TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE
JUZGADO DEL MUNICIPIO DÍAZ DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. SAN JUAN BAUTISTA.

199° Y 150°

En fecha 13 de Octubre del año 2.009, el Abogado Alberto Cárdenas Villalobos, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 4.147.564, Inpreabogado N° 18.071, procediendo como Apoderado Judicial de la ciudadana ROSIRIS DEL CARMEN GONZÁLEZ AGUILERA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 14.055.827, según se desprende de documento poder otorgado por ante la Notaria Pública de Pampatar, Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, en fecha 27-08-2009, bajo el N° 12, Tomo 79, de los Libros de Autenticaciones llevados en esa Notaria, presentó por ante este Juzgado formal demanda de Incumplimiento de Contrato de Arrendamiento contra la Ciudadana LISBETH TERESA BRUZUAL GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 10.946.739.-
Narra el Accionante en su libelo; Soy propietaria de un inmueble constituido por casa y terreno, ubicada en el sector Barrio El Progreso, Calle El Esfuerzo sector El Espinal, Municipio Díaz del Estado Nueva Esparta, constituida sobre una parcela de terreno que mide Doce (12 mts) de frente por Veinticinco metros con treinta y cinco centímetros (25,35 mts) de largo, comprendida bajo los siguientes linderos; NORTE: Su fondo con propiedad que es o fue de Orlando Zapata. SUR: Su frente vía. ESTE: Con propiedad que o fue de Rafael Cárdenas y OESTE: Con propiedad que es o fue de Mabel Cermeño. Y le pertenece por documento autenticado por ante la Notaria Pública de Pampatar, Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, de fecha 08-12-2002, bajo el N° 15, Tomo 61, de los Libros de Autenticaciones llevados en esa Notaria. Ahora bien como propietaria celebró contrato de arrendamiento con la ciudadana LISBETH TERESA BRUZUAL GÓMEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 10.946.739, tal como se evidencia en el documento autenticado en la Oficina de la Notaria Pública de Juangriego, Municipio Marcano del Estado Nueva Esparta en fecha 05-10-2006, bajo el N° 15, Tomo 61 de los Libros de Autenticaciones llevados en esa Notaria. Pero es el caso que la ciudadana LISBETH TERESA BRUZUAL GÓMEZ, se encuentra morosa con Veinticuatro (24) mensualidades vencidas y en virtud de la manifiesta negligencia e irresponsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, asumidas a través de la firma del Contrato de Arrendamiento, ante la negativa y las infructuosas gestiones, es por lo que se procede a demandar, fundamentando dicha demanda en los artículos 1.133, 1.134, 1.159, 1.160, 1.270, 1.271 y 1.592 del Código Civil y el artículo 34, parágrafo D de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario.
Luego de esgrimir en su libelo de demanda los fundamentos de derecho que le asiste en este acto, la parte concluye demandando como en efecto demanda a la Ciudadana LISBETH TERESA BRUZUAL GÓMEZ, anteriormente identificado, por incumplimiento del Contrato de Arrendamiento.
Estimó la presente demanda en la cantidad de Ochenta Mil Bolívares (Bs. 80.000, oo), que equivalen a Ciento Cuarenta y Cinco (145) unidades tributarias.
Consta en autos en fecha 16 de Octubre de 2.009 (f.22), se recibió el presente libelo de demanda, se le dio entrada y se anotó en el Libro bajo el N° 356-09, y se admitió por no ser contraria a derecho, al orden público, ni a las buenas costumbres.
En consecuencia emplácese a la ciudadana LISBETH TERESA BRUZUAL GÓMEZ, a los fines de que comparezca al segundo día de despacho siguiente a su citación a dar contestación a la demanda incoada en su contra.
Pero es el caso que desde esta fecha hasta los actuales momentos la parte actora no se ha presentado ni por si, ni por medios de apoderados a gestionar la citación de la demandada.
En base a ello el Tribunal hace las siguientes consideraciones: En relación a los trascrito en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil establece: “También la instancia se extingue cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”.
Como se observa, el legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlo bajo amenaza de perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos, tal y como ocurría anteriormente. Ahora bien, por cuanto la Ley habla de las obligaciones que debe cumplir el demandante a los efectos de la práctica de la citación, para evitar que se produzca la perención, es decir, si el actor cumple es evidente que no opera la aplicabilidad del supuesto de hecho del ordinal 1° del artículo 267, el cual exige para aplicar la sanción allí prevista que no se cumpla con la obligación impuesta por la Ley.
A propósito de estas obligaciones o cargas que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 06 de Julio de 2004, con Ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, en el caso seguido por José Ramón Barco Vásquez contra Seguros Caracas Liberty Mutual, por Cumplimiento de Contrato de Seguro, ha estimado necesario y oportuno conciliar bajo el nuevo principio de la justicia gratuita, contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos, ya que nada se ha dicho sobre la obligación contemplada en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puesto que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 1° destinadas al logro de la citación, no son solamente de orden económico.
El precitado artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial señala:
“Cuando haya que cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia
fuera de la población en que tenga asiento el Tribunal, Registro
Mercantil y Notarías Públicas, la parte promoverte o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que
intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para su
traslado y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que
ocasione. Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o
diligencia, se efectúe en la misma población en que resida el Tribunal,Registro Mercantiles y Notarías Públicas en lugares
que disten más de quinientos (500)metros de su recinto.”

