TSJ Regiones - Decisión

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
SECCION ADOLESCENTES
CORTE SUPERIOR
Maracaibo, 05 de febrero 2009
198° y 149°

DECISION N° 009-09
PONENCIA DE LA JUEZA PRESIDENTA: MINERVA GONZALEZ DE GOW.

Vista el acta de inhibición, planteada en esta misma fecha, por la DRA. GUADALUPE SÁNCHEZ CARIDAD, en su carácter de Jueza Profesional suplente de la Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual se inhibió del conocimiento de la causa N° 1Aa-343-09, seguida en contra del joven adulto (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado de Vehículo Automotor en calidad de coautor, previsto y sancionado en el artículo 5, en concordancia con el artículo 6 ordinales 1°, 2°, 3° y 8° de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio del ciudadano Miguel Vásquez Bravo y Resistencia a la Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, en concordancia con el artículo 83 en perjuicio del Estado Venezolano, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 86 numeral 7° y 87 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En tal sentido, esta Instancia Superior, pasa a pronunciarse acerca de la procedencia o no de la precitada inhibición, en atención a las siguientes consideraciones jurídico procesales:

I. DE LA COMPETENCIA DE ESTA SALA PARA RESOLVER LA PRESENTE INHIBICIÓN:

La presente inhibición ha sido planteada por la Dra. GUADALUPE SÁNCHEZ CARIDAD, en su carácter de Jueza Profesional suplente de la Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia; en tal sentido a los fines de determinar la competencia para el conocimiento de la presente incidencia, se estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 95 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece: “Juez dirimente. Conocerá la recusación el funcionario que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial, al cual se remitirá copia de las actas conducentes”. Por su parte, el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala:
“En los casos de recusación o inhibición de uno o de dos jueces de una Corte de Apelación, decidirá la incidencia el presidente si no es de los recusados o inhibidos; y de lo contrario, conocerá, según sea el caso, el otro juez no recusado o inhibido o uno de los otros dos jueces no recusados o inhibidos, elegidos por la suerte.
Cuando la recusación o inhibición sea declarada con lugar, se convocará al suplente o suplentes correspondientes, por el orden de su elección, para que conozcan del fondo del asunto, a menos que hubiere en la localidad otro tribunal de igual categoría y competencia, pues de haberlo, se llamarán según sea el caso, uno o dos jueces de este último tribunal escogidos por la suerte, para que completen el tribunal en el cual haya ocurrido la recusación o inhibición”.

En razón de las disposiciones legales arriba señaladas, esta Corte Superior de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente, es competente para resolver la presente incidencia, correspondiéndole a quien suscribe la resolución de la presente decisión, en atención a lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así se declara.
II. DE LA INHIBICIÓN PROPUESTA:
En fecha jueves cinco (05) de febrero de 2009, mediante informe de inhibición, la DRA. GUADALUPE SÁNCHEZ CARIDAD, se apartó del conocimiento de la causa N° 1As-343-09, seguida al joven adulto (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado de Vehículo Automotor en calidad de coautor, previsto y sancionado en el artículo 5, en concordancia con el artículo 6 ordinales 1°, 2°, 3° y 8° de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio del ciudadano Miguel Vásquez Bravo y Resistencia a la Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, en concordancia con el artículo 83 en perjuicio del Estado Venezolano, inhibición planteada de conformidad con lo establecido en los artículos 86 numeral 7 y 87 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con base a las siguientes razones de derecho, plasmadas en su escrito:
“…ME INHIBO, de conocer la presente causa, signada con el N° 1Aa-343-08, seguida al joven adulto (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado de Vehículo Automotor en calidad de coautor, previsto y sancionado en el artículo 5, en concordancia con el artículo 6 ordinales 1°, 2°, 3° y 8° de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio del ciudadano Miguel Vásquez Bravo y Resistencia a la Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, en concordancia con el artículo 83 en perjuicio del Estado Venezolano, por haber emitido opinión en la misma, toda vez que de la revisión de las actas que integran la causa, se observa que actuando como Jueza Segunda de Primera Instancia en funciones de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, conocí de la fase intermedia del proceso penal, dictando decisión en fecha 07-08-08, relativa al acto de audiencia preliminar, donde entre otros pronunciamientos, se admitió totalmente el escrito de acusación fiscal en contra del mencionado joven adulto, decretándosele la medida cautelar de Prisión Preventiva, conforme a lo previsto en el artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; así como se ordenó su enjuiciamiento y consecuencialmente la remisión de la causa al Juzgado de Juicio, constituyendo tal decisión la hoy impugnada, a través del Recurso de apelación de auto, interpuesto en fecha 14-08-08, por el abogado OSCAR ENRIQUE BRITO ECHETO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 16.411, actuando con el carácter de defensor del referido joven adulto. Por lo antes expuesto, es que planteo la presente inhibición, tomando en consideración la imparcialidad que debe tener todo Juez en las causas sometidas a su conocimiento. Asimismo, acompaño a la presente acta, copia fotostática debidamente certificada de la decisión antes citada. En Maracaibo, a los cinco (05) días del mes de febrero del año 2009”.

