República Bolivariana de Venezuela En su nombre Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia Sala de Juicio – Juez Unipersonal N° 2 Expediente: 13320 L A S P A R T E S: DEMANDANTE ELIS ISABEL PEREZ CALDERON DEMANDADO NESTOR LUIS GARCIA MORA ASUNTO: RESTITUCION DE CUSTODIA PARTE NARRATIVA Consta de los autos que la ciudadana ELIS ISABEL PEREZ CALDERON, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-17.280.724, domiciliada en el Municipio Miranda del Estado Zulia, quien es la progenitora de los hermanos de auto; asistida en este acto por la Abogada MARIANELA VILLAMIZAR, actuando con el carácter de Defensora Pública Décima Cuarta de Protección; intentó demanda de RESTITUCION DE CUSTODIA, en contra del ciudadano NESTOR LUIS GARCIA MORA, titular de la cédula de identidad No. V- 13.102.149, domiciliado en el Municipio Machiques de Perija del Estado Zulia. Del contenido del escrito suscrito el día dieciocho (18) de Septiembre de 2008, por la ciudadana ELIS ISABEL PEREZ CALDERON, se infiere un incidente que debe resolverse in liminis litis por esta juzgadora en sede de Protección, como asunto previo al pronunciamiento de admisibilidad de la demanda que ordena el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil y para ello pasa a hacer las siguientes consideraciones: De la lectura del escrito en referencia se desprende que la accionante ELIS ISABEL PEREZ CALDERON, con la asistencia judicial de la abogada MARIANELA VILLAMIZAR DEL GALLEGO, ha planteado ante este órgano jurisdiccional demanda de RESTITUCION DE CUSTODIA, propuesta en beneficio de los hermanos de auto y en contra del progenitor de éstos, el ciudadano NESTOR LUIS GARCIA MORA, bajo los fundamentos de hechos y de derechos allí explanados; aduciendo –entre otros aspectos- que la ciudadana ELIS ISABEL PEREZ CALDERON, tiene “…en la actualidad …establecida su residencia en el Municipio Cabimas del Estado Zulia” y que la dirección de sus hijos y su progenitora es el “Municipio Cabimas del Estado Zulia…” PARTE MOTIVA Ahora bien, con ese antecedente corresponde a este órgano jurisdiccional de protección de niños y adolescentes, actuando dentro de sus atribuciones legales, examinar el incidente relativo a la determinación de la competencia de esta instancia en razón del territorio, por cuanto –como lo ha alegado la demandante en guarda- el lugar de su residencia y de los hermanos de autos, se encuentra en el Municipio Cabimas del Estado Zulia. El análisis que esta juzgadora hace para determinar la competencia la hace a partir de una premisa básica y ésta partiendo del aseguramiento del desarrollo integral de los niños sometidos a su tutela, inclusive, el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías en virtud del interés superior del niño, principio rector de interpretación y aplicación de la normativa especial que regula la materia (artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente). La competencia ratione materiae para conocer en primer grado de los asuntos de familia, en particular de la materia de la relativa a la guarda, corresponde exclusivamente a la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, de conformidad con el Parágrafo Primero, literal c) del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; empero, el artículo 453 eiusdem, establece que el juez competente para conocer de los casos previstos en el artículo 177 será el de la residencia del niño o adolescente, excepto en los juicios de divorcio o de nulidad del matrimonio, en los cuales el juez competente será el del domicilio conyugal, al disponer dicha norma: “Articulo 453. Competencia. El Juez competente para los casos previstos en el artículo 177 de esta Ley será el de la residencia del niño o adolescente, excepto en los juicios de divorcio o de nulidad del matrimonio, en los cuales el juez competente será el del domicilio conyugal” (subrayado del tribunal). Para ello es preciso extraer el criterio sostenido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia No. 1.887 de fecha 06 de noviembre de 2006 (ponencia del Magistrado Luís Eduardo Franceschi Gutierrez), la cual fuera ratificada por la misma Sala en sentencia de fecha 18 de diciembre de 2006 (ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo), quedó determinada la competencia territorial del juez o jueza de juicio de protección, cuando asentó: “…el establecimiento de la competencia territorial, para conocer de las causas en que estén involucrados niños o adolescentes, y que no se refieran ni al divorcio ni a la nulidad del matrimonio, no puede hacerse mediante una regla general e inmodificable, por el contrario debe quedar a la soberanía del sentenciador, decidir qué favorece el aseguramiento del interés superior del niño en cada caso concreto, pues cuando el lugar de residencia del niño beneficiario de la medida se haya modificado en el iter procesal o por una orden judicial, debe declinarse la competencia en función de los cambios sobrevenidos de la residencia del niño, no siendo recomendable dicha declinatoria, en el primer caso, cuando de autos se desprenda que, tras el cambio de domicilio, subyace la intención de defraudar la ley”. Agrega el fallo: “La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente establece, en su artículo 453, que la distribución del ejercicio de la función jurisdiccional entre los tribunales con competencia en esta materia, se hará de acuerdo con el lugar de la residencia del niño o adolescente, salvo en los juicios de divorcio o de nulidad del matrimonio, en los cuales se fijará según el domicilio conyugal. No se trata de un supuesto de competencia territorial ordinaria, caracterizada por ser relativa y derogable convencionalmente, sino de una competencia absoluta, puesto que no admite ser prorrogada o renunciada por las partes. Si la ratio legis de la atribución de competencia al tribunal de la residencia del niño o adolescente, es facilitar su acceso a los tribunales más próximos a su domicilio y garantizarle la tutela judicial efectiva de sus derechos, tal finalidad no se lograría si se permitiera la prórroga de la competencia, sea de forma expresa (a través del pacto de foro prorrogando) o tácita (cuando las