TSJ Regiones - Decisión

Asunto VP01-L-2007-002446

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:
ELTRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO
PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA
CON SEDE EN MARACAIBO
199º y 150º

SENTENCIA INTERLOCUTORIA
(HOMOLOGACIÓN DE TRANSACCIÓN)

“Vistos los antecedentes”.

Demandante: JAIRO ENRIQUE SALCEDO PORTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-. 7.777.120, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia.

Demandados: Ciudadano GIONANNY ENRIQUE SUÁREZ y ELISA ELENA AÑEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.- 7.775.657 y V.- 4.328.003, respectivamente.

En la presente causa referida al cobro de PRESTACIÓN DE ANTIGUEDAD y OTROS CONCEPTOS LABORALES, incoado por el ciudadano JAIRO ENRIQUE SALCEDO PORTILLO, en contra de los ciudadanos GIONANNY ENRIQUE SUÁREZ y ELISA ELENA AÑEZ, se observa que, las representaciones forenses de las partes en conflicto, consignan escrito contentivo de acuerdo de pago, de fecha 12 de mayo 2009 (folios 189 al 193) y recibido por este Juzgado en fecha 2 de junio de 2009, proveniente del Archivo Sede de este Circuito Judicial Laboral.

De la revisión del acuerdo de pago, se observa que las partes por intermedio de sus representantes forenses acordaron realizar una transacción por la cantidad de DOS MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs.F.2.000,oo), en la cual se transcribe de seguidas extracto de la misma:

“TERCERA: ARREGLO TRANSACCIONAL: No obstante de lo aquí expresado por las partes; Con el fin de dar por terminados todos los planteamientos del litigio pendiente, cuya nomenclatura (sic) es VP01-L-2007-002446, que por Prestaciones Sociales la entablado EL OFERTADO, en contra de LOS OFERENTES, por ante el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en ocasión de la terminación de la relación de trabajo que existió entre EL OFERTADO y la sociedad mercantil FARMACIA EL REMOLINO, durante el periodo mencionado en la cláusula PRIMERA. Por ello las partes de común acuerdo, haciéndose recíprocas concesiones, convienen en fijar como arreglo total y definitivo de todos y cada uno de los conceptos que corresponden, o puedan corresponder al EL OFERTADO, en contra de LOS OFERTANTES, o la sociedad mercantil FARMACIA EL REMOLINO, sus Directores, Gerentes y/o Ejecutivos, en la Suma Bruta de DOS MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs.2.000, 00)”.

Acto seguido a la manifestación de voluntad realizada por los representantes forenses de ambas, solicitaron al Tribunal, se homologue el acuerdo transaccional y se le de al mismo el carácter de cosa juzgada.

Este Tribunal para resolver, observa:

En el referido acuerdo de pago, la parte demandante, ciudadano JAIRO ENRIQUE SALCEDO PORTILLO, estuvo representado por la profesional del derecho ciudadana DISLENE URDANETA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 117.410; y las partes codemandadas ciudadanos GIONANNY ENRIQUE SUÁREZ y ELISA ELENA AÑEZ, por el profesional del Derecho ERNESTO JAVIER NÚÑEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 99.838, previamente celebrada por ante la Inspectoría del Trabajo en Santa Bárbara del Zulia, posteriormente presentada por este Juzgado en fecha 02 de junio de 2009.

Ahora bien, de acuerdo al análisis de lo peticionado de común acuerdo por la representación judicial de la parte accionante, así como por la representación judicial de la parte demandada, se tiene que, se debe ante todo, revisar las facultades de los Abogados actuantes en el acuerdo in comento, para evidenciar si estaban autorizados para transar, y en caso positivo pasar al pronunciamiento respecto a si el escrito bajo análisis cumple con las previsiones de normas de orden público, entre ellas lo dispuesto en el artículo 89, numeral 2° de la Carta Magna y el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, y que no es contrario a las buenas costumbres, así como de la doctrina jurisprudencial.

En este orden de ideas es menester transcribir el contenido del artículo 154 del Código de Procedimiento Civil (CPC) aplicado por argumento a simili o analógico a la presente causa, artículo que entre otras hace referencia a la facultad de “transigir”, señalándose que ella debe ser expresa, en efecto el artículo señala:

“Artículo 154.- “El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa.” (Negrillas de este Sentenciador).”

