TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

EXPEDIENTE N° 6787

PARTE ACTORA: MARILÍN DELCARMEN PIÑERA DE VARGAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-16.047.798, domiciliada en el Danto, Sector “K”, No. K-114 de Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia, obrando en representación de sus hijos ELIX DE JESÚS y ELIXMAR DEL CARMEN VARGAS PIÑERA.
APODERADAS JUDICIALES
LA PARTE DEMANDANTE: IDVER MARÍA GONZÁLEZ y MARGARITA BELÉN GONZÁLEZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-11.253.546 y V-4.661.663, e inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros, 127.620 y 34.616 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: ELIX EUGENIO VARGAS JIMÉNEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-16.046.167, y de este domicilio.

ABOGADO ASISTENTE DE
LA PARTE DEMANDADA: SIN REPRESENTACIÓN LEGAL………………

MOTIVO: PENSIÓN DE ALIMENTOS hoy OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON CARÁCTER DE DEFINITIVA
En fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil siete (2.007), la ciudadana MARILÍN DEL CARMEN PIÑERA DE VARGAS, asistida por la profesional del derecho IDVER MARÍA GONZÁLEZ, presentó demanda por PENSIÓN DE ALIMENTOS hoy OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, en contra del ciudadano ELIX EUGENIO VARGAS JIMÉNEZ, la cual fue admitida en fecha veintidós (22) de octubre de dos mil siete (2.007), por este JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, por ser competente para ello, librándose en la misma fecha oficios a la Empresa AINCO, C.A, donde presta sus servicios el demandado, así como al Instituto Nacional de Asistencia del Menor (INAM), para la realización del Informe Social respectivo, igualmente fueron librados los Recaudos de Citación y Notificación del Fiscal del Ministerio Público respectivamente y se aperturó la Pieza de Medida correspondiente (f. 1 al 14 Pza. Principal) y (f.1 al 5 Pza de Medida).
ANTECEDENTES.
En fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil siete (2.007), el Alguacil Natural, expone que recibe los oficios Nros. 6130-2288-6787-2007, 6130-2289-6787-2007 y 6130-2290-6787-2007, librados al Instituto Nacional de Asistencia del Menor (INAM), al Juzgado Distribuidor de los Municipios Cabimas, Santa Rita y Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas y a la Empresa AINCO, C.A respectivamente (f. vto 14 Pza Principal).
En la misma fecha el Alguacil Natural, expone que recibe el oficio No. 6130-2291-6787-2007, librado al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Cabimas, Santa Rita, Simón Bolívar, Lagunillas, Valmore Rodríguez, Miranda y Baralt de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas (f. vto 5 Pza. de Medida).
En fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil siete (2.007), la ciudadana MARILÍN DEL CARMEN PIÑERA DE VARGAS, asistida por la profesional del Derecho IDVER MARÍA GONZÁLEZ, estampó diligencia en la cual manifiesta que recibe el Despacho de Medidas Preventivas de Embargo librada al Juzgado Ejecutor , así como los oficios signados con los Nros. 6130-2288-6787-2007; 6130-2289-6787-2007 y 6130-2290-6787-2007, dirigidos al Juzgado Distribuidor, INAM y a la Empresa AINCO, C.A respectivamente (f. 6 Pza. de Medida).
En la misma fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil siete (2.007), la parte actora, ciudadana MARILÍN DEL CARMEN PIÑERA DE VARGAS, otorgó Poder Apud-Acta, a las profesionales del derecho IDVER MARÍA GONZÁLEZ Y MARGARITA BELÉN GONZÁLEZ (f. 16 Pza. Principal).
En fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2.007), la Apoderada actora, MARGARITA GONZÁLEZ, estampó diligencia en la cual solicita se le expida copia certificada del Poder Apud-Acta, que le confiese la ciudadana MARILÍN DEL CARMEN PIÑERA DE VARGAS, (F. 17 Pza. Principal).
En fecha dos (02) de noviembre de dos mil siete (2.007), el Tribunal ordenó expedir la copia certificada solicitada por la parte actora (f. 18 Pza. Principal).
En fecha cinco (5) de noviembre de dos mil siete (2.007), la Apoderada actora, IDVER MARÍA GONZÁLEZ, recibe la copia certificada que le fuere proveída por este Tribunal (f. 19 Pza. Principal).
En fecha seis (6) de noviembre de dos mil siete (2.007), la profesional del derecho MARGARITA BELEN GONZÁLEZ, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la parte actora, suscribe diligencia en la cual solicita copia certificada del Decreto de Embargo Preventivo dictado por este Despacho (f. 7 Pza. de Medida).
En fecha ocho (8) de noviembre de dos m il siete (2.007), el Tribunal ordenó expedir la copia certificada solicitada por la parte actora (f. 8 Pza. de Medida).
En fecha nueve (9) de noviembre de dos mi siete (2.007), la abogada MARGARITA BELÉN GONZÁLEZ, obrando con el carácter acreditado en actas, retira la copia certificada del Decreto de Embargo Preventivo dictado por este Despacho, que le fuere proveída por este Tribunal (f. 9 Pza. de Medida)
En fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil siete (2.007), se ordenó agregar a las actas, las actuaciones emanadas del JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIRCUSNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas, constantes de seis (6) folios útiles, relacionados con la Notificación del Fiscal del Ministerio Público (f. 20 al 27 Pza. Principal).
En fecha veinticinco (25) de enero de dos mil ocho (2.008), se ordenó agregar a las actas, las actuaciones emanadas del JUZGADO SEGUNDO ESPECIAL EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA, SAN FRANCISCO, MARA, PÁEZ Y ALMIRANTE PADILLA DE LA CIRCUSNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Maracaibo, constantes de trece (13) folios útiles, relacionadas a la Medida de Embargo decretada en la presente causa sobre conceptos laborales que pudieren corresponder al demandado (f. 11 al 25 Pza. de Medida).

