TSJ Regiones - Decisión

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, Treinta (30) de Junio de dos mil nueve (2009)
199º y 150º

EXPEDIENTE: VP01-L-2007-414

DEMANDANTE: JOSÉ MARIA CORONADO BRICEÑO venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.3.777.188, domiciliado en el Municipio Maracaibo Estado Zulia.
APODERADOS
JUDICIAL: JOSÉ ENRIQUE RUIZ, YAMID GARCÍA, NAYI BELL URDANETA, abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 40.900, 85.253, 114.950, domiciliada en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia.

DEMANDADA: BARIVEN, Sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, distrito Metropolitano de Caracas, e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, el día 23 de diciembre de 1975, bajo el Nro. 31, Tomo 59-A

APODERADO
JUDICIAL DE
BARIVEN EDINSON PATIÑO, abogado en ejercicio, inscripción en el Instituto de Previsión Social del abogado Nro. 101.716 domiciliado en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia.

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

ANTECEDENTES PROCESALES
Ocurre la profesional del derecho YAMID GARCÍA, en nombre y representación de la ciudadana JOSÉ MARIA CORONADO BRICEÑO antes identificados, e interpuso pretensión por PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS LABORALES contra de la sociedad BARIVEN filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A, identificada ut supra; correspondiéndole por distribución el conocimiento de dicha causa al Tribunal Séptimo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, la cual fue admitida mediante auto de fecha 02 de marzo de 2007, ordenándose la comparecencia de la parte accionada a la audiencia preliminar y se ordenó notificar a la Procuraduría General de la República.
En fecha 17 de Abril de 2008, oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, se instaló la misma y se agregaron los escritos de pruebas llevados por las partes, a los fines de su admisión y evacuación por ante el Juez de juicio, en el caso de no lograrse la conciliación de las partes.
En fecha 11 de Agosto de 2008, fue presentado escrito de contestación a la demanda, el cual fue agregado, ordenándose remitir el expediente al Tribunal de Juicio que por distribución corresponda.
En fecha 19 de septiembre de 2.008, fue recibido el presente asunto por el Tribunal Octavo de Primera Instancia de Juicio para el nuevo Régimen Procesal y Transitorio por haberle correspondido por distribución.
En fecha 24 de septiembre de 2009, el Tribunal Octavo de Primera Instancia de Juicio para el nuevo régimen y transición del Circuito Judicial Laboral en la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, se pronuncia sobre las pruebas, admitiendo las legales y pertinentes, y negando la admisión las que no son legales o pertinentes.
En la misma fecha, el Tribunal de Primera Instancia de Juicio para el nuevo régimen y transición del Circuito Judicial Laboral en la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, fijó la audiencia de juicio, oral y pública.
Celebrada la audiencia de juicio, oral y pública, y siendo que el Tribunal se encuentra dentro del lapso establecido en la Ley adjetiva para la publicación de la sentencia de mérito, pasa este Tribunal realizando, sintetizando previamente los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir los actos del proceso que constan en autos, redactando el mismo en términos, claros, precisos y lacónicos, por mandato expreso del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Asimismo, deja expresa constancia este Sentenciador que en los alegatos de las partes y en los medios probatorios, constan cantidades de dinero expresadas en valor de la moneda nacional antes de la reconvención monetaria, en el caso que resulten procedentes diferencias de prestaciones sociales u otros conceptos, su importe será expresado en el valor actual de la moneda, es decir, en el valor de la moneda nacional después de la reconvención monetaria. ASÍ SE DECIDE
ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO LIBELAR
De la lectura realizada al libelo presentado el Tribunal observa que el accionante fundamenta su demanda en los siguientes alegatos:
- Que presto servicio en forma personal, directa e ininterrumpida para la empresa BARIVEN filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A , e ingresó a dicha empresa el 24 de Marzo de 1983 y desempeñó últimamente el cargo de Analista de procura III en la División de Occidente de BARIVEN, cumpliendo diariamente un horario de 07:30 a.m. a 11:30 a.m. y 01:00 p.m. a 05:00 p.m., de lunes a viernes con sábados y domingos como descansos legales y contractuales, devengando un salario básico de Bs.1.362.700,oo más un bono compensatorio de Bs.2.2280,oo más una ayuda de ciudad de Bs. 68.250, siendo despedido injustificadamente el 22 de enero de 2003.
- Que el accionante le reclaman a la demandada BARIVEN, para que les haga efectivo el pago de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo, tales como: La prestación de antigüedad, Bs. 25.429.879,51, vacaciones vencidas y fraccionadas Bs. 1.433.230 y 1.194.358,33 respectivamente,, bono vacacional vencido y fraccionado Bs. 2.149.845 y 1.791.537,50, utilidades fraccionadas 477.743,33, indemnización sustitutiva de preaviso e indemnización por despido injustificado Bs. 10.450.635,42, pero todas las diligencias han sido infructuosas hasta la presente fecha, para que les pague las cantidades y los fondos de Ahorro: La cantidad de Bs.77.837.424,00,oo y el fondo de Capitalización de Jubilación: La cantidad de Bs.19.459.356,oo que se encuentra acreditado a favor del accionante, por las contribuciones efectuadas por JOSÉ MARIA CORONADO BRICEÑO y la demandada BARIVEN filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA BARIVEN filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A

