TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
JUZGADO TERCERO EN FUNCIÓN DE JUICIO
Maracaibo, 05 de Mayo de 2009
198° y 150°

SENTENCIA Nº 14-09 .- CAUSA Nº 3M-612-08.-

SENTENENCIA CONDENATORIA POR ADMISION DE HECHOS
IDENTIFICACION DE LAS PARTES

JUEZA PRESIDENTE: DRA. CARMEN LISBETH JOA SOTO
REPRESENTANTE DEL M. P: ABOG. JOSE LUIS RINCON.
DEFENSORA PÚBLICA N° 22: ABOG. YUARI PALACIOS.
ACUSADO: ALFREDO VILLARREAL.
DELITO: ROBO
VICTIMA: DANIEL ALEJANDRO CARRILLO TERAN
SECRETARIA DE SALA: ABOG. LAURA VILCHEZ

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL PROCESO

Señala el Ministerio Publico, que como resultado de la investigación se comprobaron los siguientes hechos:
“En fecha 31/12/2007, siendo las 4:30 de la madrugada aproximadamente el ciudadano DANIEL ALEJANDRO CARRILLO TERAN, se encontraba en compañía del ciudadano JUVENAL SANTIAGO, en vía hacia el Estado Trujillo específicamente en la calle 18 del Sector Sierra Maestra para salir de la Circunvalación 1, de este Municipio, transportando hortalizas a bordo de su vehículo, cuando a la altura del semáforo de la avenida 15, un vehículo de color blanco que les venía siguiendo se les atravesó, al chofer no le dio tiempo de cruzar, se bajaron dos tipos armados, y se subió a los estribos del camión y bajo amenaza de muerte les decían, que le entregara su dinero y cartera, en ese sentido las víctimas entregaron lo que les pedían, sacaron el dinero que tenía en los bolsillos, luego de despojarles del efectivo se fueron corriendo. En ese momento el oficial Johan Coy, placa 373, quien realizaba labores de patrullaje por la calle 19 con avenida 15 del Barrio Sierra Maestra; cuando atendió el llamado del ciudadano DANIEL ALEJANDRO CARRILLO TERAN, quien le informó que dos ciudadanos lo habían interceptado y despojado de su dinero, señalando a uno de los mismos quien vestía para el momento pantalón Jean Azul y Sueter Naranja, con gorra de color blanco, quien se desplazaba a pie por el sitio y estaba a pocos metros del lugar, por lo que solicito apoyo a la Central de Comunicaciones llegando como apoyo el Sub Inspector Carlos Moreno, placa 421 en la Unidad Policial PSF-103, por lo que le dieron seguimiento restringiendo al ciudadano, luego le realizo la inspección corporal como le establece el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, incautándole en el bolsillo derecho del pantalón una bolsa de plástico de color azul, contentiva de varios billetes de diferentes denominación y un celular de color gris, por lo antes expuesto procedieron a la detención del ciudadano no sin antes informarle de sus derechos y garantías constitucionales según el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, trasladando todo el procedimiento a la Sede Operativa de su despacho, donde al llegar el ciudadano detenido quedo identificado como: ALFREDO JOSÉ VILLARREAL, así como los objetos incautados siendo estos la cantidad de un millón setecientos setenta mil bolívares, en billetes de diferentes denominaciones, un teléfono marca Motorola, color gris con su pila, un porta celular, en material de cuero, color negro sin marca visible.”
Quedando privado de su libertad cautelarmente por mandato del Juez Quinto en funciones de Control, el 31 de Diciembre de 2007, fecha de la Audiencia de Presentación de Imputados, asimismo, en la Audiencia Preliminar de fecha 03 de Julio de 2008 el mismo Juzgado Quinto de Control admite totalmente el escrito de acusación interpuesto por el Representante del Ministerio Publico, y acuerda la Apertura del Juicio Oral y Público.
DE LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA
El día Miércoles Veintinueve (29) de Abril del año dos mil nueve (2.009), en la Sala del Despacho de este Tribunal constituido en forma UNIPERSONAL, ubicada en el tercer piso del Palacio de Justicia, habilitada para tal fin, se llevó a efecto el JUICIO ORAL y PÚBLICO. Verificada la presencia de las partes, y hechas las advertencias de ley, se manifiesta a las partes que esta es la oportunidad para hacer algún planteamiento Previo al inicio del debate, solicitando la palabra el FISCAL NOVENO DEL MINISTERIO PÚBLICO, Abogado JOSE LUIS RINCON, quien expuso:
“En este acto, ratificando la acusación presentada en contra del acusado ALFREDO JOSE VILLARREAL, por los hechos de fecha 31-12-2007, cuando siendo las 4:30 de la madrugada aproximadamente el ciudadano DANIEL ALEJANDRO CARRILLO TERAN, se encontraba en compañía del ciudadano JUVENAL SANTIAGO, en vía hacia el Estado Trujillo específicamente en la calle 18 del Sector Sierra Maestra para salir de la Circunvalación 1, de este Municipio, transportando hortalizas a bordo de su vehículo, cuando a la altura del semáforo de la avenida 15, un vehículo de color blanco que les venía siguiendo se les atravesó, al chofer no le dio tiempo de cruzar, se bajaron dos tipos armados, y se subió a los estribos del camión y bajo amenaza de muerte les decían, que le entregara su dinero y cartera, en ese sentido las víctimas entregaron lo que les pedían, sacaron el dinero que tenía en los bolsillos, luego de despojarles del efectivo se fueron corriendo. En ese momento el oficial Johan Coy, placa 373, quien realizaba labores de patrullaje por la calle 19 con avenida 15 del Barrio Sierra Maestra; cuando atendió el llamado del ciudadano DANIEL ALEJANDRO CARRILLO TERAN, quien le informó que dos ciudadanos lo habían interceptado y despojado de su dinero, señalando a uno de los mismos quien vestía para el momento pantalón Jean Azul y Sueter Naranja, con gorra de color blanco, quien se desplazaba a pie por el sitio y estaba a pocos metros del lugar, por lo que solicito apoyo a la Central de Comunicaciones llegando como apoyo el Sub Inspector Carlos Moreno, placa 421 en la Unidad Policial PSF-103, por lo que le dieron seguimiento restringiendo al ciudadano, luego le realizo la inspección corporal como le establece el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, incautándole en el bolsillo derecho del pantalón una bolsa de plástico de color azul, contentiva de varios billetes de diferentes denominación y un celular de color gris, por lo antes expuesto procedieron a la detención del ciudadano no sin antes informarle de sus derechos y garantías constitucionales según el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 125 del Código Oragánico Procesal Penal, trasladando todo el procedimiento a la Sede Operativa de su despacho, donde al llegar el ciudadano detenido quedo identificado como: ALFREDO JOSÉ VILLARREAL, así como los objetos incautados siendo estos la cantidad de un millón setecientos setenta mil bolívares, en billetes de diferentes denominaciones, un teléfono marca Motorola, color gris con su pila, un porta celular, en material de cuero, color negro sin marca visible.
El hecho narrado concreta en definitiva la comisión del delito de ROBO, previsto y sancionado en al artículo 455 del Código Penal, tomando en consideración que una vez que fue aprehendido el hoy acusado se evidencia que el mismo no tenía en su poder ningún arma de fuego. En este orden de ideas, se ratifica igualmente las pruebas promovidas en el escrito acusatorio, pero con el cambio de Calificación Jurídica del hecho, y se solicita al tribunal que cada uno de los medios de prueba sea debatido en el juicio, y posteriormente analizados, pues los mismos demuestran la comisión del delito y la culpabilidad penal del acusado de autos, es todo”. Examinada como ha sido la Acusación Fiscal, este Tribunal encuentra procedente admitir la misma con el cambio de calificación expresada, en cada una de sus partes, por cuanto cumple con los requisitos contenidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, así como las pruebas ofrecidas, por ser pertinentes y necesarias, ya que guardan relación con la aprehensión del acusado de autos, así como con los hechos y circunstancias objeto de debate, es todo”.
