REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Exp. 37.271
Se inició el presente proceso por COBRO DE BOLÍVARES (VIA INTIMACIÓN), instaurado por la Sociedad Mercantil ZENU DE VENEZUELA S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 12 de Diciembre de 1995, hoy denominada INDUSTRIAS ALIMENTICIAS HERMO DE VENEZUELA S.A., por documento incorporado a ese Registro bajo el Nº 30, Tomo 15-A, actuando en su representación la abogada en ejercicio AILIE MERCEDES VILORIA, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 46.635, domiciliada en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, en contra de la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA OCHOA NAVA C.A. (DISONCA), inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 13 de Enero de 1993, registrado bajo el Nº 38, Tomo 2-A, representada dicha sociedad, por el ciudadano GUILLERMO ENRIQUE OCHOA NAVA, en su condición de representante legal, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 7.605.730.
La demanda fue admitida el día 18 de Abril de 2001, acordándose en el referido auto, la intimación de la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA OCHOA NAVA C.A. (DISONCA), en la persona de su representante el ciudadano GUILLERMO ENRIQUE OCHOA NAVA, anteriormente identificado, para que compareciera ante este Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en actas de su intimación, a fin de que pagara a la parte demandante la cantidad de SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTICINCO BOLÍVARES CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (6.291.025,94), dentro de las horas comprendidas para despachar.
Es el caso, que hasta la presente fecha han transcurrido más de siete (07) años, sin ningún acto de procedimiento de la parte actora capaz de impulsar la citación de los demandados en el proceso.
Ahora bien, éste Órgano Jurisdiccional observa que el procedimiento a realizar era el siguiente: visto el auto de admisión, la parte actora tenía que entregar al alguacil los emolumentos, y copias certificadas, para realizar la intimación.
Es el caso, que de actas no emerge ninguna evidencia del cumplimiento de tal obligación de la parte actora, pues esta nunca gestionó la intimación, verificándose entonces, que desde el día 18 de Abril de 2001, es decir, desde que se admitió la demanda, hasta la presente fecha, no ha existido la intención de disminuir los efectos jurídicos de la perención por vía de la activación del procedimiento, realizando algún acto que lleve implícito la intención de impulsarlo, quedando por demás delatado su desinterés en el juicio, en consecuencia, se ha producido el efecto previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como es la extinción de la instancia, por el transcurso del tiempo sin impulso de las partes.
La perención de la instancia se verifica ope legis al vencerse el año de inactividad procesal atribuible a las partes. Cuando el Juez la declara, se entiende que los efectos de la perención van a operar desde que se cumplió el año de paralización, esto es, se retrotrae al momento en que el plazo de la perención quedó cumplido, los
efectos de los actos procesales realizados por las partes, después de cumplido el año que dispone la ley de ninguna manera va a significar convalidación o subsanación de la perención.
La norma contempla que el Juez puede declarar de oficio la perención, ello quiere decir, que es una facultad que la ley le otorga al Juzgador quien puede o no hacer uso de ella.
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el referido artículo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 ejusdem, DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente proceso que por COBRO DE BOLÍVARES (VIA INTIMACIÓN), que instauró la Sociedad Mercantil INDUSTRIAS ALIMENTICIAS HERMO DE VENEZUELA S.A, contra la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA OCHOA NAVA C.A. (DISONCA), ya identificadas en la parte narrativa de este fallo.
No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
REGÍSTRESE y PUBLÍQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, sellada y firmada, en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veinticinco (25) días del mes de Febrero del año dos mil nueve (2009). Años 198° de la Independencia y 150° de la Federación.
La Juez, (fdo)
Dra. Eileen Lorena Urdaneta Núñez
La Secretaria, (fdo)
Abog. Militza Hernández Cubillán.
En la misma fecha siendo las ______________________, se dictó y publicó el fallo que antecede, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, quedando anotada bajo el No. ______ del Libro de Sentencias respectivo. La Secretaria, (fdo)
Abog. Militza Hernández Cubillán.
Quien suscribe la secretaria de este Juzgado, abog. Militza Hernández Cubillan, hace constar que la presente es copia fiel y exacta de su original, correspondiente al fallo dictado en el expediente Nro. 37.271. Lo certifico en Maracaibo, 25 de Febrero de 2009. La Secretaria: (fdo)
Gmu
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