Expediente No. 32886
Sentencia No. 796.
Intimación de Honorarios
Profesionales Judiciales
Nf.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA,
CON SEDE EN CABIMAS.
RESUELVE:
PARTE DEMANDANTE: CARMEN MARISELA MANZANILLA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.-8.012.250, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 42.752, domiciliada en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.
PARTE DEMANDADA: ADEL SALOMON YARBOU YARBOUH, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.-11.247.330, domiciliado en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Abogada en ejercicio MILAGROS RUIZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 52.401.
I
RELACIÓN DE LAS ACTAS
En fecha dieciséis (16) de noviembre de 2006, se le da entrada al presente expediente, se admite cuanto ha lugar en derecho y se intimó al ciudadano ADEL SALOMON YARBOU YARBOUH, para que pague a la abogada CARMEN MANZANILLA, la cantidad de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 13.500.000,oo).
Mediante diligencia de fecha veintitrés (23) de noviembre de 2006, la parte actora abogada Carmen Manzanilla, consignó copias simples para los recaudos de intimación.
En fecha cinco (05) de Diciembre de 2006, se libran los recaudos de intimación a la parte demandada.
Por diligencia de fecha cinco (05) de Diciembre de 2006, la actora los medios de transporte necesarios y dirección para practicar la intimación.
En fecha primero (01) de Marzo de 2007, el Alguacil del Tribunal expuso sobre la intimación de la parte demandada.
Por auto de fecha veintiocho (28) de marzo de 2007, previa solicitud de la parte actora, se ordenó la intimación de la parte demandada por medio de carteles, en la misma fecha se libraron carteles de intimación.
Mediante auto de fecha diecisiete (17) de Abril de 2007, el Tribunal acuerda librar nuevos carteles de intimación, para ser publicados en el diario La Verdad, en virtud de lo solicitado por parte actora en fecha: 09/04/2007.
En fecha veinticinco (25) de Julio de 2007, la abogada CARMEN MANZANILLA, consigna ante este Juzgado, carteles de citación publicados en los diarios La Verdad, los cuales fueron desglosados y agregados a las actas por auto de la misma fecha.
En fecha veintiocho (28 de septiembre de 2007, la abogada MILAGROS RUIZ, con el carácter de apoderada judicial del ciudadano ADEL YARBOU, parte demandada, presentó escrito mediante el cual dio contestación a la demanda.
En fecha nueve (09) de octubre de 2007, la abogada CARMEN MANZANILLA, solicitó computo de días de despacho.
Por escrito de fecha quince (15) de Octubre de 2007, la abogada MILAGROS RUIZ, con el carácter de apoderado del demandado, ratifica el escrito de contestación presentado.
Por auto de fecha diecinueve (19) de octubre de 2007, el Tribunal ordenó agregar a las actas y admite cuanto ha lugar en derecho el escrito de pruebas presentado por la parte demandada en el presente juicio.
En fecha veintitrés (23) de Octubre de 2007, para llevar a efecto inspección judicial.
Por auto de fecha veintisiete (27) de Noviembre de 2007, el Tribunal acordó computo de los días de despacho solicitado.
En fecha dieciocho (18) de diciembre de 2007, el tribunal dictó y publicó resolución declarando la reposición de la causa al estado de abrir la articulación probatoria conforme a lo establecido en el articulo 607 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2008, el Tribunal declaró abierta la articulación probatoria de ocho días de despacho, conforme a la resolución dictada por este Tribunal.
En fecha diecinueve (19) de septiembre del 2008, la abogada MILAGROS RUIZ, presentó escrito de ratificación a la contestación de la demanda.
Por auto de fecha veintidós (22) de septiembre de 2008, el Tribunal ordena agregar a las actas el escrito de pruebas presentado por la abogada MILAGROS RUIZ, admitiéndolo cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De tal forma, es importante destacar el contenido del artículo 23 de la Ley de Abogados, el cual establece textualmente lo siguiente:
“Las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley”.
