REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN ZULIANA
Maracaibo, 13 de mayo de 2009
199° - 150°
Exp. No. 932-08
Suspensión de los Efectos
En fecha 26 de septiembre de 2008, se inició el presente Recurso Contencioso Tributario interpuesto por los abogados LUIS ALBERTO TRUJILLO ESCANDON y JUAN JOSÉ BARBOZA G., portadores de las Cédulas de Identidad Nos. 7.769.955 y 15.406.179, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 42.942 y 97.767, actuando en sus carácteres de apoderados judiciales de la contribuyente BUTTACI MOTORS, C. A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 03 de agosto de 1993, bajo el No. 14, Tomo 5-A, e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el No. J-30128155-1, domiciliada en el Kilómetro 1, vía El Vigía, edificio Buttaci Motors, Santa Bárbara, Municipio Colón del Estado Zulia. Dicho recurso se intentó contra la Resolución No. SNAT-INTI-GRTI-RZU-DSA-2008-500023, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Ahora bien, por cuanto la recurrente solicitó la suspensión de los efectos del acto recurrido; pasa el Tribunal a resolver la expresada petición cautelar, haciendo previamente las siguientes consideraciones:
El Tribunal observa que en sentencia No. 01082 de fecha 20 de junio de 2007, caso REDICA AUTOMOTRICES C. A., la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ratificó una vez más el criterio que desde el 03 de junio de 2004 ha venido sosteniendo a raíz del caso Deportes El Márquez, expresando:
“De la disposición antes transcrita se observa que la suspensión de los efectos del acto recurrido en materia tributaria no ocurre en forma automática con la simple interposición del recurso contencioso tributario, tal como sucedía bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario de 1994; por el contrario, ésta debe tramitarse como una medida cautelar que el órgano jurisdiccional puede decretar a instancia de parte. Asimismo, para que proceda la medida cautelar de suspensión de efectos deben cumplirse ciertas exigencias, que conforme a la norma arriba citada se refieren a “que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho”.
La interpretación literal del texto arriba transcrito permitiría afirmar, en principio, la posibilidad de que los requisitos para decretar dicha medida cautelar en materia tributaria no sean concurrentes. Sin embargo, esta Sala considera necesario advertir que las interpretaciones de los textos normativos deben realizarse con base en una comprensión integral de los mismos, lo cual impone efectuar su interpretación de forma sistemática con respecto a todo el ordenamiento jurídico.
Tomando en consideración tal circunstancia, juzga la Sala necesario citar el criterio establecido en su sentencia Nº 00607 de fecha 3 de junio de 2004, Caso: Deportes El Marquez, C. A., posteriormente asumido en forma reiterada por numerosos fallos emanados de ella, el cual es del siguiente tenor:
“…(omissis)…las medidas cautelares de suspensión de efectos del acto administrativo tributario, se dictan cuando ellas sean necesarias para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación causados por la ejecución inmediata del acto administrativo tributario, en cuyo caso, de acordarse, debe ser con fines preventivos y no con fines ejecutivos o de reparación definitiva del daño.
Esta actividad preventiva de las medidas cautelares en el contencioso tributario, a diferencia de otros procesos, no está dirigida a asegurar las consecuencias de la sentencia futura del proceso principal, por el retardo en el mismo, sino que, por el contrario, busca suspender los efectos de un acto administrativo cuya ejecución inmediata pueda causar daños graves, razón por la cual, en este caso, debe hablarse de peligro de daño o periculum in damni según denominación de algún sector de la doctrina. Vale decir, que el peligro aquí no se identifica porque quede ilusoria la ejecución de un futuro fallo, sino por la debida comprobación por parte del juez de que la ejecución inmediata del acto administrativo tributario pueda causar un daño grave e inminente al contribuyente.
En cuanto a la exigencia del fumus boni iuris, es decir, de la probable existencia de un derecho, del cálculo o verosimilitud de que la pretensión principal será favorable al accionante, dicho requisito no puede derivar únicamente de la sola afirmación del accionante, sino que debe acreditarse en el expediente.
Por otra parte, debe aclararse que el acto administrativo tributario cuya suspensión se pide ante el órgano jurisdiccional, se presume dictado con apego a la ley, es decir, que el acto administrativo tributario goza de una presunción de legalidad, al ser dictado por órganos o entes públicos que poseen competencias y atribuciones contempladas en la ley para el ejercicio de la actividad administrativa tributaria.
…(omissis)…
Así, tomando en consideración dicha circunstancia, la sola apariencia del buen derecho no es suficiente para suspender el acto administrativo tributario; sino que además la ejecución del acto administrativo debe causar perjuicios al interesado, peligro éste calificado por el legislador como grave. La apariencia del derecho y el peligro inminente de daño grave en los derechos e intereses del interesado sería lo que, en todo caso, justificaría la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario.
