REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SALA DE JUICIO - JUEZ UNIPERSONAL Nº 4
Exp. 14913.-
Causa: Rectificación de Acta de Nacimiento.
Solicitante: LILA ROSA MORAN DÍAZ.
Adolescente: (se omiten los nombres de los niños, niñas y adolescentes por razones de confidencialidad).
PARTE NARRATIVA
Recibida la anterior solicitud del órgano distribuidor contentiva de RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, constante de seis (06) folios útiles, suscrita por la ciudadana LILA ROSA MORAN DÍAZ, titular de la cedula de identidad N° V- 13.080.562, debidamente asistida por la abogada NEGDA GARCÍA, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 40.702, a favor y único interés del adolescente (se omiten los nombres de los niños, niñas y adolescentes por razones de confidencialidad). Désele entrada, fórmese expediente y numérese.
PARTE MOTIVA
Este Tribunal, luego del examen minucioso y exhaustivo del contenido de la solicitud, observa que la ciudadana LILIA ROSA MORAN DÍAZ, manifiesta: se cometió en error involuntario en el primer nombre de mi persona aparece como LILIA, cuando lo correcto es LILA… Del contenido de la solicitud presentada con claridad se evidencia que se trata de un error material y no sustancial.
Por este motivo, este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente solicitud, previas las siguientes consideraciones:
Para entrar a considerar la procedencia o no de determinada pretensión, es necesario hacer por parte del Órgano Jurisdiccional un juicio de valor previo, que deviene en el conocimiento del asunto, para determinar de esta forma la admisibilidad de dicha pretensión.
La admisibilidad como requisito indispensable para la prosecución de un proceso, procura que el órgano jurisdiccional detente la obligación legítima del Estado de monopolizar la función jurisdiccional de administrar justicia, y una vez que el Tribunal admita la pretensión que dio origen a la activación del aparato jurisdiccional, deviene todo el decurso del proceso, solicitud o recurso, según sea el caso.
De lo anterior debemos deducir que para que una pretensión o solicitud sea procedente, previamente debe ser admisible, por lo tanto, como expone el autor Rafael Ortiz Ortiz: “No todo lo admisible es procedente pero todo lo procedente es admisible”.
El juicio de valor que hace el órgano jurisdiccional respecto a la admisibilidad de la pretensión es previo a todo conocimiento del juicio, y por cuanto el mismo determina la posibilidad de que el Tribunal cumpla o no con la función jurisdiccional, se entiende que es una decisión dictada a priori sobre la posibilidad o no, en primer lugar, si la pretensión pueda ser tramitada y decidida conforme a la ley; y en segundo lugar, si el órgano jurisdiccional puede tramitarla y decidirla conforme a la ley, no por argumentos legales sino por circunstancias que atenten o menoscaben los principios constitucionales, la legitimidad del Estado para ello y si es violatorio del estado de Derecho que enmarca las actuaciones jurisdiccionales.
Es por ello que la admisibilidad o no de la pretensión implica el orden público, las buenas costumbres y el debido orden procesal, el cual está dado por causales taxativas que determinan la admisión o no de dicha pretensión, constituyendo ello los principales requisitos de admisibilidad, a saber: que no sea contraria al orden público, a las buenas costumbres y a alguna disposición legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil.
Respecto al procedimiento de rectificación establece el artículo 773, perteneciente al Capítulo X (De la rectificación y nuevos actos del estado civil), Primera parte (De los procedimientos especiales contenciosos), Libro cuarto (De los procedimientos especiales) del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “En los casos de errores materiales cometidos en las actas del Registro Civil, tales como cambio de letras, palabras mal escritas o escritas con errores ortográficos, trascripción errónea de apellidos, traducciones de nombres, y otros semejantes, el procedimiento se reducirá a demostrar ante el Juez la existencia del error, por los medios de pruebas admisibles y el Juez con conocimientos de causa resolverá lo que considere conveniente”
En ese orden de ideas, el autor patrio Dr. Alberto José La Roche, en su obra Derecho Civil I (pp.290-293; 1984), indica respecto de la rectificación de las actas del estado civil que: “Es común que en las actas del Estado Civil se incurra en errores, como escribir mal el nombre de la persona que se presente, o de uno de los contrayentes, o del difunto, esto da lugar a lo que técnicamente se conoce por rectificación del acta (correspondiente); empero, conviene establecer previamente la diferencia entre rectificación y cambio o adición del nombre; ambas tiene objetivo diferente, por una parte; y por la otra, la rectificación es un derecho; derecho subjetivo que yo tengo a que mi identidad sea correcta, lo que presupone una relación jurídica directa entre ese derecho y la posibilidad de intentar la rectificación de mi acta de Estado Civil, con el propósito de establecer mi verdadera identidad”.
En tal sentido, se deduce de lo expuesto por el Legislador patrio, en los precitados artículos que, la rectificación de un acta de estado civil, procede: a) Cuando existe alguna inexactitud o error material (por ej, a un varón se le menciona – en el acta- como del sexo femenino). b) Cuando hay alguna omisión; o sea, el acta está incompleta por faltarle alguno de los requisitos pedidos por la ley; c) Cuando existe en el acta una mención prohibida por la ley (caso concreto: se menciona el color del presentado, o se indica que es hijo ilegítimo» (LA ROCHE, ALBERTO J.: Curso de Derecho Civil I, p. 237).
