TSJ Regiones - Decisión

Asunto: VP21-L-2008-615

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Vistos: “Los antecedentes”.

Demandante: LUÍS RAFAEL GUEVARA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-10.201.312, domiciliado en el municipio Lagunillas del estado Zulia.
Demandada: ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY SA, (Z & P), inscrita en el Registro de Comercio llevado por el extinto Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito Judicial del Estado Zulia, con fecha 25 de marzo de 1951, bajo el No. 10, folio 12, siendo reformados sus Estatutos Sociales según documento inserto en el Registro de Comercio llevado antes por la Secretaría del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 11 de octubre de 1.955, bajo el No. 202, páginas 256 al 275 y su última transformación en sociedad anónima que consta de Acta inserta con fecha 18 de marzo de 1968, bajo el No. 43, Libro 62, Tomo 3, páginas 169 al 184, expediente No. 927, la cual aparece publicada en la Gaceta oficial del Estado Zulia No. 3289, de fecha 20 de marzo de 1968, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia.

DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES

Ocurre el ciudadano LUÍS RAFAEL GUEVARA debidamente representado judicialmente por el profesional del derecho ÁNGEL DE JESÚS CHÁVEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matrícula 18.746, domiciliado en jurisdicción del municipio Lagunillas del estado Zulia, e interpuso procedimiento de COBRO DE BOLÍVARES POR DIFERENCIAS DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES contra la sociedad mercantil ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY SA, (Z & P), correspondiéndole el conocimiento de dicha causa al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, quién la admitió mediante auto de fecha 25 de junio de 2008, ordenando la comparecencia de la parte accionada para llevar a cabo la celebración de la audiencia preliminar y; con fecha 16 de enero de 2009, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, lo remitió a este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Con fecha 09 de marzo de 2009, el profesional del derecho ÁNGEL DE JESÚS CHÁVEZ, actuando en su condición de representante judicial del ciudadano LUÍS RAFAEL GUEVARA y; el profesional del derecho HÉCTOR MANUEL ACHÉ VEGAS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matricula 25.791, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia, actuando en su condición de representante judicial de la sociedad mercantil ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY SA, (Z & P), suscribieron una transacción judicial (léase: folio 8 de la segunda pieza expediente), por la suma de dieciocho mil ciento sesenta bolívares (Bs.18.160,oo) los cuales serían pagados el día lunes veintitrés (23) de marzo de 2009 en la sede de este Circuito Judicial Laboral del Estado Zulia.
Siendo la oportunidad legal para dictar sentencia, esta instancia judicial pasa a ello, previa las siguientes consideraciones:
En virtud de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva, prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de donde dimana igualmente el poder tuitivo de los jueces para proteger a los justiciables, antes de homologar o no el acto efectuado en la causa, debe necesariamente este juzgador analizar la conducta procesal asumida por las partes en conflicto en la presente causa.
La transacción, desistimiento y el convenimiento son instituciones jurídicas de naturaleza procesal de que se valen los justiciables para poner fin al litigio y/o el proceso, sin haberse producido la sentencia o máxima decisión procesal o una vez dictada antes de adquirir el carácter de cosa juzgada o después de ello en fase de ejecución de la misma, de manera voluntaria y acordada unilateral o bilateralmente por las partes, y que se trate de derechos disponibles donde no esté interesado el interés u orden público; es lo que se conoce, en la doctrina como “Modos Anormales de Terminación del Proceso”.
En ese sentido, establece el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:
“Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la ley, en ausencia de disposición expresa, el Juez del Trabajo determinará los criterios a seguir para su realización, todo ello con el propósito de garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso. A tal efecto, el Juez del Trabajo podrá aplicar analógicamente disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar de derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo, cuidando que, la norma aplicada por analogía no contraríe principios fundamentales establecidos en la presente ley”. (Negrillas son de la jurisdicción).

El Parágrafo Único del artículo 3 de la ley Orgánica del Trabajo, preceptúa lo siguiente:
“La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante un funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada”. (Negrillas son de la jurisdicción).

El artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, expresa:
“De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ellas comprendidos…”. (Negrillas son de la jurisdicción).

El artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, expresa:
“La transacción celebrada por ante el Juez, Jueza o Inspector o Inspectora del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.
Parágrafo Primero. Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador actúa libre de constreñimiento alguno”. (Negrillas son de la jurisdicción).

La transacción a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.713 del Código Civil vigente, se define como:
“Un contrato por el cual las partes mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. (Negrillas son de la jurisdicción).

Por su parte el artículo 1.718 del Código Civil, dispone lo siguiente:
“La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada”. (Negrillas son de la jurisdicción).