Seguidamente cediéndole la palabra a la Defensa, Abg. YUARI PALACIOS, defensa Pública N° 22, quien expuso:
“En virtud de que el Fiscal 9° del Ministerio Público Dr. José Luis Rincón ha cambiado el calificativo a ROBO, previsto y sancionado en al artículo 455 del Código Penal, y visto que mi defendido después de escuchar el cambio de calificativo me ha manifestado su voluntad de hacerlo así, solicito el procedimiento por admisión de los hechos de conformidad con el articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal pidiendo la imposición inmediata de la pena, pidiendo la rebaja de la pena por admitir los hechos por parte de mi defendido en este Juicio Oral y Público e igualmente solicito al momento de imponerle la respectiva sentencia se tome en consideración la atenuante contenida en el ordinal 4° del artículo 74 del Código Penal venezolano, la cual le es aplicable por cuanto mi defendido no posee antecedente penal, ni correccional alguno, solicitando sea escuchado mi defendido en este acto. Es todo”.
Acto seguido, se le concede la palabra al acusado ALFREDO JOSÉ VILLARREAL, quien expone:
“Admito los hechos por los cuales me acusa el Fiscal y reconozco mi participación en los hechos, pero realmente nunca porté armas, simplemente amenace a la victima con gritos y el se asustó y me entregó el dinero, pero quiero manifestar al tribunal que si en la audiencia preliminar me hubieran dado el cambio para robo simple yo hubiese admitido los hechos desde ese momento, yo nunca he estado detenido, solicito se me imponga la pena a cumplir. Es todo
Al imponer AL ACUSADO del cambio de calificación realizado por el Ministerio Público, el cual consiste en la imputación formal de la comisión del delito de ROBO, previsto y sancionado en el Artículo 455 del Código Penal, cometido en perjuicio del ciudadano DANIEL ALEJANDRO CARRILLO TERAN, y del precepto constitucional contenido en el numeral 5° del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo establecido en los Artículos 127 y 128 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual lo exime de declarar en causa propia, o a declarase culpable de los hechos que se le imputa, explicándosele que en caso de querer declarar lo haría sin juramento, libre de coacción y apremio, de igual manera procedió a explicarle detalladamente y con palabras claras y sencillas en que consiste el procedimiento especial de ADMISIÓN DE HECHOS, previsto en el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, indicándole igualmente que de ser solicitado y Aprobado dicho instituto corresponderá la sentencia condenatoria con la correspondiente rebaja de la pena establecida en el mencionado artículo.
El Acusado ALFREDO JOSÉ VILLARREAL, venezolano, natural de Velera, estado Trujillo, con fecha de nacimiento 19-01-1983, de 26 años de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 16.376.129, de estado civil soltero, de profesión u oficio Comerciante, hijo de Estevan Segundo Vitora y de Olga Coromoto Villarreal, residenciado en el Barrio Sabana Grande, Avenida 63, calle 68, casa N° 171, al frente del depósito Mensur, Municipio San Francisco del Estado Zulia; expuso: “Quiero decir de manera voluntaria que admito los hechos que me imputa el Ministerio Público en el escrito acusatorio, asimismo solicito se me imponga de inmediato la pena, es todo”.
Por lo que, vista la Admisión de Hechos realizada de manera voluntaria y consciente, libre de coacción y apremio, por el acusado de autos, se le cede nuevamente la palabra a la Defensa, quien expuso: “Ratifico mi exposición anteriormente manifestada y solicito le sea impuesta a mi defendido la pena a cumplir, en los términos antes solicitados. Es todo”.
Al cederle la palabra al representante del Ministerio Público Fiscal 9º del Ministerio Público, ABG. JOSE LUIS RINCON, éste expone: “No tengo objeción alguna, a que en el presente caso se aplique el procedimiento especial de admisión de hechos, todo”.