En la oportunidad procesal establecida por el legislador del trabajo para la contestación de la demanda, la demandada BARIVEN filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A., presentó escrito de contestación a la demanda en los términos siguientes:
- Opuso la prescripción de la acción, fundamentado en los artículos 61, 62, y 64 de Ley orgánica del trabajo y 110 del Reglamento.
- Niega, rechaza y contradice que el accionante sea acreedor del derecho prestaciones Sociales y demás conceptos derivados, por cuanto las relaciones laborales terminaron por despido justificado.
- Que le accionante se unió al paro petrolero que afectó a nuestro país a finales del año 2002, y su representada se vio obligada a despedirlos, por abandonar el cumplimiento de sus deberes laborales, incurriendo en faltas graves a sus obligaciones de trabajo, manifiesta insubordinación, abandono e inasistencia a sus puestos de trabajo
-Negó, rechazo y contradijo por ser falso todos y cada uno de los monto y conceptos reclamados por el demandante, por todos los argumentos anteriores solicita se declare sin lugar la demanda.
PUNTO PREVIO LA PRESCRIPCIÓN
Establecido lo anterior, vistos los alegatos de las partes, y antes de resolver sobre el fondo de la controversia, debe necesariamente este juzgador, proceder al análisis de la prescripción alegada, toda vez, que la acción se constituye en presupuesto para acceder a la jurisdicción. En este sentido, se afirma, que no puede haber tutela de derechos sin proceso y, no hay proceso sin que esté presente la jurisdicción.
La Demandada en la oportunidad de la contestación denunció la prescripción de la acción, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, 62 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 110 de su reglamento y en efecto, prevé la mencionada disposición legislativa, lo siguiente:
“Artículo 61. Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación del servicio.”

De la lectura aislada de esta norma, podría a priori se podría pensar que efectivamente todas las acciones laborales prescriben al año de terminada la relación laboral, no obstante ello, hay que considerar que nuestra legislación es un conjunto armónico de normas, que no puede interpretarse en forma aislada; que establece normas de carácter general que se aplican a la mayoría de los casos, y normas especiales que se aplican en determinadas circunstancias, por atender asuntos que debido sus características, el legislador del Trabajo ha dispuesto darles un tratamiento diferente o especializado.
Dentro de esta circunstancia se encuentran las relaciones de trabajo que han terminado por despido y que están sometidas a estabilidad relativa o fuero sindical, en las cuales está discutida las causas del despido, o si por el contrario se llenaron las formalidades necesarias para el mismo, según sea el caso. En estos asuntos, por vía reglamentaria se desarrolló un régimen especial, y en efecto en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en el Capitulo X De la Prescripción de las Acciones, establece en su artículo 110, lo siguiente:
“Artículo 110. Cómputo de la prescripción: En los casos en que se hubiere iniciado uno de los procedimientos contemplados en los artículos 116 y 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, el lapso de prescripción establecido en el artículo 61 de la misma comenzará a contarse cuando el procedimiento hubiere concluido mediante sentencia firme o cualquier acto que tenga su mismo efecto.” (el subrayado y las negritas son nuestras)

Y ello es así, debido a la circunstancia de que se encuentra controvertida la continuidad o no de la relación de trabajo, estableciendo esta norma reglamentaria, el día en que empieza a computarse el lapso de la prescripción (el dies a quo), es decir, que de conformidad a esta disposición durante el procedimiento de estabilidad, en ningún caso, corre la prescripción.
Diferente es el caso del procedimiento ordinario del trabajo donde se reclaman conceptos e indemnizaciones que nacieron por la prestación del servicio y/o con ocasión a su finalización, donde no está controvertida la eficacia jurídica del despido, se sabe ciertamente que la relación de trabajo terminó aunque se tengan dudas sobre la justificación del mismo o queden conceptos o indemnizaciones insolutas.
En este orden de ideas, siendo que no ha nacido el lapso de Ley para la prescripción, no hace falta interrumpir el mismo, por lo que no le es exigible al accionante, la carga de realizar actos o actuaciones tendientes a interrumpir una prescripción –se repite- que aún no ha empezado a correr. En el caso que termine el procedimiento en referencia por sentencia o cualquier acto que tenga su mismo efecto, comienza a correr la prescripción, tal y como categóricamente lo establece el citado artículo 110 del Reglamento.
Para ambos supuestos, a saber los procedimientos de estabilidad y el ordinario laboral, luego que el lapso de prescripción comienza a correr, las causales de interrupción son las contempladas en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, que sí regiría todas las acciones laborales. En este sentido, estatuye este artículo 64 eiusdem, lo siguiente:
“Artículo 64: La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe:
a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes;
b) Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público;
c) Por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del Trabajo. Para que la reclamación surta efectos deberá efectuarse la notificación del reclamado o de su representante antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y
d) Por las causas señaladas en el Código Civil.”

Por otra parte, en los procesos ordinarios del trabajo, donde se interrumpe la prescripción de la acción de conformidad con el artículo 64, en su literal a), y culminan por perención de la instancia, se les aplica el artículo 203 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que señala lo siguiente:
“Artículo 203. La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda y solamente extingue el proceso. En tal sentido, no corren los lapsos de prescripción legalmente establecidos y no se aplica la consecuencia jurídica establecida en el artículo 1.972 del Código Civil.” (el subrayado es de la jurisdicción)

Como se evidencia del artículo antes transcrito interrumpida válidamente la prescripción con la interposición de una acción judicial en el procedimiento laboral ordinario, la citación y/o notificación que se ha realizado conserva su validez, a diferencia del procedimiento civil, donde ésta pierde su eficacia jurídica. Y ello, así ya que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en procura de salvaguardar los derechos laborales, ha establecido un régimen distinto al derecho común, y en ese sentido, se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No.661 de la Sala de Casación Social, de fecha 23-03-2007, donde señaló:

“(..) observa la Sala que la consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de lo establecido en el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil, es la inadmisibilidad de la demanda, que en el sistema de Derecho común acarrearía como consecuencia, que el tiempo transcurrido durante el proceso cuya extinción declara el juez que se pronuncia sobre ésta, debe computarse a los efectos de la prescripción. En efecto, el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que, la prescripción de las acciones derivadas de la terminación de la relación de trabajo se interrumpe –entre otras causas- mediante la interposición de una demanda judicial, siempre que el demandado sea notificado en tiempo útil, y el artículo 1972 del Código Civil dispone que, en los casos de extinción de la instancia –desistimiento, perención- la citación judicial realizada no tiene efectos para interrumpir la prescripción.