De los cuerpos normativos transcritos con anterioridad, podemos decir que una vez culminada la relación de trabajo, existe la posibilidad de que las partes realicen una transacción respecto de los derechos y deberes que la terminación del contrato engendra o hace exigibles, porque si bien subsiste la finalidad protectora, ésta queda limitada a esos derechos y deberes, y al mismo tiempo prevé una serie de obligaciones, solemnidades y requisitos esenciales para la validez de esa transacción.
En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, cuando establece que es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos.
La Institución Jurídica de la “Irrenunciabilidad”, se encuentra contenida en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 10 de su Reglamento y persigue garantizar con la prohibición de renuncia, que el trabajador en una negociación contractual disfrute durante su desarrollo de un mínimo inexpugnable sobre el cual no puede haber acuerdo alguno en su perjuicio, pero sí en su mejora. La precisión del legislador tiene como fin garantizar el interés particular del sujeto débil o menos fuerte de la relación laboral y no se vea compelido a dejar de percibir los beneficios que le correspondan y en caso de no recibirlos, pueda exigirlos antes los órganos judiciales y/o administrativos competentes.
Sin embargo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 03 de julio de 2006, caso: PR HERNÁNDEZ contra ADMINISTRADORA AUE SA, y OTROS, con ponencia del Magistrado Dr. LUÍS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ, ha expresado que en los supuestos en los que la transacción se plantea dentro de un procedimiento judicial, en el cual se demandan derechos del trabajador, es admitida cierta flexibilidad en cuanto al acatamiento del requisito de señalar, detalladamente los derechos comprendidos en ella, sin que ello signifique una merma en la protección del trabajador, ya antes referida, pues los derechos reclamados por éste y su contraposición por parte del patrono quedan expresados en el escrito de la demanda y su contestación, además ha contado con la asistencia técnico jurídica necesaria desde el principio de la controversia, proporcionada por el profesional del derecho que lo representa o que lo asiste judicialmente, y quién en un cabal y honesto ejercicio de su ministerio, debe señalar al trabajador los aspectos favorables y desfavorables de ese acuerdo.
En el caso sometido a esta jurisdicción, se observa que la transacción que corre inserta al folio 8 de la segunda pieza del expediente <>, no expresa con meridiana claridad y en forma fehaciente una relación circunstanciada de los hechos que la causaron y de los derechos que sirvieron de supuestos para alcanzarla. Sin embargo, aplicando la doctrina al caso sometido a la consideración de esta jurisdicción, debe flexibilizarse los requisitos en cuestión, pues los derechos reclamados por el ciudadano LUÍS RAFAEL GUEVARA y su contraposición por parte de la sociedad mercantil ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY SA, (Z & P), quedaron expresados en el escrito de la demanda y su contestación y; además, ha contado con la asistencia técnico jurídica necesaria desde el principio de la controversia.
De igual forma, se observa que el profesional del derecho ALIRIO SEGUNDO HERNÁNDEZ GÓMEZ tenía facultades expresadas para transigir y disponer del derecho litigioso en nombre del ciudadano LUÍS RAFAEL GUEVARA, tal y como se evidencia del instrumento poder debidamente autenticado ante la Notaría Pública Segunda de Ciudad Ojeda del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, de fecha 02 de abril de 2008, el cual quedó anotado bajo el No. 60, Tomo 39 de los libros de autenticaciones llevados por esa oficina notarial y; por otra parte, el profesional del derecho HÉCTOR MANUEL ACHÉ VEGAS, también tenía facultades expresas para transigir y disponer del derecho litigio en nombre de la sociedad mercantil ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY SA, (Z & P), según se desprende de mandato conferido cursante a los folios 17 al 21 del expediente, aceptando todos los términos y condiciones allí expresados, cuyo cumplimiento de pago se efectuaría el día lunes 23 de marzo de 2009 en la sede de este Circuito Judicial Laboral del Estado Zulia, trayendo como consecuencia que, se ha alcanzado el cumplimiento de las formalidades y requisitos esenciales para su validez, concluyéndose a su vez, que en sede jurisdiccional se produjo por las partes en conflicto una TRANSACCIÓN JUDICIAL, que en modo alguno puede oponerse esta instancia judicial. Así se decide.

DISPOSITIVO

Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: La HOMOLOGACIÓN de la transacción judicial celebrada en el juicio que COBRO DE BOLÍVARES POR DIFERENCIAS DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES ha incoado el ciudadano LUÍS RAFAEL GUEVARA contra la sociedad mercantil ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY SA, (Z & P).
SEGUNDO: Se suspende la audiencia de juicio fijada en este proceso, terminada la presente causa y se abstiene de archivar el expediente hasta tanto conste el cumplimiento de la obligación contraída.
TERCERO: No hay condenatoria en costas a las partes en conflicto dado la naturaleza del fallo.
Se deja constancia que la parte actora estuvo asistido por los profesionales del derecho ALIRIO SEGUNDPO HERNÁNDEZ GÓMEZ, RUTH HERNÁNDEZ y ÁNGEL DE JESÚS CHÁVEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matrícula 70.088, 120.819 y 18.746, domiciliados en el municipio Lagunillas del estado Zulia; y la parte demandada, estuvo asistido judicialmente por los profesionales del derecho HÉCTOR MANUEL ACHÉ VEGAS, LAURA IRENE FIGUEROA LEAL, RAXELY ANDREÍNA GUTIÉRREZ PRIMERA, DAVID JULIO CHACÓN LÓPEZ y VANESSA BEATRIZ ACHÉ MORENO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matriculas 25.791, 103.448, 128.609, 130.910 y 124.826, domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia.
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.
Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 3º del artículo 21 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Cabimas, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil nueve (2009). Años: 198° de la Independencia y 150° de la Federación.
El Juez,
ARMANDO J. SÁNCHEZ RINCÓN

La Secretaria,
NORELIS MINDIOLA ROMERO

En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del Despacho, siendo las once horas y quince minutos de la mañana (11:15 a.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede, quedando registrado bajo el No. 495-2009.
La Secretaria,
NORELIS MINDIOLA ROMERO