En tal sentido, se aprecia que el profesional del derecho ERNESTO JAVIER NÚNEZ, es representante judicial de las partes codemandadas ciudadanos GIONANNY ENRIQUE SUÁREZ y ELISA ELENA AÑEZ, conforme se evidencia de copia de Poder que consta en los folios 54 y ss., y entre las facultades conferidas se observa textualmente: “… convenir, transigir, desistir, recibir cantidades de dinero”, (Folio 54). De modo que se evidencia, que el nombrado apoderado judicial, esta facultado expresamente para transar y/o transigir, pagar cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio.

De otra parte, en relación a la profesional del derecho ciudadana DISLENE URDANETA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 117.410, en su condición de representante legal de la parte accionante, como se desprende de instrumento Poder que consta en el folio 18, quedó acreditada con facultades de representación de la actora, y entre ellas “…convenir, desistir, transigir…recibir cantidades de dinero… ”. (Folio 18). De tal manera que, se evidencia del poder, estar facultada para transar y/o transigir, lo cual es inequívoco.

No obstante lo anterior, es de suma importancia aquí transcribir el contenido del artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

“Artículo 11: Efectos de la transacción laboral: La transacción celebrada por ante el Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.

Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario o funcionaria competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno.

Parágrafo Segundo: El Inspector o Inspectora del Trabajo procederá a homologar o rechazar la transacción que le fuere presentada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
En el supuesto de negativa, deberá indicar los motivos de la decisión y, si fuere el caso, precisar los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados, brindándosele a éstos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.” (Negrillas y subrayado de este Sentenciador)

Se destaca de la norma transcrita y a los efectos del presente asunto, que es menester a la hora de revisar la posibilidad de homologación de un acuerdo transaccional cerciorarse que el trabajador o los trabajadores actúen libre de constreñimiento alguno.

En este contexto es importante de igual manera, transcribir extracto de Sentencia Nº 442 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando, de fecha 23/05/2000 (caso José Agustín Briceño Méndez contra la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia de fecha 19 de enero de 1998), Sentencia en la que se estableció:

“Es por ello que, asumiendo una posición teorética y no dogmática, concluye esta Sala que los modos de autocomposición procesal no son en sí mismos medios atentatorios contra el principio constitucional de la indisponibilidad en juicio (mal llamada “irrenunciabilidad”), de los derechos mínimos de los trabajadores, pues a través de ellos lo que se persigue es componer la litis por sus propios participantes, subrogándose dicha decisión a la sentencia de fondo que debía dictar el juez correspondiente y adquiriendo dicha composición los efectos de la cosa juzgada.

Mal podrían, entonces, y no por imitación de procesos que no vinculan a nuestros jueces, sino en razón de las reglas que la propia Carta Magna consagra, tenerse por prohibidos en los procesos laborales tanto el desistimiento de la demanda como la conciliación, siempre y cuando se establezcan los mecanismos o requisitos que aseguren la constatación por parte del órgano administrativo o judicial de la voluntad libremente manifestada por el trabajador. Y así se decide.
(Omissis)

En el caso sub iudice, como quedó constatado en el ítem 5 del Capítulo I de este fallo, no sólo hizo mella la sentencia al derecho a la tutela judicial efectiva, al no contener motivación alguna de la cual se constate como efectuado el necesario análisis tendente a la verificación que debió preceder a la homologación, particularmente por lo que respecta a la capacidad para disponer por parte del representante judicial del demandado -lo que evidencia un ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional-; sino que también conculcó dicho derecho al desoír las múltiples, insistentes, inmediatas y posteriormente constantes advertencias del accionante respecto a que la declaración que hizo, el que hasta entonces era su apoderado, no era reflejo de su voluntad.

(Omissis)

.- Por último, la Sala estima necesario orientar a los jueces, en el sentido de que realicen interpretaciones de las normas teniendo por norte las propias y fundamentales garantías constitucionales, sin que esto signifique la desaplicación compulsiva de normas legales o la anulación de procesos por este sólo hecho, sino que con mesura y ponderación hagan interpretaciones constitucionales de las normas ya establecidas en el ordenamiento jurídico, y apliquen la consecuencia jurídica en atención a estos principios cuando no sea de extrema necesidad desaplicar la norma en cuestión.” (Negrillas de este Sentenciador).