El referido artículo dispone claramente que las costas pertenecen a la parte y que es esa parte la que debe pagar los honorarios profesionales de sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, esa misma norma también prevé que el abogado puede estimar sus honorarios e intimarlos al respectivo “obligado”, que según lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Abogados, es la parte condenada en pagar costas:
“Artículo 24: A los efectos del artículo 23 de la Ley se entenderá por obligado, la parte condenada en costas”.
Ahora bien dicha posibilidad sólo podría plantearse si el condenado en costas “el obligado” no cumple con pagarlas a la parte beneficiaria de la condenatoria. Así pues, siendo el principio general el que las costas pertenecen a la parte y que es ella la que tiene que pagarle a sus abogados los honorarios, la posibilidad de que esos abogados puedan dirigirse a la parte condenada en costas a reclamar el pago de sus honorarios nunca estaría abierta si esa parte obligada cumple con pagarle costas a la parte beneficiada.
Al respecto, es importante resaltar que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha treinta y uno (31) de mayo de 2005, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez (caso: José Leonardo Chirinos Goitía contra Seguros Mercantil, C.A.) reitera el siguiente criterio en cuanto al procedimiento de cobro de honorarios profesionales de abogado a la parte condenada en costas:
“…La Sala considera pertinente reiterar el criterio sostenido por la extinta Corte Suprema de Justicia, respecto al procedimiento de cobro de honorarios profesionales de abogado a la parte condenada en costas, contenido en sentencia de fecha 15 de diciembre de 1994, dictada en el juicio de Jesús Alfredo Moreno La Cruz contra C.A. Electricidad de Caracas, expediente N° 93-672, que hoy se reitera, en la que se estableció lo siguiente:
“...Expresa el artículo 23 de la Ley de Abogados:
“...Las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley...”.
La disposición transcrita establece, como regla general, que las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios y estatuye una excepción que otorga al abogado acción personal y directa contra el condenado en costas, para hacer efectivo el derecho a ser retribuido por la prestación de sus servicios.
En el pasado se sostuvo que la condena en costas sólo obra efectos a favor de la contraparte vencedora, y el abogado de la parte gananciosa no podrá por sus propios derechos intimar a la vencida al pago de sus honorarios. (Cf. Armiño Borjas, Comentarios... Tomo II, pág.148).
Dicho sistema dificultaba al profesional el cobro de los honorarios, por lo cual la ley acordó, por vía de excepción, otorgar acción directa al abogado, para estimar e intimar sus honorarios al condenado en costas con los límites establecidos por el Código de Procedimiento Civil. Dicha acción no excluye la regla general antes transcrita que constituye a la parte victoriosa en acreedor de las costas, y por tanto le permite intimar su pago, incluido en éste los honorarios de abogados, sin que sea menester la demostración del previo pago a los profesionales que intervinieron representándolo o asistiéndolo, como sostiene el formalizante, pues la Ley no lo obliga a ello, y el uso del verbo en tiempo futuro –pagará los honorarios, dice la Ley- no permite excluir la posibilidad de que la parte victoriosa pague los honorarios luego de cobrar las costas...”. (Resaltado de la Sala)…”.
Del criterio jurisprudencial antes transcrito se evidencia claramente que el abogado es titular de una acción directa que surge en virtud del artículo 23 de la Ley de Abogados, y que le permite estimarle e intimarle honorarios al obligado al pago de las costas procesales. La acción pertenece al abogado, quien podrá optar entre estimarle e intimarle sus honorarios a quien lo contrató “su cliente” o, directamente pedir la intimación al respectivo obligado, quien no es otro que el condenado en costas. Así se establece.
En tal sentido, es importante resaltar que la acción estimatoria e intimatoria de honorarios profesionales es personal y directa del abogado; que tal derecho no le pertenece a su representado; y que el abogado tiene una acción directa que le permite estimarle e intimarle honorarios al obligado, entendiéndose por obligado en el presente caso a quien contrato los servicios y/o cliente, ciudadano ADEL SALOMON YARBOU.