partes realizan actos que implican renunciar a la competencia del juez determinado por la ley). Más aún, la incompetencia territorial es relevable por el juzgador en todo estado y grado de la causa. Toda persona puede cambiar de domicilio y residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley (artículo 50 constitucional), quien ejerce la guarda del niño o adolescente (sea en ejercicio de la patria potestad o como consecuencia de una orden judicial que le atribuya la guarda) puede cambiar su residencia a un lugar ubicado fuera de la circunscripción judicial del tribunal ante el cual se inició el proceso. En esa situación, normalmente será aconsejable que la competencia territorial del juez se altere, de forma que deba declinarse la competencia en función de los cambios sobrevenidos de la residencia del niño, debido a que la cercanía al tribunal facilita la tramitación de las causas y reduce los gastos que ello genera a la parte (los cuales existen a pesar de la gratuidad de la justicia, especialmente consagrada en esta materia, porque siempre será necesario, por ejemplo, trasladarse hasta la sede del órgano jurisdiccional). Por el contrario, no será recomendable declinar la competencia, cuando de autos se desprenda –usualmente a través de indicios– que, tras el cambio de domicilio, subyace la intención de defraudar la ley. En este sentido, puede suceder que quien ejerce la guarda del menor de edad, previendo una decisión contraria a sus intereses (por ejemplo, en un caso de restitución de guarda, o de revocación de la colocación familiar o en entidad de atención), modifique sucesivamente su domicilio –y con ello, el del niño– con el propósito de demorar la resolución del proceso en virtud de las continuas declinatorias de competencia que ello ocasionaría. Corresponde al juez examinar minuciosamente las actas procesales y salvaguardar el interés superior del niño, que resultaría menoscabado por el retardo procesal injustificado, causado fraudulentamente. También puede suceder que, como consecuencia de una orden judicial, opere el cambio de domicilio del niño o adolescente, como sucede cuando el juez decreta la colocación familiar o en entidad de atención, y la residencia de la familia sustituta o la sede de dicha entidad, se encuentra fuera de la circunscripción judicial del tribunal; ello determinará su incompetencia sobrevenida, y deberá declinarse la competencia al tribunal que corresponda. Las situaciones planteadas en los párrafos precedentes, demuestran que el establecimiento de la competencia territorial para conocer de las causas en que estén involucrados niños o adolescentes, y que no se refieran al divorcio ni a la nulidad del matrimonio, no puede hacerse mediante una regla general e inmodificable; por el contrario, debe quedar a la soberanía del sentenciador, decidir qué favorece el aseguramiento del interés superior del niño en cada caso concreto, teniendo como pautas orientadoras las expuestas supra”. Por lo que esta juzgadora concluye, que la competencia por el territorio viene dada por el lugar de residencia niño y/o adolescente, en conformidad con las disposiciones contenidas en los artículo 177 y 453 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, pero como quiera que los hermanos de auto, están residenciados con su progenitora –tal como lo afirma La misma- en el Municipio Cabimas del Estado Zulia, lo que trae como consecuencia inexorable, que esta instancia de juicio sea declarada incompetente para conocer in liminis litis de la causa en razón del territorio y por tanto, lo procedente en derecho es declinar la competencia a la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede judicial del Municipio Cabimas, para que de inicio al procedimiento de RESTITUCION DE CUSTODIA, interpuesta por la ciudadana ELIS ISABEL PEREZ CALDERON, tal como quedará establecido en el dispositivo de este fallo. En consecuencia, al haber establecido el legislador el fuero de competencia del Tribunal de Protección, es consabido, que no lo hace para satisfacer los intereses privados, sino más bien para salvaguardar el interés superior del niño, como en el caso que nos ocupa, determinado por los valores y principios que inspiran la concepción del proceso especializado contenido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Así se declara.- En virtud de la motivación que ha quedado establecida, este Tribunal de Protección no hace pronunciamiento alguno acerca de la admisibilidad del escrito libelar planteado por la ciudadana ELIS ISABEL PEREZ CALDERON, en contra del ciudadano NESTOR LUIS GARCIA MORA y en beneficio del sujeto de derechos, por corresponder tal proceder al sometimiento del juez o jueza que resulte competente el conocimiento del escrito sub examine junto con sus recaudos. Así se decide.- PARTE DISPOSITIVA DECISION Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal Nº 2, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide: a) DECLINAR LA COMPETENCIA y el conocimiento de la pretensión de la RESTITUCION DE GUARDA, instaurada por la ciudadana ELIS ISABEL PEREZ CALDERON, en contra del ciudadano NESTOR LUIS GARCIA MORA y en beneficio de los hermanos de auto, a la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede judicial del Municipio Cabimas. b) Dejar transcurrir los lapsos procesales de rigor para la remisión del expediente, en el estado en que se encuentre, al Tribunal de Protección de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede judicial del Municipio Cabimas, mediante oficio, una vez quede firme el fallo que aquí se emite. Publíquese, regístrese, déjese copia certificada por secretaria. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio, Despacho de la Juez Nº 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los Veinte (20) días del mes de Febrero del año dos mil nueve (2009). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación. La Juez Unipersonal Nº 02 Abog. Inés Hernández Piña La Secretaria, Abog. Militza Martínez Portillo En la misma fecha, siendo las 12:10 p.m., se publicó el presente fallo bajo el Nº 204, en el libro de Sentencias Interlocutoria llevado por este Tribunal durante el presente año.- IHP/Fs