesario hacerles la advertencia a los cónyuges en la sentencia definitiva, que la Responsabilidad de Crianza corresponde a ambos progenitores y que la misma no puede ser renunciada por voluntad de las partes, en virtud del carácter irrenunciable que la Ley otorga a dicha Institución Familiar. Siendo la oportunidad hábil para dictar sentencia, se pronuncia la misma en los siguientes términos: Los solicitantes convinieron en relación al niño de autos, lo siguiente: El niño (CUYO NOMBRE SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), quedará bajo la Patria Potestad de ambos padres, de conformidad con el artículo 349 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. La Responsabilidad de Crianza y la Custodia será ejercida por su legítima madre, ciudadana: MARELIS CAROLINA CASTILLO GONZALEZ. En cuanto al Régimen de Convivencia Familiar, a favor del padre ciudadano ALEXANDER JOSE BRAVO OLLARVES será amplio, cuidando de no perturbar las horas de sueño y estudios de su hijo el niño (CUYO NOMBRE SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE) y la madre tiene la obligación de facilitar y permitir esas visitas. Ambos padres convienen expresamente que con relación a los períodos de Navidades, Fin de Año y día de la madre el niño lo pasará con su progenitora; el día del padre lo pasará con su padre y las Vacaciones Escolares serán divididas mitad y mitad para cada uno de los padres. Tanto el padre como la madre podrán viajar dentro y fuera del País con su hijo, previa autorización de uno para el otro y viceversa, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal que rige la materia. En relación a la Obligación de Manutención, el ciudadano ALEXANDER JOSE BRAVO OLLARVES, se compromete formalmente a depositar para su hijo la cantidad de CIENTO CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 150,oo) mensuales, la cual será fraccionada y depositada en forma quincenal, o sea, la cantidad de de SETENTA Y CINCO BOLIVARES (Bs. 75,oo) quincenales, ambos padres convienen en que dicha cantidad de dinero le serán entregadas a la abuela materna del niño, la ciudadana ELIZABETH DE CASTILLO, en cuya vivienda se encuentra residenciado el niño y su madre para cubrir las necesidades alimentarias del niño (CUYO NOMBRE SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE). Ambos padres se comprometen a sufragar en partes iguales, es decir, CINCUENTA POR CIENTO (50%) cada uno, los gastos relativos a hospitalización, Medicinas, Cirugía, Matricula Escolar, Útiles Escolares y Uniformes Escolares. Asimismo, el padre se compromete a sufragar la totalidad el CIEN POR CIENTO (100%) de los gastos relativos a ropa, calzados y juguetes destinados a satisfacer las necesidades extraordinarias de Navidad y Fin de Año para su hijo y la cual será respaldada con sus respectivas facturas. Ambas partes manifestaron no haber adquirido bien alguno y convienen expresamente que los bienes adquiridos por cada uno de los cónyuges a partir de la presente solicitud serán considerados como bienes propios de cada uno de los cónyuges. Este Tribunal acoge lo acordado por los solicitantes, en relación a lo convenido en beneficio del niño (CUYO NOMBRE SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), por cuanto cumple con los extremos previstos en el Artículo 351, Parágrafo Primero de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Sin embargo, es importante advertir a los solicitantes que la Responsabilidad de Crianza corresponde a ambos progenitores y que la misma no puede ser renunciada por voluntad de las partes, en virtud del carácter irrenunciable que la Ley otorga a dicha Institución Familiar, por cuanto se estaría infringiendo el contenido de los Artículos 358 y 359 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ya que dicha Institución Familiar comprende un deber y derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y de la madre, por lo que en los casos de divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio o de residencias separadas, esta seguirá siendo ejercida conjuntamente por los progenitores. Siendo el caso, que por cuanto para el ejercicio de la Custodia, como atributo de la Responsabilidad de Crianza, se requiere el contacto directo con los hijos, en consecuencia, ésta la ejercerá quien conviva con los mismos, por lo que en este caso, la progenitora de autos ejercerá la Custodia del hijo habido dentro del matrimonio, como atributo de la responsabilidad de crianza. ASÍ SE DECIDE.- Ahora Bien, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil establece: “Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común…”. Se evidencia de las actas de matrimonio, de nacimiento y lo expuesto por los solicitantes, la suspensión de la vida en común por más de cinco años. Cumpliendo los extremos previstos en el Artículo 185 literal “A” del Código Civil; aunado a la opinión favorable de la ciudadana Fiscal Trigésima Sexta (36ª) del Ministerio Público del Estado Zulia, resulta a Juicio de este Tribunal declarar la disolución del vínculo matrimonial entre los solicitantes. ASÍ SE DECIDE.-