A los fines de mayor inteligencia en la solución del presente caso, considera esta Juzgadora necesario definir el concepto “honorarios”, para lo cual se permite reseñar lo expresado por el Dr. Guillermo Cabanellas, en su obra “Diccionario Jurídico Elemental”, sobre el referido concepto, así:
“Remuneración, estipendio o sueldo que se concede por ciertos trabajos. Generalmente se aplica a las profesiones liberales, en que no hay relación de dependencia económica entre las partes, y donde fija libremente su retribución el que desempeña la actividad o presta los servicios”.
El Dr. MANUEL OSSORIO, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define el concepto de Honorarios como:
“…la retribución que recibe por su trabajo quien ejerce o practica una profesión o arte libelar. Lleva implícito el concepto de una retribución que se da y recibe como honor, dada la jerarquía de quien realiza la tarea específica que debe ser remunerada”.
Etimológicamente la palabra “honorarios”, proviene de la voz culta moderna del siglo XVIII, tomado del francés honoraires, que proviene a su vez de la voz culta del latín jurídico honorarium, que Vitruvio y Ulpiano ya significaban “derechos de los diferentes profesionales liberales”.
En fin, los honorarios pueden definirse como la remuneración que los profesionales tienen derecho a percibir por los servicios inherentes a su profesión, los cuales pueden ser prestados tanto a una persona natural como a una persona jurídica, según sea el caso.
Expuesto el marco doctrinario de la palabra, honorarios y establecido el derecho subjetivo del abogado de accionar en reclamo de sus honorarios profesionales, tenemos que el autor HUMBERTO ENRIQUE III BELLO TABARES, en su obra “Honorarios” al referirse al procedimiento para el cobro de los honorarios por actuaciones de carácter judicial, señala:
“El procedimiento para el cobro judicial de los honorarios causados por las actuaciones realizadas en el decurso de un proceso jurisdiccional, se encuentra regulado en el artículo 22 de la Ley de abogados, que dispone al efecto:
El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en otras leyes…
… la reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciado y decidido de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias.
Por su parte el artículo 21 del Reglamento de la Ley de abogados, dispone:
Lo señalado en el segundo aparte del artículo 22 de la Ley, debe entenderse sin perjuicio de que el abogado pueda estimar sus honorarios en cualquier estado y grado de la causa, antes de sentencia y pedir que se le intime a su cliente, con quien podrá ejercer el derecho de retasa de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 24 y siguientes de la Ley.
El artículo 22 del Reglamento, dispone:
Establecido el derecho de cobrar honorarios en la sentencia que decida la incidencia a que se refiere el segundo aparte del artículo 22 de la Ley, el abogado estimará el monto de sus honorarios intimados, los cuales el cliente que hubiere sido condenado a pagarlos, podrá ejercer la retasa de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 24 y siguientes de la Ley.
Por último el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
En cualquier estado del juicio, el apoderado o el abogado asistente, podrán estimar y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley de Abogados.
Son estas las normas que contemplan el marco legal que regula el procedimiento a seguir para exigir al cliente el cobro de los honorarios causados por las actuaciones de carácter judicial”. (Subrayado y Negrillas del Tribunal).
El profesional del derecho FREDDY ZAMBRANO, en su obra titulada “Condena en Costas y Cobro Judicial de Honorarios de Abogados, con relación a la actuación procesal de las partes en el proceso que nos ocupa, establece:
“El intimado puede asumir distintas posiciones frente a la intimación, que es preciso considerar por las diversas consecuencias jurídicas que traen consigo.
(…omissis…)
4. El intimado se opone a la reclamación y propone la retasa de los honorarios. En este caso el Tribunal deberá pronunciarse sobre el derecho del abogado a estimar los honorarios intimados, debiendo resolver todas las defensas y excepciones tanto sustantivas como procesales, planteadas por el intimado en la contestación de la demanda. En caso de que haya necesidad de esclarecer algún hecho, ordenará la apertura de una articulación probatoria de ocho días, sin término de distancia, de conformidad del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil…Una vez firme la sentencia que declare el derecho del abogado a cobrar los honorarios, se procede a la retasa de los mismos”.
En el caso bajo análisis, se observa de actas que la abogada MILAGROS RUIZ, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, presentó escrito mediante en cual se opone formalmente a la demanda intentada por intimación y estimación de los honorarios profesionales, mediante auto de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2008, se ordenó abrir una articulación probatoria de ocho días de despacho, de conformidad a lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, es obligante para este Órgano Jurisdiccional destacar y transcribir el contenido del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dice:
“Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.
