REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE CONTROL

República Bolivariana de Venezuela Poder Judicial Circuito Judicial Penal Circunscripción Judicial del Estado Zulia Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en función de Control Maracaibo, 18 de Diciembre del 2009 199º y 150º DECISIÓN NEGANDO LIBERTAD ASEGURADA POR VÍA DE EXAMEN Y REVISIÓN Decisión N° 13C-1041-2009.- PETICIÓN DE LIBERTAD POR EXAMEN Y REVISIÓN Vistos los escritos presentados por la ciudadana abogada EYNIS VILLASMIL, quien actuando con el carácter acreditado y legitimado ad-causen de defensora privada del ciudadano FERNANDO JOSE PAEZ LEÓN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 20.585.700 y domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, a quien se le tramita y sigue proceso penal por la presunta comisión del delito de Extorsión, tipo penal previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, donde solicita de esta actividad judicial y por vía de examen y revisión de medida, con la imposición a su defendido de una medida de sustitución a la Privación Preventiva Judicial de Libertad, por cuanto su defendido esta amparado por principios y garantías constitucionales y procesales para que se le garantice la libertad en el curso del proceso, de conformidad con en los artículos 1°, 8°, 9°, 243, 256 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Este Tribunal Décimo Tercero de Instancia en funciones de Control, una vez analizados los escritos presentados por la defensa y habiéndose impuesto este juzgador del contenido de las actas procésales que conforman el presente asunto penal, decide en los siguientes términos: NARRATIVA INTERLOCUTORIA En acto procesal de Audiencia oral de presentación de imputados celebrada en fecha 14 de Septiembre del 2009 el despacho fiscal del Ministerio Publico, dejó a disposición ante esta instancia en funciones de Control al imputado ciudadano FERNANDO JOSE PAEZ LEÓN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 20.585.700 y domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, a quien se le tramita y sigue proceso penal por la presunta comisión del delito de Extorsión, tipo penal previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, dictando en fallo interlocutorio, la providencia cautelar de excepción a la libertad como lo constituye la Privación Preventiva Judicial de Libertad, establecida en el artículo 250 del texto adjetivo procesal penal, por cuanto se encuentran acreditados a los autos los presupuestos allí contenidos, matizando en armonía procesal con las circunstancias establecidas en los artículos 251 y 252 Ejusdem, referentes a al peligro de fuga y a la obstaculización a la investigación conducida por el Ministerio Fiscal, por considerar y sobre la base de la existencia de elementos de convicción o de imputación objetiva, que comprometen presuntamente la responsabilidad penal del referido ciudadano imputado. MOTIVACIÓN INTERLOCUTORIA Se evidencia que la referida petición de libertad asegurada que permita hacer viable la aplicabilidad de alguna providencia cautelar sustitutiva de libertad como forma del juzgamiento en libertad sobre la providencia de excepción a la libertad, esta debe ser negada de forma categórica en el marco de derecho jurídico positivo, en el sentido de que en actas cursan elementos de imputación objetiva que comprometen presuntamente la responsabilidad penal del ciudadano imputado FERNANDO JOSE PAEZ LEÓN, en los hechos incriminados donde la conducta desplegada por el acusado se encuadra en los presupuestos del tipo penal incriminado, es decir, con su acción conductual reflejada en las circunstancias facticas del iter-crimine contenida y evidenciada en los elementos de imputación objetiva que cursan a los autos y referidos en el acto conclusivo acusatorio formalizado ante esta instancia, dicha conducta se excedió en los limites permitidos por la norma sustantiva, generada por el error vencible de prohibición por su accionar y fundamentado sobre la base de los mencionados elementos de imputación objetiva en que se pronunció sobre el carácter injusto de los resultados producidos y de las circunstancias facticas de como presuntamente ocurrieron los hechos, razones fundamentales que armonizan con la acreditación de los presupuestos establecidos en el artículo 250, 251 y 252 del texto procesal adjetivo penal. En relación a los derechos y garantías constitucionales y procesales que le asisten al incriminado, éstas no han sufrido detrimento alguno, estamos dentro de los limites de una tutela judicial efectiva demostrada en el equilibrio procesal de las partes intervinientes en la litis acusatoria, no obstante el subjudice este privado de libertad no signifique que se le violente su derecho constitucional, es decir, al acusado y a la victima se les debe ponderar sus derechos y garantías en igualdad dentro de los limites, y es allí donde radica la petición de la defensa que se le debe conceder el juzgamiento en libertad al acusado por cuanto se le debe garantizar su favor libertatis, lo cual a opinión de este juzgador los supuestos que motivaron la providencia cautelar de privación de libertad no han sufrido variación alguna como para concederle el juzgamiento en libertad, es decir, no han variado para que proceda la providencia sustitutiva a la privación de libertad decretada en el presente asunto penal, lo cual estima la instancia que existen estas y otras circunstancias facticas por las cuales se incrimina al sujeto de