REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR TERCERO PODER JUDICIAL En su nombre: Tribunal Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas. Cabimas, veinte (20) de mayo de dos mil nueve (2009). ASUNTO: VP21-R-2009-000072. PARTE ACTORA: VÍCTOR GREGORIO PIÑA YSEA, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. V-11.805.808, domiciliado en el municipio Lagunillas del estado Zulia. ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: JUSTINIANO SEGUNDO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ALFREDO MANZANILLA, ROSA LINDA CEGARRA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matriculas 63.935, 37.915 y 69.284, domiciliados en el municipio Lagunillas del Estado Zulia. PARTE DEMANDADA: TRANSPORTE RODGHER S.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 11 de mayo de 1992, anotado bajo el No. 34, Tomo 5-A del Segundo Trimestre y domiciliada en el municipio Lagunillas del estado Zulia. APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: MAIRA PARRA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matrícula 49.326, domiciliada en el municipio Cabimas del Estado Zulia.- RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA Se tramitaron ante esta Instancia Judicial actuaciones relacionadas con el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada Sociedad Mercantil TRANSPORTE RODGHER S.A., contra la decisión de fecha 27-03-2.009, dictada por el Tribunal Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial el Estado Zulia, con Sede en Cabimas, en la cual se declaró PARCIALMENTE PROCEDENTE la demanda que por cobro de bolívares por diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales intentó el ciudadano VICTOR GREGORIO PIÑA ISEA contra la Sociedad Mercantil TRANSPORTE RODGHER S.A., constando las siguientes actuaciones de importancia: Posteriormente en fecha: 15/04/2009, fueron recibidas las presentes actuaciones por esta Superioridad, procediéndose a darle entrada en la misma fecha; ahora bien cumplidas las formalidades legales de la Alzada, se fijó la celebración de la Audiencia de Apelación para el día 05 de MAYO de 2009 a la cual asistieron el apoderado judicial de la parte demandante Abogado en ejercicio JUSTINIANO RODRIGUEZ, y la apoderada judicial de la parte demandada Abogada en ejercicio MAIRA PARRA, procediéndose al dictamen del dispositivo a través del cual se declaró: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa demandada recurrente en contra de la decisión de fecha: 27-03-2009 dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano VICTOR GREGORIO PIÑA YSEA contra la sociedad mercantil TRANSPORTE RODGHER S.A, por motivo de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales. TERCERO: SE CONFIRMA el fallo apelado. CUARTO: SE HACE CONDENATORIA EN COSTAS a la empresa demandada recurrente de conformidad con la norma establecida en el artículo 60 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicando el fallo motivado de conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en fecha 12 de mayo de 2009. Contra dicha decisión la parte demandada TRANSPORTE RODGHER S.A, ejerció el Recurso de Control de Legalidad en fecha 19 de mayo de 2009, no obstante el día 20 de mayo de 2009 verificó este Tribunal que comparecieron por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación Judicial Laboral la abogada en ejercicio MAIRA PARRA en su condición de apoderada judicial de la parte demandada, cuya representación consta en documento poder el cual riela en las actas procesales en los folios veintiséis (26) al veintiocho (28) ambos inclusive, y el abogado en ejercicio JUSTINIANO RODRÍGUEZ en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, cuya representación consta en Poder que riela inserto en la presente causa en el folio No. trece (13) y catorce (14) ambos inclusive, los cuales manifestaron mediante diligencia el mutuo y voluntario acuerdo a fin de ponerle termino a la presente controversia, para cuyo efectos celebraron un CONVENIMIENTO y DESISTIERON en dicho acto del Recurso de Control de Legalidad solicitado. CONSIDERACIONES DE LA DECISIÓN Corresponde a este Juzgado Superior pronunciarse sobre solicitud de homologación del desistimiento del presente, en consecuencia debe observarse el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil vigente que establece: “Artículo 263. En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aún antes de la homologación por el tribunal”. Asimismo el artículo 264 eiusdem dispone: “Artículo 264. Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones.” Del análisis de ambas normas, se evidencia, que el ordenamiento jurídico venezolano admite la figura del desistimiento como una forma de terminación anormal del proceso, cuya procedencia se encuentra supeditada a la facultad procesal de las partes o de sus apoderados judiciales para desistir. Igualmente en relación al desistimiento, en sentencia de fecha 12 de diciembre de 2006, caso: Asdrúbal Rodríguez Tellería contra Ondas del Mar Compañía Anónima, estableció lo siguiente: “…El desistimiento, tal y como lo enseña la doctrina de nuestros procesalistas clásicos (Borjas y Marcano Rodríguez), es un acto jurídico que consiste en el abandono o renuncia positiva y precisa que hace el actor o interesado, de manera directa, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o de un acto aislado de la causa o, en fin, de algún recurso que hubiese interpuesto. Como todo acto jurídico está sometido a ciertas condiciones, que si bien no todas aparecen especificadas en el Código de Procedimiento Civil, han sido