Los hechos notorios no son objeto de prueba”. (Negrilla y subrayado del Tribunal).
Tenemos entonces, en base a la anterior norma, la noción de carga de la prueba que por la misma esencia del proceso civil, es el principio en base al cual sobre las partes recae la carga de aportar los hechos al proceso, es decir la realización de las afirmaciones constitutivas de los supuestos fácticos de las normas cuyas consecuencias se piden.
De igual manera se puntualiza, que de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, esta sentenciadora según disposición del artículo 509, tiene como obligación lo siguiente:
“Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del Juez respecto de ella”.
Lo anterior apareja que la ley impone al Juez el deber de sentenciar conforme a lo alegado y probado por las partes y le prohíbe actuar de oficio, a menos que la misma ley lo autorice y le impide sacar elementos de convicción fuera del proceso.
En tal sentido, este Tribunal observa que dentro del lapso de pruebas, la parte demandada estando dentro de la oportunidad fijada promovió inspección judicial y testimonial. De la Inspección Judicial promovida, de un simple cómputo de días de despacho se constata, que la prueba de Inspección Judicial, fue evacuada extemporáneamente, ya que en este Tribunal fijó para practicar la misma el tercer día hábil de despacho siguiente, siendo efectuada la misma el cuarto día hábil de despacho, razón por la cual se desestima la misma como prueba en esta acción. ASI SE DECLARA.
Sobre la prueba de testimoniales, se observó de las actas, que nunca fue evacuada la misma, ni impulsada por la parte promovente, razón por la cual se desestima como valor probatorio en la presente causa. Así se establece.
La parte demandante en el presente juicio no promovió pruebas algunas.
En este sentido es importante señalar que existen diversos criterios doctrinarios y jurisprudenciales en los cuales reconocen la existencia de dos etapas procesales en la sustanciación del procedimiento de honorarios profesionales por actuaciones judiciales, sean éstas demandadas al propio cliente o al condenado en costas. La primera etapa referida al caso que nos ocupa se encuentra destinada tan sólo al derecho al cobro de los honorarios profesionales por aquél que los reclama. Esta fase se desarrolla en forma incidental en el propio expediente donde se realizaron las actuaciones judiciales generadores del precitado derecho, su sustanciación debe hacerse en cuaderno separado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, equivalente al articulo 386 del Código derogado, y la decisión que se dicte en la incidencia acordando o negando el derecho reclamado, es apelable libremente, inclusive se concede contra ella el recurso de casación si la cuantía del asunto lo permite.
Ahora bien, de la revisión exhaustiva de todas estas actuaciones reclamadas se aprecia fehacientemente que la intimante prestó servicios profesionales al ciudadano ADEL SALOMON YARBOU YARBOUH con motivo del juicio interpuesto por dicho ciudadano en contra de la sociedad mercantil COMERCIAL J.K. C.A., por motivo de Resolución de Contrato de Arrendamiento, seguido por ante este Juzgado, bajo el No. 32886. Así se decide.
III
DECISIÓN DE FONDO
En el caso bajo análisis, nos encontramos un procedimiento seguido con ocasión al Cobro de Honorarios, de la Profesional del Derecho CARMEN MARISELA MANZANILLA, por vía de actuaciones judiciales, en contra del ciudadano ADEL SALOMON YARBOU, con ocasión del juicio que por Resolución de Contrato de Arrendamiento incoara dicho ciudadano en contra de la empresa COMERCIAL J.K. C.A.
Del análisis y valoración de las actas procesales del juicio incoado por Resolución de Contrato de Arrendamiento seguido por ante este Juzgado bajo la nomenclatura 32886, se concluye que la intimante de autos, efectivamente prestó sus servicios profesionales al ciudadano ADEL SALOMON YARBOU, en el referido juicio.
Ahora bien, dentro de los derechos del abogado se encuentra el de percibir honorarios profesionales por las actuaciones realizadas, bien sean de carácter judicial, esto es, dentro de la secuela de un proceso jurisdiccional, o de carácter extrajudicial, es decir, fuera del ámbito de un proceso de carácter jurisdiccional.