Cumplidas como han sido las formalidades legales pasa este Tribunal a dictar su fallo, sintetizando previamente los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir los actos del proceso que constan en autos, por mandato expreso del Ordinal Tercero, del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil vigente.

FUNDAMENTOS PARA DECIDIR

Delimitado así el problema corresponde a esta Jurisdicción su pronunciamiento y al efecto observa:

El artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Es importante señalar los puntos que destacamos como lo son la justicia gratuita y la prontitud en la decisión correspondiente. Esto es, que la justicia no está sometida a pagos, tasas e impuestos de ningún tipo por parte de los Tribunales de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con ello desapareció el arancel judicial, y por otro lado la prontitud de la decisión, que nos lleva al principio de la celeridad procesal, obligación que surge para el administrador de justicia que es el Juez, y en el caso de no existir lapsos para responder los pedimentos prevé el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, hacerlo dentro de los 03 días siguientes a la solicitud, con sanciones de orden legal, por el retraso en la decisión o lo llamado retraso judicial.

El legislador no sólo exige prontitud al Juez para decidir, sino también exige la celeridad procesal de la parte actora, so pena de ser castigado con la Perención de la Instancia, imponiéndole sus cargas correspondientes.

Las obligaciones del actor que le impone la ley para evitar la Perención son las siguientes:

1. Presentación de la demanda cumpliendo con los requisitos 340 del Código de Procedimiento Civil;

2. Suministrar las copias simples del libelo de la demanda para librar los recaudos de citación;

3. Impulsar el proceso.

Igualmente, es criterio establecido de la extinta Corte Suprema de Justicia, ratificado reiteradamente por el actual Tribunal Supremo de Justicia, que la fecha precisa para empezar a contar el lapso de un año (1) año referido a la primera parte del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil para provocar la Perención de la Instancia, es la fecha del auto de admisión, fecha ésta que constituye entonces el punto de partida para que el actor cumpla con las obligaciones que impone la ley, para que sea practicada la citación del demandado y constituyendo doctrinariamente el proceso como un conjunto sucesivo de actos, dependen del impulso para que el mismo marche hacia delante y las cuales son actividades procesales circunscritas en un tiempo por el legislador.