De esto se sigue que en el sistema de procedimiento civil, la extinción del proceso impide la eficacia de la demanda notificada al accionado, para interrumpir la prescripción, lo cual es perfectamente acorde con un proceso regido estrictamente por el principio dispositivo, donde la diligencia del litigante en el desarrollo del juicio, importa de manera irrestricta para defender sus intereses privados. Sin embargo, el nuevo sistema consagrado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, desarrolla el principio fundamental consagrado en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual “el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia”, es decir, enuncia el carácter meramente instrumental de las normas que reglamentan el proceso, y que por lo tanto, deben interpretarse y aplicarse de forma que tiendan a la consecución del fin al que están subordinadas –por lo que no es lícito sacrificar la justicia en aras de preservar las formas no esenciales-.

En virtud de este apego de la ley procesal del trabajo al principio fundamental expresado en la Constitución (artículo 257), y de la especial naturaleza irrenunciable de los derechos que se tutelan en el procedimiento laboral (artículo 89, numeral 2, constitucional y artículo 3 de la ley sustantiva del trabajo), el sistema procesal establecido en la nueva ley impone al juzgador orientar su actuación en un principio de equidad (artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo), y a no perder de vista la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios que la legislación social acuerda a los trabajadores (artículo 5 eiusdem), por lo que consagra algunas disposiciones que modifican el régimen ordinario que tienen ciertas instituciones procesales. Específicamente, puede observarse que en materia de perención, la regla consagrada en el Código Civil (artículo 1972), y en el Código de Procedimiento Civil (artículos 267 y siguientes), traen como consecuencia que la extinción de la instancia impide los efectos de la citación del accionado para interrumpir la prescripción, y por tanto, si el demandante quisiera reclamar su derecho en un proceso futuro, el tiempo transcurrido bajo la pendencia del juicio extinguido, debe computarse al tiempo de prescripción.

Sin embargo, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en aras de preservar la irrenunciabilidad de los derechos laborales, ha consagrado un régimen distinto al de Derecho común, estableciendo en su artículo 203 que la perención no impide que se vuelva a proponer la demanda –al igual que ocurre en el proceso civil-, y que además, los lapsos de prescripción no corren durante la pendencia del proceso, excluyendo expresamente la consecuencia jurídica establecida en el artículo 1972 del Código Civil.

En el caso de autos, la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda incoada por el ciudadano accionante, en un juicio que se ha demorado más de cuatro (4) años, como consecuencia de un procedimiento anacrónico que desconocía la especial necesidad de tutela de los derechos sociales del trabajador, y de una administración de justicia cuya estructura no se ajustaba a las necesidades reales de la sociedad en que pretendía funcionar, conllevaría a que, de conformidad con el régimen establecido para el proceso civil, una eventual proposición de la demanda estaría condenada a fracasar por efecto de la prescripción consumada, lo cual coloca a quien afirma tener derechos derivados de una relación de trabajo, en la situación de renunciar de hecho a sus derechos laborales cuando intente una acción cuyo ejercicio estaba suspendido sólo por un lapso de noventa (90) días, en virtud de la prohibición establecida en el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.

Esta situación se presenta a la Sala como manifiestamente contraria a los principios rectores del proceso en nuestro nuevo sistema constitucional, en virtud del cual, éste se mantiene como instrumento –y por tanto, subordinado- al logro del fin último al que tiende todo orden jurídico, cual es la justicia material. En consecuencia, resulta forzoso realizar una interpretación lógico sistemática de las normas que regulan el procedimiento laboral, siguiendo como principio la equidad en el proceso –tal como lo impone el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo-, y salvando cualquier contradicción con el fundamento constitucional del mismo –como instrumento para la realización de la justicia, ex artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-, y así establecer soluciones que tutelen la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador.

En este sentido, se observa que la inadmisibilidad de la demanda extingue el proceso sin influir en la titularidad del derecho sustantivo reclamado, al igual que en los casos en que sólo se extingue la instancia –perención, desistimiento del procedimiento-, y dado que el nuevo sistema impide que se desconozca la eficacia de la citación judicial para interrumpir la prescripción, en los casos en que simplemente se extingue el proceso, una interpretación extensiva del artículo 203 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, permite aplicar por analogía los efectos jurídicos que ella consagra al caso de autos, y por lo tanto, el lapso de prescripción no podría correr durante la pendencia del proceso, y habría quedado válidamente interrumpida con la citación judicial verificada en el curso del mismo, preservándose así la posibilidad de intentar nuevamente la demanda y obtener la tutela judicial efectiva -garantizada en el artículo 26 constitucional- de los derechos irrenunciables que la legislación social acuerda al trabajador. Así se declara.” (el subrayado es de la jurisdicción)