El precepto legal transcrito limita el procedimiento a la simple aportación de los medios probatorios pertinentes que evidencien la existencia del error que se pretende rectificar. Sin embargo, la norma aludida se refiere sólo a los casos de equivocaciones materiales producidas en lo impreso o manuscrito y no a errores esenciales, tales como la identidad del niño, de la persona que hace su presentación o de sus progenitores.
Que el artículo 177, parágrafo segundo, literal “l” de la LOPNNA, prevé que el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es competente para conocer de las siguientes materias:
“Rectificación y nulidad de partidas relativas al estado civil de niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de las atribuciones de los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes”
De las todas las normas legales y la Exposición de Motivos antes trascritas, es relevante acotar que los niños, niñas y adolescentes, han sido reconocidos como sujetos plenos de derechos por Legislador, lo que obliga a crear vías efectivas y expeditas para la defensa y garantías de sus derechos individuales, colectivos o difusos, entre ellos el derecho a obtener documentos públicos de identidad (Vid. Art. 22 de la LOPNNA), además, para que éstos documentos tengan plena eficacia jurídica, el derecho se entiende estén expedidos correctamente conforme a la Ley, sin errores.
Ahora bien, este Tribunal vista la referida solicitud observa lo siguiente:
1) Que en el artículo 160 literal “a”, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, (en adelante LOPNNA) establece expresamente que los Consejos de Protección del Niños, Niñas y Adolescentes tiene atribución ara dictar medidas de protección:” Son atribuciones de los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: … a) Dictar las medidas de protección, excepto las de adopción y colocación familiar o en entidad de atención, que son exclusivas del tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes. ...”
2) Que el Artículo 158 de la LOPNNA, establece:… “Los Consejos de Proteccion de Niños, Niñas y Adolescentes son los órganos administrativos que, en cada municipio y por mandato de la sociedad, se encarguen de asegurar la proteccion en caso de amenaza o violación de los derechos y garantías de uno o varios niños, niñas y adolescentes, individualmente considerados. Estos consejos son permanentes y tendrán autonomía en el ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley y demás normas del ordenamiento jurídico…”
3) Que el Artículo 125 de la LOPNNA, establece… “Las medidas de proteccion son aquellas que imponen la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños, niñas o adolescentes individuamente considerados, la amenaza o violación de sus derechos o garantías, con el objeto de preservarlos o restituirlos.
La amenaza o violación a que se refiere este articulo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, el padre la madre, representantes, responsables o de la propia conducta del niño, niña o del adolescente…”
4) Que en Artículo 126 de la LOPNNA, literal F, establece:… “Una vez comprobada la amenaza o violación a que se refiere el artículo anterior, la autoridad competente puede aplicar las siguientes medidas de proteccion… Intimación al padre, a la madre, representantes, responsables o funcionarios y funcionarias de identificación a objeto de que procesen y regularicen, con estipulación de un plazo para ello, la falta de presentación ante el Registro del Estado Civil o las ausencias o deficiencias que presenten los documentos de identidad de niños, niñas y adolescentes, según sea el caso…”
Del contenido de estas normas se pueden resaltar los siguientes aspectos:
Sujeto pasivo de la medida puede ser: por una parte, el padre, la madre, los representantes (por ej. tutor), los responsables (por ej. responsable de la colocación familiar, responsable de la entidad de atención), y, por la otra: los funcionarios o las funcionarias de identificación, entre éstos: 1) los encargados o las encargadas del Registro del Estado Civil (primera autoridad civil del municipio, jefe o jefa civil, registrador o registradora principal, entre otros), si se trata de partidas; 2) los encargados o las encargadas de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería, si se trata de cédula de identidad o pasaporte.
Objeto de la medida: según sea el caso, procesar y regularizar: 1) la falta de presentación ante el Registro del Estado Civil. 2) las ausencias o deficiencias que sean errores materiales, que presenten los documentos de identidad.
Cuando se trata de ausencia, la finalidad es insertar (inserción según el artículo 516 de la LOPNNA) el dato o requisito omitido
Según el artículo 448 del Código Civil toda acta debe contener: a) nombre y apellido del funcionario que las autorice, con la mención del carácter con que actúa; b) el día, mes y año en que se extiendan; c) el día, mes y año, la hora, si es posible, y la casa o sitio en que acaeció o se celebró el acto que se registra; d) las circunstancias correspondientes a la clase de cada acto; e) el nombre, apellido, edad, profesión y domicilio o residencia de las personas que figuren en la partida, ya como partes, ya como declarantes del acto, ya como testigos; y d) los documentos presentados.
