República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Sala de Juicio - Juez Unipersonal Nº 1
PARTE NARRATIVA
Consta en autos Juicio de OBLIGACION DE MANUTENCION (OFRECIMIENTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA) incoado por el ciudadano JOSE NARCISO SALAS CORTEZ, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No- 11.862.359, domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asistido por el abogado en ejercicio HEVERTO ENRIQUE GONZALEZ ACEDO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 58.015 en contra de la ciudadana BRENDA ELENA SALAZAR RUIZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº- 16.560.730 alegando que de la relación matrimonial que mantuvo con la demandada procrearon un (01) hijo, que lleva por nombre SLEITER JOSE SALAS SALAZAR.
A esta demanda se le dio entrada en fecha 17 de Diciembre de 2.004, ordenándose formar expediente y numerarlo. Asimismo, se instó a la parte solicitante a consignar acta de nacimiento del niño de autos.
En diligencia de fecha 02 de Junio de 2005, el ciudadano JOSE NARCISO SALAS CORTEZ, asistido por el abogado en ejercicio HEVERTO ENRIQUE GONZALEZ ACEDO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 58.015, consignó copia del acta de nacimiento de su hijo SLEITER JOSE SALAS SALAZAR.
Mediante auto de fecha 02 de Junio de 2005, este Tribunal admitió cuanto a lugar en derecho la presente solicitud, ordenando la comparecencia de la ciudadana BRENDA ELENA SALAZAR RUIZ, a fin de que compareciera al tercer día siguiente a la constancia en autos de la citación practicada a las diez de la mañana (10:00am) con el objeto de celebrar en presencia del Juez del Tribunal, la conciliación entre las partes intervinientes en el presente procedimiento. Igualmente, se ordenó la notificación de la iniciación del proceso a la ciudadana Fiscal del Ministerio Público Especializado de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En esa misma fecha se libraron las boletas de notificación y citación respectivas.
En fecha 14 de Junio de 2005, el ciudadano alguacil de este Tribunal expuso a los fines de consignar los recaudos de citación constante de 4 folios.
Mediante diligencia de fecha 14 de Junio de 2005, el ciudadano JOSE NARCISO SALAS CORTEZ, asistido por el abogado en ejercicio HEVERTO ENRIQUE GONZALEZ ACEDO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 58.015, solicitó al Tribunal se practicara a una nueva citación a la ciudadana BRENDA ELENA SALAZAR RUIZ.
En fecha 10 de Junio de 2005, se dio por notificada la ciudadana Fiscal Especializada del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En fecha 15 de Junio de 2005, fue agregada la referida boleta a los folios del presente expediente.
En auto de fecha 20 de Junio de 2005, este Tribunal ordenó a la Secretaria de este Despacho hacer la notificación pertinente por medio de la boleta a la ciudadana BRENDA ELENA SALAZAR RUIZ.
En fecha 27 de Septiembre de 2005, la Secretaria de este Tribunal expuso que se trasladó a la dirección de citación de la ciudadana BRENDA ELENA SALAZAR RUIZ, entregándole la boleta respectiva a la referida ciudadana, dejando constancia que el presente procedimiento se había cumplido con todas las formalidades exigidas en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 30 de Septiembre de 2005, el Tribunal dejó constancia que siendo el día y hora fijada para llevar a cabo el acto conciliatorio entre las partes, estando presente el ciudadano JOSE NARCISO SALAS CORTEZ, asistido por el abogado en ejercicio HEVERTO ENRIQUE GONZALEZ ACEDO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 58.015 parte demandante y no estando presente la parte demandada ciudadana BRENDA ELENA SALAZAR RUIZ plenamente identificada en actas.
A partir de esa misma fecha, quedó paralizado el proceso por falta de impulso procesal del ciudadano JOSE NARCISO SALAS CORTEZ.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
ÚNICO
I
Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado desde el día 30 de Septiembre de 2005; discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera:
“1) Concepto.
a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191.
c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”.
Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
II
Ahora bien, en este orden de ideas explica el jurisconsulto Hernando Devis Echandìa, en su obra Nociones Generales del Derecho Procesal Civil, Capítulo XIX, Teoría de los Actos Procesales:
“…los actos procesales son simplemente actos jurídicos en relación con el proceso; esto es, actos emanados de la voluntad de su autor y de importancia jurídica, inmediata para el proceso; son actos que emanan de la voluntad humana y que tienden a producir un efecto en la realidad jurídica procesal, es decir, en la constitución, conservación, desarrollo, modificación o extinción de una relación procesal.
Pero debe existir una relación inmediata y directa entre el acto y el proceso, porque hay actos jurídicos que pueden servir para el proceso, y sin embargo no son actos procesales, tales como el poder que se otorga a un abogado para demandar u oponerse a una demanda; como el contrato que sirve de título ejecutivo, como la violación del derecho ajeno que produce el litigio y la necesidad del juicio, o como el pago que puede ser alegado para demostrar la falta de derecho en el actor, etc…”
Por las razones antes expuestas, el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo las partes, hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal; y así se declara.
PARTE DISPOSITIVA
D E C I S I Ó N
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
a) PERIMIDA LA INSTANCIA en la presente solicitud de Oferta de Pensión Alimentaria (Obligación de Manutención), incoado por el ciudadano JOSE NARCISO SALAS CORTEZ, portador de la cédula de identidad No- 11.862.359, en contra de la ciudadana BRENDA ELENA SALAZAR RUIZ, titular de la cédula de identidad Nº- 16.560.730.
b) No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese, notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en la Sala 1 del Despacho del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veintitrés (23) días del mes de Marzo de dos mil nueve. 198º de la Independencia y 150º de la Federación.
El Juez Titular Unipersonal N° 1,
Dr. Héctor Ramón Peñaranda Quintero
La Secretaria
Mgs. Angélica Maria Barrios.
En la misma fecha, en horas de Despacho, previo el anuncio de ley a las puertas de este Juzgado, se dictó y publicó la anterior sentencia, bajo el No.353. La Secretaria.
HRPQ/199
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