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, ha quedado establecido que previo a este procedimiento de prestaciones sociales el accionante interpuso el procedimiento regulado en el derogado artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, en el cual no citó o notificó a la demandada BARIVEN terminando dicho procedimientos por perención de la causa. Se pregunta quien sentencia ¿Debió el accionante citar en el anterior procedimiento o notificar en el actual procedimiento a la demandada para que no le corriera el lapso de prescripción?, la respuesta a esta interrogante conforme con las disposiciones legales y reglamentarias antes señaladas, no puede ser otra que negativa; ya que si el reglamento no les impone expresamente esa carga, no puede exigirla el Juez, ya que la disposición especial para estos casos contempla que el lapso de prescripción no comienza a correr sino a partir de que el procedimiento termine por sentencia firme o cualquier acto que tenga su mismo efecto.
En el caso de sentencias de condena (que se haya ordenado el reenganche y pago de los salarios caídos) se hace necesario la citación o notificación tácita o presunta a los efectos de que se trabe la litis y dictar una sentencia válida, ya que dentro de los derechos constitucionales procesales de toda persona demandada en juicio esta el derecho a la defensa; derecho que se vería conculcado con una sentencia que afecté la esfera subjetiva patrimonial de la patronal o integridad física, sin ni siquiera permitírsele probar los contrario, que no es el caso de autos, ya que se repite no se calificó el despido, ni se ordenó el reenganche y tampoco se ordenó el pago de salarios caídos.
De modo que el acceso a los órganos de administración de justicia no puede ocasionar -en el caso que el juicio termine sin la condena o sin la comparecencia del demandado en juicio- un menoscabo a la tutela judicial efectiva que propugna nuestra Constitución Nacional, y mucho menos cuando la falta de notificación de la parte demandada debe verse como una carga procesal no solo de la parte accionante sino también del Juez Laboral, por así disponerlo en el artículo 6 de nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Así las cosas, el lapso de prescripción de las acciones de la ciudadana JOSÉ MARIA CORONADO BRICEÑO comenzó a correr desde que la sentencia de perención, quedó definitivamente firme. ASÍ SE ESTABLECE.-
Por otro lado, en el supuesto negado que hubiere transcurrido el lapso de tiempo necesario para que operara la prescripción, esta debe haberse alegado correctamente, ya que si la parte demandada no invoca cuando comienza a correr la prescripción y cuando se configura la misma, hay una falta de alegación de hechos (la quaestio facti) y el Juez debe conforme al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, decidir conforme lo alegado. Y probado en autos. El jurista Tony Villar, en su obra La Prescripción como causa de extinción de las obligaciones en el Contrato de Trabajo, Ediciones Libra, págs. 24-27, señaló lo siguiente:
“Al momento que el sentenciador vaya a decidir “debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados”, para que la sentencia no sea casada por infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. Según estas normas, el que quiera hacer valer a su favor la excepción de la prescripción, así como señalar el día, mes y año en que se consumo la misma.
(…) En este orden de ideas, en el caso ventilado por el ciudadano Odón Pérez García contra el Consejo Municipal del Distrito Guaicaipuro del Estado Miranda, la extinta Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Rafael Rodríguez Méndez, en fecha 29 de febrero de 1968, entre otros dijo: “Es cierto que los Jueces no pueden suplir los hechos no alegados por las partes. Esta prohibición tiene su fundamento en la necesidad de evitar cualquier arbitrariedad en que incurren los jueces al establecer a verdad que no puede ser otra que la que surja de los hechos que cursan en el expediente. En el caso concreto de la denuncia el Juez del fallo impugnado rechazó la interrupción de la prescripción alegada por el demandado aun cuando no aparece que ésta al oponérsela hubiere alegado, además de la defensa genérica de la prescripción misma como lo hizo, los elementos de hecho que le sirvieron de fundamento”.
En consecuencia, no podrá el demandado en la oportunidad procesal de la contestación de la demanda, alegar en forma pura y simple la prescripción extintiva de su obligación, manifestando que con el solo hecho de oponer la excepción, en ella está implícita los argumentos de hecho, como el día, mes y año en que comenzó a correr a prescripción, así como el día, mes y año en que se consumó la prescripción; por que el demandado debe señalarla en forma específica en la contestación de la litis, estos argumentos de hecho. A esta conclusión ha llegado la Corte Suprema de Justicia diciendo que: “Es, además, jurisprudencia constante de esta Sala que “el problema jurídico sometido a la decisión de los jueces queda circunscrito a los términos de la demanda y de la contestación por el cual sólo pueden envolver las cuestiones que hayan sido presentadas en dichas actas”; y en sentencia 31 de mayo de 1.946 –doctrina perfectamente aplicable al caso- el Alto Tribunal estableció “en la contestación de la demanda no hay defensas “implicitas” … el demandado debe señalarlas en forma especifica en la litis contestación porque en forma específica la demandad ha sido propuesta” … “, la cual aplicó recientemente esta Sala en decisión de fecha 8 de julio de 1.970. Esto quiere decir, que al proponerse la prescripción el demandado debe hacerlo en forma pormenorizada sobre los datos de fechas del tiempo que transcurrió, para que el Juez en la oportunidad procesal para decidir lo haga ateniéndose a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados”.