La acción planteada en el presente caso, esta tutelada por el artículo 22 y 23 de la Ley de Abogados, y por el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, son éstas las normas que contemplan el marco legal que regulan el procedimiento a seguir para el cobro de los honorarios profesionales causados de las actuaciones de carácter judicial.
El artículo 22 de la Ley de Abogados, dispone que: “El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice…”.
Se desprende de esta norma citada, el derecho que tienen los profesionales de la Abogacía de percibir honorarios profesionales por los trabajos judiciales y extrajudiciales realizados.
Ahora bien, la parte intimante en el presente juicio ejerce la presente acción de intimación de honorarios contra el ciudadano ADEL SALOMON YARBOU, haciendo uso legitimo de la acción personal y directa que le concede el artículo 24 de la Ley de Abogados, para hacer efectivo su derecho a ser retribuida por la prestación de sus servicios, lo cual determina la procedencia de la presente acción. Así se considera.
En fuerza de las anteriores consideraciones, quedan demostrados los fundamentos de la pretensión, por consiguiente, la abogada CARMEN MARISELA MANZANILLA, tiene derecho a cobrar los honorarios profesionales reclamados al ciudadano ADEL SALOMON YARBOU, como consecuencia de haber prestado patrocinio al mismo en la causa Nº 32886, llevada ante por ante este Órgano Jurisdiccional, con motivo del juicio de Resolución de Contrato de Arrendamiento seguido en contra de la sociedad mercantil COMERCIAL J.K. C.A. Así se decide.
En conclusión, esta Juzgadora con fundamento a los razonamientos de hecho y de derecho plasmados anteriormente, considera procedente el derecho a cobrar honorarios profesionales por la Profesional del Derecho CARMEN MARISELA MANZANILLA, en contra de ADEL SALOMON YARBOU. Así se decide.
IV
DISPOSITIVO
Por los fundamentos y razonamientos antes expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, administrando justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
1.-) CON LUGAR, la demanda de Intimación de Honorarios Profesionales Judiciales que interpuso la Profesional del Derecho CARMEN MARISELA MANZANILLA en contra del ciudadano ADEL SALOMON YARBOU YARBOUH, y consecuencialmente se declara:
a. PROCEDENTE EL DERECHO A COBRAR HONORARIOS, de la profesional del derecho CARMEN MARISELA MANZANILLA, intimados al ciudadano ADEL SALOMON YARBOU YARBOUH.
b. ACUERDA LA RETASA solicitada por la parte demandada. Al haberse acogido la parte intimada, al derecho de retasa, el acto de designación de los retasadores, se fijará por auto separado luego de que quede firme la presente decisión.
c.- Se acuerda la indexación o corrección monetaria solicitada por la parte actora, una vez se concluya con la retasa respectiva, para lo cual se acuerda verificar experticia contable, tomando en consideración los índices inflacionarios de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 para lo cual se ordena oficiar al Banco Central de Venezuela. Asimismo, y una vez que la presente decisión quede firme, por auto separado se fijará día y hora para la designación de expertos contables.
d.- Se condena en costas a la parte intimada de honorarios.
Publíquese, Regístrese y Notifíquese.
Déjese por Secretaría copia certificada de este fallo conforme a lo dispuesto en el Articulo 248 del Código de Procedimiento Civil, a los fines del Articulo 1.384 del Código Civil, y el Articulo 72 numerales 3 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, a los veinte (20) días del mes de Julio de 2009.- Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
La Juez,
Dra. MARIA CRISTINA MORALES
La Secretaria,
Abog. MARIA DE LOS ANGELES RIOS
En la misma fecha anterior siendo la (s) 12:00 m, previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la resolución que antecede, quedando inserta bajo el Nº 796, en el legajo respectivo. La Secretaria. La suscrita secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, sede Cabimas, Abog. Maria de los Ángeles Ríos, Certifica: Que la copia que antecede es traslado fiel y exacto de su original. Cabimas, 20 de Julio de 2009.
La Secretaria,
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