En atención al criterio jurisprudencial establecido por la Sala Constitucional como Máximo interprete de la Constitución, y lo pautado en los artículos 10 y 11 Parágrafo Segundo del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, así como de normas de orden público, entre ellas lo dispuesto en el artículo 89, numeral 2° de la Carta Magna, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, se observa como necesaria la manifestación de voluntad del demandante respecto a su conformidad con lo pautado en el acuerdo de pago y/o transacción, y se evidencia de la transacción celebrada textualmente lo siguiente:

“SÉPTIMA ACUERDO DE VOLUNTADES: Ambas partes declaran que el presente documento constituye un resumen de la voluntad de las mimas, las cuales actúan en este acto de manera voluntaria y sin constreñimiento de alguna naturaleza. El presente contrato surte efectos legales y es plenamente exigible bajo las leyes de Venezuela y precave cualquier acción; y termina el litigio que por antes los Tribunales se intentó.”.

De modo que es inequívoca la manifestación libre de la voluntad del actor, por cuanto consta firma y huellas dactilares, en el presente acuerdo transaccional, lo cual es tarea del Sentenciador revisar a la hora de homologar un acuerdo transaccional. Así se establece.-

Ahora bien, señalado lo precedente en donde se ha verificado la manifestación libre de voluntad de la parte demandante, es menester el pronunciamiento respecto a si el escrito bajo análisis cumple con las previsiones de normas de orden público, entre ellas lo dispuesto en el artículo 89, numeral 2° de la Carta Magna y el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, y que no es contrario a las buenas costumbres, así como de la doctrina jurisprudencial.

Así de acuerdo al análisis de lo peticionado de común acuerdo por las partes en litigio, se tiene, que el acuerdo de pago y/o transacción no violenta en forma alguna normas de orden público, entre ellas lo dispuesto en el artículo 89, numeral 2° de la Carta Magna, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), ni es contraria a las buenas costumbres; y que la representación forense de la demandada tenía facultades para transigir, así como para disponer del derecho en litigio, ello de conformidad con lo estatuido en los artículos 1714 del Código Civil y 154 del Código de Procedimiento Civil; de tal manera que debe procederse a la homologación y a darle el carácter de cosa juzgada a la transacción y/o acuerdo de pago efectuado libremente por las partes, lo cual se determinará de manera expresa, positiva y precisa en la dispositiva de este fallo. Así se decide.-

Con la Homologación señalada, este Juzgado declara terminado el presente juicio referido al Asunto VP01-L-2007-002446 le da el carácter de Cosa Juzgada, ordenándose el archivo del expediente, por cuanto consta el pago total de la cantidad antes señalada. Así se decide.

DISPOSITIVO

Por los fundamentos antes expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos y la parte motiva de esta decisión, este TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley: Declara: LA HOMOLOGACIÓN del acuerdo de Pago y/o Transacción por la cantidad de DOS MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs.F.2.000,oo), en la causa incoada por el ciudadano JAIRO ENRIQUE SALCEDO PORTILLO, en contra de los ciudadanos GIONANNY ENRIQUE SUÁREZ y ELISA ELENA AÑEZ, en el juicio por Cobro de Prestación de Antigüedad y Otros Conceptos Laborales, se le da el carácter de cosa juzgada; y como consecuencia de la aprobación dada, se resuelve:

PRIMERO: Con la Homologación señalada, este Juzgado declara terminado el presente juicio, ordenándose el archivo del expediente por cuanto consta el pago total de la cantidad antes señalada.

No hay especial condenatoria en costas dada la naturaleza de lo decidido.

Se deja constancia que el actor ciudadano JAIRO ENRIQUE SALCEDO PORTILLO, estuvo representado por la profesional del derecho ciudadana DISLENE URDANETA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 117.410; y las partes codemandadas GIONANNY ENRIQUE SUÁREZ y ELISA ELENA AÑEZ, por el profesional del Derecho ERNESTO JAVIER NÚÑEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 99.838.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.-

Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO, en Maracaibo a los cinco (05) días del mes de junio del año dos mil nueve (2009).- Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

El Juez Titular,

NEUDO FERRER GONZÁLEZ
La Secretaria,

En la misma fecha y estando presente en el lugar destinado para Despachar los ciudadanos Juez, y siendo las once y dieciocho de la mañana (11:18 a.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede quedando registrado bajo el Nº 059-2009.

La Secretaria,

NFG/.-