REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SALA DE JUICIO - JUEZA UNIPERSONAL No.2



EXPEDIENTE: No. 13302
CAUSA: DIVORCIO 185 - A.
PARTES: OSWALDO IGNACIO OLLARVE PAREDES Y JENNY CAROLINA RAMOS
BARRIOS
Abogada Asistente: AIDA FUENMAYOR GONZALEZ


PARTE NARRATIVA


Comparecen por ante este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha catorce (14) de Agosto de dos mil ocho (2008), los ciudadanos OSWALDO IGNACIO OLLARVE PAREDES Y JENNY CAROLINA RAMOS BARRIOS, venezolanos, mayores de edad, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-13.300.685 y V-14.544.679 respectivamente, domiciliados en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, legalmente asistidos por la abogada en ejercicio AIDA FUENMAYOR GONZALEZ, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 110.315, de este domicilio, quienes solicitaron se declare disuelto el matrimonio civil que los vincula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil, alegando estar separados de hecho por más de cinco (05) años.

Narran los solicitantes que contrajeron Matrimonio Civil por ante el Jefe Civil y Secretario, respectivamente, de la Parroquia Francisco Ochoa, Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia, en fecha trece (13) de Mayo de dos mil (2000), según se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 73; que desde el mes de Mayo de dos mil tres (2003), se separaron de hecho y hasta la fecha no ha existido reconciliación; que durante su unión matrimonial procrearon dos (02) hijos, de ocho (08) y seis (06) años de edad, respectivamente.

Recibida la anterior solicitud del órgano distribuidor, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia la admitió cuanto ha lugar en derecho el día dieciocho (18) de septiembre de dos mil ocho (2008), de conformidad con lo establecido en el literal (j), primer parágrafo del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y lo establecido en el artículo 170 eiusdem y el artículo 132 del código de Procedimiento civil ordenó la citación del Fiscal del Ministerio Público Especializado. Una vez cumplido este acto de citación, el Fiscal del Ministerio Público Especializado, en fecha veintiséis (26) de Enero de dos mil nueve (2009), manifestó su OPINIÓN FAVORABLE a los fines de que este tribunal declare el divorcio entre los ciudadanos OSWALDO IGNACIO OLLARVE PAREDES Y JENNY CAROLINA RAMOS BARRIOS.

PARTE MOTIVA
ÚNICO

Analizadas las declaraciones de los cónyuges y las documentales consignadas, es decir el acta de matrimonio, la partida de nacimiento de los hijos procreados en dicha unión, copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los solicitantes, observa éste Juzgador que ambos cónyuges admiten estar separados de hecho desde hace más de cinco (05) años, circunstancia que constituye el supuesto tipificado en el artículo 185-A del Código Civil, el cual establece:

“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por mas de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común...”.

Por otra parte no existió dentro del proceso objeción por parte del Ministerio Público con respecto a lo solicitado, ni existe en actas evidencia alguna que pudiese hacer concluir en la falsedad de los hechos expuestos por los cónyuges, por lo cual se consideran verificados los extremos requeridos para que se declare disuelto el vínculo matrimonial, es decir, la existencia de la separación de hecho por más de cinco (05) años y la aquiescencia de ambos cónyuges, y por ello la solicitud planteada debe ser proveída de conformidad, a tenor de lo dispuesto en la mencionada norma sustantiva. Así se declara.