Establecido lo anterior, siendo que la prescripción fue deficientemente alegada por no haber formulado la parte demandada los fundamentos de hecho que se subsumen en la norma, aunado al hecho que aún en el caso que se entendiera que fue correctamente alegada habiendo verificado este Tribunal que desde la fecha de la sentencia de perención del accionante hasta la fecha de interposición de la nueva demanda contra BARIVEN no transcurrió el lapso establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, debe declararse improcedente la defensa de prescripción alegada por la demandada. ASÍ SE DECIDE.-
DE LAS PRUEBAS
De la parte accionante:
1.- El mérito favorable de las actas procesales. En relación con esta solicitud al no ser los mismos un medio de prueba, no pueden admitirse, ni valorarse como tales. No obstante ello, si en el proceso queda constatado por este Sentenciador elementos con relevancia probatoria los mismos serán estimados por el principio de adquisición procesal; igualmente, si estos elementos se desprenden de las pruebas de la contraria, serán valorados con independencia de la persona de su promovente, ya que éstas pertenecen al proceso y no a las partes. ASÍ SE ESTABLECE.-
2.- DOCUMENTALES:
a) Diario Panorama, de fecha 22 de febrero de 2003, edición 29.693, que en un (1) ejemplar corre inserto marcado con la letra “A”. Con respecto a esta documental, la misma constituye un documento privado simple proveniente de un tercero en la causa que no fue probada su autenticidad por ningún otro medio de prueba, sin embargo la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda reconoció que el despido había sido efectuado en esa fecha, y por otra parte por notoriedad judicial derivada del trámite y resolución de los procedimientos de calificación de despido efectuados por BARIVEN y que fueran llevados por este Tribunal, es del conocimiento de este Sentenciador que dicha empresa debido al gran numero de sus trabajadores que fueron despedidos a consecuencia al ilegal paro de la Industria Petrolera acaecido desde el 02-12-2002 y que produjo una crisis institucional y económica nacional que duró aproximadamente de cuatro (4) a cinco (5) meses, utilizó este método de notificación, por lo que es valorada por este Sentenciador, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASÍ SE DECIDE.-
b) Copia de sobre de pago que en un (1) folio útil riela marcada con la letra “B”. Con respecto a esta documental al tratarse de un documento privado simple que no esta suscrito por persona alguna, el mismo no es valorado en juicio conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASÍ SE ESTABLECE.-
c) Expediente de solicitud de calificación de despido llevada ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo para el Régimen Procesal Transitorio del circuito Judicial Laboral del estado Zulia. Con respecto a esta documental al tratarse de un expediente llevado por un Tribunal de la República, cuya copia certificada esta sellada y firmada por el funcionario competente para ello, es valorado en juicio conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constatándose con la misma que el accionante instauro un procedimiento de calificación de despido y que terminó por sentencia del Tribunal supremo de justicia Sala de Casación Social en fecha 07 de Agosto de 2007. ASÍ SE ESTABLECE.-
3.- EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS:
a) De los recibos de pagos de sueldos y salarios emitidos por la empresa con ocasión de la relación de trabajo que las uniera. Con respecto a este medio de prueba, el mismo constituye de los documentos que por mandato legal debe llevar al patrono, por lo que la parte promovente queda eximida de presentar un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave que los documentos se hallen en su poder, sin embargo, la parte que quiera servirse de los mismos debe por lo menos indicar el contenido en ellos, ya que en caso contrario se imposibilita tener como ciertos los datos contenidos en los ellos, por lo que este medio de prueba no arroja ningún elemento de convicción para la resolución de la controversia, en consecuencia se desechan y no se le otorga valor probatorio alguno según la sana critica establecida en el articulo 10 de la Ley Orgánica procesal del trabajo ASÍ SE DECIDE.-
4.- DE LA PRUEBA DE INFORMES:
a) En virtud de lo solicitado la cual es que se sirva oficiar al Juzgado de sustanciación, Mediación y Ejecución laboral de la Circunscripción judicial del estado Zulia, Cabimas, Con respecto a este medio al no constar la resulta de dicha prueba no existe material a hacer referencia en consecuencia se desecha y no se le otorga valor probatorio alguno ASÍ SE DECIDE
b) Contra el IVSS a los fines de que informe si la ciudadana JOSÉ MARIA CORONADO BRICEÑO titular de la cédula de identidad No.3.777.188, se encuentra inscrito como asegurado y si este se encuentra registrado como trabajador de la empresa BARIVEN. Con respecto a este medio al ser el objeto de prueba hechos convenidos por las partes la misma deviene de impertinente, por lo que no es valorada conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASÍ SE DECIDE-
5.- DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL:
a) En la sede de la demandada BARIVEN, ubicada en el Área Industrial la salina de PDVSA situado en el sector La Salina de la ciudad y municipio Autónomo de Cabimas del estado Zulia, en las dependencias de la Gerencia de Recursos Humanos de dicha empresa, se comisiono a tribunal de Cabimas el cual admitió fijo y al momento del anuncio del traslado de la Inspección Judicial no compareció la parte promovente ni por si, ni por medio de apoderado alguno por lo cual quedo desistida; en consecuencia no existe material para realizar algún pronunciamiento, por lo tanto se desecha y no se le otorga valor probatorio alguno ASÍ SE DECIDE
b) En la sede de la demandada BARIVEN, ubicada en el Edificio Torre Miranda en la Avenida la Limpia en la ciudad de Maracaibo, en la Gerencia de Recursos Humanos de dicha empresa, con el objeto de verificar si el accionante laboraba en dicha empresa, fecha de ingreso, tiempo de servicio, salarios y remuneraciones, y cantidades de dinero disponibles en los Fondos de Jubilación y Ahorro. En fecha 05 de noviembre de 2008, se constituyó el Tribunal en la sede de la demandada, dejándose reproducción de la información suministrada por el sistema informático SAP de la demandada, es denotar que este medio de prueba no fue atacado para restarle su valor probatorio, por el contrario fue aceptado los montos, por lo tanto, La información recabada es apreciada por este Sentenciador la información recabada es apreciada por este Sentenciador, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo desprendiéndose de la misma los siguientes hechos;
-Que el ciudadano Ingreso en fecha 24/03/1983.
-Que terminó la relación laboral en fecha 24/0/2003.
-Que devengaba una remuneración mensual de Bs. 1.362,70.
- Que tiene en los libros de la empresa por concepto de antigüedad Bs. 1.631,35
-Que Tiene un monto disponible en el fondo de ahorro de Bs.12.498, 67.
-Que tiene un monto disponible en el fondo de capitalización de Bs. 31.228,29. ASÍ SE DECIDE.-
En fecha 15 de mayo de 2009, las partes consignaron documentales que a su
De la parte demandada:
1.- INSPECCIÓN JUDICIAL:
a) En la sede de la demandada BARIVEN, ubicada en la Avenida Libertador, Centro Petrolero, Torre Boscan, piso 8 y piso 4, de la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, en el Sistema Automatizado de Pago (SAP), a los fines de dejar constancia de la fecha de ingreso y egreso, motivo de la relación de trabajo, salarios devengados, monto de los aportes hechos por el trabajador al fondo de ahorro y jubilación. Al momento de la audiencia de juicio oral publica y contradictoria la parte promovente indico que dicho medio probatorio era para desvirtuar el monto reclamado por la parte actora y que efectivamente dichos montos se encuentran en poder de su representada. El mérito de estos medios de prueba fueron examinados ut supra y se da aquí por reproducidos ASÍ SE DECIDE.-

MOTIVACIONES DE HECHO Y DERECHO PARA DECIDIR
De modo que visto el análisis de las probanzas aportadas por las partes actora y demandada, procede ahora este Juzgador a efectuar ciertas consideraciones sobre los puntos controvertidos en esta causa, como consecuencia jurídica del contradictorio utilizado por las partes.
Cuando un trabajador permanente, que no sea de dirección y que tengan más tres meses al servicio de un patrono, es despedido sin justa causa, le nace el derecho a solicitar la calificación de éste; a fin de que se califique su despido y se ordene el reenganche y el pago de los salarios caídos, sí el despido no se fundamentó en una justa causa, de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo.
En efecto, la ley con el ánimo de propiciar la estabilidad, consagra el carácter taxativo de las causas de terminación de la relación de trabajo, las cuales se circunscriben a las indicadas expresamente en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues se procura que esta solo se disuelva cuando exista un motivo que afecte la relación de trabajo.
Es este sentido, en caso de que el patrono decida despedir a un trabajador o una vez despedido insiste en el despido realizado, deberá cancelarle además de lo que le corresponde al trabajador por concepto de prestaciones sociales de antigüedad, una indemnización adicional, más una indemnización sustitutiva de preaviso y los salarios caídos que le correspondan desde que se inicio el procedimiento de calificación de despido, conforme a lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo.
En este mismo orden de ideas, en sentencia dictada por el Juzgado Superior del Trabajo de la circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 13-12-00, dejó establecido lo siguiente:

(...) omissis
“ Cabe señalar destacar que la única forma que tiene la demandada para dar por terminado el procedimiento conforme al articulo 126 de la Ley Orgánica del Trabajo es demostrar el pago o en su defecto cancelar lo correspondiente a la antigüedad durante toda la relación de servicio y a la compensación de transferencia. Quedó establecido en autos, el pago de lo referido al articulo 108 y a las indemnizaciones del articulo 125 ambos de la Ley Orgánica del Trabajo, causados con posterioridad al corte de cuenta, por ley del 19 de junio de 1997, por cuanto dicho pago fue debidamente realizado por la demandada hasta el punto que fue aceptado por el trabajador. Sin embargo, la antigüedad anterior al 19 de julio (sic) de 1997, no se demostró en autos que haya sido cancelada, sino solo la posterior a esa fecha, y como quiera que la antigüedad es una sola dentro de un ininterrumpido contrato de trabajo aunque haya habido un corte por ley al 19 de julio (sic) de 1997, si se evidencia de autos que el patrono no pagó la prestación de antigüedad, correspondiente a ese lapso, no podrá alegar que quedó liberado del cumplimiento de su obligación de pagar la antigüedad, y así se declara (…)

Siendo el despido un acto unilateral del patrono, permitido cuando el trabajador goza de estabilidad relativa, y si el despido carece de justificación, aún así el patrono tiene la potestad de despedir, siempre y cuando pague además de las prestaciones sociales y las indemnizaciones de ley, en este sentido queda a elección del patrono el reenganche o sustituirlo con el pago de las indemnizaciones legales. Esta situación puede tener dos momentos, el primero de ellos, al momento de hacer el despido y el segundo de ello durante el curso del procedimiento de calificación de despido. En el primer caso, no hay lugar al procedimiento de calificación de despido. En el segundo de ellos, el procedimiento ya iniciado concluye, debiendo el patrono pagar también los salarios dejados de percibir durante el tiempo que discurrió el procedimiento.
Asimismo, en materia de derecho social el legislador patrio, a lo largo del desarrollo de la justicia laboral, y a los fines de mitigar la desigualdad económica existente entre patrono y trabajador, ha sancionado un conjunto de normas contentivas de principios e instituciones que permiten un trato igualitario de las partes en el proceso y; dentro de las cuales encontramos, la presunción de laboralidad, prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, según la cual “se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba” y el régimen de distribución de la carga de la prueba, previsto en los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica del Trabajo, que disponen lo siguiente:
“Artículo 72. Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o quien los contradiga, alegando nuevos hechos que configuren su pretensión o quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador cualquiera fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal”.

“Articulo 135. Concluida la audiencia preliminar sin que haya sido posible la conciliación ni el arbitraje, el demandado deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, consignar por escrito la contestación de la demanda, determinando con claridad cuáles de los hechos invocados en la demanda admite como ciertos y cuáles niega o rechaza, y expresar asimismo, los hechos o fundamentos de su defensa que creyere conveniente alegar. Se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en la demanda respectiva, de los cuales, al contestar la demanda, no se hubiere hecho la requerida determinación, expuestos los motivos del rechazo, ni aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso…”. (las negritas y el subrayado es de la jurisdicción)

De manera que conforme a lo previsto en los citados artículos, el régimen de distribución de la carga de la prueba en materia laboral, se fijará dé acuerdo con la forma en la que el accionado dé contestación a la demanda, debiéndose ratificar una el criterio sentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 15 de marzo de 2.000, con ponencia del Magistrado DR. OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, caso JESÚS E. HENRÍQUEZ ESTRADA contra ADMINISTRADORA YURUARY C.A., contentiva de la doctrina judicial vigente en materia de Contestación de la demanda Laboral, la cual es del siguiente tenor:

“Ahora bien, se desprende de todo lo antes expuesto que el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, establece la forma y el momento en que debe ser contestada la demanda en el proceso laboral, y también, cuándo se invierte la carga de la prueba y cuáles de los hechos alegados por el actor se tendrán por admitidos.
Es por lo expuesto en el párrafo anterior, que esta Sala de Casación Social debe esclarecer que la contestación de la demanda en materia laboral debe hacerse en forma clara y determinada, estableciendo cuáles de los hechos alegados por el actor se admiten y cuáles se rechazan, estando obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos.
Lo antes precisado, tiene su asidero en la circunstancia de que según como el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral.
Por lo tanto, el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.
También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:
1.- Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).
2.- Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.
También debe esta Sala señalar con relación al mencionado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, en lo referente a cuándo se tendrán por admitidos los hechos alegados por la parte actora, que en estos casos, se deberá aplicar la llamada confesión ficta.
Es decir, se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor.
En otras palabras, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos.” (Omissis)

