REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. EXTENSIÓN CABIMAS JUEZ UNIPERSONAL N° 01 EXPEDIENTE: 1U-6513-07 MOTIVO: RECLAMACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES PARTE DEMANDANTE: MARÍA DE LA NATIVIDA TERAN BENITEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº 6.140.842, domiciliada en el municipio Baralt del estado Zulia. ABOGADO ASISTENTE: YENNILY VILLALOBOS, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 89.416. PARTE DEMANDADA: NELSON CURCOS LOVERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad 998.653, domiciliado en el Municipio Baralt del Estado Zulia. HIJA: Se omiten los nombres de los niños de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. . PARTE NARRATIVA Ocurrió por ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la ciudadana HEIDY NATHALY AZUAJE TERAN, venezolana, titular de la cedula de identidad Nº 20.623.786, DOMICILIADA EN EL Municipio Baralt del Estado Zulia, en representación de su hija la ciudadana: MARÍA DE LA NATIVIDA TERAN BENITEZ, antes identificada, asistido por la Abogada YENNILY VILLALOBOS, antes identificada, a los fines de interponer demanda de RECLAMACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, contra el ciudadano: NELSON CURCOS LOVERA, antes identificado; alegando que el día 01 de noviembre de 2006, la mencionada hija de autos, comenzó a prestar servicios personales, directos y subordinados para el ciudadano NELSON CURCOS LOVERA, en su condición de propietario de la hacienda ubicada en el sector carrillo, carretera principal, a un kilómetro de la curva del carrillo, Municipio Baralt, Estado Zulia, donde se desempeñó en el cargo de DOMESTICA, laborando dentro de sus instalaciones, en un horario comprendido de Lunes a Viernes de 8:00am a 4:00pm; devengando como último salario Básico semanal la cantidad de OCHENTA BOLIVARES (Bs.80,oo) como contraprestación a los servicios prestados, asumiendo una conducta diligente y responsable. Pero es el caso que en fecha 06 de diciembre de 2006, la ciudadana MARÍA DE LA NATIVIDA TERAN BENITEZ, la madre antes identificada; realiza denuncia ante sub-inspectora del trabajo de Mene grande del Estado Zulia, hacer el correspondiente reclamo de prestaciones sociales según consta en planilla de reclamo que reposan por ante el mencionado Órgano administrativo. En fecha 01 de noviembre de 2006, fue despedida la adolescente HEIDY NATHALY AZUAJE TERAN, según comunicación verbal que le hiciera el ciudadano NELSON CURCOS LOVERA, propietario de la hacienda antes mencionada, sin que mediara causa alguna, pues en el desempeño de las labores realizadas cumplía con todas y cada una de las obligaciones que le eran impuestas por la patronal. Por todas las razones de hecho y de derecho ya expuestas, es por lo que acude por ante este digno Tribunal a demandar como en efecto demanda al ciudadano NELSON CURCOS LOVERA, por lo que invoca aplicar el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su numeral primero y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, La Ley Orgánica del Trabajo, Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, Ley Orgánica Procesal del Trabajo y demás normas legales aplicables al caso, el pago de PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, que le corresponde por la prestación de los servicios personales en dicha vivienda. Una vez efectuada la distribución, le correspondió el conocimiento al Juez Unipersonal No.1, dándole el curso de Ley, asignándole el No.6513-07. En fecha 19 de enero del 2007, se admitió la presente demanda. Consta en actas: • Copia fotostática de la Cédula de Identidad de la progenitora • Copia fotostática de la Cédula de Identidad de la hija de auto. • Copia certificada de la Partida de nacimiento de la hija de auto • Resultas del despacho de comisión de la citación realizada en fecha 26 de marzo de 2007 Se evidencia de las actas procesales que desde que el día 03 de abril de 2007, no ha habido ninguna actuación de las partes en la presente causa. Con ese antecedente, esté órgano Jurisdiccional pasa a decidir con la siguiente consideración: PARTE MOTIVA Este Sentenciador pasa de seguidas a analizar las disposiciones legales referidas a la perención de la instancia, a la luz del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen: Artículo 267 cpc: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención Artículo 268 cpc; “La perención procede contra la Nación, los Estados y las Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y cualquiera otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo el recurso sobre su representante” Artículo 269 cpc: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquier de los casos del artículo 267, es apelable libremente” La institución de la perención de la instancia no está regulada expresamente en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de tal forma, que deben aplicarse supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil. El autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil Tomo II”, considera con respecto a la perención de la instancia: “El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (Después de un período de inactividad procesal prolongado el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal)” “La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uyi singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir” La autora y jurista Margelys Guevara Velásquez en su artículo titulado “Análisis de jurisprudencias de las Cortes Superiores de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en la obra “Segundo año de vigencia de la Ley Orgánica para la protección del niño y del adolescente. Terceras Jornadas sobre la LOPNNA, refiere: “Ahora bien, se evidencia del contenido del artículo 268 del Código de Procedimiento, trascrito con anterioridad, la intención del legislador de no exceptuar de la institución procesal de la Perención de la Instancia, aquellos procedimientos donde estén involucradas personas que no hubiesen alcanzado la mayoría de edad” De los artículos antes transcritos y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se hace preciso determinar si en el presente caso se han configurado los presupuestos procesales que hagan procedente la declaratoria perención de la instancia en virtud de la inactividad procesal anual, en este sentido, se evidencia de las actas procesales que la parte actora no ha realizado ninguna actuación desde el día 03 de abril de 2007, pues bien, de un simple computo se desprende que hubo inactividad procesal por mas de un año, en consecuencia este Juzgador acoge el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por lo tanto debe declararse la perención de la instancia. Así se declara. En este orden de ideas, el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República y en la jurisprudencia transcrita se sostiene que la negligencia de las partes no puede ser premiada manteniendo el demandado sujeto a un juicio pues ello contraviene el debido proceso y la propia finalidad del mismo, en consecuencia, por ser el debido proceso una garantía de carácter constitucional, es procedente la declaratoria de la perención de la instancia. PARTE DISPOSITIVA Por los fundamentos antes expuestos esta Juez Unipersonal No. 1 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, extensión Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Consumada la perención y extinguida la instancia en el presente juicio de RECLAMACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, intentado por la ciudadana MARÍA DE LA NATIVIDA TERAN BENITEZ, en contra del ciudadano NELSON CURCOS LOVERA, a favor de su hija. Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia certificada por secretaria. Dada, Firmada y sellada en el Despacho del Juez Unipersonal Provisorio Nº 1, del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, extensión Cabimas. En Cabimas, a los treinta y un días (31) días del mes de julio del 2009. Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación. El Juez Profesional Unipersonal No.1, Abg. Esp. Carlos Luis Morales García El Secretario Suplente Abg. Omar Saavedra En la misma fecha siendo las nueve y veinte minutos de la mañana (09:20 am), se publicó la presente sentencia interlocutoria bajo el Nº 960-09 El Secretario Suplente Abg. Omar Saavedra CLMG/am.- EXP: 1U-6513-07.