En cuanto a la patria potestad y la responsabilidad de crianza de los hijos procreados dentro del matrimonio será ejercida conjuntamente por ambos progenitores, la custodia de los hijos será ejercida por la progenitora. En cuanto al régimen de convivencia familiar, los progenitores convinieron en un amplio régimen de visitas. Advierte este sentenciador que el artículo 386 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, textualmente expresa lo siguiente. “La convivencia familiar puede comprender no sólo el acceso a la residencia del niño, niña o adolescente, sino también la posibilidad de conducirlo a un lugar distinto al de su residencia, si se autorizare especialmente para ello al interesado o interesada en la convivencia familiar. Asimismo, pueden comprender cualquier otra forma de contacto entre el niño, niña o adolescente y la persona a quien se le acuerda la convivencia familiar, tales como: comunicaciones telefónicas, telegráficas, epistolares y computarizadas”. En lo referente a la Obligación de Manutención, los progenitores convinieron en fijar la cantidad de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,00) los cuales serán depositados por parte del progenitor, los cinco primeros días de cada mes a la orden del Tribunal y a favor de los niños de autos, quien previo cumplimiento de los trámites legales correspondientes ordenará la entrega de la referida pensión a la progenitora de los niños, así como también el cincuenta por ciento (50%) de los gastos escolares, de medicinas, ropa, zapatos, juguetes; cualquier otro gasto que se ocasione relacionado con el cuidado y mantenimiento de los niños, y la totalidad de los gastos referidos a la época de navidad y año nuevo. En este orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el artículo 351 y en el articulo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que consagra el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente, por cuanto se evidencia, que tanto la Convivencia Familiar como la Obligación de Manutención fijada por las partes de mutuo acuerdo, es acorde a cada una de las necesidades y de los derechos de los hijos de autos, entre ellos el derecho a un nivel de vida adecuado, el cual comprende entre otras cosas; alimentación, vestido y vivienda, derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con los padres, derecho a la salud, derecho a la integridad física, mental y espiritual, en consecuencia el Tribunal acoge lo acordado por las partes. Así se declara.

PARTE DISPOSITIVA
DECISIÓN

Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio - Jueza Unipersonal Nº 2, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

a) CON LUGAR la solicitud de Divorcio basada en el artículo 185-A del Código Civil, formulada por los ciudadanos OSWALDO IGNACIO OLLARVE PAREDES Y JENNY CAROLINA RAMOS BARRIOS, ya identificados.

b) DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL que contrajeron ante el Jefe Civil y Secretario, respectivamente, de la Parroquia Francisco Ochoa, Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia, en fecha trece (13) de Mayo de dos mil (2000), según se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 73, expedida por la misma.

c) De conformidad con lo establecido en el artículo 351 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y lo previamente acordado por los progenitores esta sentenciadora homologa todo lo concerniente a las Instituciones Familiares correspondientes a los hijos de autos de la siguiente manera:

PATRIA POTESTAD: será ejercida conjuntamente por los progenitores ciudadanos OSWALDO IGNACIO OLLARVE PAREDES Y JENNY CAROLINA RAMOS BARRIOS.

RESPONSABILIDAD DE CRIANZA: será ejercida conjuntamente por los progenitores ciudadanos OSWALDO IGNACIO OLLARVE PAREDES Y JENNY CAROLINA RAMOS BARRIOS.

CUSTODIA: será ejercida por la progenitora, ciudadana JENNY CAROLINA RAMOS BARRIOS.

CONVIVENCIA FAMILIAR: los progenitores convinieron en un amplio régimen de visitas.

OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN: los progenitores convinieron en fijar la cantidad de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,00) los cuales serán depositados por parte del progenitor, los cinco primeros días de cada mes a la orden del Tribunal y a favor de los niños de autos, quien previo cumplimiento de los trámites legales correspondientes ordenará la entrega de la referida pensión a la progenitora de los niños, así como también el cincuenta por ciento (50%) de los gastos escolares, de medicinas, ropa, zapatos, juguetes; cualquier otro gasto que se ocasione relacionado con el cuidado y mantenimiento de los niños, y la totalidad de los gastos referidos a la época de navidad y año nuevo.

No hay condenatoria de costas debido a la naturaleza del proceso.

Publíquese. Regístrese. Déjese copia certificada por secretaria de conformidad con el artículo 248 eiusdem.

Dada, firmada y sellada en la Sala 2 del Despacho del Tribunal de Protección de niños, niñas y adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los tres (03) días del mes de Febrero de dos mil nueve (2009) Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
La Jueza Unipersonal Nº 2,


Dra. INÉS HERNÁNDEZ PIÑA
La Secretaria,


Abg. MILITZA MARTÍNEZ PORTILLO

En la misma fecha, siendo las 9:20am, previo anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia definitiva bajo el Nº 43. La Secretaria.-
Exp. 13302
IHP/cre.