Del extracto de la jurisprudencia parcialmente transcrita se desprende el establecimiento de un imperativo orden procesal, sobre el cual la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha insistido que es importante que sean aplicados al proceso judicial del trabajo cuando los derechos laborales mínimos establecidos en el ordenamiento jurídico laboral sustantivo se trata, porque es el patrono quién tiene que demostrar la liberación del pago efectuado a favor del trabajador, o si fuere el caso de un juicio de estabilidad, las causas que motivaron el despido.
De la misma forma, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, también ha ampliado el criterio antes enunciado, afirmando que no todos los alegatos y rechazos que se expongan en la contestación, deberán recibir idéntico tratamiento, porque la adecuada o suficiente precisión en el rechazo o en la exposición de las razones y fundamentos de las defensas, en relación con la carga de la prueba o el riesgo de no aportarla, dependerá de la naturaleza y circunstancias de cada asunto y resultará del examen de las mismas que debe practicar el juzgador, tarea en la cual hará uso de las presunciones establecidas a favor del trabajador, pero de la que no puede eximirse con el solo fundamento de indicar que por efecto de declararse la existencia de la relación de trabajo alegada, se tendrán por admitidos todos los hechos y pedimentos planteados con fundamento y por derivación de ella, aún cuando se les hubiere rechazado expresa y precisamente y se trate de rechazos o negativas que se agotan en sí mismas, como son las opuestas a condiciones distintas o exorbitantes de las legales. ASÍ SE ESTABLECE.-
En este sentido, en derecho existe el principio de que el Juez solo puede sentenciar en base a lo que fue probado en los autos, a excepción del hecho notorio que no es objeto de prueba conforme a lo establecido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, este principio recogido en nuestro derecho procesal en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, tiene sus atenuaciones ya que el Juez en su labor de sentenciar da como ciertos algunos hechos que no están probados en los autos, pero que forman parte de su conocimiento como ente social (existencia de lugares, fenómenos naturales transitorios, calles, edificios, etc).
Así, siendo posible que el Juez de cómo cierto hechos que prácticamente forman parte de su esfera personal, más aún debe tener el sentenciador la posibilidad procesal (para evitar el despilfarro probatorio y un ritualismo excesivo) de considerar como ciertos los hechos notorios comunicacionales, es decir, aquellos hechos cuya difusión o publicidad por los medios de comunicación los hace conocidos (en un momento dado) por un gran sector del conglomerado social (incluyendo al Juez).
Ante tales circunstancias nuestro Tribunal Supremo de Justicia en aras de fomentar la obtención de un proceso justo, idóneo y sin formalismos inútiles, conforme a la previsión contenida en el artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela; aunado al hecho de la consagración constitucional del mismo como instrumento de la justicia previsto en el articulo 257 constitucional, ha sentado en su doctrina la posibilidad que el sentenciador de como cierto, hechos notorios comunicacionales, previa verificación de ciertas circunstancias o caracteres concluyentes, señalados en la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 15 de marzo de 2000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero.
Dentro de estas circunstancias previstas en la jurisprudencia antes referida encontramos las siguientes:
“1) Que se trate de un hecho no de una opinión o un testimonio, de un evento reseñado por el medio como noticia; 2) Su difusión es simultanea por medio de comunicación escritos, audiovisuales, o radiales, lo cual puede venir acompañada de imágenes, 3) Es necesario que el hecho no resulte sujeto a rectificaciones, a dudas sobre su existencia, a presunciones sobre la falsedad del mismo, que surjan de los mismos medios que la comunican, o de otros y, es lo que la Sala ha llamado antes la consolidación del hecho, lo cual ocurre en un tiempo prudencialmente calculado por el Juez, a raíz de su comunicación”.