derecho por el delito presuntamente cometido lo que refleja que esta dentro del cuadro de las excepciones contenidas en el artículo 44 del texto programático constitucional, pues la doctrina jurisprudencial de sala constitucional con ponencia del magistrado Cabrera Romero N° 1592 de fecha 10 de Agosto del 2006: “…su imposición responde a una determinada situación de hecho existente al momento de adoptar la medida, que varia si las circunstancias que la motivaron sufrieran modificaciones a lo largo del proceso, lo que obliga a su modificación o revocación…”, (Doctrina penal del TSJ Freddy Díaz Chacón, tomo N° 3 2006, Pág. 99 y 100, extracto # 241), es decir, que éstas circunstancias que dieron origen a la privación de libertad al no haber variado, la instancia no puede conceder el juzgamiento en libertad, ni pretender pronunciarse al fondo con la valoración del correspondiente equilibrio valorativo de las pruebas ofertadas como lo refiere la defensa para tomarle declaración al conductor del vehículo propiedad de la victima, testimonio éste que debe ser resguardado para el estadio procesal del debate oral. Desde una óptica de interpretación semántica de los artículos del texto programático constitucional y procesal adjetivo referidos por la distinguida defensa, establecen muy claramente, que se habla que toda persona se le presume inocente y como tal será tratada, derecho absoluto este como forma del debido proceso, contemplada igualmente como garantía jurídica complementario en la normativa de derecho internacional contenida en la Convención Americana de derechos Humanos en su artículo 8 numeral 2°, referente a que mientras no se establezca su culpabilidad por fallo definitivo y el otro aspecto de que se trata sobre la proporcionalidad de la pena que deba ser impuesta, pero en el caso subjudice el tipo penal acusado constituye uno de los hechos delictivos que la encuadran dentro del grupo excepcional que imposibilitan la procedencia de una medida menos gravosa como forma del favor libertatis, sino que por vía de excepción a la libertad opere la privación preventiva de libertad como garantía a las resultas propias del asunto materia del thema decidendum. No obstante ello aunque el despacho fiscal calificó dentro de los linderos de su escrito acto conclusivo acusatorio solicitando el juicio oral y público por el delito de Extorsión, esta calificado y estimado como un delito de entidad mayor por los daños ocasionados y las eventuales penas a imponer, razones por las cuales se le da continuidad procesal a la providencia de privación de libertad que garantice la presencia del incriminado al proceso, constituyendo de igual forma garantía jurídica enmarcada dentro de la tutela judicial efectiva, lo cual encuentra total armonía procesal a las circunstancias establecidas en los artículos 251 y 252 del texto procesal adjetivo, que se refieren al peligro de fuga y la obstaculización de la investigación, así como también como lo refiere la circunstancia excepcional establecida en los artículos 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal, argumentos determinantes para considerar la no procedencia del juzgamiento en libertad con la figura técnica procesal de un examen y revisión de la medida impuesta por este despacho judicial, motivación objetiva suficiente para negar lo peticionado por la defensa, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del texto adjetivo penal, Y ASÍ SE DECIDE. DISPOSITIVO INTERLOCUTORIO Al haber sido expuestas las referidas consideraciones de hecho y de derecho, que en conjunto sirven de motivación o fundamento a la presente decisión, este tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECIDE: Primero: Negar la solicitud propuesta por la distinguida defensa, que por vía de examen y revisión de la medida impuesta, se le conceda el juzgamiento en libertad al ciudadano FERNANDO JOSE PAEZ LEÓN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 20.585.700 y domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, a quien se le tramita y sigue proceso penal por la presunta comisión del delito de Extorsión, tipo penal previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, por no ser procedente en derecho la sustitución de libertad asegurada, al no adecuarse a los presupuestos establecidos en la norma procesal y encontrarse adecuado al tipo penal como forma de excepción o limitación al favor libertatis del juzgamiento en libertad contenido en el texto procesal, lo cual no constituye violación a los derechos y garantías jurídicas del sujeto de derecho, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 244 y 264 del texto adjetivo penal. Segundo: Se le da continuidad procesal a la providencia cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada en contra del imputado de autos, en consideración a la entidad del daño causado y la eventual pena a imponer, así como también a la garantía de preservar la presencia del sujeto de derecho al proceso. Tercero: Se ordena librar comunicación al despacho fiscal, a la defensa, al imputado y a la victima, a fin de ser informados sobre los términos del presente fallo interlocutorio, Y ASI SE DECIDE. Notifíquese y Regístrese. EL JUEZ DECIMO TERCERO DE CONTROL Abogado. MANUEL ENRIQUE ZULETA VALBUENA LA SECRETARIA Abogada. SOLANGE ISABEL VILLALOBOS AVILA. En la misma se dio cumplimiento a lo ordenado y se registró la presente decisión bajo el Nº 13C-1041-2009.- LA SECRETARIA Abogada. SOLANGE ISABEL VILLALOBOS AVILA. Asunto N° 13C-16623-2009.