Las obligaciones a que se contrae el ordinal 1° del artículo 267, aludido, son de dos órdenes; en primer lugar la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del Libelo, libramiento de boleta de citación y liquidación de las planillas de arancel, normas que perdieron vigencia por contrariar la gratuidad de la justicia, contemplada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que dada su derogatoria no cumple con los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el que se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gasto de manutención y hospedaje, cuando haya de cumplirse en lugares que disten a más de 500 metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero jamás mediante planillas o recibos, pero que su incumplimiento a juicio de la Sala de Casación Civil, generan efectos de Perención.
No existe norma alguna que imponga a estos funcionarios a soportar en su patrimonio tales gastos, habida cuenta que tales diligencias, son del único y exclusivo interés del peticionante o demandante, para la obtención de la citación, por cuanto la gratuidad de la justicia hace solo referencia al arancel judicial o ingreso público tributario.
Así mismo ha sostenido la Sala que con lo dicho no debe entenderse que la citación debe ser practicada dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma, por el contrario, lo que debe cumplirse dentro del lapso de treinta días, son las obligaciones previstas en la Ley, destinadas a lograr la citación, importando poco que esta se practique efectivamente después de esos treinta días, quedando de esta forma modificado el criterio sostenido por esta Sala en sentencias anteriores relacionadas con la Perención Breve.
Con base a las anteriores consideraciones, este Tribunal observa que desde la fecha 16 de Octubre de 2009, en que se admitió la presente demanda, el demandante no ha cumplido con la obligación que le impone la Ley para que sea practicada la citación de la demandada, y desde esa fecha hasta el día de hoy, ha transcurrido Un (01) mes y Diez (10) días sin que la parte actora haya impulsado el proceso, motivo por el cual de conformidad con los artículos 267 ordinal 1° y 269 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley decreta de Oficio la Perención de la Instancia en el presente Juicio.-
Regístrese, publíquese, diarícese y déjese copia.
Dado, firmado y sellado en la sala de Despacho del Juzgado del Municipio Díaz de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva esparta. San Juan Bautista, a los Veintiséis días del mes de Noviembre de Dos Mil Nueve.-
La Juez Provisoria;
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Abogada: MERCEDES HENRIQUEZ SUBERO.-

La Secretaria;
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Abogada: ANNY FERNANDEZ DE VELASQUEZ.-

En esta misma fecha, 26-11-09, siendo las 11:00 de la mañana, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, se dio cumplimiento a la anterior decisión conforme está ordenada.
CONSTE.-

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La Secretaria.-

EXP. N° 356-09.-
MHS/afdv.tvm.