III. MOTIVACIÓN DE ESTA SALA PARA DECIDIR:
Estudiadas como han sido, las actuaciones que conforman la presente incidencia, se desprende de ellas, que la Jueza inhibida señala que actuando como Jueza Segunda de Primera Instancia en funciones de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, conoció de la fase preparatoria del presente proceso, emitiendo opinión en la misma, al realizar en fecha 07-08-08, la audiencia preliminar en contra del acusado (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado de Vehículo Automotor en calidad de coautor, previsto y sancionado en el artículo 5, en concordancia con el artículo 6 ordinales 1°, 2°, 3° y 8° de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio del ciudadano Miguel Vásquez Bravo y Resistencia a la Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, en concordancia con el artículo 83 en perjuicio del Estado Venezolano; donde admitió totalmente el escrito de acusación fiscal en contra del referido joven adulto, también decretó la medida cautelar de Prisión Preventiva, conforme a lo previsto en el artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y ordenó además el auto de apertura a juicio, acompañando al acta de inhibición, copias fotostáticas debidamente certificadas de la referida decisión.
En tal sentido, se hace necesario señalar que el artículo 86, numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a las causales de recusación e inhibición del Juez, preceptúa:
“Causales de inhibición y recusación. Los jueces profesionales, escabinos, fiscales del Ministerio Público, secretarios, expertos e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes: (…Omissis…)
7. Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como fiscal, defensor, experto, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez.”.

De la citada norma legal, se desprende que un Juez penal al haber emitido opinión en una causa, o haber intervenido en el proceso como fiscal, defensor, intérprete o testigo, teniendo así conocimiento de la misma, debe desprenderse inmediatamente de seguirla sustanciando, toda vez que tal circunstancia vicia el proceso, afectando así la competencia subjetiva del Juez. Sobre este aspecto, la doctrina ha dejado sentado que:
“Son inhábiles los jueces y demás funcionarios del orden penal para conocer de una causa o intervenir en ella, cuando concurran en su persona alguna o algunas circunstancias legales que puedan hacerles sospechosos de parcialidad…” (Borjas Arminio, citado por Moreno Brandt, “El Proceso Penal Venezolano”, Primera reimpresión, Caracas, Vadell Hermanos Editores. 2004. p: 120).

Por su parte, el autor Alberto Binder, en su obra “Introducción al Derecho Procesal Penal”, respecto a esta institución procesal, dejó sentado que:
“En cuanto a la recusación o inhibición ha establecido la doctrina que son mecanismos procesales establecidos para preservar la imparcialidad del Juez, entendiendo por ésta que el Juez para la solución del caso, no se dejará llevar por ningún otro interés fuera del relacionado con la aplicación correcta de la Ley y la solución justa para el litigio, tal como la Ley lo prevé (Autor y obra citados. Pág. 320 y 321).