Bajo este prisma, son hechos notorios públicos comunicacionales exentos de prueba por cumplir con los caracteres concurrentes establecidos en la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ut supra referidas, acogida plenamente en esta sentencia, los siguientes hechos:
1.- Que la industria petrolera nacional, sociedad mercantil BARIVEN filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A., pretendió ser paralizada por razones distintas a un conflicto de naturaleza laboral.
2.- Que en consonancia con el decreto de emergencia No. 2.172, de fecha 08 de diciembre de 2.002 y publicado en la Gaceta Oficial No.37.587, las autoridades de BARIVEN mediante comunicados divulgados por medios de comunicaciones televisivos, escritos y radiales, nacionales e internacionales, llamaron a los trabajadores a reincorporarse a sus labores de trabajo.
3.- Asimismo, es un hecho público notorio comunicacional difundido igualmente por medios de comunicaciones televisivos, escritos y radiales, nacionales e internacionales, que para proteger las instalaciones y garantizar el acceso de los trabajadores de la industria petrolera, se resguardaron todas las instalaciones con la presencia de las Fuerzas Armadas Nacionales y todos sus componentes.
4.- Que los trabajadores que no asistieron injustificadamente a sus puestos de trabajo durante el intento de paralización fueron despedidos por BARIVEN realizando las notificaciones del despido por la prensa de las respectivas regiones.
Se repite, todos estos hechos establecido ut supra, se convirtieron en hechos públicos notorios comunicacionales, que se tienen como ciertos en juicio y no hacía falta su acreditación en juicio a través de medios probatorios. ASÍ SE ESTABLECE.-
Aplicando la doctrina y la jurisprudencia antes reseñada al caso sometido a esta jurisdicción, debe acotar quién suscribe, que quedó acreditado en los autos que el ciudadano JOSÉ MARIA CORONADO BRICEÑO fue despedido mediante una notificación en el Diario Panorama (según consta de ejemplar consignado), asimismo, este Sentenciador por notoriedad judicial conoce que el despido efectuado por la demandada durante el ilegal paro petrolero fueron realizados mediante este sistema colectivo de despido, por la imposibilidad de notificar uno a uno a los trabajadores que no acudieron a trabajar.
Ahora bien, si bien es cierto que no es un hecho notorio que el accionante no haya acudido a laborar, si lo es la existencia de un ilegal paro de trabajadores de la industria petrolera por lo que se invierte la carga de la prueba en contra del trabajador, en cuanto que debió alegar que laboró en dicho periodo, por lo que al no haberlo realizado, debe concluir este Sentenciador que el despido realizado al accionante fue por causa justificada, que no es otra que el de la inasistencia a laborar en un periodo de 3 ó más días en un lapso de 30 días, previsto en el artículo 102, literal f). ASÍ SE DECIDE.-
En este orden de ideas, si bien es cierto que el accionante reclama indemnización sustitutiva preaviso e indemnización por despido injustificada, al haber quedado establecido que el despido fue realizado por causa justificada, no es procedente la aplicación del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo. ASÍ SE DECIDE.-
El accionante reclama los siguientes conceptos e indemnizaciones:
a.- Antigüedad: Reclama la cantidad de Bs.25.429.879,51, sin embargo, de los datos arrojados por el sistema automatizado de nómina llevado por la demandada BARIVEN, que fuera evacuado por la inspección judicial y admitidos y aceptados en la audiencia de juicio oral publica y contradictoria, se evidencia, que el accionante tiene como saldo (remanente después de los adelantos de prestaciones acreditados en la cuenta individual del trabajador folio 181 del expediente) la cantidad de Bs. 1.631,35 (valor de la moneda después de la reconversión monetaria) por concepto de antigüedad cantidad que se ordena a la parte demandada a entregar al accionante ASÍ SE DECIDE.-
Con respecto a las vacaciones y bono vacacional fraccionado, al haber quedado establecido que la causa de la terminación de la relación de trabajo fue el despido justificado, no le corresponde el pago de este concepto, según lo establecido en la norma sustantiva laboral articulo 225 ASÍ SE DECIDE.-
Para el caso del Fondo de Ahorro: quedó acreditado con los datos arrojados en las inspecciones realizadas en los sistemas de información de BARIVEN, que efectivamente el ciudadano JOSÉ MARIA CORONADO BRICEÑO estaba inscrito en el fondo de ahorro, acreditándose igualmente con estos datos, que se encuentran depositado la cantidad de Bs.F.12.498,67 (expresados en el valor de la moneda después de la reconvención monetaria) (folio 180 del expediente), cantidad que se ordena a la parte demandada a entregar al accionante. ASÍ SE DECIDE.-
Para el caso del fondo de jubilación: quedó acreditado a través de la inspección judicial realizada en los sistemas de información de BARIVEN., que efectivamente el ciudadano JOSÉ MARIA CORONADO BRICEÑO estaba inscrito en el fondo de jubilación, acreditándose igualmente con estos datos, que se encuentran depositado la cantidad de Bs.F.31.228,29 (expresados en el valor de la moneda después de la reconvención monetaria) (folio 182 del expediente), cantidad que se ordena a la parte demandada a entregar al accionante. ASÍ SE DECIDE.-
Lo adeudado al ciudadano JOSÉ MARIA CORONADO BRICEÑO suma la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLÍVARES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.F. 45.358,31) (expresados en el valor de la moneda después de la reconvención monetaria). ASÍ SE ESTABLECE.-
- Ahora bien, sobre la indexación y los intereses de mora de las cantidades de dinero condenadas a pagar, por cuanto el accionante interpuso un procedimiento de estabilidad laboral, durante el cual no corre el lapso de prescripción por haber incertidumbre sobre la terminación o no de la relación de trabajo tal y como fue establecido supra en las motivaciones para desechar la prescripción-, tampoco le nace al accionante el derecho a las mismas, tomando en cuenta la equidad, por lo que se comenzará a computar desde de que la parte demandada no cumpla voluntariamente con la sentencia, es decir, para el caso de una ejecución forzosa, se solicitará ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución o este de oficio ordenará la indexación a partir de la fecha del decreto de ejecución, hasta la oportunidad del pago efectivo, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y para ello, se realizará una experticia complementaria del fallo con la designación de un experto contable que será nombrado por el Tribunal, y en caso de que las partes no dispongan de recursos económicos para la realización de la experticia en referencia, se tendrá en consideración el nombramiento de un experto funcionario público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo dispuesto en el artículo 455 eiusdem, este pronunciamiento se aplicara única y exclusivamente para el monto por concepto de antigüedad, ya que tanto el fondo de ahorro como el fondo de capitalización tienen y gozan de sus propios interés ASÍ SE DECIDE.-.-
A los fines de salvaguardar y preservar los derechos que le corresponden a la República Bolivariana de Venezuela en este proceso, se ordena la notificación al Procurador General de la República conforme lo estatuye el artículo 97 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República en concordancia con el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo suspendiéndola a partir de la publicación de este fallo, hasta tanto conste en las actas del expediente el acuse de recibo de la notificación y el vencimiento del lapso de treinta (30) días al cual se contrae la norma en cuestión; acompáñese copia certificada de esta sentencia. ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVO
Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este TRIBUNAL OCTAVO DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: SIN LUGAR la defensa de fondo opuesta por la Empresa demandada BARIVEN, relativo a la Prescripción de la Acción
SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión de prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoada por el JOSÉ MARIA CORONADO BRICEÑO contra de la sociedad mercantil BARIVEN filial de PETRÓLEO, S.A., ambas partes plenamente identificadas en las actas procesales.
TERCERO: Se condena a la parte demandada a pagar a la ciudadana JOSÉ MARIA CORONADO BRICEÑO la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLÍVARES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (Bs.F. 45.358,31) (expresados en el valor de la moneda después de la reconvención monetaria)
CUARTO: Se condena a pagar la cantidad que resulte del cálculo de los intereses de mora y la indexación sobre las sumas ordenadas a pagar en la presente dispositiva, en la forma como se indicó en la parte motiva de la presente decisión.
QUINTO: Se exime de costos y costas a la parte demandada BARIVEN por no haber resultado vencida totalmente en la presente controversia, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
SEXTO: Se ordena notificar mediante oficio a la Procuraduría General de la República de las resultas de la presente sentencia anexándose copia certificada de la misma una vez publicada, de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
SÉPTIMO: Se ordena la consulta obligatoria al JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, correspondiente, del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Haciendo Pública Nacional.
Publíquese, Regístrese y Ofíciese.
Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, sellada y firmada en el Tribunal Octavo de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los Treinta (30) días del mes de Junio de año 2009. Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

El Juez,

________________________
MIGUEL GRATEROL

La Secretaria,

________________________
MARINES CEDEÑO GÓMEZ

En la misma fecha y siendo las nueve y cincuenta y uno minutos de la mañana (9:51 a.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede quedando registrada bajo el No PJ071200900088.
La Secretaria,

_________________________
MARINES CEDEÑO GOMEZ

Exp.VP01-L-2007-414
MAG/es.-