Visto el escrito que antecede, presentado por el abogado en ejercicio ALFREDO JOSÉ FERRER inscrito en el inpreabogado bajo el No. 46.674 en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCTORES VENEZOLANOS C.A. (CONVECA) inscrita su ultima reforma ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 31 de noviembre de 2007, anotado bajo el No. 30, Tomo 62-A, parte actora en el presente juicio de COBRO DE BOLÍVARES seguido contra la sociedad mercantil JANTESA C.A. inscrita originalmente ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 22 de enero de 1973, anotado bajo el No. 18, Tomo 3-A, este Tribunal le da el curso de ley correspondiente y ordena formar cuaderno por separado y numerarlo. Solicita la representación judicial de la parte actora, se decrete Medida de Embargo Provisional sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, como es JANTESA identificada en actas, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.099 del Código de Comercio, hasta cubrir el doble de la suma demandada y por estar cumplido los extremos regulados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.- Este Tribunal para resolver observa: El presente procedimiento se instruye conforme las normas mercantiles por estar involucradas sociedades mercantiles, el cual establece como única norma para regular las medidas cautelares el artículo 1.099 del Código de Comercio, no indicando el mismo de forma expresa los requisitos de procedencia para las medidas, por lo que, se debe aplicar en forma supletoria lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que el Juez decretará las medidas preventivas, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esto y del derecho que se reclama. De esta norma se colige que son dos los requisitos exigidos para que sea procedente decretar las medidas preventivas, tales como: 1) PERICULUM IN MORA o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución de la sentencia; y 2) EL FUMUS BONIS IURIS o la presunción del derecho que se reclama. Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Política Administrativa, sentencia de fecha 22 de octubre de 2002, Exp. Nº 2001-0284, referido al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil en ocasión a las medidas solicitadas conforme al artículo 1.099 del Código de Comercio, ha establecido: “ La apoderada judicial de la parte actora, se limitó en su libelo de la demanda a señalar lo siguiente: “De conformidad con el artículo 1099 del Código de Comercio, y a los efectos de garantizar las resultas del presente juicio solicito del Tribunal decrete medida de EMBARGO preventivo, sobre bienes propiedad de los ciudadanos MANUEL ANTONIO ILARRAZA SOTILLO, MANUEL ANTONIO ILARRAZA HERNÁNDEZ y ROSA JULIA SOTILLO, por el doble de la cantidad demandada más las costas” Al respecto, esta Sala ha manifestado en múltiples oportunidades, y aquí se reitera una vez más, que el otorgamiento de providencias cautelares sólo es posible en los supuestos generales previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se han verificado, efectivamente y en forma concurrente, los dos elementos esenciales para su procedencia, cuales son, la presunción grave del derecho que se reclama, el fumus boni iuris, y que exista el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva, el periculum in mora.” Ahora bien, en el caso que nos ocupa se observa que se encuentra demostrada la presunción del derecho a través de los contratos suscritos entre las sociedades mercantiles CONSTRUCTORES VENEZOLANOS C.A. (CONVECA) identificados con los números 7675-API-C-M-CT-014, 7675-AGE-C-C-CT-007 y 7675-BO-C-T-LIC-021 en los cuales la sociedad mercantil CONSTRUCTORES VENEZOLANOS C.A. (CONVECA) se compromete a ejecutar trabajos y servicios necesarios para la construcción de la planta descrito en cada uno, para ser realizadas en el sector Bajo Grande del Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, acordando en cada uno una contraprestación estimada la cual sería ajustada al momento de la complementación de los trabajos, y conjugados los mencionados contratos con las facturas, valuaciones y las cartas recibidas del Gerente de Sitio de JANTESA, C.A., en la cual manifiesta ser satisfactorias las valuaciones presentadas, todo que corre desde los folios 8 al 268 de la pieza principal No. 1, emitidas por la actora a la empresa JANTESA, C.A., hace presumir la existencia de las obligaciones cuyo cumplimiento demanda la parte actora en este juicio, lo que se traduce en la posibilidad de que las pretensiones de la demandante tengan el suficiente sustento fáctico y jurídico como para ser satisfechas en la decisión definitiva que recaiga en el presente proceso, salvo que en el curso del mismo la accionada desvirtúe la existencia de las obligaciones demandadas. La factibilidad de que los derechos reclamados por el demandante derivados de los instrumentos antes señalados sean ciertos y exigibles, configura en criterio de este Juzgador, la apariencia de buen derecho suficiente para el otorgamiento de la protección cautelar solicitada. Así se Aprecia. Con respecto al peligro en la mora, este Juzgador lo aprecia de la copia simple de la acta de asamblea celebrada en fecha 1 de noviembre de 2002, de la sociedad mercantil JANTESA C.A., donde se evidencia que el capital suscrito por la mencionada empresa es por la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.570.200.000,oo) hoy al cambio monetario en bolívares fuertes la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 2.570.200,oo) y dado que la suma reclamada asciende a la cantidad de QUINCE MILLONES SESETA Y SEIS MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 49/100 (Bs. 15.066.789,49) hacen presumir el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, al asumir la demandada obligaciones muy superiores a su capacidad económica. No solo atendiendo a dicha capacidad económica o solvencia económica, pueden determinarse elementos presuntivos que denoten la capacidad de una empresa mercantil para responder ante las obligaciones contraídas, sino que aunado al transcurso del tiempo, que se ha verificado desde la emisión de las facturas que se reclama su pago, sin que las mismas hayan sido canceladas, hacen presumir un riesgo de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo. Fundado en este elemento cardinal de solvencia económica, deducido -como se expresó- de la acta de asamblea de la empresa demandada, y adicionando el tiempo transcurrido desde la emisión de las facturas cuyo pago se peticiona, constituyen para este Sustanciador un elemento indiciario generador de presunción grave suficiente para emitir el decreto cautelar que se requiere. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, y revisados los documentos en los que se fundamenta la pretensión, este Juzgado considera que se encuentra demostrados los extremos legales exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, por lo que este Tribunal de conformidad con el articulo 585 en concordancia con los artículos 588 ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil y 1.099 del Código de Comercio, DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 588 de referido Código, sobre los bienes muebles propiedad de la parte demandada JANTESA S.A., hasta cubrir la suma de VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 20.000.000,oo) suma prudencialmente calculada por este Juzgado. Que en caso de que la medida recaída sobre cantidades de dinero la misma versará hasta la cantidad de DIECISEIS MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 16.000.000,00) que comprende la suma demandada más una cantidad calculada por conceptos costos y costas del proceso. Para la ejecución de la medida se comisiona suficientemente al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Paéz y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, previa distribución de la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Poder Judicial. Líbrese despacho y remítase con oficio. Publíquese, Regístrese. Déjese copia certificada de la presente Resolución como lo dispone el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, sellada en la sala de despacho de este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los Catorce (14) del mes de julio de dos mil nueve (2009).- Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.- El Juez, Abog. Adan Vivas Santaella La Secretaria, Abog. Mariela Pérez de Apollini En la misma fecha se libró despacho y se remitió con oficio No. 1550-190-09.- La Secretaria,