De la misma manera, la doctrina tiene definido que son tres las condiciones indispensables para que un proceso se extinga con perfección:

a) El supuesto básico de la existencia de una instancia.
b) La inactividad Procesal.
c) El transcurso de un plazo señalado por la ley.

El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en sus acápites dispone que:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…”

Se observa pues, que tanto el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 267, establece una sanción para la parte actora que no impulse debidamente la causa iniciada en el transcurso de más de un (1) año y que no es mas que la Perención de la Instancia. ASI SE DECIDE.

El Legislador previó una sanción muy grave como es la PERENCIÓN, la misma está condicionada al demandante que no cumpla con la obligación que le impone la Ley, debe pues, necesariamente tratarse de una obligación establecida por la Ley, y no puede ser de otra manera, pues toda norma sancionatoria es de interpretación restrictiva; además siendo de extrema gravedad la sanción, como lo es la perención. Ahora bien, pasa este Sentenciador a determinar si en el caso subjudice se operó la Perención de la Instancia, y del análisis de las actuaciones que se han dejado sintetizadas aparece que la última actuación ocurrida en la presenta causa, fue el auto de este Tribunal, de fecha 25 de enero de dos mil ocho (2.008), en la Pieza de Medidas del presente Expediente, donde se ordena agregar a las actas las actuaciones emanadas del Juzgado Segundo Especial Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, relacionadas con la Medida Preventiva de Embargo Decretada sobre conceptos laborales que pudieren corresponderle al demandado, transcurriendo mas de un (1) año sin haberse realizado ningún tipo de actuación en la causa que hoy nos ocupa, sin embargo, a criterio de este Administrador de Justicia, tal actuación no tiene influencia alguna en la relación procesal, teniéndose entonces que la ultima actuación procesal capaz de interrumpir la Perención de la Instancia, fue el auto de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil siete (2.007), en el cual se ordena agregar a las actas las actuaciones relacionadas con la notificación del Fiscal del Ministerio Público, transcurriendo el término requerido para la Perención de la Instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil vigente, extinguiéndose la instancia por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de impulso procesal, lapso que se consumó en fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil ocho (2.008), sin que conste en actas ningún acto de las partes que interrumpa la Perención que opera de pleno derecho de acuerdo con el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, por falta de impulso procesal de la parte demandante, para practicar la Citación de la parte demandada. ASI SE DECLARA.

DISPOSITIVA

Por los fundamentos expuestos este JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de un (1) año por falta de impulso procesal para la Citación de la parte demandada, en el Juicio por PENSIÓN DE ALIMENTOS hoy OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, seguido por la ciudadana MARILÍN DEL CARMEN PIÑERA DE VARGAS, obrando en representación de sus hijos ELIX DE JESÚS y ELIXMAR DEL CARMEN VARGAS PIÑERA, en contra del ciudadano ELIX EUGENIO VARGAS JIMÉNEZ.
El Tribunal no hace especial pronunciamiento en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, CERTIFÍQUESE Y NOTIFÍQUESE A LA PARTE ACTORA.

Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y el artículo 72, numerales 3 y 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dado, Sellado y Firmado en la Sala de Despacho del JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, a los diecinueve (19) de marzo de dos mil nueve (2.009). Años: 198° de la Independencia y 150° de la Federación.

EL JUEZ,
ABG. ELÍAS J. GARCÍA LUGO
EL SECRETARIO;
ABG. JHONNY ROMERO A.

En la misma fecha se dictó y publicó Sentencia, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m) y se libró Boleta de Notificación a la parte actora.

EL SECRETARIO;
ABG. JHONNY ROMERO A.