Expediente N° 1600 JUZGADO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 198° y 150° Demandante: MARÍA HILDA HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad N° 8.404.575, domiciliada en el Municipio Maracaibo Estado Zulia. Demandado: ANGEL LUIS AGUILAR, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° 17.089.344, domiciliado en el Municipio Maracaibo Estado Zulia. En el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES que tiene incoara la ciudadana MARÍA HILDA HERNÁNDEZ, antes identificada, asistida por los profesionales del derecho MANUEL FELIPE AGUILAR GOVEA y MARINA HERREA, inscritos en el Inpreabogado bajo las matrículas 24.100 y 113.448, respectivamente, la demanda fue presentada en fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil nueve (2009), ante la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; correspondiéndole por distribución el conocimiento de dicha causa a este órgano jurisdiccional, el cual la recibió en fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil nueve (2009), dictó auto por medio del cual se ordena numerarla y anotarla en el libro de entrada y salida de causas. El Tribunal, ve la necesidad de realizar un análisis jurídico sobre la competencia de este órgano jurisdiccional para seguir conociendo del asunto sometido a su jurisdicción en virtud de la garantía constitucional “de la tutela judicial efectiva”, prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y toda vez que la incompetencia del Juzgado en los casos de orden público, violenta las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a ser juzgado por el Juez natural, tal como lo establece el artículo 49 del mismo cuerpo normativo. En tal sentido, prevé el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente: La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. (El subrayado es de la jurisdicción). Este ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado por la extensión de territorio, por la especialidad de los asuntos que puedan conocer los jueces y además deben estar divididos en categorías o grados, es lo que se conoce en la doctrina como competencia horizontal, material y vertical. De manera que, surge la potestad de administrar justicia sobre la base de tres principales criterios: a) el territorio, b) la materia y c) la cuantía; esta última en aquellos casos en que se trate de causas apreciables en dinero, todo lo cual tiene su fundamento legal en los artículos 38 al 60, ambos inclusive, del Código de Procedimiento Civil. Dispone el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil: Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos. Por su parte, expresa el artículo 340 eiusdem: El libelo de la demanda deberá expresar: (…) 5° La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones. (…) (El subrayado es de la jurisdicción) Aplicando las disposiciones transcritas tenemos que la ciudadana MARÍA HILDA HERNÁNDEZ, plenamente identificada en actas, asistida por los profesionales del Derecho MANUEL FELIPE AGUILAR GOVEA y MARINA HERREA, inscritos en el Inpreabogado bajo las matrículas 24.100 y 113.448, respectivamente, no alegó los fundamentos de derecho a que se contrae el ordinal 5° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, pues éste es un requisito de procedibilidad, de impretermitible cumplimiento, para que la acción y pretensión pueda tramitarse y sustanciarse conforme a lo previsto y sancionado en la Ley Adjetiva Civil. Así se decide. Así las cosas, concluye quién suscribe el presente fallo, que la parte actora no ha dado cumplimiento a un requisito de procedibilidad (exigibilidad) para que la pretensión pueda ser tramitada, y por ende la demanda interpuesta debe ser declarada inadmisible. Así se decide. En apoyo al criterio que se sustenta, se permite este juzgador traer a colación parte interesante del fallo dictado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, de fecha 02 de noviembre de 2001 en el juicio seguido por el ciudadano Julio Cesar Cuesta Eisler contra Cesar José Salomón Vásquez, estableció lo siguiente: De otra parte, debe dejar sentado este jurisdicente que tal pronunciamiento no constituye haber emitido opinión sobre el fondo del derecho de cuya tutela jurisdiccional se ha solicitado, sino que se circunscribe, a decir del insigne maestro y procesalista Dr. RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, a la idoneidad del procedimiento respecto a la pretensión que se hace valer, antes que a la procedencia de la misma, pues no se ha prejuzgado lo principal del pleito, por lo que el rechazo a la admisión de ella (Léase: demanda) tiene carácter meramente procesal (impertinencia del procedimiento elegido) y no implica decisión alguna de fondo sobre la pretensión deducida. En consecuencia, la demandante debe fundamentar su pretensión acorde con los elementos jurídicos de trascendencia que se requieren para explicar suficientemente la acción, de modo que el demandado conozca del actor la pretensión en todos sus aspectos. Por lo tanto, ha señalado la Sala Político Administrativa, en sentencia N° 00821, de fecha 14/07/2004, lo siguiente: “…es criterio de la Sala que lo que exige el ordinal 5° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, es que la descripción permita al demandado conocer suficientemente el contenido de lo solicitado por el actor, es decir, que pueda entender claramente lo que se reclama y las razones en las que se funda dicho reclamo, a fin de elaborar adecuadamente su defensa; no permitiéndose en consecuencia, peticiones ininteligibles o expresiones que no describan en qué consiste la petición y sus fundamentos. Lo anterior permite concluir, que la exigencia del referido ordinal consiste fundamentalmente, que el escrito de la demanda se redacte de tal manera, que se puedan evidenciar los fundamentos de hecho y su respectiva relación con los preceptos o disposiciones legales que el abogado que represente o asista a la parte actora considere aplicables al caso, haciendo así la primaria calificación jurídica de los hechos”. En razón de los argumentos explanados, es obvio que la demanda no puede ser admitida, ya que la parte actora no aporto la fundamentación jurídica de su pretensión.- Así se declara. DISPOSITIVO Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Séptimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, declara IMPROCEDENTE la demanda, intentada por la ciudadana MARÍA HILDA HERNÁNDEZ, contra el ciudadano ANGEL LUIS AGUILAR, por COBRO DE BOLÍVARES. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del fallo. Se deja constancia expresa que la parte actora ciudadana MARÍA HILDA HERNÁNDEZ, antes identificada, estuvo asistida por los profesionales del derecho MANUEL FELIPE AGUILAR GOVEA y MARINA HERREA, inscritos en el Inpreabogado bajo las matrículas 24.100 y 113.448, respectivamente y la parte demandada no tiene apoderado judicial legalmente constituido en actas. PUBLIQUESE y REGISTRESE. Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil nueve (2009).- Años: 198° de la Independencia y 150° de la Federación. EL JUEZ, Abog. WILLIAM CORONADO GONZÁLEZ LA SECRETARIA TEMPORAL, Abog. CAROLINA VALBUENA FINOL En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del Despacho, y siendo las dos horas y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede; quedando registrada bajo el Nº 21-2009. LA SECRETARIA TEMPORAL, WCG/agra.