establecidas por la jurisprudencia en razón de lo cual el desistimiento deberá manifestarse expresamente, a fin de que no quede duda alguna sobre la voluntad del interesado. Se requiere además, para que el juez pueda darlo por consumado, el concurso de dos condiciones: a) Que conste en el expediente en forma auténtica; y b) Que tal acto sea hecho pura y simplemente, es decir, sin estar sujeto a términos o condiciones, ni modalidades ni reservas de ninguna especie. Para desistir se exige capacidad para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia, y que se trate de materias en las que no están prohibidas las transacciones. El procesalista venezolano Dr. Arístides Rangel- Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987; Teoría General del Proceso; Tomo II, Editorial Arte, 1994, paginas 367 y 368, al referirse al desistimiento del recurso, afirma: “...Como el desistimiento del procedimiento, o renuncia a los actos del juicio, tiene por objeto el abandono de la situación procesal del actor, nacida de la existencia de la relación procesal y él puede ocurrir en cualquier estado y grado del juicio, se sigue que el desistimiento afectará a toda relación procesal o a una fase de ella, según que el juicio se encuentre en primer grado o en apelación al momento del desistimiento. El desistimiento del recurso (...) se refiere precisamente a esta última situación: al desistimiento o renuncia a los actos del juicio en apelación; figura que está implícitamente prevista en nuestra Ley Procesal, al regular uno de los efectos de este desistimiento (las costas); en el Art. 282 C.P.C. Esta disposición establece:”Quien desista de la demanda, o de cualquier recurso que hubiera interpuesto, pagará las costas si no hubiera pacto en contrario...”. Si bien es cierto que el desistimiento es “la renuncia de la facultad para llevar adelante una instancia promovida mediante recurso” (Vocabulario Jurídico de Eduardo E. Couture), y “el acto de abandonar la instancia, la acción o cualquier otro trámite del procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio), no es menos cierto que en nuestro ordenamiento jurídico tal actuación requiere de mandato en el cual específicamente se contemple esa facultad. En efecto, en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, señala lo que sigue: “...El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma, pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho del litigio, se requiere facultad expresa...”. Por otra parte, tratándose de un desistimiento de un recurso, que no es menester el consentimiento o adhesión de la contraparte no recurrente, pues habiendo obtenido ya la contraparte una sentencia favorable, o en el peor de los casos, una sentencia inhibitoria que no le causa agravio, no tiene interés en que el recurso prosiga; y por tanto, el desistimiento no impide que se defina la justicia en el caso, ya por la sentencia de mérito contra la que se alzó el desistente, que pasa a la autoridad de cosa juzgada, ya por la ulterior sentencia que debe dictarse luego de subsanado el vicio esencial denunciado por la sentencia repositoria. No obstante, cabe advertir que en el presente asunto judicial existe un claro desistimento del Recurso de Control de Legalidad interpuesto. Igualmente, observa esta Alzada, dando cumplimiento a la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, por la cual le corresponde velar por que la declaración de la parte recurrente que desiste sea en efecto su manifestación de voluntad, ya que su apoderada judicial abogada en ejercicio MAIRA PARRA en su condición de apoderada judicial de la parte demandada, desistió del Recurso de Control de Legalidad interpuesto contra la decisión dictada por este JUZGADO SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS, por lo que al verificar tal manifestación en las actas, esta Alzada considera que ciertamente se ha producido el desinterés en el trámite del Recurso de Control de Legalidad incoado por la parte demandada TRANSPORTE RODGHER S.A., a fin de ser remitido ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. ASÍ SE DECLARA.- PARTE DISPOSITIVA Con fundamento y en fuerza de las consideraciones anteriores en la parte motiva de esta decisión, este JUZGADO SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, administrando justicia por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CONSUMADO el desinterés en el trámite del Recurso de Control de Legalidad incoado por la parte demandada TRANSPORTE RODGHER S.A., a fin de ser remitido ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, se da por terminado la sustanciación del mismo. SEGUNDO: NO SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandada recurrente en virtud de la naturaleza del presente fallo.- PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA CERTIFICADA TODO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 21 ORDINAL TERCERO Y REMÍTASE AL JUZGADO DE JUICIO CORRESPONDIENTE.- Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS, a los veinte (20) días del mes de mayo de dos mil nueve (2009). Siendo las 04:04 p.m. Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.- Abog. YACQUELINNE SILVA FERNÁNDEZ JUEZA SUPERIOR DEL TRABAJO Abg. DEYANIRA GRANT ALBORNOZ. SECRETARIA JUDICIAL. En la misma fecha siendo las 04:04 de la tarde la Secretaria Judicial adscrita a este Tribunal Superior deja constancia expresa que se dictó y publicó el fallo que antecede. – Abg. DEYANIRA GRANT ALBORNOZ. SECRETARIA JUDICIAL. YSF/DG/jltg.- Asunto: VH22-R-2009-000072.- Resolución número: PJ00820090000126.- .