República Bolivariana de Venezuela
Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Sala de Juicio –Juez Unipersonal N° 1
PARTE NARRATIVA
Consta en autos el procedimiento de INVENTARIO DE BIENES, incoado por el ciudadano LUÍS GUILLERMO RINCÓN INCIARTE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 12.445.590, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando en representación de su hijo GERARDO ANDRES RINCÓN FAJARDO, asistido por la Abogada en ejercicio MAYELA ORTIGOZA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 60.209; siendo que el mencionado niño es el heredero de su premuerta progenitora, la ciudadana MARÍA ELENA FAJARDO JANSEN, quien en vida fuere venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 4.993.411, de igual domicilio.
En fecha 18 de Abril de 2007, se le dio entrada a la presente causa, ordenando formar expediente y numerarlo y se indicó que en auto por separado se resolvería lo conducente.
Mediante auto de fecha 31 de Mayo de 2007, se admitió cuanto ha lugar en derecho la presente causa, se ordenó notificar al Fiscal Especializado del Ministerio Público, y se ordenó oficiar al SENIAT, a BANESCO Banco Universal, a la Universidad del Zulia, Caja de Ahorros de la Universidad del Zulia, a la Sociedad mercantil Standard Sefood de Venezuela C.A; y se libró el edicto correspondiente.
En fecha 22 de Junio de 2007, se recibió comunicación emanada de BANESCO Banco Universal.
A través de diligencia de fecha 09 de Agosto de 2007, el ciudadano LUÍS GUILLERMO RINCÓN INCIARTE, actuando en representación de su hijo GERARDO ANDRES RINCÓN FAJARDO, asistido por la Abogada en ejercicio ZENIA MÉNDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 108.125, consignó el periódico donde aparece publicado el edicto librado por el Tribunal; y en auto de fecha 17 de Septiembre de 2007, se ordenó desglosar y agregar el cuerpo del periódico donde aparece publicado el edicto correspondiente.
A partir de la fecha 17 de Septiembre de 2007, quedó paralizado el proceso por falta de impulso procesal de la parte actora en este proceso, por lo que se operó la perención de la instancia por falta de impulso procesal de la parte demandante de este proceso.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
I
Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado desde el día 17 de Septiembre de 2007; discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que impulse la citación de la parte demandada, con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera:
“1) Concepto.
a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191.
c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”.
Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
II
Ahora bien, en este orden de ideas explica el jurisconsulto Hernando Devis Echandìa, en su obra Nociones Generales del Derecho Procesal Civil, Capítulo XIX, Teoría de los Actos Procesales:
“…los actos procesales son simplemente actos jurídicos en relación con el proceso; esto es, actos emanados de la voluntad de su autor y de importancia jurídica, inmediata para el proceso; son actos que emanan de la voluntad humana y que tienden a producir un efecto en la realidad jurídica procesal, es decir, en la constitución, conservación, desarrollo, modificación o extinción de una relación procesal.
Pero debe existir una relación inmediata y directa entre el acto y el proceso, porque hay actos jurídicos que pueden servir para el proceso, y sin embargo no son actos procesales, tales como el poder que se otorga a un abogado para demandar u oponerse a una demanda; como el contrato que sirve de título ejecutivo, como la violación del derecho ajeno que produce el litigio y la necesidad del juicio, o como el pago que puede ser alegado para demostrar la falta de derecho en el actor, etc…”
Por las razones antes expuestas, el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo las partes, hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal; y así se declara.
PARTE DISPOSITIVA
D E C I S I Ó N
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1 (Titular), administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
a) PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente Procedimiento de INVENTARIO DE BIENES, incoado por el ciudadano LUÍS GUILLERMO RINCÓN INCIARTE, actuando en representación de su hijo GERARDO ANDRES RINCÓN FAJARDO, siendo que el mencionado niño es el heredero de su premuerta progenitora, la ciudadana MARÍA ELENA FAJARDO JANSEN, antes identificados.
b) No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, Regístrese. Notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en la Sala 1 del Despacho del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los dieciocho (18) días del mes de Junio de dos mil nueve. 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
El Juez Unipersonal N° 1 (Titular),
Dr. Héctor Ramón Peñaranda Quintero
La Secretaria,
Mag. Angélica María Barrios.
En la misma fecha, previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia, bajo el No. 1145. La Secretaria
Exp.: 10764.
HRPQ/677*.
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