Se colige entonces, que la inhibición es un acto judicial, esto es, que lo realiza el juez y no a solicitud de una parte que espera lograr la exclusión de éste del conocimiento de una causa en particular, por considerar que se encuentra comprometida su competencia subjetiva.
Igualmente, es necesario acotar que por imperio legal, conforme lo dispuesto en el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal, como por vía jurisprudencial, se ha establecido el deber fundamental de todo Juez en decidir las causas sometidas a su conocimiento, constituyendo una excepción el apartamiento del jurisdicente de esa obligación legal, como lo sería mediante el planteamiento de una inhibición, siempre y cuando la misma se encuentre fundada en una causa legal, que haga procedente la separación del Juez de un asunto en concreto, así como que esté debidamente motivada y razonada.
En el caso en estudio, se evidencia que efectivamente tal y como lo señala la Jueza inhibida, en la presente causa efectuó audiencia preliminar en la causa seguida en contra del joven adulto (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado de Vehículo Automotor en calidad de coautor, previsto y sancionado en el artículo 5, en concordancia con el artículo 6 ordinales 1°, 2°, 3° y 8° de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio del ciudadano Miguel Vásquez Bravo y Resistencia a la Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, en concordancia con el artículo 83 en perjuicio del Estado Venezolano, donde al culminar dicho acto procesal, entre sus pronunciamientos admitió totalmente la acusación presentada por la Representación Fiscal Trigésima Primera del Ministerio Público, ordenando además el enjuiciamiento del mencionado joven; por lo cual, se determina que la Jueza inhibida dentro del ámbito de su competencia funcional y en la correspondiente oportunidad legal, emitió opinión en la presente causa durante la fase intermedia del proceso penal, en el acto de audiencia preliminar, donde es necesaria la evaluación a prima facie, tanto de los hechos por los que se acusa; así como del cúmulo de pruebas presentadas por las partes a los fines de su admisibilidad y posterior tramitación en la audiencia de juicio oral y reservado; evaluación previa que, aun cuando se haya realizado extrínsecamente y con la finalidad de determinar su necesidad, pertinencia y legalidad, no deja de proveer al órgano subjetivo que las analiza algún elemento que comprometa la necesaria imparcialidad que debe existir en todo jurisdicente, lo que le impide el conocimiento de la presente causa, en su condición de Jueza Profesional suplente de esta Corte Superior.
Visto así, se considera que la inhibición presentada por la ciudadana Dra. GUADALUPE SÁNCHEZ CARIDAD, en su carácter de Jueza Profesional suplente de la Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, es ajustada a derecho, por lo cual, lo procedente en este caso específico es declarar Con Lugar la referida inhibición, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 numeral 7 y 87 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así se Declara.
DECISIÓN
Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, esta Corte Superior del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la inhibición propuesta de conformidad con lo establecido en los artículos 86, numeral 7° y 87 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la Dra. GUADALUPE SÁNCHEZ CARIDAD, en su carácter de Jueza Profesional suplente de la Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual se inhibió del conocimiento de la causa N° 1Aa-343-09, seguida al joven adulto (se omite la identificación de conformidad con lo previsto en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado de Vehículo Automotor en calidad de coautor, previsto y sancionado en el artículo 5, en concordancia con el artículo 6 ordinales 1°, 2°, 3° y 8° de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio del ciudadano Miguel Vásquez Bravo y Resistencia a la Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, en concordancia con el artículo 83 en perjuicio del Estado Venezolano, por ser procedente en derecho.
Regístrese, diarícese, publíquese, notifíquese, déjese copia certificada en archivo.
LA JUEZA PRESIDENTA,

DRA. MINERVA GONZALEZ DE GOW
(Ponente)

LA SECRETARIA,

Abog. MARIA GONZALEZ

En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 009-09 en el Libro de Sentencias Interlocutorias llevado por esta Corte, se libró la correspondiente Boleta de Notificación y se remitió la presente incidencia.
LA SECRETARIA,

Abog. MARIA GONZALEZ
Causa N° 1Aa-343-09
MGdeG/lpg.-