En cuanto a la posibilidad de acordar la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario con la sola verificación del periculum in damni, considera la Sala que tampoco puede aisladamente solicitarse y decretarse, en razón de que carece de sentido que un contribuyente que no tenga la apariencia o credibilidad de la existencia de un buen derecho, pueda alegar que se le está causando un daño grave.
…(omissis)…
Conforme a todo lo expuesto, esta Sala debe realizar una interpretación correctiva de la norma sobre la base de los razonamientos expresados y, en tal sentido, entender de la referida disposición legal que para que el juez contencioso tributario pueda decretar la suspensión de los efectos del acto administrativo, deben siempre satisfacerse, de forma concurrente, los dos requisitos antes señalados, vale decir, periculum in damni y fumus boni iuris; ello con la finalidad de llevar al convencimiento del juzgador la necesidad de que la medida deba decretarse, para garantizar y prevenir el eventual daño grave, el cual pudiera causarse con la ejecución inmediata del acto administrativo tributario…”.(Destacados de la Sala)”.
(Omissis de este Tribunal).
En concordancia con este criterio de nuestro Máximo Tribunal, observamos que el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil exige para la procedencia de las medidas cautelares “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de este circunstancia y del derecho que se reclama”; no existiendo una razón lógica para que en el campo contencioso tributario se haga una excepción a la normativa general que rige las medidas cautelares en el proceso civil.
En consecuencia, pasa este Juzgado a analizar si en el caso de autos la contribuyente ha alegado y demostrado que el derecho que se pretende tutelar es probable y verosímil (fumus bonis iuris) y si ha alegado y demostrado, al mismo tiempo, el temor fundado de que la ejecución del acto recurrido pudiera causarle lesiones graves o de difícil reparación (periculum in damni). Debiendo acompañar pruebas de ambos alegatos, conforme al principio de carga de la prueba establecido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: “Las partes tienen las carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido liberada de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación”.
2. Con respecto al grave perjuicio que pudiera causarle la ejecución del acto recurrido (periculum in damni), la recurrente se limitó a destacar que “Solicita se declare la nulidad absoluta de la Resolución No. SNAT-INTI-GRTI-RZ-DSA/2008-500023, de fecha 04 de julio de 2008.
Respecto al fumus boni iuris, la contribuyente no hace señalamientos a este respecto, por lo que el Tribunal advierte que la contribuyente estaba en la obligación de acompañar a su solicitud de suspensión de efectos, los medios de pruebas dirigidos a demostrar cómo la ejecución de la resolución impugnada causaría el daño inminente que ha alegado en autos.
De lo anterior se observa que, la representación de la empresa contribuyente no fundamentó los alegatos concretos que demuestren una afectación indebida y menos aún, irreparable, que pudiera ocasionar la eventual ejecución del acto recurrido, adicional a la ausencia de elementos probatorios que le confieran sustento a sus alegaciones y, por ende, produzcan la convicción de la necesidad de proteger preventivamente a dicha contribuyente de los efectos jurídicos del acto objetado hasta tanto se produzca la decisión que dictamine sobre la legitimidad del mismo.
Por tanto, este Tribunal está en la obligación de negar por las razones expuestas, la protección cautelar de suspensión de efectos del acto impugnado, instada por la representación judicial de la sociedad mercantil BUTTACI MOTORS, C.A.; y en consecuencia, este Tribunal declara improcedente la suspensión de efectos del acto recurrido. Así se resuelve.
Dispositivo
Por los fundamentos expuestos, en el presente Recurso Contencioso Tributario emanado de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), interpuesto por la contribuyente BUTTACI MOTORS, C.A., con solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, en el expediente N° 932-08, este Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA:
1. INADMISIBLE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesta por la contribuyente BUTTACI MOTORS, C.A.
2. No hay condenatorias en costas, en razón de pronunciarse esta decisión in limine litis.
3. Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la recurrente BUTTACI MOTORS, C.A. Déjese copia.
El Juez,
(HAY SELLO A TINTA DEL TRIBUNAL)
Dr. Rodolfo Luzardo Baptista (FDO) La Secretaria
Abog. Yusmila Rodríguez Romero (FDO)
En la misma fecha se dictó y publicó este fallo, registrándose bajo el No. ___________-2009, y se libró boleta de notificación a la contribuyente. La Secretaria
(HAY SELLO A TINTA DEL TRIBUNAL)
Abog. Yusmila Rodríguez Romero (FDO)
RLB/hr
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