DE LA DECISION DEL TRIBUNAL

Concluida la Audiencia y oídos los fundamentos de las peticiones presentadas por el Representante del Ministerio Público, la Defensa y el Acusado, en presencia de las partes, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en función de Juicio constituido en Forma Unipersonal, procede a resolver bajo las siguientes consideraciones:
PRIMERO: De la exposición de la representación Fiscal se infiere que en el presente asunto se ha modificado la calificación jurídica contenida en la acusación fiscal en contra del acusado ciudadano ALFREDO JOSE VILLARREAL, identificado plenamente en autos, en virtud de lo cual, los hechos por lo que acusa y pide enjuiciamiento al encartado de autos es por el delito de ROBO, previsto y sancionado en el Artículo 455 del Código Penal, cometido en perjuicio del ciudadano DANIEL ALEJANDRO CARRILLO TERAN, ajustándose a derecho, en virtud de que dicha modificación se ha realizado en el presente caso, antes de aperturar el debate oral y público.
SEGUNDO: Una vez impuesto de la nueva calificación en atención a la modificación sufrida por la calificación jurídica de la acusación antes de la apertura del debate judicial, lo cual considera favorable la defensa y por ende el acusado, quien de manera consciente y voluntaria, admite totalmente los hechos por lo que se ha de juzgar, y solicitando la aplicación del procedimiento especial de Admisión de Hechos en la presente causa, peticionando se le imponga la sentencia condenatoria inmediata con la rebaja de Ley establecida en dicho procedimiento, lo que igualmente fue solicitado por la defensa. Solicitudes que no fueron objetadas por el Ministerio Publico.
TERCERO: Este Tribunal antes de entrar al estudio de tales pretensiones, brevemente, hace las siguientes consideraciones sobre el Instituto de la Admisión de los Hechos, aduciendo en primer lugar que el Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”
Por su parte el Artículo 257 de nuestra Carta Magna, dispone: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.
De lo que se desprenden las garantías constitucionales que le son inherentes al acusado, y que le asisten, a fin de avalarles el acceso a la justicia, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2º de la Carta Política venezolana que consagra la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, así como el primer párrafo del Artículo 49 Ejusdem, en concordancia con el Artículo 1º del mencionado Código Orgánico Procesal Penal, referente al Juicio Previo y el Debido Proceso. Por lo que, cuando el consentimiento del imputado haya sido prestado con toda libertad se establece como beneficio para el mismo la aceptación de este procedimiento y debe provenir una rebaja en la pena aplicable al delito imputado, ya que tal procedimiento fue instituido en el sistema acusatorio en el Código Orgánico Procesal Penal, para permitir a las partes en el proceso penal, suprimir el debate en el juicio Oral por razones de economía procesal, cuando el acusado admita la comisión del delito imputado por el representante del Ministerio Público en la acusación, lo cual en sentido negativo, podría igualmente entenderse como agravante de la situación del acusado, toda vez que las garantías de un juicio oral y público no albergarían su proceso judicial penal, de allí que tanto la ley como la doctrina hayan establecido los parámetros a fin de su aplicación, tales como: -Que exista una acusación formal que fije los hechos imputados, siempre que esta admisión se origine de forma clara y espontánea ante el juez, y -que el imputado admita la totalidad de los hechos que fundamentan la acusación, de manera consciente, sin apremios ni coacción alguna, y sin procurar otra solución procesal que no sea su condena con la rebajas indicadas en el artículo 376 del tan mencionado Código Adjetivo Penal.