Si se trata de acta de nacimiento, según lo previsto en el artículo 466 del Código Civil, además de lo estatuido en el artículo anterior, debe contener: a) sexo y nombre del recién nacido. Si el declarante no le da nombre lo hará la autoridad civil ante quien se haga la declaración. b) si el parto fuere de gemelos, se mencionará esta circunstancia en cada una de las partidas que deberán extenderse y se expresará el orden de los nacimientos. c) cuando no estuviere vivo el niño en el momento de hacerse la declaración de su nacimiento, la autoridad civil lo expresará así, sin tener en cuenta la declaración de los comparecientes de haber nacido vivo o muerto. Se extenderá además, al mismo tiempo, la partida de defunción correspondiente, sin expresar si nació o no con vida.
Cuando se trata de una deficiencia, la finalidad es corregir (corrección según el artículo 516 de la LOPNNA) o subsanar el error material. Se puede entender por errores materiales, los cambios de letras o números, palabras mal escritas o escritas con errores ortográficos, trascripción errónea de apellidos, traducciones de nombres.
Asimismo en la Exposición de motivos de la LOPNA establece:…”Mención mas detenida merecen las medidas de proteccion previstas en el Articulo 125, porque su concepción u desarrollo suponen la superación de una de las características mas importantes de la doctrina de la situación irregular: La judicializacion de todos los problemas de la infancia. De Acuerdo a este paradigma, el Juez de Menores tiene competencia para resolver problemas sociales, y jurídicos, para todo lo relacionado con el niño, se encuentre este en situación de abandono, de peligro o sea infractor.
La moderna concepción de la Proteccion integral obliga a conceder un tratamiento diferente a las dos situaciones antes mencionadas y en consecuencia, encontramos en este proyecto dos sistemas claramente diferenciados: Uno, el Sistema de Proteccion para los Niños, Niñas y Adolescentes, que son victimas y otro, el Sistema Penal de Responsabilidad Penal del Adolescente (Titulo V), para los victimarios. A los primeros se les aplica las medidas de proteccion y a los segundos, sanciones con finalidad socio-educativa. En el primer caso interviniere la autoridad administrativa, en el segundo, la judicial.
El proyecto, acogiendo plenamente los mandatos de la convención, reduce los márgenes de discrecionalidad y desjudicializa el proceso de imposición de las medidas de proteccion. En tal sentido, atribuye competencia para la imposición de las medidas, salvo las de colocacion familiar o en entidad y la adopción, que por su alcance y consecuencia serán aplicadas por el Juez, a los Consejos de Proteccion, órganos administrativos que ejercen función publica y estarán ubicados en cada municipio del país… “
De las transcritas las normas legales y la exposición de motivos es relevante acotar que los Niños, Niñas y Adolescentes, han sido reconocidos como sujeto pleno de derechos por Legislador lo que obliga a crear vías efectivas y expeditas para la defensa y garantías de sus derechos individuales, colectivos o difusos. Para ello la LOPNNA establece claramente los actores, instancias, órganos, estrategias y procedimientos (tanto administrativos como judiciales), idóneos para lograr ese objetivo esencial y un sistema de medidas sancionatorias para quienes, estando obligados a ello, no garanticen, amenacen o violen esos derechos y mecanismos que provean recursos económicos necesarios para brindar la Proteccion Integral que a los niños, niñas y adolescentes tienen derecho.
En el caso de autos, se ha solicitado la corrección o inserción de un error material y no un error sustancial como lo quiere ver el Órgano Administrativo, no obstante los errores sustanciales va mas allá del campo social, son errores transcendentes donde se pone en deuda la identidad de la madre, del padre o del propio niño, niña o adolescente, es decir el error constituye un problema jurídico donde se hace necesarias por vía judicial.
Este Proceso de redefinición de las funciones judiciales (desjudicializacion) constituye un medio idóneo para garantizar a los niños, niñas y adolescentes la tutela efectiva de sus derechos y garantías, así como, para mejorar la calidad y celebridad de los servicios de administración de justicia. Igualmente, busca garantizar el acceso efectivo de todas las personas al Sistema de Justicia y del Sistema Rector Nacional para la Proteccion Integral, especialmente a quienes se encuentran en situación de pobreza o exclusión social, facilitando el acceso a los órganos de proteccion.
PARTE DISPOSITIVA
DECISION
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Proteccion de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio- Juez Unipersonal N° 4, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA:
• DECLARA INADMISIBLE la presente solicitud por ser contraria a derecho, y por considerar, este Tribunal establece que no fueron llenados los extremos exigidos por la ley
• Se ordena remitir copias certificadas de la presente solicitud al Consejo de Proteccion de Niñas, Niñas y Adolescentes del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a los fines de que por vía administrativa se proceda a la admisión de la misma. ASI SE DECIDE. OFICIESE EN TAL SENTIDO.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los 09 días del mes de marzo de 2009. Años: 196º de la Independencia y 150º de la Federación.-
EL JUEZ UNPERSONAL N° 4
ABOG. MARLON BARRETO RIOS.
LA SECRETARIA
ABOG. LORENA RINCÓN PINEDA.
En la misma fecha siendo las 9:00 AM, previo anuncio de la Ley a las puertas del despacho, se dicto y publicó la anterior Sentencias Interlocutoria quedando anotado bajo el N° 48, en la carpeta llevadas por este Tribunal durante el presente mes y año.
MBR/Cvm*
EXP. N° 14913.-
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