Asimismo, este Tribunal observa que aún cuando el procedimiento que dio lugar a este proceso no es del llamado procedimiento abreviado, conforme al cual luego de la admisión de la acusación en Juicio Oral y Público, es permisible la aplicación de tal procedimiento, no es menos cierto que siendo instruido el acusado nuevamente en este acto del cambio de calificación realizada por el Ministerio Público, surge una nueva oportunidad para estos, en virtud del derecho de defensa que les asiste, y de Tutela Judicial Efectiva que debe mantener el Tribunal, esto es, siendo un derecho inherente al acusado; una vez instruido totalmente de los pro y contra del referido beneficio a estos y de recibírseles de forma voluntaria y consciente la solicitud de una sentencia condenatoria, y la aplicación de la pena correspondiente conforme a la admisión total de los hechos, y cumpliéndose los requisitos necesarios para la aplicación del mismo, lo ajustado a derecho y conforme a la Ley, y en obsequio al principio de celeridad y economía procesal, igualmente, en atención de que el proceso es una vía jurídica para llegar a la verdad y el mismo ha de aplicarse de manera proba, imparcial, pronta y sin formalismos no esenciales, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 2º, 26, 49 y 257 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia este Juzgado, APRUEBA tal procedimiento en atención a las anteriores consideraciones, y como quiera que en el presente proceso se observaron las garantías y derechos constitucionales, legales y procesales del justiciable de autos, considera esta Jurisdicente que lo procedente en derecho es declarar CON LUGAR el Instituto Especial de ADMISIÓN DE LOS HECHOS, establecido en el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, todo en razón a que el principio rector, la finalidad, el objeto y la razón de ser de todo proceso es el obtener y lograr LA JUSTICIA, tal y como expresamente lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en numerosos Artículos, especialmente en los Artículos 26 y en el 257, ya enunciados, lo cual se logra otorgando una rápida y oportuna respuesta, dictando la decisión que en su momento sea la más equitativa y justa. Y ASI SE DECIDE.
DE LAS PENAS A IMPONER
Declarado con lugar el procedimiento especial por Admisión de los Hechos, establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, se procede a imponer la pena correspondiente, en virtud de lo establecido en el Artículo 455 del Código Penal, referente al ROBO GENERICO, que dispone: (OMISIS)… “Quien por medio de violencia o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas, haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será castigado con prisión de seis años a doce años”. Y en aplicación del Artículo 37 del Código Penal que establece: (OMISIS)…”Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos límites, se entiende que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad; se la reducirá hasta el límite inferior o se la aumentará hasta el superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de una y otra especie”. Por lo que sumando ambos extremos y dividido entre dos, daría una pena de Nueve años de Prisión.
Ahora bien, como quiera que el ciudadano acusado no tiene antecedentes penales, siendo esta circunstancia considerada como atenuante, que si bien no da lugar a rebaja especial de pena, sino a que se tome en cuenta para aplicar ésta en menos del término medio, y sin bajar del término mínimo que le asigna la ley al respectivo delito, conforme lo preceptúa el Artículo 74.4 del comentado Código Sustantivo Penal, considera estos Jurisdicentes ajustado a derecho aplicarla, por lo que toma como base el término mínimo de la misma, y en consecuencia la pena en concreto a imponer será la de SIETE (07) AÑOS DE PRISION.
De esta manera y Aprobado como ha sido el procedimiento de Admisión de Hechos en la presente causa, conforme el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone: (OMISIS) “Solicitud. En la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, o en el caso del procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate, el juez en la audiencia instruirá al imputado respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. Este podrá admitir los hechos objeto del proceso y solicitar al tribunal la imposición inmediata de la pena. En estos casos, el juez deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta. (…), en este orden de ideas y como quiera que el delito del que se acusa al encartado de autos, es de aquellos cuya violencia se dirige hacia las personas y sus bienes, este Tribunal Mixto considera razonable aplicar la rebaja de un tercio (1/3) de la pena, por lo que la pena en definitiva, en virtud de las circunstancias observadas por este Juzgado, quedaría en CUATRO (04) AÑOS Y OCHO (08) MESES DE PRISIÓN, más las penas accesorias legales relativas a la inhabilitación política; la sujeción a la vigilancia de la autoridad por la quinta parte del tiempo de la condena terminada esta, establecidas en el Artículo 16 del Código Penal, así como al pago de las costas procesales conforme lo establece el Artículo 34 del comentado Código Penal y 267 del Código Orgánico Procesal Penal del Código Penal. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, constituido en forma UNIPERSONAL, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA:
En consecuencia, éste Tribunal en Funciones de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, constituido en forma unipersonal, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: DECLARA: PRIMERO: Ratificar la admisión del Escrito de Acusación con el cambio de calificación solicitada y las Pruebas Ofrecidas, en todo su contenido las cuales fueron expresadas de manera oral en este acto, por el Fiscal 9° del Ministerio Público, Dr. JOSÉ LUIS RINCÓN, en contra del acusado ALFREDO JOSÉ VILLARREAL, por la comisión del delito de ROBO, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal, ejecutado en perjuicio del ciudadano DANIEL ALEJANDRO CARRILLO TERAN.- SEGUNDO: Declarar la procedencia de la Admisión de los Hechos expuesta por el acusado ALFREDO JOSÉ VILLARREAL, la cual ha sido proferida, libre de coacción y apremio, con la asistencia de su Defensora Pública, guardando las Garantías Legales y Constitucionales del Debido Proceso, contenidas en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, y el artículo 49 de Nuestra Carta Magna, en respecto a la tutela judicial efectiva contenida en el artículo 26 ejusdem.- TERCERO: DECRETAR LA CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD PENAL del acusado ALFREDO JOSÉ VILLARREAL, venezolano, natural de Velera, estado Trujillo, con fecha de nacimiento 19-01-1983, de 26 años de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 16.376.129, de estado civil soltero, de profesión u oficio Comerciante, hijo de Estevan Segundo Vitora y de Olga Coromoto Villarreal, residenciado en el Barrio Sabana Grande, Avenida 63, calle 68, casa N° 171, al frente del depósito Mensur, Municipio San Francisco del Estado Zulia, en consecuencia se procede a DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA por estar comprobada la responsabilidad penal del acusado arriba identificado, en la comisión del delito de ROBO, previsto y sancionado en al artículo 455 del Código Penal, ejecutado en perjuicio del ciudadano DANIEL ALEJANDRO CARRILLO TERAN.- En consecuencia, éste Tribunal en Funciones de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, constituido en forma unipersonal, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: DECLARA: CULPABLE al Acusado ALFREDO JOSÉ VILLARREAL, venezolano, natural de Velera, estado Trujillo, con fecha de nacimiento 19-01-1983, de 26 años de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 16.376.129, de estado civil soltero, de profesión u oficio Comerciante, hijo de Estevan Segundo Vitora y de Olga Coromoto Villarreal, residenciado en el Barrio Sabana Grande, Avenida 63, calle 68, casa N° 171, al frente del depósito Mensur, Municipio San Francisco del Estado Zulia, por estar comprobada la responsabilidad penal del acusado arriba identificado, en la comisión del delito de ROBO, previsto y sancionado en al artículo 455 del Código Penal, ejecutado en perjuicio del ciudadano DANIEL ALEJANDRO CARRILLO TERAN y en consecuencia, se CONDENA a cumplir la pena de CUATRO (4) AÑOS y OCHO (8) MESES DE PRISION, MAS LAS ACCESORIAS DE LEY, la cual será la pena definitiva a cumplir por el acusado en el sitio de reclusión, que determine el Juez de Ejecución que le corresponda conocer. Igualmente, se le condena a las penas accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal, esto es a: 1º La inhabilitación política durante el tiempo de la condena; Y 2º La sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena. CUARTO: Se ordena remitir la presente causa al Tribunal de Ejecución que le corresponda conocer por distribución una vez vencido el término de ley.
Se deja constancia que el texto de esta Sentencia forma parte de la Dispositiva, dictada en audiencia Oral y Pública realizada en fecha veintinueve (29) de Abril de dos mil nueve.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio constituido en forma MIXTA, a los cinco (05) días del mes de Mayo de dos mil nueve; a los 198° de la Federación y 151° de la Independencia.
Regístrese, déjese Copia certificada en el libro respectivo, Ofíciese.-
LA JUEZA TERCERA DE JUICIO,

DRA. CARMEN L. JOA SOTO,
LA SECRETARIA,

ABOG. LAURA VILCHEZ RIOS

En esta misma fecha se registró la presente Sentencia bajo el No. 14-09, de los libros llevados por este Tribunal.
LA SECRETARIA,

ABG. LAURA VILCHEZ RIOS

CAUSA: 3M-612-08